El 27 de junio es el día del trabajador estatal. En medio de un feroz ataque a las condiciones de vida y puestos de trabajo, los estatales tenemos el desafío de enfrentar el plan de ajuste de Cambiemos y el FMI.
Jueves 28 de junio de 2018
El 27 de junio de 1978 la Organización General del Trabajo adoptó el Convenio Nº 151, que establece el derecho de los trabajadores del servicio público a participar de las negociaciones del convenio colectivo, derecho que hasta entonces la OIT no reconocía.
En Argentina, en 1992, se sancionó la Ley 24.185, también conocida como Ley Abdala, que establece la negociación colectiva en el ámbito del Estado nacional y habilita a los trabajadores de los Estados provinciales a gozar del mismo derecho. En julio del 2013 se promulgó el 27 de junio como día feriado en conmemoración a los derechos colectivos de los trabajadores estatales.
A decir verdad, los estatales tenemos pocos motivos para estar felices. El acuerdo con el FMI, que constituye un nuevo gran saqueo nacional implica un plan de ajuste monitoreado por el organismo de crédito, exige una drástica reducción del déficit fiscal y la principal variable de ajuste que manejan desde el macrismo son los trabajadores del Estado.
UPCN nos entregó una vez más aceptando un miserable aumento del 15%. y el año pasado ya había sido parte de la imposición de una cláusula de presentismo que vulnera el derecho al goce de las licencias por parte de los trabajadores.
El gremio conducido por el criador de caballos de pura raza Andrés Rodríguez pactó supuestamente la suspensión de despidos por 60 días, plazo que no fue respetado por el Gobierno o que, en realidad, se trataba de un compromiso inexistente ya que este martes 450 trabajadores fueron despedidos de Télam.
Los trabajadores de Télam a su vez están dando una muestra de cómo homenajear nuestro día cuando se avasallan los derechos, ocupando las dos sedes del organismo para exigir la reincorporación de los compañeros y las compañeras.
Mientras UPCN es el gremio de la traición, ATE es el gremio de la división, donde los dirigentes de ATE Nacional alineados con Cachorro Godoy y de ATE Capital encabezados por Daniel Catalano del kirchnerismo, se pelean constantemente para ver quién es más divisionista y burocrático que el otro a la hora de hacer efectivo un verdadero plan de lucha.
Se niegan sistemáticamente a trabajar por poner en pie a los estatales conjuntamente impulsando asambleas de base y un congreso de delegados común para votar un plan de lucha unificado que se milite establecimiento por establecimiento para lograr su éxito.
Pero además se esfuerzan por acompañar políticas opositoras patronales. Godoy fue repudiado recientemente por reunirse con la Pastoral Social en el mismo momento que la Iglesia, en boca del Papa Francisco, atacaba al movimiento de mujeres que lucha por el derecho al aborto tildándolas de "nazis de guante blanco".
Catalano por su parte ha definido que la salida pasa por participar activamente de la interna del PJ y retornar a la CGT, llamando a los trabajadores del Estado a esperar pasivamente al 2019 mientras se consuman los ataques del macrismo.
No sobran trabajadores, sobran funcionarios
Cuando las compañeras y compañeros estatales sostienen que el Estado que ataca el macrismo es garante de derechos, lo hacen reivindicando la tarea del trabajador estatal y defendiendo instituciones y programas que las movilizaciones sociales le impusieron al Estado como producto de las relaciones de fuerza generadas en la lucha.
Somos los trabajadores los que garantizamos el funcionamiento del servicio publico. En el Estado no sobran trabajadores, lo que sobran son funcionarios, corruptos generalmente, que en el caso de Cambiemos, actúan como gerenciadores y directivos de empresa que utilizan la función en su propio provecho y hoy tienen la función de pasar el peine fino del ajuste en los sectores para pagar la deuda externa al FMI.
Son estos funcionarios quienes acusan a los trabajadores de ñoquis, mientras cobran salarios siderales y se dedican a confeccionar listas de trabajadores a despedir.
¿Un Estado de qué clase?
El kirchnerismo, la conducción de ATE Capital como parte del mismo, reivindica frente a la ofensiva de Cambiemos un modelo de Estado inclusivo, como lo llaman, al servicio de las grandes mayorías populares. Sin embargo, durante el último gobierno peronista el empleo estatal fue una fuente de precarización laboral que ha permitido salarios miserables, formas de contratación fraudulentas y es "la herencia recibida" por el macrismo que les permite despedir dando simplemente de baja los contratos.
Pero además durante la gestión anterior gran parte del presupuesto público fue destinado a pagar la ilegal y fraudulenta deuda externa al FMI, al negociado que enriqueció a los fondos buitres con el canje de la deuda y al Club de París. U$S 200 mil millones que podrían haber sido destinados a la construcción de hospitales, escuelas, caminos, a garantizar planes sociales y salarios dignos.
El kirchnerismo construyó un relato de su modelo de Estado, reivindicando la incorporación de programas e instituciones al servicio de los movimientos sociales. Lo cierto es que la incorporación de los movimientos sociales y de derechos humanos fue una necesidad en el país luego de la crisis del 2001, provocada por la política de entrega del patrimonio nacional que llevara a cabo otro gobierno peronista, el de Carlos Menem, y continuada por la Alianza de De la Rúa, también como parte de grandes saqueos nacionales dictados por el FMI.
La conquista de derechos democráticos y sociales fueron conquistas de la movilización popular presentadas como una gracia que se otorga desde el Estado.
El macrismo es hoy el instrumento de un nuevo saqueo nacional orquestado por el FMI que va a empobrecer a los trabajadores y permitir una mayor expoliación de nuestras riquezas. A su vez busca desarticular todo aquello que le ponga un freno a las apetencias patronales en el terreno institucional. Los trabajadores estatales somos el centro de este ataque y como respuesta tenemos que alertar a la población que hay que defender los derechos y conquistas que hemos ganado los trabajadores y el pueblo pobre.
El problema es que no se puede definir al Estado por la orientación política de los gobiernos de turno sino por la clase social que lo domina y del cual es Estado es representante de sus intereses generales. En esto coinciden los peronistas y su modelo de Estado inclusivo y la derecha empresarial y su modelo de Estado de negocios.
La defensa de los derechos de los trabajadores, del salario y los puestos de trabajo, no pasa por la defensa de un modelo de Estado patronal frente a otro, sino por la lucha con el conjunto de la clase trabajadora contra el ajuste y los despidos.
Para los socialistas un Estado de pleno derecho para los trabajadores y el pueblo pobre, es el que pongan en pie los propios trabajadores bajo su gobierno.
En ese camino, las y los trabajadores estatales deben ser protagonistas de la pelea contra el ajuste que Macri y los gobernadores están descargando sobre sus espaldas y quieren hacer pasar a fuerza de represión (como se vio hace pocas horas en Chubut).
Mientras las burocracias dividen y dilatan medidas aisladas sin un plan de lucha a la altura del ataque, el movimiento de mujeres protagoniza una lucha histórica por un derecho elemental como la legalización del aborto. El conjunto de la clase obrera con las mujeres a la cabeza puede tomar ese impulso y lograr no sólo el derecho al aborto, sino también el no pago de la deuda externa, tirar abajo el acuerdo del gobierno con el FMI y frenar el ajuste.
