Historia. Del Pacto Social al Rodrigazo

A poco de comenzado el gobierno de Cámpora el peronismo otra vez en el poder hacía una apuesta a la conciliación de clases a través del llamado Pacto Social. A fines de junio de 1975, dos años después, en el contexto de una alta conflictividad social, la lucha de clases estallaba en las calles contra el ajuste abierto, el plan económico que recibió el nombre de Rodrigazo. El objetivo fue siempre descargar la crisis capitalista sobre los trabajadores y el pueblo y derrotar el gran ensayo revolucionario que se desarrollaba desde el Cordobazo.

El ascenso obrero y popular que se desplegaba desde 1969 -con el desarrollo de movilizaciones populares y el surgimiento de sindicatos combativos y clasistas- convenció a las clases dominantes de la necesidad de buscar una vía de contención al ascenso obrero y popular. El llamado Gran Acuerdo Nacional abrió las puertas al regreso del peronismo proscripto por el régimen inaugurado por la llamada Revolución Libertadora tras la caída del peronismo en 1955. [1]

El peronismo regresaba a escena de la mano de Héctor Cámpora, un candidato para reunir y encauzar las expectativas de la juventud peronista que vio en su figura el dirigente que respondería al ala más combativa del movimiento y a sus aspiraciones. Cuando regresara Perón desplazaría a estos sectores, dejaría el camino libre a la derecha, fortalecería a la burocracia sindical, organizaría la represión de la vanguardia. Un plan para desactivar el proceso revolucionario abierto en el 69.

El primer paso será la firma del Pacto social, la forma que asumió en este tercer gobierno peronista la vieja política de la conciliación entre capital y trabajo. El ataque duro y llano el segundo. La represión abierta, por último. En el camino, la clase trabajadora, los sectores populares, el movimiento estudiantil impulsarán un salto en la lucha de clases.

Cámpora, el Pacto Social y la vuelta de Perón

Apenas llegado al gobierno, Cámpora intentará llevar a la práctica la tarea de “paz social” que venía a imponer. El “Acta de Compromiso Nacional entre los representantes del sector laboral, empresarial y estatal”, había sido firmada a fines de mayo por José Ignacio Rucci, en representación de la Confederación General del Trabajo (CGT), Julio Broner por la Confederación General Económica (CGE) y el ministro de Hacienda y Finanzas, José Ber Gelbard, por el gobierno. El acuerdo establecía el congelamiento salarial por dos años, el congelamiento de precios y la supresión de las negociaciones colectivas. A cambio de un aumento salarial mínimo, los empresarios obtuvieron el compromiso de la CGT y el Estado de que no habría huelgas por reclamos salariales.

Sin embargo, la asunción del gobierno peronista no implicó un descenso de la conflictividad, aunque ahora las luchas estaban alentadas por las ilusiones y las expectativas de los trabajadores en el peronismo, estas abrieron una etapa caracterizada por un aumento de los conflictos sindicales en las principales fábricas del conurbano bonaerense y multitud de establecimientos educativos y organismos estatales con ocupaciones de lugares de trabajo y de universidades. Con la CGT inmersa en el Pacto Social y la prohibición de hecho de las huelgas por salarios, este proceso se dio contra la burocracia sindical y la política de paz social del gobierno, fueron las “rebeliones antiburocráticas”.

Mientras tanto, el esperado retorno de Perón al país se produjo el 20 de junio; una multitud lo esperaba en Ezeiza, pero el líder no se presentará ante ella. En cambio, su llegada fue el escenario del feroz ataque de la derecha peronista contra la izquierda del movimiento, la llamada “masacre de Ezeiza”. Al día siguiente, el general decía por televisión: “Es preciso volver a lo que fue en su hora el apotegma de nuestra creación: de casa al trabajo y del trabajo a casa, porque sólo el trabajo podrá redimirnos de los desatinos pasados”. La política para enfrentar la movilización obrera ya empezaba a quedar clara: apoyo a la derecha del movimiento, represión a la izquierda, respaldo a la burocracia sindical, ataque a la vanguardia. Sin embargo, ya los propios trabajadores estaban demostrando que los “apotegmas” peronistas habían sido resignificados en su conciencia por años de lucha en defensa de sus conquistas.

