La crisis económica se acelera con el aumento del dólar, el descalabro inflacionario y un “superministro” encerrado en el callejón sin salida de sus propias promesas. El enésimo fracaso de un programa fondomonetarista. Los que especulan con una devaluación. Las causas inmediatas y las estructurales que explican la falta de dólares. Los escenarios que se abren para las elecciones y para después de diciembre. Una necesaria reorganización del país desde abajo.

Este viernes 21/4 el presidente Alberto Fernández renunció a postularse para la reelección en medio de una corrida cambiaria que amenaza con salirse de control. No obstante, el dólar ilegal, el denominado “blue”, no renunció a seguir escalando: la cotización cerró en $442, diez pesos arriba que el día previo, sumando una escalada del 10 % en solo una semana.

“Mi decisión”, tituló el presidente el vídeo que difundió a través de la red social Twitter. En realidad, “su” decisión, no habría sido tal. Esa renuncia había sido exigida, sin éxito, por el kirchnerismo. Los “mercados” tuvieron más fuerza: ayudaron, quizás, a Fernández en la única procrastinación que evitó durante su gestión. No solo eso. Lo que no lograron los rivales internos del Frente de Todos, tal vez, sí lo lograron los mandamases de Washington. Según algunas versiones periodísticas, desde el país del norte le habrían exigido al presidente un gesto para intentar ordenar la crisis política de la coalición de gobierno como condición para aprobar el envío de dólares frescos por parte del FMI.

Son los dólares que Sergio Massa fue a negociar, diez días atrás, a la capital estadounidense: es el “puente” para intentar evitar que la gestión del Frente de Todos concluya en un desorden económico mayúsculo. La renuncia de Fernández ilustra sobre los vasos comunicantes entre la crisis política y la crisis económica. Es un gobierno devaluado en términos políticos: carece de capacidad para imponer el programa económico más amplio que exige el gran capital y el FMI. Por abajo, se acumula el malestar luego de más de una década perdida, con estancamiento económico y aumento de la miseria social.

Fernández dejará un país con más pobres: las personas bajo la línea de la pobreza pasaron de ser el 35,5 % heredado de la gestión de Mauricio Macri al 39,2 % de la última medición de 2022 (ahora podría estar más arriba gracias a la escalada de precios). La inflación se multiplicó al punto que alimenta el fantasma de la hiperinflación. Lejos de la promesa de campaña que hablaba de recuperar el poder de compra del salario y las jubilaciones, de llenar la heladera, de volver al asado, los ingresos populares siguieron el camino del deterioro. La contrapartida es que los ricos se hicieron más ricos: aumentaron su participación en la torta de la riqueza. El país que dejará Fernández estará más hipotecado con el Fondo y con los acreedores privados gracias a la convalidación de la fraudulenta deuda tomada por la gestión cambiemita.

Este balance provisorio y sintético de la gestión del Frente de Todos ilustra que la suerte de Fernández ya estaba echada.

La enésima crisis con el Fondo

Parece que pasó un siglo, pero fue hace poco más de un año atrás, en la madrugada del 11 de marzo, cuando la Cámara de Diputados aprobó la operación de crédito público contenida en el Acuerdo de Facilidades Extendidas que había alcanzado el exministro de Economía, Martín Guzmán, con el FMI. Guzmán, luego de concesiones varias al Fondo, se abrazó a una hipótesis: creyó que con el programa aprobado por Washington lograría la "épica” de tranquilizar la economía. Esa “épica” duró, con suerte, algo más de tres meses, hasta su renuncia en julio de 2022.

En marzo del año pasado, la Cámara de Diputados era presidida por Sergio Massa, a quien se lo vio ganador. Es que, el ahora devaluado “superministro”, venía insistiendo hacía mucho tiempo en cerrar un acuerdo con el FMI. Además, en aquella sesión de diputados, logró reunir los votos para la aprobación del proyecto de ley, incluidos los de una mayoría de Juntos por el Cambio. Massa disfrutó: estaba en su zona de confort. Hoy enfrenta las consecuencias del programa fondomonetarista.

