Ajuste en salud. Desmantelamiento y despidos en Vacunación: riesgo para prevenir epidemias

El desmantelamiento de la Dirección de Vacunación ataca funciones esenciales para la salud pública, como la generación de recomendaciones de vacunas, el control de brotes y el monitoreo de estrategias nacionales de salud pública, y es la primera línea de defensa contra epidemias, enfermedades prevenibles y emergencias sanitarias. Dejar estas áreas sin personal especializado, además de ser un ataque a los derechos laborales, es un ataque a los sectores populares, quienes dependen del sistema público. La salud no puede ser un privilegio, y su mercantilización (implícita en estos recortes) profundiza las desigualdades.

Los despidos de trabajadores y profesionales en estas áreas equivalen a no poder cumplir con las recomendaciones científicas, como la vigilancia de sarampión, rubéola y rubéola congénita. María Victoria Juárez, quien hasta hace una semana coordinaba la compra y distribución de vacunas a nivel nacional desde la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI) -uno de los sectores más golpeados por los recortes en el Ministerio de Salud-, advierte que estas decisiones comprometen la capacidad del sistema sanitario para garantizar el acceso a la salud pública. “Hay lugares esenciales que se vieron afectados y no hay un plan B. Hay un discurso dereestructuración que en lo único en que se vio concretado es en despidos, pero no en cambios de formas de hacer las cosas. Entonces, lo más importante es el mensaje que se le da a la sociedad, del achicamiento de lugares que ya no poníamos en discusión”.

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La situación empeora aún más con la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis (DRVIHVyT), que ha sufrido una reducción de más del 40 % de su personal. Esta dirección es responsable de estrategias nacionales para prevenir y controlar enfermedades como el VIH, las infecciones de transmisión sexual (ITS), la hepatitis viral y la tuberculosis, entre otras. Los despidos de médicos y especialistas con más de 20 años de experiencia, como la única hepatóloga y neumóloga en el equipo, sumado a la agotación de medicamentos esenciales, ponen en peligro el control de estas epidemias. Durante 2024, la distribución de medicamentos y pruebas de diagnóstico, como las cargas virales y las serologías para detectar VIH e ITS, se redujo, afectando el tratamiento de miles de personas y exponiéndolas a riesgos mayores. Desde el Frente VIH, Hepatitis y Tuberculosis denunciaron que los trabajadores despedidos son "profesionales que desde hace años aportan su experiencia y dedicación para la respuesta sostenida a estas pandemias". Éstos se suman a 1.400 despidos que implica el desguace del Ministerio de Salud y de la Salud Pública en consecuencia.

La situación se agrava con el desabastecimiento de medicamentos para enfermedades oportunistas, lo que resulta en una crisis de salud pública. La distribución de conservantes y geles lubricantes, fundamentales para prevenir la transmisión de ITS, también ha sido insuficiente, con apenas el 5,3 % de los proyectados para 2024 distribuidos hasta la fecha. Este déficit se correlaciona directamente con un aumento sostenido de casos de sífilis, que ahora afecta también a niños, con más de 1.290 casos reportados de sífilis congénita en 2023, un número que se considera solo la “punta del iceberg”.

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Además, el programa Remediar, encargado de proveer botiquines de medicamentos a los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) de todo el país, también enfrenta una crisis. El desmantelamiento de este programa, sumado a los despidos y la falta de una estrategia de compras, pone en riesgo a 17 millones de usuarios y amenaza con dejar sin suministros a más de 7.800 CAPS en todo el territorio nacional. Las consecuencias de esta desorganización afectarán también áreas críticas como el control del VIH y las estrategias de salud sexual y reproductiva.
La preocupación de los especialistas es clara: el desmantelamiento del sistema de salud y la falta de personal capacitado afectarán gravemente a las poblaciones más vulnerables, aumentando la desigualdad en el acceso a la salud y las probabilidades de mortalidad.

Las y los trabajadores de la salud enfrentan un desafío gigantesco: defender sus puestos de trabajo y la integridad del sistema de salud pública para garantizar que toda la población pueda seguir accediendo a una atención médica de calidad.

Un ataque a la salud de las mayorías

Los recientes despidos de profesionales y trabajadores de la salud pública no son solo un ataque a los derechos laborales, sino a toda la población que no tiene otro recurso que el de atenderse en el sistema de salud pública. Denunciamos estas medidas como parte de un ajuste neoliberal que prioriza el ajuste fiscal sobre la vida de las mayorías.

La eliminación de puestos clave en áreas de vacunación, donde se requieren especialistas formados, expone una irresponsabilidad criminal en un contexto donde la prevención de enfermedades y el acceso a la salud pública siguen siendo urgentes.

Estos nuevos despidos son una ofensiva contra la clase trabajadora y los profesionales de la salud, que hace décadas vienen sufriendo la precarización laboral en el sector público.

La salud es un derecho, no un negocio

Desde el gobierno sostienen una política de ajuste en el Estado. Bajo esta premisa, se ha congelado el presupuesto destinado a salud, se han presentado amenazas de cierre o “reestructuración” de hospitales nacionales, como el Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte, donde despidieron a más de 200 trabajadores. Paralelamente, se han promovido intentos de mercantilizar y vaciar el Hospital Garrahan. A esto se suman los cientos de despidos en el Hospital Posadas, que afectaron a empleados de diversas áreas, y el recorte en la entrega de medicamentos a jubilados a través del PAMI, restringiendo su acceso a tratamientos esenciales.

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Estos ataques del gobierno al sistema de salud pública, y a pesar de las direcciones sindicales que no llaman a unificar a todos los sectores en lucha, fueron respondidos con importantes movilizaciones de las y los trabajadores del sector, así como las y los jubilados, que han sido protagonistas de una lucha constante por una atención médica de calidad.

Un ejemplo claro de ello fue la victoria en octubre del 2024, en la lucha por el no cierre del Hospital Bonaparte, una conquista de quienes defienden la salud pública como un derecho. La resistencia de los trabajadores del Hospital Bonaparte trasciende la defensa de sus puestos laborales: se ha convertido en un símbolo de la lucha por la salud pública y los derechos de los sectores más vulnerables. En un contexto marcado por políticas de ajuste y desmantelamiento de servicios esenciales, se destacan por el poder de la organización y la solidaridad con otros sectores. Es así como fueron parte de la movilización del 1° de febrero, donde fueron parte de cabecera de la marcha junto a los colectivos del colectivo LGTBIQ+ que denunció los discursos de odio de Javier Milei en Davos, así como los del conjunto de su gobierno. La marcha mostró que las luchas por los derechos laborales y sociales están profundamente conectadas con las demandas democráticas, como el derecho de las disidencias sexuales.

La lucha por la defensa de un sistema de salud pública gratuito, accesible y de calidad sigue siendo imprescindible para la mayoría de la población.