A diez años de la masacre, Cromañón sigue siendo una muestra viva de la impunidad del Estado. Durante todo este tiempo los sobrevivientes y familiares llevaron adelante una lucha exigiendo justicia. Sin embargo, una década después (¿una década ganada?), los principales responsables políticos están sueltos y el boliche “intacto”, evidencia del desinterés y del abandono de la causa.
Martes 30 de diciembre de 2014
En los próximos meses, habrá elecciones y las calles de la Ciudad de Buenos Aires serán empapeladas con la imagen del mayor culpable del fallecimiento de 194 personas. En su momento, y como consecuencia de la presión ejercida por el gran nivel de movilización popular, el entonces Jefe de Gobierno fue destituido de su cargo en un juicio político que tanto los legisladores del FPV como los de la UCR intentaron evitar.
Por increíble que suene, ese no fue el fin de la carrera política de Aníbal Ibarra. Hoy en día es legislador y parte del interbloque del FPV y próximamente estará de campaña compitiendo para volver a ser Jefe de Gobierno, en lugar de estar cumpliendo una condena y sin siquiera haber tenido que enfrentar un juicio penal.
Está claro que la principal causa de la masacre fue la desidia del Estado. Cabe recordar que el Gobierno de la Ciudad era responsable tanto del sistema de inspecciones, que funcionaba de manera corrupta, como del correcto funcionamiento del SAME y del sistema de salud en general, que esa noche colapsó, provocando que muchos de los jóvenes que habían logrado salir con vida murieran en la calle esperando a ser trasladados a un hospital.
También existió un interés empresario culpable de la masacre, encarnado en las figuras de Omar Chabán, gerenciador, y Rafael Levy, dueño de Cromañón.
En el caso del primero, en una primera instancia fue condenado a veinte años de prisión para que luego, en 2011, su sentencia fuese revisada y reducida. Dos años después, cuando se le detectó cáncer, se le otorgó la prisión domiciliaria. Falleció este año a causa de esa enfermedad.
“No festejé la muerte de Chabán. Él estando vivo era la muestra de lo que ocurrió y de que Cromañón sigue latente.” Reflexionó Eduardo, sobreviviente de ese horror.
Por su parte, Rafael Levy estuvo impune durante ocho años y ni siquiera fue acusado en el primer juicio, siendo que era el principal beneficiario de ese negocio en el que no se medían las consecuencias con tal de maximizar las ganancias. El accionar de este empresario jamás puso reparos en arriesgar la vida de cientos, o incluso miles, con tal de lucrar con la cultura.
Recién en 2012, en un segundo juicio, fue acusado por el cargo de “incendio culposo calificado” y condenado a cuatro años y medio de prisión. En los últimos meses fue detenido pero la causa todavía no está cerrada, por lo que aún existe la posibilidad de que apele y quede en libertad.
Otros de los acusados de esa noche fueron los integrantes de la banda “Callejeros”, que luego de ser absueltos en primera instancia, fueron condenados por la Cámara de Casación. Esta condena le sirvió al Estado para reforzar su propia impunidad al generar una falsa sensación de justicia. Lamentablemente, desde el principio los músicos tomaron la decisión de no formar parte de la lucha política que encabezaron sobrevivientes y familiares, alejándose del reclamo por justicia y condena a los verdaderos responsables. Hoy en día, la mayoría de los integrantes están en libertad hasta que la sentencia esté firme. Algunos de ellos continúan con su carrera artística.
A fines de 2012, el Estado volvió a utilizar esta causa. Esta vez fue para lavarle la cara al Poder Judicial: a los pocos días de la absolución de todos los imputados por el caso de Marita Verón, se efectivizaron las condenas de Callejeros y de Chabán para demostrar la acción “eficiente” de la justicia.
Una muestra clara de la impunidad que todavía existe en torno a esta causa es el abandono y descuido que hubo desde el 2004 a esta parte, tanto del boliche como del Santuario.
Hace algunos meses una sobreviviente de la masacre volvió al lugar y descubrió que por más que la Justicia había determinado la clausura del mismo, entrar era posible.
El lugar estaba igual que como había quedado esa noche; zapatillas y banderines tirados, la bandera de “Callejeros” colgada en el escenario, vasos servidos en la barra y la inevitable marca del paso del tiempo. Pero su denuncia de la situación no fue suficiente para que se tomaran cartas en el asunto. Recién cuando el hecho se visibilizó en los medios, la Justicia ordenó volver a clausurar el boliche y reforzar la custodia.
A su vez, el Santuario demuestra un gran nivel de deterioro y si no fuese por la perseverancia y la decisión de los familiares, probablemente ya estaría olvidado.
Esa determinación es la que convierte a los familiares y sobrevivientes en únicos protagonistas de la lucha por justicia. A partir del horror vivido esa noche de diciembre, surgieron diversas organizaciones que hasta el día de hoy continúan dando pelea. No solo para que los responsables paguen los costos, sino también para que la sociedad de conjunto no se olvide de este episodio, ya que nada garantiza que no pueda volver a ocurrir. Es que el problema no es de un boliche, o de un empresario, o de una banda, o de un Jefe de Gobierno, sino de una sociedad atravesada por las mismas problemáticas que confluyeron en Cromañón ocasionando la muerte de casi 200 personas. Como expresó Eduardo, “afuera estaba la mecha y adentro la dinamita”.
La Organización 30 de Diciembre es una de las que surgieron a partir de la masacre y busca generar conciencia a partir del no olvido de esta causa, porque entiende que, como explica Eduardo, “solo somos un grano de arena de una sociedad que lucha por un cambio profundo y real”.
Para este 30 de diciembre, a diez años de Cromañón, familiares y sobrevivientes de la masacre de República Cromañón convocan a una serie de actividades en Plaza de Mayo, que luego del acto central culminan con una marcha al Santuario de Once a las ocho de la noche.
