El comunicado oficial del Ministerio de Economía que anuncia el acuerdo con los lobos de Wall Street señala que el entendimiento comprende a tres grupos de acreedores: Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos (encabezado por Blackrock; Fidelity y Ashmore), el Comité de Acreedores de Argentina (liderado por Greylock) y el Grupo de Bonistas del Canje (liderado por Monarch; HBK, Cyrus y VR) y otros tenedores (tales como Pimco y Prudential). Denominarlos “bonistas” o “acreedores” no es más que un eufemismo para suavizar el poder de esta oligarquía financiera que recoge tributos en todo el mundo mediante el poder del dinero.

Ese poder del dinero es el que les permite imponer sus condiciones sobre los países atrasados, dependientes, con rasgos semicoloniales, como la Argentina. Jerome Ross, en una entrevista con Ideas de Izquierda, graficó como el poder concentrado de las finanzas internacionales convirtió a muchos países, como Grecia, en una “colonia deudora”. Argentina no está muy lejana de esa realidad hace décadas. Los nuevos bonos que se van a emitir se terminarán de pagar recién en 2046.

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Lo que más difundió el gobierno es que el valor presente neto de la deuda disminuye desde U$S 100 a alrededor de U$S 55,8 [1]. Este es un cálculo técnico engañoso, en tanto utiliza una “exit yield” [2] del 10 %, impuesta por los especuladores. Pero una tasa inferior hace mayor el valor presente neto. Quienes compraron bonos devaluados están consiguiendo una ganancia patrimonial extraordinaria. Incluso los especuladores que compraron a valor íntegro sabían que con las altas tasas de interés que obligaron a pagar al país colocaban la soga al cuello de las finanzas públicas. Más prosaicamente, del pueblo trabajador. Ahora tendrán un descuento mínimo de capital y un recorte de tasa adecuado a las circunstancias.

Machaca el oficialismo sobre un ahorro de U$S 25.700 millones que tendrán las arcas públicas hasta 2025 en el pago de bonos con jurisdicción extranjera. Pero hay otro dato, intencionadamente poco difundido, el país pagará hasta 2046, entre capital e intereses, unos U$S 110 mil millones cuando la deuda canjeada es de U$S 66 mil millones. Es decir, un adicional de U$S 44 mil millones en la mochila de las futuras generaciones.

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Guzmán también concedió cláusulas de acción colectiva más favorables a los especuladores. Estas cláusulas establecen las condiciones para un futuro litigio en caso de impago. De este modo, les será más sencillo en el futuro litigar en juzgados extranjeros, como el del fallecido juez neoyorquino Thomas Griesa. La prórroga de jurisdicción en favor de tribunales extranjeros fue habilitada por cambios en las leyes efectuados durante las dictaduras de Juan Carlos Onganía y la genocida iniciada en 1976. Se trata de una cesión de soberanía inadmisible a la que homenajearon todos los gobiernos de la “democracia”.

El oficialismo también argumenta que despejó de pagos de deuda los próximos años. Pero no es tan así. Desde el año próximo existen compromisos significativos con el FMI y otros organismos internacionales: U$S 7.384 millones en 2021; U$S 20.573 millones en 2022; U$S 20.677 millones en 2023; U$S 6.828 millones en 2024. Para tener un punto de comparación, el gobierno de Macri pagó, en promedio, U$S 19.000 millones anuales. Esta claro que el camino no está despejado.

Desde septiembre, el oficialismo encarará la negociación con el FMI. Se sabe que este organismo no concede quitas. Sí concede extensión de plazos de pago. Es decir, el gobierno, eventualmente, podría conseguir despejar aún más su panorama de pagos de los próximos años. Pero nada es gratis. El Fondo exige, a cambio de la extensión de plazos, reformas estructurales en lo previsional, laboral y tributario. Por si hiciera falta aclararlo, esas reformas son en contra de la clase trabajadora y en favor de los empresarios. Pero no se detiene ahí: también exige el comando íntegro de la economía y la revisión permanente de las cuentas públicas.

