El cronograma de renegociación de la deuda se topó con el pánico financiero que domina el mundo disparado por el coronavirus y la guerra de precios del petróleo. Un default es cada vez más probable, y el gobierno de Alberto Fernández profundizó aun más las condiciones de vulnerabilidad de cara a ese escenario.

La recta final hacia la renegociación de la deuda se llenó de obstáculos por el cambio en el panorama financiero internacional, que tiene raíces de fondo que se vienen cocinando desde hace tiempo, como analizan Paula Bach y Claudio Katz en otras notas de este semanario, pero fue acelerada por los estragos económicos del COVID-19 y, en la última semana, por la guerra de precios del petróleo que tiene a Arabia Saudita y Rusia como protagonistas. El desplome de las bolsas, una destrucción en gran escala de lo que Marx denominaba capital ficticio, significa que acumularan pérdidas los fondos de inversión y otros grandes inversores, que son los “lobos” de Wall Street que tienen en sus manos gran parte de los títulos que se apresta a negociar la argentina.

De acuerdo al cronograma presentado por Economía en enero, esta semana que pasó debía conocerse la oferta a los bonistas, que según todos los análisis incluirá un nivel de quita elevado (que de todos modos se esperaba que fuera negocio para los acreedores al mejorar el valor que tienen hoy los bonos). El decreto 250/2020, firmado el fatídico lunes en el que la caída del precio del petróleo disparó la nueva ronda de caídas bursátiles, incluye en la negociación toda la deuda bajo legislación extranjera, lo que suma USD 68 mil millones. Esto significa que los bonos de los canjes de 2005 y 2010, que tienen cláusulas de acuerdo mucho más exigentes para reestructurar (85 % de los acreedores deben aceptar la oferta) son en principio parte de la negociación. Pero aunque se dio a conocer el universo de bonos que estarán en negociación (a lo que hay que incluir la deuda bajo legislación local y el crédito del FMI que van por carriles paralelos a esta operación), Guzmán debió posponer al menos hasta la semana que viene el detalle de lo que propondrá a los acreedores. Recién el viernes al mediodía se dio a conocer esta postergación, que responde al enrarecido clima financiero.

La reestructuración de la deuda tiene en vilo al gobierno de Alberto Fernández, como si el “éxito” que se proponen lograr en las tratativas pudiera significar, de lograrlo, otra cosa que obligarse a un ajuste para crear condiciones de pago dentro de algunos años. Es decir, continuar con la política de “solidaridad” selectiva que viene primando desde el 10 de diciembre (en la cual el conjunto de la sociedad es obligada a ir en ayuda de los acreedores, los bancos y otros grandes ganadores de los años de Macri que son quienes menos pagan los platos rotos del hundimiento de la economía). Pero a pesar del empeño oficial, las tratativas entran en un terreno resbaladizo, donde las probabilidades de terminar en el infierno tan temido, de un default no previsto por esta administración, se multiplican.

El contexto no podría ser peor. La aversión al riesgo de los inversores en medio del pánico financiero ha generado una “fuga hacia la calidad” que perjudicó a los bonos y acciones de los países mal llamados emergentes como no ocurría hace 15 años. Solo en 45 días se fueron de estos países USD 30.000 millones. Si la tendencia se mantuviera durante un año, estaríamos hablando de una huida de valor hacia los activos más seguros de USD 240.000 millones, equivalente a la mitad de la economía argentina.