Datos difundidos este jueves 20/4 por el Ministerio de Economía, exhiben que el oficialismo incumplió la meta de déficit fiscal acordada con el FMI para el primer trimestre de este año, en parte por la caída de la recaudación de derechos de exportación debido al impacto de la sequía. Este incumplimiento ocurre a pesar del enorme recorte del gasto primario: creció 69 % interanual frente a una inflación, promedio del trimestre, del 103 %. Este ajuste, más fuerte que el que venía practicando Guzmán, es bancado por el kirchnerismo que tanto petardeó al exministro.

El incumplimiento de la meta de déficit del primer trimestre anticipa que hacia adelante el Fondo exigirá más recorte del gasto. De este modo, se van a acentuar las tendencias recesivas que ya operan sobre la economía. En su último informe el FMI cuestionó la moratoria previsional, exigió recortes en el Potenciar Trabajo y más rebajas en los subsidios energéticos –con su contrapartida en tarifazos–.

En los meses previos a la renuncia de Guzmán, la actividad económica había alcanzado los niveles más altos de la gestión del Frente de Todos. Pero, luego perdió empuje producto del agotamiento del rebote posterior a las restricciones más agudas de la pandemia y de las restricciones establecidas en el acuerdo fondomonetarista. Ahora, el país se encamina peligrosamente a un círculo vicioso donde el recorte de gastos repercute en la actividad económica, la caída de la actividad conduce a menos recaudación y obliga a nuevos recortes.

Es la historia eterna de los planes fallidos con el FMI que conducen al abismo económico y social, pero son muy útiles a los objetivos estratégicos del imperialismo de los Estados Unidos sobre los bienes comunes naturales del país, como bien lo conoce la jefa del Comando Sur del ejército yanqui, Laura Richardson, quien le tomó el gusto a visitar estas pampas, tal como lo hizo esta semana. La ruptura con el FMI y el desconocimiento de una deuda plagada de irregularidades es urgente para no repetir siempre la misma historia.

De internas y choribanqueros

El martes 18/4, la filtración acerca de que el ahora ex asesor presidencial, Antonio Aracre, había acercado a Alberto Fernández una propuesta de plan económico que incluía una devaluación y desdoblamiento cambiario aceleró la crisis cambiaria. Aracre habría advertido sobre la situación “agónica” del Banco Central con las reservas casi vacías.

Esto encendió las alarmas en los “mercados” que especularon con la salida de Sergio Massa de Economía: todos fueron en busca de la divisa estadounidense. Aracre, antes de ser un efímero asesor presidencial, fue el CEO de la multinacional Syngenta que produce productos para el agro y exporta granos y aceites de soja. Es decir que, con la devaluación que proponía Aracre, iba a ser beneficiada su antigua empleadora.

Massa no solo se incomodó con Aracre, sino que también mantiene diferencias con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. Por eso, antes de su renuncia a la reelección para intentar ordenar el Frente de Todos, Fernández buscó ordenar la gestión. El jueves se reunió en Olivos con Pesce por un lado y con Massa por el otro. Otros trascendidos indican que estuvieron todos juntos, aunque la foto en la quinta presidencial mostró al presidente y al ministro de Economía a solas, casi como pares.

Recién a última hora de la tarde del jueves se difundió una foto de Massa junto a Pesce en una reunión que tuvo lugar en el Ministerio de Economía. Pesce es el último albertista sobreviviente en el gabinete económico. Los trascendidos indican que Alberto lo sostuvo frente a Massa, pero le pidió que subiera la tasa de interés, una decisión que venía postergando. De hecho, el mismo jueves, el Directorio del Central decidió subir la tasa de interés de los plazos fijos y de las Leliq ( títulos de deuda del Central) desde el 78 % al 81 %, lo cual implica una tasa efectiva anual de 119 %. Ese movimiento está en sintonía con lo que exige el FMI: que la tasa de interés le gane a la inflación.