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Pese a la política de conciliación nacional de Cámpora, la situación amenazaba con derrumbar el andamiaje del Pacto Social; un golpe de la derecha del movimiento obligará a la renuncia de Cámpora en julio de 1973. Lastiri, presidente de la cámara de diputados asumió interinamente el gobierno y se convocó a nuevas elecciones. La fórmula Perón-Perón (con la esposa del líder, Isabel, como vicepresidenta) triunfó ampliamente.

Perón nuevamente en el gobierno reafirmó el Pacto Social, manteniendo el congelamiento salarial: los aumentos sólo podían ser decididos por el gobierno y según la productividad del trabajo. Por otro lado, reafirmó la colaboración de la burocracia sindical y profundizó la represión a la vanguardia con el impulso a la Triple A.

Sin embargo, las luchas y la organización se mantuvieron y con la muerte de Perón en julio de 1974 y la asunción de Isabel se agudizaron las contradicciones y la movilización obrera y popular pegó un salto.

Isabel en el gobierno. Un plan contra los trabajadores

En el marco de la profundización de la crisis política y económica, en junio de 1975, el gobierno de Isabel Perón puso fin al Pacto Social, quebrado ya por la lucha obrera. Celestino Rodrigo, ministro de Economía, anunció un paquete de medidas que imponía una nueva orientación económica que beneficiaba directamente a los sectores más concentrados del capital, intentando revertir la crisis económica y permitir una nueva fase de acumulación capitalista a través de una ofensiva contra los trabajadores.

Rodrigo impuso una política de shock, que recibió el nombre de Rodrigazo: devaluación de la moneda un 100%, elevación el precio de los combustibles un 175% y aumento espectacular de las tarifas públicas. Estas medidas desencadenaron una trepada inflacionaria, que, sumadas a la devaluación, generaron una importante transferencia de ingresos del sector asalariado hacia el rural y exportador. Las comisiones paritarias que se venían reuniendo desde marzo adquirieron efervescencia y se desataron conflictos en numerosos gremios. Se puso así en marcha un proceso de huelgas y organización que culminará en la primera huelga general política contra un gobierno peronista.

La movilización obrera había comenzado antes de los anuncios económicos con la asamblea de los trabajadores de IKA Renault de Córdoba que el 2 de junio decidió parar la fábrica. El ejemplo se extendió a las fábricas del interior–esencialmente Córdoba y Santa Fe- y durante el mes de junio se pusieron en movimiento los obreros del Gran Buenos Aires con asambleas, huelgas y movilizaciones en las principales fábricas.

A los anuncios económicos se sumó el intento del gobierno de imponer un techo del 45% en los aumentos salariales logrados en las negociaciones. Cuando se conocieron los aumentos conseguidos por los principales gremios en la oleada de conflictos, muy superiores al tope impuesto, tomará mayor impulso la movilización de los trabajadores para lograr la homologación por parte del gobierno de los nuevos acuerdos salariales.

Mientras tanto, el secretario general de la CGT, Casildo Herreras, intentaba poner paños fríos para impedir que los reclamos desbordaran los canales de los sindicatos llamando a los trabajadores a expresar “orgánicamente” sus demandas. Sin embargo, la amplia movilización obligó a la CGT a llamar a una huelga en Capital y Gran Buenos Aires para el 27 de junio con concentración en Plaza de Mayo en reclamo de la homologación de los convenios acordados en paritarias –aunque declarada por la burocracia “en apoyo a la presidenta”-. Sin embargo, por presión de las bases trabajadores esta medida se convierte en un virtual paro general y más de 100.000 personas acuden a Plaza de Mayo para exigir la renuncia de Rodrigo y de José López Rega, el odiado ministro de Bienestar social.

Los obreros del Gran Buenos Aires pararon masivamente y marcharon hacia la Capital. Al mediodía la Plaza de Mayo ya estaba casi llena y la huelga limitada de la CGT se hizo general. El gobierno anunció la sanción de un decreto que fijaba un aumento salarial e invalidaba las paritarias, es decir, rechazaba homologar los convenios.