La gestión de la miseria

La última semana se conoció un informe de UNICEF que estima que el país llegará a diciembre de este año con el 62,9 % de la infancia en situación de pobreza: el número de niñas y niños pobres se elevaría desde de 7 millones en diciembre de 2019 a 8,3 millones a fin de año.

El Gran Buenos Aires ofrece una imagen concentrada de la grave realidad social del país. La desocupación fue de 12,4 % en los 24 partidos del Gran Buenos Aires en el primer trimestre (enero-marzo). Es decir, antes de la implementación plena de la cuarentena. Cuando se observa el Gran Buenos Aires, que comprende no solo a los partidos del Gran Buenos Aires sino también a CABA, la desocupación de las mujeres hasta 29 años es de 26,2 % y entre los varones hasta 29 años de 21,4 %. Para todo el país, la consultora Ecolatina estima que la desocupación se va a ubicar por encima del 15 % cuando se conozcan los datos oficiales del segundo trimestre del año.

Según un informe de junio (que releva la situación de mayo) del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, el 58 % de los hogares del AMBA perdieron ingresos, en algunos casos con una caída mayor al 50 %.

Toda la acción del gobierno de Fernández, aún en la actual catástrofe social, e independientemente de los discursos, está condicionada por dar prioridad al pago de la deuda. Ante una pregunta del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, en su reciente informe de gestión en el Congreso, respondió que el presupuesto de Salud para todo 2020 es de $ 240 mil millones. Mientras tanto, hasta mediados de julio, el gobierno había pagado deuda por $ 350 mil millones. Es evidente que no es compatible pagar la deuda y atender las necesidades sociales.

Eterno retorno

Al menos por el cuarto de siglo por delante los pagos de la deuda harán más aguda la restricción externa: es decir, la crónica escasez de dólares para sostener algún intento de crecimiento y desarrollo económico. La restricción externa brota de una estructura económica atrasada como la argentina, que para sostener su actividad requiere de dólares para importar bienes intermedios y maquinaria para la industria, e incluso también para el sector agropecuario que gracias a su “modernización” en las últimas décadas requiere cada vez más insumos y tecnología importada. Pero esa escasez de dólares es acentuada por la fuga de capitales, los pagos de la deuda y los envíos de ganancias a sus casas centrales que hacen las empresas extranjeras. La mayor extranjerización del aparato productivo es una de las consecuencias de las políticas económicas de las últimas décadas: el capital imperialista domina el 78 % del Valor Bruto de la Producción (VBP) entre las 500 grandes empresas del país [3].

La crisis mundial tiene tres focos de potenciales crisis de deuda: economías emergentes (países dependientes, semicoloniales, según los marxistas), deuda de los hogares y de las empresas. En la actualidad existen cuarenta y dos países que pidieron una moratoria al FMI. En las últimas semanas, Ecuador concluyó un proceso de restructuración de deuda con los mismos lobos de Wall Street. En el norte de África y Medio Oriente existe un llamamiento de organizaciones políticas, movimientos sociales y militantes por la cancelación de la deuda y los tratados de libre comercio. El oficialismo ni siquiera intentó algo elemental, que incluso no se sale de los marcos capitalistas, como impulsar un club de deudores.

La deuda es un mecanismo de dominación impuesto por los centros financieros internacionales que, si bien está presente en toda la historia argentina, adquiere una relevancia central desde la dictadura cívico militar iniciada el 24 de marzo de 1976. En los últimos años de la dictadura, Domingo Cavallo, por entonces al frente del Banco Central, nacionalizó deudas privadas de los grandes grupos económicos, entre ellos Techint, Renault, Pérez Companc, Bridas de la familia Bulgheroni, Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa), Ford y la familia Macri.

En campaña electoral, Raúl Alfonsín, quien asumió la presidencia en diciembre de 1983, había prometido desconocer la deuda ilegítima de la dictadura y constituir un club de deudores para negociar en mejores términos con los acreedores. Su primer ministro de Economía, Bernardo Grinspun, instruyó una auditoría de la deuda privada desde el Banco Central. Según Alejandro Olmos Gaona (hijo de quien iniciara la investigación que culminó en el fallo Ballestero) en 1985 Grinspun “se tuvo que ir porque los resultados de esa auditoría eran escandalosos: mostraban cómo habían operado esas empresas en perjuicio del país”.