Las consecuencias de esa suba de tasas son graves y duraderas: empujan a una mayor desaceleración económica porque se encarece el crédito productivo y para el consumo (la otra medida del Central, vinculada a postergar pagos de importaciones y otros servicios, en la medida que frene la entrada de bienes afectará la actividad, aunque el Central tal vez también tenga por objetivo frenar maniobras especulativas), aumenta el déficit cuasifiscal del Banco Central y agranda la bola de nieve de las Leliq.

Como siempre, ganan los bancos. Es que la tasa de interés que les paga el Central es como su “paritaria”. Se estima que, en la actualidad, el déficit cuasifiscal, que se lo embolsan fundamentalmente los bancos, alcanza al 6 % del PIB. Son los “choribanqueros” que viven del Estado.

¿Quién me ha robado el mes de abril?

No hay dudas que la escasez de dólares está signada por la sequía que impactó en la cosecha de granos, que sufre una enorme caída. No obstante, las maniobras especulativas se montan, no solo sobre los desequilibrios económicos y la sequía, sino también sobre la crisis del Frente de Todos y de quién se postuló como salvador del Gobierno y, obviamente, de su propia carrera política: Sergio Massa. El “superministro” ya no parece ser tal. Y cuando los “mercados” huelen sangre no tienen miramientos.

En las crisis agudas como la que atraviesa el país, hay muchos factores que contribuyen en las corridas cambiarias. Pero, sin dudas, en la coyuntura opera fuerte la retroalimentación entre la inflación y el aumento en la cotización del dólar. El viernes 14/4, el anuncio del INDEC del 7,7 % de inflación para el mes de marzo (104,3% interanual), el registro mensual más alto desde marzo de 2002, dejó expuesto el estrepitoso fracaso del “superministro” en moderar la suba de precios. Se acerca el final de abril. Para este mes, Massa se había ilusionado con que el dato de inflación ronde el 3%. Con la inercia de marzo y la estampida del dólar, no se puede descartar que la inflación del cuarto mes alcance guarismos cercanos al 8 %.

La aceleración de la inflación no es un fenómeno natural. En un contexto de desbordes múltiples –déficit fiscal, falta de dólares, expectativas basadas en el deterioro continuo y agravado del poder de compra del peso en el período precedente– opera como la “paritaria” de todas las grandes empresas para hundir el poder de compra del salario. Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un aumento promedio de 9,3 % en marzo, es el rubro con mayor impacto sobre los índices de indigencia y pobreza. En ese rubro operan un puñado de empresas con poder oligopólico. Según un estudio que realizó el año pasado el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), tres cuartas partes de la facturación de los productos de las góndolas es explicada por veinte empresas. Tres compañías (Mastellone, Sancor y Danone) concentraban el 75 % de la facturación del rubro lácteo. En bebidas sin alcohol, tres empresas (Coca-Cola, ADA y Pepsico) explicaban el 85 % de la facturación. En aceites, Molinos Ríos de la Plata, Molinos Cañuelas y Aceitera General Deheza (AGD), explicaban el 90% de la facturación. Otro tanto ocurre con la concentración en las grandes cadenas de supermercados, que son el eslabón final por el cual llegan los productos al consumidor.

La vida es una tómbola. Bien lo sabe el secretario de Comercio, Matías Tombolini, quien luego de que difundieran los datos de inflación de marzo, se dio cuenta que “los formadores de precios no están cumpliendo con los acuerdos que hemos celebrado de manera voluntaria”. El fracaso de los “controles”, de los programas Precios Cuidados y Precios Justos, se debe a que el gobierno no está dispuesto a afectar la estructura concentrada en pocas empresas que manejan la producción y comercialización de bienes de primera necesidad.

