Los métodos del genocidio ya habían tenido un ensayo general con el Operativo Independencia. Las patronales, los partidos del régimen y varios cómplices fueron los artífices de un genocidio contra la clase obrera.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Miércoles 24 de marzo de 2021 00:00
Menéndez, Videla y Bussi en la Casa Histórica. (Archivo La Gaceta)
“Inminente definición”, fue el principal titular de La Gaceta en su edición del martes 23 de marzo de 1976. Las dos palabras resumian el clima que se vivía en el país ante el golpe de Estado por partes de las Fuerzas Armadas. En Tucumán el aire también se podía cortar con un cuchillo aunque los métodos del genocidio ya habían tenido acá su ensayo general.
El Operativo Independencia —implementado por el gobierno de Isabel Martínez de Perón, en febrero de 1975— había adelantado algunas de las postales que se generalizaron con el golpe de la Junta Militar encabezada por Jorge Rafael Videla.
Con un despliegue de diferentes fuerzas, bajo el mando de Acdel Vilas se edificó todo un andamiaje represivo, con predominio de las prácticas ilegales. La definición de una guerra contra un enemigo interno, aglomerado en el difuso término de subversión, fue la cobertura para avanzar sobre la vanguardia obrera y estudiantil, sobre los pueblos azucareros y también sobre los últimos pasos de la guerrilla rural. Después de todo, la firma de Isabel Perón en el decreto que instaba a “aniquilar la subversión” avalaba esta embestida reaccionaria que pedía la burguesía y el imperialismo.
Sobre el juicio y el castigo
A 44 años del golpe, mucho se escribió sobre los crímenes de los militares en Tucumán. El primer centro clandestino de detención (“La Escuelita de Famaillá”) y otros tantos instalados hasta en ingenios, los operativos de secuestro y detención, las torturas, el secuestro y robo de bebés, el pillaje a las víctimas. Crímenes de lesa humanidad que se iniciaron con el Operativo Independencia y se profundizaron después del 24 de marzo.
Por esos crímenes llegaron a ser juzgados personajes como Antonio Domingo Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, El Tuerto Albornoz, y otros tantos. Porque no perdonamos ni nos reconciliamos, denunciamos que las condenas, muchas de ellas con prisión domiciliaria, son escasas para la maquinaria que se edificó. Muchos murieron impunes, otros viven impunes.
Bajo la idea de “cómplices civiles” se ha enumerado a una serie de patronales que aportaron dinero, confeccionaron listas de activistas obreros para que sean secuestrados y desaparecidos, y hasta proporcionaban vehículos para los operativos. En Tucumán, ese rol lo jugaron predominante las patronales azucareras.
La burguesía tucumana puso sus ingenios para que sean centros clandestinos y aportó parte de su fortuna en el “Fondo Patriótico Azucarero” para financiar la represión. Lejos de ser meros “cómplices”, las patronales fueron las instigadoras del Operativo Independencia y luego de la Dictadura, respuestas brutales ante la insurgencia obrera y estudiantil. Cuatro décadas después, ninguno de ellos está condenado, ni por cómplices ni nada. Al contrario, con ropajes democráticos siguen haciendo negocios.
Y sobre complicidades, tampoco se condenó el papel jugado por la Iglesia Católica, que aportó capellanes y curas para justificar la tortura como mandato divino y hasta para hacer inteligencia. Mucho menos se investigó el papel jugado por la prensa. Dos “actores de la sociedad” que fueron parte de armar un consenso social.
Correctamente, muchos autores definen que el Operativo Independencia fue un ensayo general, la antesala, un prólogo, un primer acto del genocidio. Pero se dice menos sobre cómo actuaron los partidos políticos del régimen.
Como gobernador, el peronista Amado Juri fue anfitrión de Vilas y sus tropas, con declaraciones grandilocuentes de respaldo. Eso se reprodujo en la cámara de Diputados y Senadores, en la Justicia, en funcionarios y en sindicatos. Lo mismo valió para la UCR y la corriente que lideraba el ex gobernador Celestino Gelsi. Hubo excepciones, así es la regla, pero los "partidos de la democracia" eran un coro al unísono a la hora de aprobar "la guerra contra la subversión". Muchos de ellos, después de 1983, configuraron los estrechos marcos del régimen posdictadura hasta la actualidad.
Hay una fotografía ilustrativa de esta relación. Cuatro días antes del golpe, Bussi (que asumió el mando del Operativo Independencia en diciembre del 75) era secundado por Juri mientras pasaba revista a las tropas del Regimiento 19 de Infantería. Los dos sonrientes.