Están quienes dicen que el desplome de las tasa de interés en EE. UU. favorece la negociación. En medio de la crisis la Reserva Federal, el banco central de ese país, anunció una baja de emergencia de 0,5 puntos en las tasas, que las ubicó en el rango de 1-1,25 %. Un bono del Tesoro a 10 años, que marca el piso del financiamiento para otros países (a lo que hay que sumarle la sobretasa que es el llamado “riesgo país”) rendía el viernes 0,79 % anual. Medido contra estas tasas, dicen algunas voces optimistas, el recorte que pretende Guzmán deja un rendimiento de todos modos elevado. Es cierto, si en vez de los intereses superiores a 7 % que pagan hoy los bonos, Guzmán acordara un 3 %, sería una tasa que es más de cuatro veces la del bono del Tesoro norteamericano. Seguiría siendo un negocio redondo para los acreedores. Este es un factor que va favor de las aspiraciones del gobierno. Un segundo aspecto a favor creado por el desplome de las bolsas, es que gracias a la caída de los bonos (ayer promediaban 33 % del valor del papel, o “de paridad”) ayuda a que sea más atractiva la quita propuesta por Economía, que según se especula podría llegar a 40/50 %. Es decir, quienes la acepten cambiarán el desvalorizado título de hoy por otro que valdría más o menos 150 % del mismo. Ese 50 % es una mejora nada desdeñable, considerando la timba financiera inviable de la que fueron parte entre 2016 y 2018, hasta que se estrelló la economía de Macri. Timba de la que siguieron extrayendo jugosos intereses hasta hoy, aunque al mismo tiempo se destruyó la cotización de los bonos que hoy están en negociación.

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Pero estos dos elementos favorables que aporta la coyuntura, quedarán en nuestra opinión más que compensados por el cambio dramático del panorama de la economía mundial y del cuadro de las finanzas internacionales.

Además de la aversión al riesgo ya mencionada, hay toda otra serie de elementos que van en contra de alcanzar la negociación los términos a los que aspira el gobierno. Éxito, que, hay que repetirlo, no significa otra cosa que continuar buscando mejorar los resultados fiscales para poder pagar la hipoteca, posponiéndola unos años. Esto incluye seguir atacando a las jubilaciones, aplicando tarifazos, ajustando la obra pública y toda otra serie de medidas que golpean sobre el pueblo trabajador.

El primer elemento que juega en contra de las pretensiones de Guzmán y Fernández es que la atención de los fondos de inversión que hoy concentran la mayor parte de la deuda que se está negociando, tuvieron en los últimos quince días un drástico cambio en su foco: están haciendo “control de daño” sobre los efectos que tuvo sobre su portafolio el crash bursátil. No parece el mejor momento para “jugar al póker”, alegoría propuesta por el presidente para caracterizar la negociación en curso. Podrían endurecerse, total no es que ya tienen apuro por cerrar trato, vender los bonos renegociados y poner plata en otra parte: hoy todo está cayendo y no hay grandes negocios por hacer. Esto podría llevar a que se alargue el tira y afloje. Y si hay algo que esta administración no tiene es tiempo. Como manifestó Guzmán en una entrevista concedida a la agencia Reuters, publicada ayer, en mayo las reservas del Banco Central dejarán de ser suficientes para seguir pagando deuda. Estaríamos a las puertas de un default.

Un segundo motivo adverso es que el desplome del valor de los bonos argentinos crea las condiciones para un cambio de mano de sus tenedores. De los “lobos” que los tienen hoy, voraces en exprimir las cuentas públicas para obtener ganancias pero deseosos de evitar las cortes en la medida de lo posible, podrían pasar a manos de los buitres, cuyo negocio es litigar para cobrar sin quita. Como ocurrió con Thomas Griesa en 2014, siempre pueden esperar encontrar un juez que convalide sus reclamos. Con las cotizaciones de hoy, inferiores a 35 % de la paridad, esta verdadera “industria del juicio” empieza a ser muy rentable. Si siguen cayendo, más tentados estarán estos rapaces usureros de adquirir los bonos de Templeton, Pimco, BlackRock, y los demás acreedores. Por las cláusulas de acción colectiva incorporadas en los bonos bajo legislación extranjera, es suficiente con que los acreedores tengan en sus manos un cuarto de la deuda a negociar para bloquear cualquier acuerdo. En realidad, por las cláusulas especiales que tienen los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010, el porcentaje exigido podría ser mayor: algunos de esos bonos requieren la aceptación del 85 % de los acreedores. No está dicho que esos bonos vayan efectivamente a ser puestos en la negociación, ya que Economía podría decidir dejarlos afuera y no son lo más urgente porque tienen plazos largos; pero si fueran negociados, aumentaría la capacidad de los buitres para bloquear la operación.