Es necesario acabar con el secreto comercial y abrir toda la contabilidad para revelar el verdadero costo de los productos y poner toda la información al servicio de comités de trabajadores y sectores populares. La clase trabajadora, en particular los empleados de las empresas que elaboran productos esenciales y de las grandes cadenas de supermercados, tiene el potencial para detectar las maniobras especulativas en toda la cadena de producción y comercialización para garantizar el abastecimiento a precios accesibles para toda la población. Las empresas que sigan especulando con los precios y el abastecimiento deberían ser nacionalizadas y puestas bajo la gestión de sus trabajadores en colaboración con profesionales de las universidades públicas, como parte de una planificación racional para acabar con el hambre y garantizar una alimentación de calidad.

Agroespeculadores

El proceso inflacionario es un fenómeno complejo, pero no hay dudas que la aceleración en la suba de precios es consecuencia, en parte, del programa acordado con el FMI que exige que suba el dólar oficial y de las tarifas de los servicios públicos, lo cual empuja todo el sistema de precios hacia arriba. Incluso, no hay pruebas, pero tampoco dudas, que una de las exigencias que escuchó Massa por parte del Fondo en su última visita a Washington es que es necesaria una devaluación del tipo de cambio oficial que “ordene” el frente externo de la economía.

Para el Banco Central el “dólar agro” es un mal negocio por donde se lo mire: compra dólar a $300 a los agroexportadores y tiene que vender en $220 a los importadores. Pero, aún así, no está funcionando como las dos rondas del “dólar soja” del año pasado. En la corrida cambiaria reciente también opera la escasa liquidación que se verifica desde que se puso en práctica el “dólar agro”. Es un síntoma de que el agropower espera, especula, empuja, una suba mayor del dólar oficial o, porque no, directamente una devaluación abrupta. Las promesas de la oposición de Juntos por el Cambio o Javier Milei, que van desde una liberalización cambiaria a la dolarización, incluyendo la quita de retenciones, alimentan las expectativas de mayores ingresos a futuro.

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No solo eso. Las escasas liquidaciones realizadas por parte del agro parecen haber actuado como un bumerán ¿Por qué? Porque los barones del “agropower” agarran los pesos que les da el Banco Central a cambio de los dólares de las exportaciones y se van a comprar dólar financiero, como el “contado con liqui”. Es decir, que el “dólar agro” en lugar de relajar el panorama cambiario, aunque sea circunstancialmente, en realidad lo está agravando con estas maniobras especulativas.

De empezar a funcionar, el “dólar agro” empujará la inflación hacia arriba porque mejora los ingresos y las ganancias de todos los exportadores de productos esenciales, como el azúcar que produce Ledesma, incluido entre otros grandes beneficiarios que operan en las economías regionales. Es que también querrán, mediante aumentos de precios, mejorar sus ingresos y ganancias en las góndolas argentinas tanto como en las ventas externas. Existe un detalle adicional: el “dólar agro” es difícil que produzca algún incremento exportador, sino que, en el mejor de los casos, empujará a que los exportadores adelanten ventas.

Si bien en el ritmo de ventas de granos depende lo que hagan las patronales agrarias, el mayor poder sobre el comercio exterior lo detenta un puñado de empresas, mayormente multinacionales, pero también algunas nacionales. Se trata de Cofco-Nidera-Noble (China), Cargill (EEUU), ADM-Toepfer (EEUU), AGD (Argentina), Viterra (Glencore, Suiza), LDC (Francia), ACA (Argentina), Molinos (Argentina). Estas empresas, prácticamente, poseen un oligopolio privado del comercio de granos. Como demostró el caso Vicentin, son habituales las prácticas de subfacturación de exportaciones para eludir el ingreso de dólares al país o que directamente triangulen las operaciones, no solo para no entrar los dólares al país, sino también eludir el pago de impuestos.