Finalmente, con el golpe consumado, Bussi asumió la gobernación en una breve ceremonia a las 5.30 del 24 de marzo. Afuera llovía.
Un genocidio contra la clase obrera
De acuerdo a una investigación de Matías Artese y Gabriela Roffinelli, “entre los años 1975 y 1977 se concentró la mayor cantidad de secuestros, desacelerando su magnitud a partir de mediados de 1977. En primer lugar, podemos observar que los sectores asalariados fueron el principal objetivo de la represión. Es de destacar lo sucedido en el año 1975, durante el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón: la persecución y el secuestro de personas se ejerce sobremanera sobre los sectores asalariados, que permanecerán como el objetivo principal durante la dictadura”.
La represión también se centró en la juventud, tanto estudiantil como trabajadora: “existió una violencia dirigida a aquellas porciones sociales con mayor potencial crítico –jóvenes y estudiantes–. Los jóvenes representaron en Tucumán un fuerte frente militante en el ámbito universitario en la ciudad capital, pero también lo fueron en sus ámbitos laborales”.
En tanto que “el 70% de los secuestros pertenecientes a sectores de la clase obrera asalariada fueron colectivos o grupales”. Además, analizan la modalidad represiva “del total de hechos que implicaron violencia directa contra los cuerpos, casi un 70% fue aplicado a quienes pertenecían a sectores asalariados, y aún más es la diferencia en cuanto a la violencia desplegada sobre las cosas. Al contrario de lo que se podría suponer, los robos y la destrucción de bienes materiales no fue dirigida con mayor intensidad a los sectores más pudientes o de mayor poder adquisitivo, sino a los sectores populares. (...) El despliegue de violencia durante el secuestro se convirtió en una condición sine qua non para la realización efectiva del terror en el secuestrado, en sus familiares y en la sociedad toda”.
Un homenaje a la lucha obrera-estudiantil
Porque no olvidamos, lo remarcaremos las veces que sea necesario. La brutal respuesta burguesa guarda relación con la combatividad obrera y estudiantil.
En 1966, se dio un duro golpe a la clase obrera tucumana con el cierre de 11 ingenios. A partir de ese momento se abrieron luchas en los pueblos azucareros contra el cierre. En ese proceso comenzaron a destacarse las mujeres como Hilda Guerrero de Molina. El movimiento estudiantil también comenzó a radicalizarse, forjándose al calor de la represión por sus protestas contra la intervención de las universidades. En las ollas populares y las acciones de solidaridad, enfrentando a la dictadura de Onganía, comenzó a forjarse la unidad obrero-estudiantil.
La derrota con el cierre de los ingenios —que implicó también la migración de 250.000 personas y la destrucción de 50.000 puestos de trabajo— no significó que la clase obrera, junto al movimiento estudiantil, no participe de los sucesos de mayo de 1969. Desde aquel momento se abrió un período de luchas y huelgas en el azúcar, el citrus, las textiles y otras ramas de la industria, la docencia, ferroviarios y estatales. Ese peso de la clase obrera, generalmente subestimado en la academia, seguirá gravitando hasta el Operativo Independencia y la Dictadura.
La defensa del comedor universitario que, en noviembre de 1970, desembocó en El Tucumanazo y luego el Quintazo de 1973, fueron hitos en la lucha estudiantil. Videla fue uno de los encargados en reprimir a los universitarios y cómo interventor de la provincia no pudo desactivar las huelgas de los docentes de ATEP.
En 1974 los azucareros protagonizaron una importante huelga contra el Pacto Social instaurado por Perón. Las bases de la FOTIA superaron a la dirección e impusieron el paro, organizando la huelga y buscando coordinar con otros sectores.
La huelga azucarera no caía en un rayo sereno sino en un año marcado por los conflictos obreros. Los estudiantes volverán a jugar un rol importante organizando la solidaridad y hasta armando falsos congresos obreros para que la represión se concentre en ellos y el verdadero congreso obrero pueda reunirse.
Esa insurgencia obrera-estudiantil, que abría la posibilidad de un cambio revolucionario, es la que alarmó a la burguesía, los militares y los partidos del régimen.
Un homenaje para pensar la vigencia de esa poderosa fuerza social pasa también por seguir lo que planteaba Walter Benjamín sobre articular históricamente el pasado: "significa apoderarse de un recuerdo tal como refulge en el instante de un peligro". Una oposición al negacionismo pero también a los que proponen "pasar de página".
Maximiliano Olivera
Nació en Mosconi, Salta en 1989. Militante del Partido de los Trabajadores por el Socialismo (PTS). Miembro del comité editorial del suplemento Armas de la Crítica.