La “insustentabilidad” de las Albertnomics

El tercer motivo por el cual la aspiración de Guzmán y Fernández puede quedar seriamente comprometida, es porque se siguen sumando malas noticias para las perspectivas de la economía argentina.

Como en los tiempos de Néstor Kircher, durante los cuáles las exportaciones alcanzaron niveles récord gracias al boom de las commodities, Alberto Fernández y sus ministros Matías Kulfas (Producción) y Guzmán han manifestado en numerosas oportunidades la ambición de sustituir el recurso a la deuda por el superávit externo basado en una dinamización de los sectores que puedan aportar divisas. Por eso, en su discurso ante el Congreso el 1 de marzo, Fernández se manifestó en contra del extractivismo pero un minuto después señalaba como apuestas a la (mega) minería y a Vaca Muerta. La primera recibió en diciembre un contundente rechazo en Mendoza (y también en Chubut). La apuesta petrolera no solo cosecha rechazos por su impacto ambiental: si el precio del barril se mantiene por debajo de los USD 40 dólares por largo tiempo (el viernes cotizaba en USD 34) entramos en la perspectiva de un congelamiento de inversiones y un parate de la producción. Según los empresarios petroleros, con estos precios no es viable la producción hidrocarburífera no convencional, ni tampoco la convencional que requiera recuperación secundaria de pozos maduros (que es la mayoría en el país). Un despliegue exportador basado en el petróleo a estos precios es una ilusión. El derrumbe de la acción de YPF (la empresa que valía USD más de 10.000 millones cuando fue “recomprada” parcialmente por el Estado argentino esta semana alcanzaba una capitalización de USD 2.000 millones, y en descenso continuo) muestra a las claras la bancarrota del sueño de país petrolero que esta administración comparte con la anterior de Cambiemos. Con esta cotización recrudecieron las pujas para sostener en marcha el negocio haciendo lo contrario a lo que los empresarios buscaron en los últimos años, que fue dolarizar el precio haciendo que los consumidores de naftas pagaran tarifas cada vez más caras mientras subía el precio internacional o a medida que se devaluaba el peso frente al dólar. Ahora quieren “desdolarizar” porque el precio internacional no les conviene; piden un precio sostén (el llamado “barril criollo” que ya fue implementado durante los años de Cristina Fernández y continuó con Macri), que las naftas en los surtidores locales se disocien del precio internacional y sigan más altas.

Las malas noticias no son solo para el oro negro. El precio de la tonelada de soja, que el lunes no había sido arrastrado por la caída del barril de crudo, no tuvo el jueves tanta suerte. Cerró en USD 313, el menor valor desde septiembre del año pasado y nivel históricamente bajo en el promedio de los últimos 5 años. Si consideramos la relación promedio histórica con el barril de crudo (7 a 1), podríamos esperar un descenso todavía más pronunciado. Estas no son buenas noticias para la principal exportación del país, que el año pasado aportó USD 17 mil millones (sumando grano y derivados).

Por si esto fuera poco, se suma la seguidilla de devaluaciones fuertes que tuvieron las monedas de países mal llamados "emergentes", entre ellos Brasil. El peso argentino se movió un poco en el mercado mayorista, pero el Banco Central (BCRA) evitó movimientos bruscos ya que es una de las pocas anclas para intentar frenar la inflación (que en febrero fue de 2 % a pesar de que las tarifas y combustibles están congelados).

Con la inflación erosionando el tipo de cambio real y las depreciaciones de otras monedas, la presión sobre el tipo de cambio se expresó a través del contado con liqui y el dólar blue, cuyas cotizaciones ayer rozaron los $ 90 y $ 83 respectivamente. Esto difícilmente permita sostener la paridad actual del dólar legal y moverla volverá a redoblar la presión sobre los precios. Además, un peso más devaluado eleva la influencia de la deuda sobre la economía (deuda/PBI).

El frente exportador amenazado, la inflación, las presiones sobre el cepo y el deterioro del poder adquisitivo legado por Macri -que las medidas de este gobierno no revierten- no permiten todavía hablar siquiera de una economía que encuentre piso en su deterioro, más allá de las compensaciones para algunos sectores. Mucho menos de volver a crecer.

