¿La libertad avanza? Desaparición de Loan en Corrientes: hipótesis y complicidad estatal

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio en la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes. Loan se encontraba en un almuerzo familiar, con la abuela, el padre y un grupo de personas que se acercaron a comer. En un momento, algunos adultos proponen ir a buscar naranjas junto con el niño y éste desaparece. Al principio algunos decían que se había ido corriendo en un juego, que quería irse a su casa y que en ese camino se perdió. A todos les había llamado la atención que no respondiera a los llamados, el lugar no es fácilmente accesible, con poca posibilidad de que hubiera gente alrededor. Lo empezaron a buscar y no lo encontraron. Tardíamente se activó la Alerta Sofía, un sistema de emergencia del Ministerio de Seguridad para la búsqueda de menores desaparecidos en peligro. Dentro de las hipótesis que se manejan sobre la desaparición, es que fue entregado a una organización de trata de personas.

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Lo que hay es un hecho: la desaparición, secuestro o rapto de un niño en la localidad de 9 de julio a 175 km de la capital de Corrientes. La desaparición del niño en tales circunstancias apunta a dos hipótesis evidentes: o el niño se perdió en el campo o fue secuestrado, y un secuestro, puede tener muchos móviles.

En muchos casos los secuestradores están en la familia, son cercanos a ella o actúan también como entregadores. En otros casos, los secuestros se hallan vinculados a organizaciones criminales, como redes de narcotráfico, organizaciones vinculadas a cultos o también, redes de trata. Muchas veces, todos estos elementos se encuentran combinados en redes gigantes que trascienden fronteras y que, por supuesto para funcionar, requieren de la complicidad del Estado a través de funcionarios implicados y el aparato represivo estatal. En suma, emergen una serie de elementos vinculados a las fuerzas policiales, la política y secretos del pueblo que van saliendo a la luz.

En nuestro país, según el Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas (RNIPME), en 2022 se registraron 1.935 búsquedas de menores; en 2023, 3.115; y hasta marzo de 2024 se registraron 687 nuevas búsquedas, con constantes actualizaciones en su estado.

Algo grande

Hugo Sebastián Ynsaurralde, el intendente de 9 julio, en el contexto de la conmoción de todo un pueblo movilizado y desarrollándose rastrillajes de búsqueda, recibió a los vecinos, dijo estar “aterrado”, describió un escenario en donde refirió a drogas y corrupción y pidió a los medios que se investigue a la policía local: “revisen a la policía”.

“Todos somos padres y hoy nos toca vivir una situación que jamás vivimos. Pero no seamos hipócritas, hay muchos involucrados con esa ‘porquería’. Hoy tenemos un chico desaparecido, hay muchas aristas, pero desde hace tiempo y ahora también, le pedí a las autoridades que tomen medidas con respecto a la conducción actual de la comisaría», dijo Ynsaurralde en la plaza central de 9 de julio.

En diálogo con un medio local que luego replicaron varios otros medios, explicó: “Hace años venimos advirtiendo algunas situaciones y parece que nadie hace nada. La ruta que atraviesa el pueblo, la 123, es una bendición, pero también un problema. Por acá pasan muchas cosas”.

El jefe comunal descarta la hipótesis de que Loan se haya perdido: “Es evidente que se lo llevaron”. En ese sentido, advirtió categóricamente: “Si en unos días Loan no aparece, esto puede volver a pasar. Estoy y estamos todos aterrados. Por mi hijo y por los hijos de todos (...) Acá hay mucha mafia y porquería. Esto es la punta del ovillo, que vas tirando y va a saltar todo. Lo que yo le quiero decir a mi gente es que en esta situación tiene que caer, caiga quien caiga. A mí no me importa. Si tiene que rodar mi cabeza o ustedes (la sociedad) creen que hice algo mal, díganmelo y yo doy un paso para el costado, no hay problema”, indicó de cara a los vecinos.

El caso de Loan evoca otras desapariciones trágicas de niños, como el asesinato de Marito Salto en 2016 en Quimilí, Santiago del Estero, donde tres personas fueron condenadas a cadena perpetua, y el caso de "Ramoncito" en Corrientes en 2006, con nueve condenados. Ambos crímenes fueron rituales, en los que los niños fueron abusados y torturados durante ceremonias. En el caso de Ramoncito, resultaron sospechosos dos de los principales empresarios de la ciudad, con fuertes vínculos políticos. En todos los casos se encontraron paralelismos: pueblos atravesados por rutas narco, con policías involucrados y familiares conectados a redes de narcotráfico y trata de personas.

Corrientes

Corrientes, en particular, es una provincia con un historial de secuestros de niños y delitos aberrantes contra la integridad de menores y la trata de personas. Aunque algunas causas de trata sexual han llegado a juicio, hay una gran cantidad de casos de explotación sexual y laboral que no han sido resueltos, y la provincia tiene una de las tasas más bajas de condena por estos crímenes en el país.

