México - Crimen de Estado. Detuvieron al exfiscal mexicano que encubrió la masacre de Ayotzinapa

Este viernes fue detenido el extitular de la otrora Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam. Siendo procurador (fiscal) del expresidente Peña Nieto fue responsable de ocultar pruebas y encubrir a los responsables de la masacre y llegó a declarar en conferencia de prensa, que "ya se había cansado" para, displicentemente, negarse a contestar las preguntas de los periodistas.

Murillo también fue el principal impulsor de la versión oficial del crimen, conocida como "verdad histórica", basada en pruebas inventadas y falsos testimonios muchos de ellos conseguidos bajo tortura de los detenidos según han denunciado diversos organismos de derechos humanos.

La captura del exfiscal ocurre un día después de que la Comisión para la Verdad, creada para aclarar lo sucedido el 26 de septiembre de 2014, señalara como “omisas y negligentes” a autoridades federales del más alto nivel. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó las conclusiones sobre el caso y señaló a Murillo entre una lista de presuntos responsables de tortura y desaparición forzada.

En la conferencia matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al informe de la Comisión señalando que "es algo muy triste, muy doloroso para los padres, para las madres escuchar el informe, pero dijimos desde el principio que íbamos a hablar con la verdad, por dolorosa que fuese. Los abrazamos, no de manera directa, pero sí les expresé mi dolor, mi tristeza" y agregó que "el caso no está cerrado".

Murillo Karam fue uno de los responsables de encubrir a los autores de la desaparición, obstaculizar las investigaciones y ocultar pruebas, según lo denunció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual además fue blanco de espionaje por órdenes del gobierno de Peña Nieto con el programa Pegasus, el cual era operado precisamente por la PGR además de funcionarios de Sedena, Gobernación y el Cisen.

Las "investigaciones" de la PGR se convirtieron en la mentira que repetiría Murillo Karam bajo el mote de "verdad histórica", según la cual la policía del municipio de Iguala (Estado de Guerrero) entregó a los estudiantes normalistas a la banda ligada al narcotráfico conocida como Guerreros Unidos, quienes habrían confundido a los muchachos con miembros del cártel rival "Los Rojos" y por ello habrían sido asesinados e incinerados en el basurero del vecino municipio de Cocula.

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Sin embargo, diversas contradicciones pusieron en tela de juicio esta versión: la localización del celular del joven normalista Julio César Mondragón por parte de elementos del ejército, el hecho de que en Guerrero esa noche estaba lloviendo, la falta de residuos humanos incinerados (el hueso es difícil de quemar), la presencia de elementos del ejército cerca de los jóvenes la noche de su desaparición, entre varias más.

Fueron estos elementos los que llevaron a poner en tela de juicio la mentira histórica de Murillo Karam y a exigir la aparición con vida de los jóvenes. Surgió un movimiento de cientos de miles en las calles que señalaban, como reconoció el día de ayer el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que el responsable de la masacre #FueElEstado y mostrando su desconfianza en las autoridades y el gobierno derechista de Peña Nieto. Sin embargo, esta rabia fue contenida tanto por las direcciones de las burocracias sindicales, determinadas corrientes dentro del movimiento estudiantil y de partidos como el Morena de López Obrador que bregaban por esperar a las elecciones intermedias de 2015 para "sacar al PRI" de las gubernaturas en juego y posteriormente de la presidencia en 2018.

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Con la detención de Murillo Karam se abren diversas interrogantes acerca de la relación del gobierno y el Morena con los demás partidos y los antecesores de AMLO, en particular Peña Nieto, de quien recientemente se anunció que va a ser investigado.

Las declaraciones y gestos que realiza el gobierno de AMLO no son más que maniobras que pretenden evitar que resurja la bronca popular por la masacre y se cuestione al régimen en su conjunto. Una vez más, buscan desviar la atención hacia los próximos procesos electorales. Por eso lo único que puede garantizar juicio y castigo a los responsables es la movilización en las calles.