Fue este jueves, en una audiencia donde el fiscal Funes sostuvo la solicitud de sobreseimiento que se había presentado, por no tener pruebas suficientes para elevar la causa a juicio respecto de esas personas. Permanecen acusados 20 referentes de organizaciones sindicales, sociales y políticas, sobre los cuales se pretende llevar la causa a juicio.
Viernes 16 de febrero 21:24
La fiscalía no pudo corroborar su hipótesis inicial respecto de los imputados sobreseídos en la causa (P-2171479/23) que investiga los hechos ocurridos el 20 de junio de 2023, por lo que el juez Rodolfo Fernández dictó el sobreseimiento. Estas 41 personas estaban imputadas por atentado y resistencia a la autoridad, lesiones leves doblemente agravadas, daños a bienes de uso público, estrago, estorbo funcional y entorpecimiento funcional del transporte terrestre, todos en concurso real (que se daría cuando una persona en varios hechos comete varios delitos).
Vale destacar que, si bien las personas ahora resultaron sobreseídas, muchas de ellas fueron detenidas arbitrariamente en la zona de la Legislatura el 20 de junio del 2023. “Probablemente hayan sido erróneamente aprehendidas por las fuerzas de seguridad” debió afirmar el fiscal, refiriéndose a que las mismas entraron en proceso de “flagrancia”. No se advertían en el material fílmico indicios que permitieran vincularlos con los hechos investigados. En muchos casos, ni se comprobó la presencia de algunos de ellos. No faltó oportunidad para que un abogado defensor les recuerde a los presentes, que los ahora sobreseídos no entraron en proceso de flagrancia, sino que fueron “arbitraria e ilegalmente detenidos”, y solicitó una solución a los perjuicios generados, empezando por la devolución de los elementos secuestrados a ellos.
Finalmente, el fiscal se volvió a referir a “acción tumultuaria”, como si una manifestación masiva como fue la que se convocó para rechazar la reforma constitucional en la provincia no implicara concentración de grandes cantidades de personas en el ejercicio del derecho de libertad de expresión, reunión y protesta.
Ayer sobreseyeron a 41 personas: docentes, artistas, referentes de ddhh, entre otros, q fueron detenidos durante la represión del Gobierno de Morales en Jujuy el 20/6 cuando fue la lucha contra la reforma.
SIN PRUEBAS en la causa penal queda demostrado el accionar persecutorio.— Natalia Morales (@NatuchaMorales) February 16, 2024
Es importante destacar que la causa sigue para 20 imputados. El fiscal sostiene que un gran número de personas habrían comenzado un enfrentamiento con la policía y cometido delitos. Desde ya, sin hablar de protesta social o manifestación previstas en la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales, el fiscal los acusa de resistencia a la autoridad, lesiones leves doblemente agravadas y daños a bienes de uso público, buscando llevarlos a juicio oral y criminalizar la protesta social.
El Ministerio Público de la Acusación considera que estas personas deben ir a juicio oral, sosteniéndose en actas de lesiones de personal de las fuerzas represivas, facturación de arreglos por daños al edificio legislativo y, sobretodo filmaciones, que intentan sostener que esas lesiones fueron cometidas por estas 20 personas, sumando que todas ellas configuraron una maniobra general en la que son coautores de los delitos imputados, que todos contribuyeron en algo. Mientras tanto, de los policías que reprimieron brutalmente dejando cientos de heridos -algunos de gravedad- tirando piedras con gomeras, gases y balazos de goma a la altura de la cara, sin novedades en materia de imputación.
De lo sucedido quedan dos conclusiones. Por un lado, la audiencia de este jueves demuestra la debilidad del régimen policíaco por la lucha contra la reforma, que no fue en vano, que pese a detenciones, persecución y causas tuvo que retroceder, y ahora no puede sostener judicialmente la persecución (ilegal) que realiza, sumado a los profundos cuestionamientos -incluso de organismos internacionales- al aparato represivo que intenta criminalizar la protesta social. Por el otro, que necesitamos redoblar la organización y lucha para que caigan todas las causas restantes, y desde los sindicatos, organizaciones sociales y comunidades originarias exigir a las centrales sindicales un plan de lucha hasta tirar abajo los planes de ajuste de Milei y Sadir.