Las provincias del norte argentino enfrentan graves problemas de narcotráfico, y muchos de los crímenes asociados a estas organizaciones pueden tener un componente ritualista.

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Redes de trata

Para que exista trata de personas tiene que haber explotación, lo cual no siempre es el caso en un secuestro, que por supuesto puede ser impulsado por fines de abuso, extorsión entre otros.

Muchos medios y funcionarios como la ministra de seguridad Patricia Bullrich comenzaron a hablar de trata de personas. Las redes de trata cuentan con la protección de funcionarios como jueces, fiscales, fuerzas de seguridad y militares.

"Transportar" a una persona, ya sea adulta o menor, requiere de una compleja logística que no sería posible sin la complicidad de este entramado estatal. La trata de personas ocupa uno de los lugares principales entre los negocios ilegales más rentables del mundo, junto con el narcotráfico y la venta ilegal de armas.

Milei sobre la venta de niños: “Es una discusión filosófica”

En Argentina, durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, el robo de bebés a sus padres detenidos ilegalmente ascendió a más de 500 casos, según las estadísticas recopiladas por los sobrevivientes y familiares de las detenidas-desaparecidas.
Victoria Villarruel y Javier Milei no han condenado estos crímenes atroces cometidos por las Fuerzas Armadas y sus colaboradores. Por el contrario, defienden lo actuado por los militares que contribuye a la impunidad de los genocidas.

Durante la última campaña electoral, Javier Milei fue consultado por distintos medios sobre cuál era su opinión con respecto a la venta de niños. Entrevistado por el periodista Ernesto Tenembaum en Radio con vos, dijo “no sé cuánto estamos preparados para esta discusión filosófica”. En otro medio sostuvo que “las adopciones tienen que ser en un mercado libre y no regulado por el Estado. Aquellas que quedan embarazadas cuando no quieren, van a encontrarle una salida a la situación”. La libertad de la que habla Milei suena más parecida a la de los mercaderes de esclavos, quienes consideraban a los seres humanos su propiedad.

Para sostener estos "ideales", Milei cita a uno de sus mayores referentes de la Escuela Austríaca: Murray Rothbard. El economista planteó, en su libro La ética de la libertad, que los padres no deberían tener la obligación legal de alimentar, vestir y educar a sus hijos, por lo que incluso podrían “dejarlos morir”. Y que "en una sociedad absolutamente libre puede haber un floreciente mercado libre de niños". "Si un padre es dueño de su propio hijo (bajo los principios de la no agresión y la libertad de escapar), entonces también puede transferir esa propiedad a otra persona", escribió Rothbard. Además, agregaba que: "Las supuestamente humanitarias leyes de trabajo infantil han prohibido a los niños, de forma sistemática, su entrada a la fuerza de trabajo, privilegiando así a sus competidores adultos".

Milei admira la filosofia de la esclavitud, de la libertad de la propiedad privada y de las ganancias para unos pocos a expensas de arrastrar a las grandes mayorías a crímenes aberrantes como la trata de personas para los fines que el comprador desee.

Cabe analizar otro aspecto importante sobre los “ideales” de Milei. La venta de niños, aunque sea ilegal, es un mercado que ya existe. Pero las víctimas que son secuestradas o vendidas para redes de trata, sea con fines sexuales, o de adopción ilegal de bebés u otros, la gran mayoría se encuentran en un marco socio ambiental de vulnerabilidad extrema. Donde la pobreza azota con más fuerza, como en el norte de la Argentina, se elevan la cifras de las víctimas.

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Mientras Milei se pronuncia a favor de la libertad de vender hijos, se opone al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. En consonancia con estos planteos cuando Milei llegó al gobierno desfinanció áreas de lucha contra la violencia de género que incluye programas de lucha contra la trata de personas. En los primeros días de junio, Manuel Adorni difundió un comunicado donde anuncia el cierre definitivo de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, con el argumento de la "eficiencia" del Estado. Trabajadoras y trabajadores del área denunciaron el plan del gobierno de realizar 500 despidos a fin de junio, el 80 % de la planta.

Frente a estos planteos "filosóficos", es fundamental confrontar el discurso reaccionario y de odio. Más allá de las hipótesis que se barajan respecto a este caso, es evidente la responsabilidad estatal y de este gobierno que desfinancia programas y habilita con sus "discursos filosóficos" a naturalizar la violencia contra las mujeres y la venta de niños.
Ante las desapariciones de mujeres, niñas y niños, hay que tomar las calles para exigir presupuesto para los programas de lucha contra la trata de personas y la violencia de género.