Por eso, tampoco se recupera la recaudación fiscal, otra medida de “sustentabilidad” que entra en la ecuación de los acreedores. En ese sentido, difícilmente se posterguen los aumentos de tarifas de la energía y el transporte, algo que ya habían anunciado el jefe de Gabinete y el ministro de Trasporte y que había salido a desmentir el presidente. La debilidad exportadora, el estrangulamiento cambiario y la ausencia de motores para el crecimiento, hacen que cualquier propuesta de la deuda, aún con quita agresiva, no termine de mostrarse "sustentable". Sumado a las condiciones internacionales cada vez más inestables y el revoloteo de los buitres, las probabilidades de terminar sin acuerdo son cada vez mayores.

Póker con lobos, o cantar truco con un cuatro de copas

“Estamos jugando al póker y no con chicos”, sostenía Alberto Fernández cuando empezó a ponerse seria la discusión con los bonistas. Como en El séptimo sello, aquella película clásica de Ingmar Bergman en la que el personaje encarnado por el actor Max Von Sydow, fallecido el domingo pasado, jugaba al ajedrez con la Muerte mientras recorría una Europa asolada por la peste negra (un tópico tan de estos días), y que termina para el protagonista como podemos imaginarnos, el póker con lobos y buitres propuesto por Alberto Fernández para presentar su estrategia de reestructuración incrementa cada día las chances de terminar una cesación de pagos declarada intempestivamente.

Todo lo actuado por el gobierno hasta el momento, desde que asumió, siguió profundizando las condiciones para llegar a ese momento, en caso de ocurrir, en las condiciones de mayor vulnerabilidad. Esto es así porque tomó dólares del Banco Central, que no abundan, para seguir pagando vencimientos de cara a la negociación. En caso de ocurrir la cesación de pagos, esta llegará cuando en las arcas de la entidad que preside Miguel Pesce no queden más dólares que los necesarios para garantizar los depósitos en moneda extranjera del sistema financiero, y los que no pueden usarse por corresponder a préstamos obtenidos por el BCRA. Es decir, ocurriría en condiciones muy similares a las de diciembre de 2001, cuando el default decretado por Adolfo Rodríguez Saá no era más que una constatación de que el país había gastado hasta el último dólar para enriquecer a los acreedores, y que ya no podía seguir haciéndolo.

¿Cómo podría un país jaqueado por la deuda, ya sea que se lograra el éxito “pírrico” buscado por el gobierno o que la negociación termine en un default caótico, hacer frente a una crisis sanitaria como las que atravesaron China y varios países Europeos? Italia, con un sistema sanitario jaqueado por la destrucción de empleos como resultado de las políticas de austeridad que siguieron a la crisis de deuda, es una muestra palmaria de que la discusión de la deuda puede ser de vida o muerte. Más cuando venimos de fuertes recortes durante los años de Macri.

Desde la izquierda planteamos durante 2019 que la deuda no solo era odiosa y fraudulenta; además era impagable. Advertimos contra la falsedad de los planteos de que era posible negociar con el FMI y los acreedores privados y al mismo tiempo dejar de aplicar el ajuste que inició Macri y que continúa bajo ropajes “solidarios”. También señalamos, contra quienes minimizaban el problema, que solo un programa de conjunto que rechace el chantaje de los acreedores podría evitar que la crisis la paguemos otra vez la clase trabajadora y el pueblo pobre, como en 2001, 1989, y tantas otras veces en la historia argentina reciente.

Hoy, cuando la amenaza del default “a la 2001” se hace cada vez más palpable, y la alternativa es la rendición a los reclamos de los acreedores, se vuelve urgente movilizar para pelear por una salida de otra clase la crisis nacional. Es necesaria la más amplia movilización de la clase trabajadora para pelear por una alternativa: encarar sin demora un desconocimiento soberano de la deuda, que sea acompañado por un conjunto de medidas de emergencia fundamentales para que las consecuencias de la crisis la paguen quienes la generaron: los acreedores, los grandes empresarios y los bancos que lucran con la bancarrota nacional.