Luego de varios días de chispazos entre el Ejecutivo y el Congreso, los adalides de la "nueva política" y los podridos poderes del viejo "toma y daca" garantizarán la reforma previsional antiobrera.
Sábado 30 de marzo de 2019 00:06
Jair Bolsonaro, Rodrigo Maia y Paulo Guedes
Los principales medios de Brasil se concentraron en la última semana en seguir la pulseada entre el Ejecutivo y el Congreso. Los chispazos entre el presidente Jair Bolsonaro y el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia, luego de varios días, alcanzó su punto más alto este miércoles con las amenazas de renuncia del ministro de economía Paulo Guedes si Bolsonaro no se enfocara en la articulación política para garantizar el “centro de gravedad” del gobierno, la Reforma Previsional.
Ante la amenaza de Guedes, el ministro de Justicia y cabeza de la operación Lava Jato Sérgio Moro se disciplinó y volvió a entrar en escena para intentar garantizar el objetivo central de toda la burguesía en este momento, la tan esperada reforma, reuniéndose con Maia en la mañana del jueves, bajo la mediación de Joice Hasselman, la diputada correligionaria de Bolsonaro que lucha para aplicar los más duros ajustes neoliberales contra la población pobre y proteger a los millonarios empresarios que deben más de 100.000 millones de dólares al sistema previsional y siguen impunes.
Pero esta vez, Moro no actúa para coaccionar los actores de la “vieja política” con los métodos de la Lava Jato. Al contrario, cede ya que sin la “vieja política”, la aprobación del proyecto de la reforma se hace imposible. Moro retrocede en las posiciones del Ejecutivo al afirmar que “el tiempo y la agenda de las votaciones es del Congreso”. Por un lado, lo hace, con la garantía de Maia de acelerar los trámites de su “paquete anti crimen” en el congreso, que va a aumentar más el autoritarismo judicial. Por otro lado, cede centralmente por la fuerte presión de los “factores reales de poder” económico-militares ante toda la casta política que huye del “centro de gravedad”.
La presión de los “factores reales de poder” se expresó en las reuniones realizadas entre el vicepresidente General Hamilton Mourão y lo más granado de la patronal, como Paulo Scaf de la cámara industrial paulista (FIESP). Muestra que, si Bolsonaro vacila con el plan de la burguesía, un sector de los militares toma la posta de las negociaciones. También se expresa en la caída de la Bolsa, con inversores, banqueros, empresarios y analistas de mercado y capitalistas de todo tipo: “si el gobierno no aprende con esto, el mercado va a rever posiciones” amenazó el economista en jefe de la inversora Guide Investimentos.
A cambio de la reforma previsional, Moro y el propio Bolsonaro, al revés de la imagen construida de símbolo de la "nueva política", se adecuan a la tradicional política de "toma y daca" del régimen capitalista brasileño, junto con el Congreso, el Poder Judicial, los medios y la cúpula de las Fuerzas Armadas, y claro, la burguesía imperialista.
El cambio de postura de Bolsonaro también es producto de esto, y se pone "a disposición del Congreso" para dar vuelta la página de las intrigas. La decisión tomada hoy en la sede del PSL en Brasilia reorienta a los diputados afiliados bajo la pena de castigo a quien no siga las orientaciones, a ahogar los ruidos internos. Es la "nueva política" mostrando que los ejes del "viejo régimen" siguen siendo los mismos.
Con dos métodos alternativos -el "toma y daca" del Congreso por un lado y los métodos de la "República de Curitiba" (Lava Jato) de otro - el régimen busca aplicar la misma política: descargar la crisis en las espaldas de los trabajadores. Las dos alas, a pesar de sus diferencias respecto de la Lava Jato, siguen el objetivo de transformar el régimen político brasileño para servir aun más al capital financiero internacional.
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Naturalmente ese apaciguamiento no sana las desavenencias, y pueden eventualmente resurgir. Sin embargo, es una señal de cambio en el rumbo que venía tomando la crisis: una reubicación de las formas del régimen para lograr atacar de manera más certera a los trabajadores. Junto con eso, la garantía de Maia sobre el paquete de Moro es también una reubicación de las alas de la Lava Jato para aumentar el autoritarismo judicial y transformar de una vez la correlación de fuerzas entre las clases en el país.
Mientras los "factores reales de poder" se pelean y reorientan, los trabajadores siguen siendo un actor secundario en la situación política del país, resultado de la parálisis impuesta por las centrales sindicales.
El PT, que dirige la CUT, la mayor central sindical de Brasil, sigue esperando que las fracciones del gobierno se auto destruyan mientras esperan las próximas elecciones de 2022. Una estrategia que organiza la derrota de las masas y que se explica por el proyecto de país del PT durante sus 13 años de gobierno: la alianza con el agronegocio, con las iglesias evangelistas y los órganos represivos -base política de Bolsonaro- marcó un programa de conciliación de clases para la administración del capitalismo en decadencia.
El PT y las centrales sindicales que orbitan a su alrededor, como la CUT y la CTB (dirigida por el PCdoB) le dan tiempo al gobierno para que reorganice sus filas y vuelva a combinar esfuerzos para atacar a los trabajadores. Le dan gobernabilidad a Bolsonaro y la extrema derecha, haciendo una "oposición de redes sociales" completamente inútil. Es imposible luchar seriamente contra la reforma previsional con la política traidora del PT.
Los trabajadores necesitan alternativas que choquen con esas direcciones sindicales para recuperar los sindicatos y rescatar los métodos históricos de lucha de los trabajadores, que son los paros, las huelgas, las masivas manifestaciones callejeras: la presión de la lucha de clases es la única que puede frenar la reforma previsional y hacer retroceder a la derecha y su política reaccionaria.
La tarea inmediata para los trabajadores es batallar en cada lugar de trabajo y dentro de los sindicatos y organizaciones estudiantiles por la construcción efectiva de una masiva lucha contra la reforma previsional. Hay que convocar junto con las bases de los distintos sectores un plan de luchas que ponga fin a la tregua con el gobierno.