El monopolio estatal del comercio exterior, bajo gestión obrera, permitiría arrancarles ese poder oligopólico con el que conspiran contra las mayorías: todas las ventas externas (y también las importaciones) se podrían realizar en función de las necesidades de la población; las condiciones naturales y la infraestructura existente permitirían reorientar la producción agropecuaria para que la prioridad no sea producir commodities para el mercado mundial, sino alimentos saludables que estén accesibles para todos. Es una medida esencial, no solo para terminar con las especulaciones, sino fundamentalmente para combatir los niveles de pobreza e indigencia inauditos que sufre el país.

¿Por qué siempre faltan dólares?

Los discursos favorables al extractivismo plantean que es necesario impulsar a toda máquina la producción de Vaca Muerta y la minería, en particular la del litio, para aumentar considerablemente las exportaciones: afirman que con los dólares que se obtengan en el comercio exterior se puede superar la restricción externa, esto es la tradicional traba al crecimiento que el país enfrenta cuando escasean los dólares.

Desde la fundación del Estado Nacional a esta parte el extractivismo agropecuario ilustra a las claras que, a pesar de que se producen gran cantidad de materias primas para la exportación, el problema estuvo presente en gran parte de la historia del capitalismo semicolonial argentino. El problema no es simplemente productivo, sino de clases sociales. La clave es quién se queda con los dólares.

En la historia reciente, desde el 2000 al 2022, el país obtuvo un importante superávit comercial (es decir, que las exportaciones superaron a las importaciones) de U$S190 mil millones, según cifras oficiales del INDEC. La gran mayoría de los años (excepto, 2015, 2017 y 2018) la balanza comercial fue positiva. El Centro Cifra de la CTA realizó un análisis del balance de cambios entre 2020 y 2022, siguiendo información del Banco Central (los datos difieren de los de INDEC en cuestiones metodológicas). De allí surge un saldo positivo del comercio exterior de U$S45 mil millones para este período reciente. También ingresaron dólares por préstamos del FMI y otros organismos por unos U$S10 mil millones.

Pero todo eso se dilapidó ¿Cómo? La mayor parte, casi U$S36 mil millones, se fueron por la otra ventanilla en pagos de la misma deuda pública (al FMI, a otros organismos multilaterales y acreedores privados) y en pagos de deuda privada. Una cifra menor de U$S5.000 se fue en fuga legal (formación de activos externos) y el resto, unos U$S15 mil millones corresponde a fletes y turismo. Como se observa, en el país entraron muchísimos dólares en los últimos años. Por eso, no es exagerado decir que, más que faltar dólares, lo que ocurre es que sobran saqueadores.

Los capitalistas operan en el río revuelto de una crisis que, más allá de los factores inmediatos de la corrida hacia el dólar, tiene causas profundas vinculadas con el atraso productivo y la dependencia que sufre el país debido al saqueo de las potencias imperialistas. Existe un vaciamiento sistemático que tiene lugar por diversas vías. Entre ellas, como se mencionó, está el pago de una deuda externa fraudulenta, tanto a acreedores privados como al FMI.

A eso hay que agregar el pago de deuda que hacen las empresas del sector privado sobre empréstitos supuestamente tomados en el exterior. Es un mecanismo que, muchas veces, encubre un fraude al Banco Central porque las empresas piden dólares para pagar deuda intrafirma: es decir, para pagarse a ellas mismas. Se trata de un mecanismo para sacar dólares hacia sus casas centrales, radicadas en las potencias económicas.

Otras maniobras son las que realizan los grandes exportadores: están asociadas a subdeclarar las ventas externas para no ingresar los dólares al país y, de paso, no pagar retenciones al fisco. Es lo que hacía Vicentin. O lo que descubrió recientemente la Aduana que hacen las mineras, como Livent, que extrae litio en Catamarca. Cada vez que una delegación argentina, ya sea con Sergio Massa o Alberto Fernández a la cabeza, viaja a Estados Unidos se desvive por ofrecer el litio a empresas como Livent que saquean los bienes comunes naturales y los dólares del país.