La burocracia sindical no tenía ahora otra opción que enfrentarse al gobierno. Aunque buscará poner límites al enfrentamiento, las movilizaciones obreras espontáneas se extendían por todo el país. Sin que nadie la hubiera convocado la huelga general era un hecho. La mayoría de las movilizaciones, asambleas y paros eran impulsados en el Gran Buenos Aires, en la zona de La Plata y en la Capital por nuevas organizaciones donde anidaba la democracia de base, las “coordinadoras interfabriles”, que ganaron fuerza en el proceso de movilización y organización contra el Rodrigazo. Organizadas zonalmente (norte, sur, oeste, La Plata-Berisso y Ensenada, y Capital Federal), serán los obreros de las grandes metalúrgicas y automotrices los que estarán a la cabeza de fábricas como la Ford, General Motors, Astilleros Astarsa, Del Carlo, Tensa, Indiel, Santa Rosa, Alpargatas, Propulsora Siderúrgica, Astilleros Río Santiago, Peugeot, Petroquímica Sudamericana, el frigorífico Swift. En Capital los trabajadores del subte y los choferes organizarán la coordinadora Interlíneas, mientras que comisiones internas de la Asociación Bancaria, coordinarán su actividad y demandas. Las coordinadoras expresaron su potencialidad como un doble poder fabril basado en las comisiones internas y cuerpos de delegados que disputaban a la patronal el control del lugar del trabajo y a la burocracia la dirección de un sector del movimiento obrero. [2]

En el interior, no fueron pocos los casos en los que se sobrepasó a la burocracia. En Rosario se ocupó la CGT Regional al igual que en Santa Fe; las fábricas de Rosario y Córdoba se paralizaron.
El 3 de julio las coordinadoras interfabriles mostrarán su gran poder de movilización cercando la ciudad de Buenos Aires. En la zona norte la policía impidió el acceso de decenas de miles de obreros que buscaban cruzar a la Capital para manifestar en Plaza de Mayo. Lo mismo sucedía en la zona sur. En La Plata una gigantesca manifestación se dirigió hacia la sede central de la CGT donde se producirán enfrentamientos violentos con la burocracia y la policía.

Jaqueada por el desafío del gobierno y la movilización de las bases, la CGT se vio obligada a convocar a un paro de 48 horas para el 7 y 8 de julio. La primera huelga general contra un gobierno peronista. El paro fue completo y antes de su fin, el gobierno cedió y otorgó la homologación de los convenios.

Dentro del proceso de ascenso iniciado en 1969, en el periodo iniciado con el retorno del peronismo al poder la dinámica de la lucha de clases presenta algunos elementos claves. Las “rebeliones antiburocráticas” presentan dos características centrales: tienen su centro en el proletariado de Buenos Aires y se dan durante el propio gobierno peronista. El ascenso en la conflictividad contra el Pacto Social pega un salto y las luchas se unifican contra el gobierno de Isabel.

Así, estas características definen la potencialidad del proceso abierto en la clase trabajadora, por un lado por darse en el centro más dinámico y concentrado del proletariado argentino, hasta entonces retrasado en su intervención en el ascenso obrero; por el otro, porque se enfrenta con el peronismo en el gobierno que no podía responder a las expectativas de las masas, lo que abría la posibilidad de una ruptura política de los trabajadores con el peronismo, el mayor obstáculo para que la lucha de la clase obrera asumiera un camino revolucionario.

La clase obrera había acumulado una larga experiencia de lucha y organización que avanza rápidamente a partir de 1969 y comienza a cristalizar en organizaciones, uno de cuyos puntos culminantes serán las Coordinadoras interfabriles. Sin embargo, pese a los importantes pasos dados, no logrará imponerse. El peso de la burocracia sindical y la dirección política peronista de la mayoría de los trabajadores impedirá que el proceso de maduración de la clase obrera cristalice en un nuevo movimiento obrero revolucionario antes de que se produzca el golpe. La ausencia de un partido obrero revolucionario con una estrategia de desarrollo de la autoorganización de las masas y, en contrapartida, el peso de las estrategias opuestas a esta perspectiva actuará para impedir que la clase obrera imprima su salida a la crisis nacional.

La historia argentina está repleta de lecciones de las que aprender, algunas como las que repasamos aquí, resultan de una gran actualidad; la clase obrera debe mirar estas experiencias para comprender que el ataque burgués puede ser derrotado, que los partidos patronales, y el peronismo sobre todo, han sido siempre un instrumento de aquel ataque, y que la organización de las bases obreras para imponer la propia fuerza con la paralización del trabajo, la huelga general, y la movilización en las calles es el punto de partida para imponer la propia salida a la crisis y la decadencia del sistema capitalista.