Finalmente, la auditoría fue desarticulada por el nuevo presidente del Banco Central, José Luis Machinea: el gobierno de Raúl Alfonsín convalidó así la nacionalización de deudas privadas. Y el intento alfonsinista de club de deudores no resistió el embate de los Estados Unidos, que con el Plan Baker impuso pagar en los términos de los acreedores. Muchos años después, en el 2000, el juez Jorge Ballestero dictaminó, a partir de la denuncia de Alejandro Gaona Olmos (padre), que se detectaron 477 ilícitos en la constitución de la deuda durante la dictadura. Ese fallo fue enviado al Congreso, donde duerme el sueño de los justos.

El Plan Baker y luego el Plan Brady durante los años 1990 constituyeron restructuraciones de la deuda que agudizaron la implementación de políticas neoliberales y el despojo de los bienes públicos a través de las privatizaciones. Para intentar evitar el estallido de la ingeniería del Frankestein de la “convertibilidad” construido por Cavallo, se realizaron el “blindaje” del año 2000 y el “megacanje” de 2001 (instrumentado por el mismo Cavallo): ambas fueron operaciones fraudulentas con la colaboración del FMI, el Banco Mundial y bancos privados. Con el “megacanje” la deuda pública se incrementó en U$S 53 mil millones. En 2001, el desembolso del FMI que siguió al “déficit cero”, una política de profundo ajuste fiscal, se evaporó casi todo en la fuga de capitales.

En el año 2005, FLACSO publicó Fuga de divisas en Argentina [4]. Allí se recogen los resultados de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre la Fuga de Divisas de la Argentina durante al año 2001, que funcionó en los primeros meses del año 2002. Esa investigación concluyó que el 75 % de los montos fugados se canalizaron a través del Citibank, Banco de Galicia, Banco Río (actual Santander), BBVA Francés, Banca Nazionale del Laboro y el HSBC (banco ahora contratado por Martín Guzmán para instrumentar la restructuración). Esto ocurría mientras al pequeño ahorrista lo encerraban en el “corralito”.

La supuesta negociación soberana de la deuda del año 2005 liderada por el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, fue cuestionada por Claudio Lozano, actual director del Banco Nación, en el libro La deuda ilegítima: a esa reestructuración la llamó el “megacanje” de Néstor Kirchner, Eduardo Duhalde, Roberto Lavagna y Alfonso Prat Gay (presidente del Banco Central hasta 2004), indicando que fue un canje inconstitucional, ilegal y sospechado en tanto permitía regularizar la deuda defaulteada (no pagada) en diciembre de 2001 [5]: permitió regularizar los pagos comprometidos en el “blindaje” y “megacanje”, que estaban sospechados de fraudulentos. Para Lozano, en los hechos, fue una reestructuración sin quita, no solo porque muchos bonistas habían adquirido los bonos a precios devaluados, sino porque los alicientes del pago del denominado cupón PIB implicaron generosos rendimientos en años que el país crecía a “tasas chinas”.

La fuga no se detuvo en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández: los datos oficiales del Banco Central registran que la formación de activos externos superó los U$S 100 mil millones. En el período que transcurre entre 2003 y 2015 la fuga de capitales no fue financiada por el endeudamiento externo, sino por el superávit del comercio exterior. No obstante, la deuda siguió siendo relevante en los agregados macroeconómicos.

Durante los tres períodos presidenciales del kirchnerismo la deuda cambió su composición en cuanto a la moneda (se incrementó el porcentaje del endeudamiento en pesos) y en cuanto a los tenedores (con mayor presencia de deuda en manos de organismos del Estado, como el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la Anses y el Banco Nación). La utilización de fondos de organismos públicos (en el caso de Anses, de los jubilados) y el superávit comercial permitieron la política que la expresidenta, Cristina Fernández, definió como de “pagadores seriales” de la deuda: pagaron USD 200.000 millones durante el período 2003-2015.