Todavía hay más. También existe la fuga de capitales a través de mecanismos legales como el “contado con liquidación”, que el propio Massa alimenta a través del canje de bonos en dólares en manos de organismos públicos por bonos en peso. O la fuga legal e ilegal que organiza el sistema bancario, como ocurre en cada proceso de crisis aguda, para facilitar el envío de dólares a guaridas fiscales.

Existen varias investigaciones en el Congreso, desde 2001 a esta parte, que involucran a reconocidos bancos, como el HSBC, el BBVA, el Santander, el Citibank, entre otros, en esas maniobras legales o ilegales de fuga de capitales. En el 2001, mientras al pequeño ahorrista lo encerraron en el “corralito”, el 75 % de los montos fugados en medio de la crisis se canalizaron a través del Citibank, Banco de Galicia, Banco Río (actual Santander), BBVA Francés, Banca Nazionale del Laboro y el HSBC.

Del otro lado del ovillo, las develaciones, como la de Panama Papers u otras más recientes, dejan a las claras como los más ricos del país utilizan las guaridas fiscales para ocultar su patrimonio. En esas develaciones aparecen desde la familia Macri, hasta familiares del exempleador de Javier Milei, Eduardo Eurnekian de Corporación América, pasando por todo el gran empresariado, incluidos varios de los integrantes de la elite económica que se reunió esta semana en la cumbre del Llao Llao.

El año pasado, en medio de la corrida cambiaria que liquidó las gestiones económicas de Martín Guzmán y de Silvina Batakis, en medios de comunicación oficialistas se denunció que las “mesas de dinero” de tres bancos estaban realizando maniobras especulativas con el ilegal dólar “blue”. No dieron los nombres. No obstante, que operen dólar “blue” es apenas un detalle. El sistema bancario es el que organiza la evasión impositiva y la fuga de capitales que hacen los dueños del país hacia guaridas fiscales en el exterior por todas las vías posibles.

Para evitar los saqueos de quienes conspiran contra los intereses de las mayorías es necesaria la nacionalización del sistema bancario y financiero, con la expropiación de los bancos privados, pero no para apropiarse de los ahorros de los sectores populares, sino para preservarlos. Los mencionados HSBC, BBVA, Santander y todos los bancos privados deberían pasar a conformar un banco público único, bajo gestión de sus trabajadoras y trabajadores.

En la Argentina, el crédito hipotecario prácticamente no existe y el crédito productivo se encuentra cada vez más limitado. Los bancos exacerbaron su inclinación a la timba financiera. Su gran negocio son los préstamos que realizan al Banco Central con la compra de las Leliq o el financiamiento que ofrecen al Tesoro (Ministerio de Economía) con la compra de bonos que les otorgan garantía frente a la inflación y la devaluación (garantía que carecen los salarios y las jubilaciones). Otro tanto se dedican a la especulación con el dólar.

Concentrar el crédito nacional puede ser una herramienta potente para tener una radiografía de toda la producción. Esto permitiría detectar todos los “Vicentin” que puedan haber apelado al crédito público para enriquecerse, con aval de los gobiernos de turno, como así también tener un termómetro de la circulación del capital, la verdadera situación de las ganancias del gran empresariado, de las riquezas que acumulan, de las relaciones entre los diferentes pulpos económicos. También haría posible garantizar crédito barato para acceder a la vivienda, para impulsar microemprendimientos o para los pequeños comerciantes golpeados por la crisis. Es decir, permitiría orientar la banca en función de atender las necesidades sociales.