La definición de Lozano sobre lo oneroso del canje 2005 se puede corroborar en lo que planteó el exministro de Economía, Axel Kicillof, en ocasión de intentar cerrar el litigio con los fondos buitre en 2014. Eso fondos no habían aceptado la reestructuración de 2005. En esa negociación Kicillof ofreció las mismas condiciones del canje de 2005 y lo explicó así:

Argentina quiere pagarles en condiciones justas a todos los bonistas. Por eso el señor Paul Singer –titular del fondo NML, principal litigante contra la Argentina– puede venir y conseguir un 300 por ciento de ganancia si compra los bonos reestructurados en las condiciones de los canjes que lanzamos en su momento. ¿Esa ganancia es poco para él? Sí, es poco, porque es un buitre” [6].

A mediados de 2014, a causa del litigio con los fondos buitre se creó, a partir de la Ley de Pago Soberano impulsada por Kicillof, una Comisión Bicameral de investigación sobre el origen y seguimiento de las negociaciones relativas a la deuda externa pública.

Claudio Lozano publicó La deuda ilegítima, justamente, para recoger la actuación de esa Comisión Bicameral. Lozano, por entonces diputado nacional, mantuvo una intensa actividad en aquella Comisión y explica que “Por primera vez, desde 1984, el Parlamento argentino parecía asumir la tarea, que, de acuerdo a la Constitución, le hubiera correspondido al finalizar la dictadura”. No obstante, la publicación del libro tiene lugar porque “resulta imposible [resaltado del original] producir un informe que sea el resultado de un trabajo de investigación colectivo hecho por los Diputados y Senadores que lo integran”.

El 31 marzo de 2016, a través de la Ley 27.249, que habilitó el pago a los fondos buitre, se disolvió la Comisión Bicameral creada en 2014 y se creó una nueva con un mandato más acotado. En ese mes de marzo se presentó una paradoja: el Congreso que nunca trató el fallo del juez argentino, Jorge Ballestero, con los 477 ilícitos detectados en el proceso de endeudamiento de la dictadura, accedió a votar una ley atendiendo un fallo de un juez de Nueva York. Paul Singer y otros fondos buitre lograron con el ascenso de Mauricio Macri al poder niveles de ganancias exorbitantes. Sergio Massa, ahora en el Frente de Todos, levantó la mano a favor de los buitres. Lo mismo que el peronismo del Senado.

Desde entonces, la nueva Comisión Bicameral se reunió solamente en dos ocasiones. Una de esas oportunidades fue en abril de 2018. Allí Kicillof, por entonces diputado nacional, se cruzó con Luis Caputo, por entonces ministro de Finanzas: “usted tiene mucha información confidencial, mucha información clasificada, mucha información central, para llenarse de guita”, le disparó el diputado al ministro [7]. No le faltaban razones. La emisión del bono a 100 años que realizó el exministro de Finanzas, Luis Caputo, benefició a un fondo de inversión del cual él había sido accionista y a J.P. Morgan, banco del que había sido empleado. Lo mismo ocurre con los bonos “delivery” emitidos por el Estado argentino a pedido de los fondos de inversión para canalizar recursos sobrantes en Nueva York y aprovechar las tasas de interés que pagaba el país, como confesó un negociador de uno de esos fondos.

Otro capítulo fraudulento del endeudamiento externo lo constituye el préstamo más grande de la historia del FMI otorgado al gobierno de Mauricio Macri en 2018: implicó un aval del gobierno de los Estados Unidos, presidido por Donald Trump, a la continuidad de Macri en el poder. En un informe reciente, el Banco Central afirma que el endeudamiento macrista financió una fuga de capitales de U$S 86 mil millones en cuatro años, una gran parte con el préstamo del FMI. Horacio Verbitsky develó que en esa fuga estuvieron involucradas las empresas Telefónica, Pampa Energía, General Motors, Shell, Quilmes, Monsanto, Aluar, Procter & Gamble, Arcor y muchas más entre los 100 mayores fugadores.

En su momento, antes del cambio de gobierno, el acuerdo con el FMI fue denunciado judicialmente por Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo. La diputada Fernanda Vallejos, del Frente de Todos, también denunció judicialmente a Macri, Marcos Peña y Nicolás Dujovne. Una de las irregularidades más notorias fue la aprobación por parte del FMI, en abril de 2019, de la utilización de reservas del Banco Central para financiar la fuga de capitales, algo que está prohibido en los propios estatutos del organismo multilateral. Todas las denuncias realizadas en campaña electoral fueron adecuadamente calladas ahora que el Frente de Todos se convirtió en gobierno.

No es casual que Caputo haya celebrado el acuerdo de Guzmán: tal vez porque lo exime de rendir cuentas a la justicia o porque en sus empresas “offshore” tenga bonos argentinos. Alejandro Olmos Gaona (hijo) explicó que Mario Quintana, exvicejefe de gabinete de Macri y Santiago Bausili, exsecretario de Finanzas, adquirieron bonos de la emisión del 2016, en probable uso de información privilegiada. Están imputados penalmente por la Fiscalía Federal N.° 6.

Sin una investigación y censo de acreedores es difícil saber quién tiene los bonos. El acuerdo de Guzmán establece un indulto a los miserables que vacían el país.

No repetir la historia

Como dijo León Trotsky, quien se arrodilla ante el hecho consumado es incapaz de afrontar el porvenir. Es lo que ocurre con los gobiernos del régimen capitalista argentino: peronistas, radicales, Juntos por el Cambio. Siempre les resulta imposible enfrentar al capital financiero internacional. Instalan la idea de que si no se paga la deuda se viene el mundo encima. El problema es lo que pasa cuando se paga: el resultado es la decadencia infinita.

¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si los libertadores de América adoptaban esa actitud frente a España? El abogado constitucionalista Jorge Francisco Cholvis explica que en el Estatuto Provisorio sancionado por el general San Martín en su carácter de “Protector de la libertad del Perú” instituye el concepto de “deuda odiosa”. Ese texto establecía que “animado el Gobierno de un sentimiento de justicia y equidad, reconoce todas las deudas del gobierno español que no hayan sido contraídas para mantener la esclavitud del Perú, y hostilizar a los demás pueblos independientes de América”. Cholvis afirma que, de este modo, San Martín rechazó el pago de la deuda pública contraída por los españoles en tanto fue utilizada para sostener el régimen colonial [8].

Más adelante en la historia, la Doctrina Jurídica de Deuda Odiosa fue desarrollada por Alexander Sack en 1927. Sack no era un revolucionario. Por el contrario, tenía una perspectiva conservadora. Su doctrina establece que una deuda puede ser categorizada de esta forma cuando cumple dos condiciones: la primera es la ausencia de beneficio para la población, es decir que ha sido contraída no en beneficio del pueblo y del Estado, sino contra su interés y en beneficio personal de los dirigentes y las personas próximas al poder; la segunda es la complicidad de los prestamistas, que sabían (o estaban en condiciones de saber) que los fondos prestados no beneficiarían a la población. Para Sack, la naturaleza despótica o democrática de un régimen no se tiene en cuenta [9].

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La única alternativa no es arrodillarse ante los hechos consumados. Son varios los ejemplos históricos de repudio de la deuda, como ocurrió en las gestas de las colonias de América Latina cuando se independizaron de España, o de los trabajadores y campesinos de la Rusia soviética, que rechazaron honrar la deuda de los zares. No hay posibilidad de cambiar el destino, el eterno retorno al sometimiento al FMI y a los lobos de Wall Street, a ser vasallos del imperialismo, el destino de la decadencia infinita, si no se toma una profunda decisión soberana de rechazo al pago de la deuda y un plan integral que reorganice la economía sobre nuevas bases: bajo el régimen del endeudamiento eterno, en nuestro país la pobreza, de ser menor al 10 % en los ’70, alcanzó un nuevo piso histórico de al menos un cuarto de la población para expandirse a más del 50 % en momentos de crisis profundas, como en 2001-2002 (un nivel que podría alcanzar nuevamente este año), lo mismo que el desempleo, que se consolidó en un nivel más alto.