Reorganizar el país desde abajo

En este descalabro económico, esquemáticamente, se abren tres escenarios. El primero es un escenario en el que Massa logra salvar el “plan aguantar”. Para esto tiene que conseguir que el FMI envíe fondos frescos, el famoso “puente”: se habla de hasta U$S10 mil millones que estarían negociando con el apoyo del Gobierno de Joe Biden. De ser así, eventualmente, el oficialismo puede mantener la actual situación inestable, con los U$S10 mil millones del FMI disponibles para financiar la fuga de capitales, con una inflación alta, con ingresos populares en retroceso y con una economía con muchos síntomas de conducirse hacia una recesión. El beneficio para el Gobierno es evitar el desmadre general antes de que llegue diciembre.

Un segundo escenario puede ser similar al último año de Mauricio Macri. Es necesario recordar que en abril de 2019 Macri también enfrentó una corrida cambiaria. Ese mes, el FMI envió U$S10.800 millones, que como la mayoría de los envíos se fue en pagos de deuda y fuga de capitales, no obstante, le permitió a los cambiemitas lograr una calma transitoria hasta las PASO de agosto de aquel año. Pero el resultado de las primarias terminó de dinamitar la estabilidad y el dólar se disparó, a lo cual contribuyó la propia política de un Macri enojado que dejó que el dólar escale como “castigo” a los que no lo votaron y al salario.

El tercer escenario es uno en el que el gobierno pierde el control de la crisis y la inflación y la suba de los dólares paralelos se espiraliza, haciendo insostenible la paridad oficial y forzando un ajuste de la misma, de consecuencias inciertas dado el escaso poder de fuego del Banco Central. En este escenario, no se puede descartar que el descalabro conduzca a la hiperinflación, es decir a un ataque más profundo sobre las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras.

Que se desarrolle más uno u otro escenario depende de muchos factores: de en qué medida los dueños del país impulsen o no la corrida; las definiciones que tome el Gobierno; cómo se ubique la oposición que hace equilibrio entre esperar que el oficialismo haga el trabajo sucio del ajuste, pero en simultáneo no quiere que la situación se desmadre al punto de empujar a la lucha en las calles; y, finalmente, pero no menos importante, será determinante lo que defina el FMI. Las centrales sindicales, la CGT y la CTA están en la pasividad total dejando en las manos de estos factores la suerte de la crisis y sus consecuencias para las mayorías. Mientras sería necesario un paro nacional activo, en el camino de una huelga general para derrotar el ajuste del FMI e imponer un programa de defensa de los trabajadores, que empiece por el salario y las condiciones de trabajo.

Esos son los escenarios de cara a las elecciones. El régimen político capitalista buscará en el proceso electoral legitimar al encargado de los futuros ataques. Javier Milei cumple la función de instalar sentidos comunes favorables a la agenda del gran capital: desde una dolarización que hunda los salarios, pasando por contrarreformas laborales que restablezca condiciones esclavistas, hasta privatizaciones.

Pero, los dueños del país, tal como lo dejaron claro en la cumbre del Llao Llao, no están dispuestos a una aventura como la que propone el economista despeinado. Saben que lo que vocifera será muy difícil de implementar si se desata la resistencia en las calles. Con una agenda más acotada, lo experimentó Macri en su fatídico diciembre del 2017. Por eso, el gran capital, aunque según las “encuestas” tomadas en el lujoso hotel pareció inclinarse por Bullrich, no deja de estar seducido por una propuesta más de centro, ya sea con Horacio Rodríguez Larreta o con el mismo Massa recuperado del mal trago. El plan de fondo es el mismo, doblegar a la clase trabajadora, pero buscando los tiempos y los métodos adecuados.

Frente a la aceleración de la crisis, la clase trabajadora y el pueblo pobre tienen que oponer su propio programa. Hay que impedir que la crisis se siga descargando sobre las espaldas de las mayorías populares. Como parte de ello, la propuesta del PTS en el Frente de Izquierda, de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que discuta la reorganización del país desde sus bases, como parte de la lucha por un Gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre, está puesta al servicio de enfrentar a quienes la quieren hundir un poco más en la miseria, está puesta al servicio de enfrentar los planes que preparan los millonarios y su casta política.

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