Este derrotero no es exclusivo de la Argentina, sino de la inmensa mayoría de los países dependientes y semicoloniales cuyos gobiernos una y otra vez han pagado las deudas eternas. La justificación, parafraseando a Margaret Thatcher, es “no hay alternativa”, solo queda administrar la miseria porque es lo que nos toca. Llegado este punto cabe recordar a quienes “osaron” no aceptar estos preceptos y qué pasó. La Revolución rusa de 1917 bajo la dirección de Lenin y Trotsky, justamente rechazó el pago de la deuda de los zares, nacionalizó los bancos, el comercio exterior e implementó un programa amplio de medidas, yendo más allá de la propiedad privada capitalista, así como la planificación de la economía. Luego la burocracia stalinista liquidó el poder de los soviets, minó la planificación, y muchas conquistas de la revolución, sin embargo, incluso bajo la bota de la burocracia (y atravesando dos guerras mundiales) un país que en 1917 tenía 100 millones de campesinos pobres y un 85 % de analfabetismo, en la década del ‘60 era la segunda potencia mundial. Otro caso fue la revolución china de 1949. La burocracia terminó restaurando el capitalismo, sin embargo, China es el único pulmotor económico de todo el último período de la economía global y la segunda economía del mundo. Contradictoriamente, lo es gracias a que el capitalismo se ha apropiado de conquistas que se hicieron contra él como la unificación nacional lograda por la revolución.

La cuestión estratégica de fondo es cómo el pueblo trabajador puede constituir su propio poder basado en la democracia de los trabajadores y llevar adelante una opción estratégica de verdadera soberanía en la perspectiva de una sociedad sin explotación y opresión. Un desconocimiento soberano (no pago) no es lo mismo que la aventura de un default, como el de Argentina en 2001. El default es una medida a la que recurren los Estados capitalistas cuando se quedan sin recursos. Es una aventura porque es una medida aislada y circunstancial, que les permite a los grupos empresarios hacer lo que quieran, como fugar capitales o presionar para que suba el dólar. Y con la devaluación vale menos la moneda y los salarios argentinos.

Por el contrario, un desconocimiento soberano apoyado en la movilización popular debe ser acompañado con una serie de medidas de defensa nacional que impidan la fuga de capitales y el caos económico que quieren generar los buitres. ¿Cuáles son esas medidas? Entre otras, la nacionalización de los servicios públicos, la nacionalización de los bancos y el comercio exterior. También la expulsión del FMI del país. Liberarse de la dependencia del capital financiero internacional es fundamental para reorganizar la economía orientándola al desarrollo y la atención de las necesidades sociales más urgentes. Toda América Latina sufre la opresión y saqueo por parte del imperialismo. El pueblo trabajador argentino no está solo, como intentan convencerlo los ideólogos de los hechos consumados. Cuenta con los pueblos hermanos del continente para entablar una lucha común.

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La nacionalización del sistema bancario, con la expropiación de los bancos privados (pero no para apropiarse de los ahorros de los sectores populares, sino para preservarlos del robo de esos bancos) y la conformación de un banco público único, bajo gestión de los trabajadores, es una necesidad para cuidar el ahorro nacional, financiar obras públicas (escuelas, hospitales, viviendas), otorgar créditos accesibles para los trabajadores y sectores populares y ayuda para los pequeños comerciantes o productores arruinados por la crisis, y terminar con el vaciamiento del país vía la fuga de capitales.

La propiedad pública de los principales medios de producción permitiría al conjunto de la población trabajadora participar en la planificación democrática de la economía (no como ahora, que un puñado de dueños del país y sus políticos deciden todo a su favor). Permitiría, además, utilizar los recursos con los que cuenta la Argentina para resolver las necesidades de las grandes mayorías.

O se lucha por una alternativa verdaderamente soberana o se naturaliza el eterno retorno de vivir arrodillados ante los poderosos del mundo.