Festejado con bombos y platillos por bancos, buitres y operadores financieros, el acuerdo del gobierno con el FMI trae aparejado un fuerte recorte sobre la salud pública. Nuevamente, somos los trabajadores de la salud y los pacientes quienes financiamos los negocios del gobierno CEO.

La precariedad presupuestaria del sistema de salud pública argentino no es una novedad. Edificios en mal estado, capacidad insuficiente y falta de insumos son algunas de las constantes con las que lidian, de forma cotidiana, trabajadores de la salud y los pacientes.

La creciente devaluación del peso en un sector cuyos insumos cotizan mayormente en dólares, y el aumento del desempleo –que genera que miles de personas pasen de la atención a través de obras sociales al sector público–, han hecho aún más aguda esta situación. El ajuste acordado con el FMI preanuncia una crisis mayor. Un breve repaso respecto del impacto de las recetas de “saneamiento” del FMI en los sistemas de salud es suficiente para saber que afectará de forma directa las condiciones de vida y el acceso a servicios públicos de los trabajadores y el pueblo pobre.

Historia clínica: políticas de ajuste en la salud a finales del siglo XX

Ya en 1987 UNICEF denunciaba que las “recetas” del FMI para “sanear” la economía, a cuyo cumplimiento condiciona la efectivización de los préstamos, afectaban negativamente el acceso a salud, educación y vivienda, entre otros [1].

La mayoría de los estudios destacan fuertes efectos negativos respecto al acceso a la atención médica, la expectativa de vida y la cobertura de patologías como el HIV/SIDA y la tuberculosis. La adherencia a las supuestas “curas” del FMI para los países “excomunistas” se asociaron a un aumento del 13,9 % en la incidencia de tuberculosis y a un aumento de la mortalidad por esta enfermedad del 16,6 %; estas tasas experimentaban un descenso cuando los países abandonaban los planes de ajuste, bajando hasta niveles similares a los que presentaban antes de aplicar dichos planes [2].

Según un estudio publicado en 2006 [3] existe una fuerte asociación entre la esperanza de vida y el gasto público, que se confirma también para la mortalidad infantil. Desde principios del siglo XX la expectativa de vida al nacer y la mortalidad infantil en la región presentan una tendencia a mejorar, debido a un avance en las condiciones sanitarias, acceso al agua potable y adelantos técnicos como la aparición y generalización del uso de antibióticos. Pero al analizar el período 1980-2000 se evidencia que la aplicación de las recetas de ajuste se asoció a un importante estancamiento de estos indicadores.

La privatización y desregulación del sistema de salud se han asociado a una peor cobertura sanitaria para la mayoría de la población y, al mismo tiempo, a un gigantesco negocio para empresas prestadoras de servicios de salud. Un trabajo de 2005 [4] señala que “los principales beneficiarios de estas reformas son las empresas trasnacionales, las consultoras y el propio staff del Banco Mundial” aún a costa de empeorar la salud de la población. Y, en vista del acuerdo pactado entre el Fondo monetario y el gobierno, queda claro que el “nuevo” FMI del que habla el macrismo no tiene nada de novedoso.

Anemia financiera e insuficiencia regulatoria: “políticas de Estado” de los gobiernos argentinos

El sistema de salud argentino se encuentra dividido en tres subsistemas: público, obras sociales y privado. El sector público incluye a hospitales y centros de salud dependientes del Estado nacional, provincial o municipal, que brindan atención gratuita a toda la población, particularmente a los sectores de menores ingresos. El plan de descentralización del sistema de salud aplicado en la década del 90 significó el traspaso de la gestión y el financiamiento a las provincias y municipios, sin que se traspasaran los fondos correspondientes. Esta política significó una desfinanciación del sistema al mismo tiempo que imponía distintos niveles de atención según el presupuesto de cada provincia. Un ejemplo palmario es la tasa de mortalidad infantil: en Formosa es de 12,6 cada 1.000 nacidos vivos, mientras que en CABA es de solo 6,4 cada 1.000 nacidos vivos [5].

El subsistema de obras sociales está conformado por instituciones que cubren la atención de trabajadores registrados (en blanco), sus familiares directos y los jubilados afiliados a PAMI. Se financia a través del aporte de los trabajadores activos descontado de su sueldo y los aportes patronales. El avance de la precarización laboral de los 90 y el aumento del desempleo llevaron a una creciente desfinanciación de las mismas. Sumado a este proceso, la desregulación de las obras sociales instaurada en 2001 llevó a importantes desigualdades en acceso y calidad entre las mismas, y habilitó lucrativos negocios entre éstas y los prestadores privados de salud.

El tercer subgrupo es el privado, conformado por las empresas del sector. Se trata de empresas que ofrecen planes variados, generalmente apuntados a sectores de mayores ingresos. Existe una enorme desproporción entre la población a la que cubre este sector y los recursos con los que cuenta. El subsistema privado, que atiende al 16 % de la población (6 millones de personas), cuenta con aproximadamente el 60 % de los establecimientos [6]. El sector privado fue el gran ganador de las políticas de recorte y desregulación, pudiendo establecer convenios para brindar servicios a obras sociales y garantizando una atención “premium” para el sector capaz de pagarlo.

Mientras que la política estatal dirigida por las recetas del FMI llevó a una progresiva fragmentación, desfinanciación y estratificación del sistema de salud, la profundización de los planes de ajuste en los primeros años del siglo XXI significó que en 2001 el porcentaje de la población sin cobertura de salud (obra social o privada) pasara del 36,4 % al 48,1 % [7], volcando a millones de personas al sector público y llevando casi a su colapso.

La devaluación del peso, que abarató los salarios de los trabajadores de salud, sumados al “viento de cola” producto de los precios récords de las materias primas, permitieron un aumento de la inversión nominal en salud y una mejoría relativa en el estado del sector público. La mortalidad infantil pasó de 16,5 cada 1.000 nacidos vivos en 2003 a 11,1 cada 1.000 nacidos vivos en 2013 y se amplió el acceso gratuito a tratamientos de enfermedades como el HIV y a métodos diagnósticos, entre otros avances. Pero en ningún momento se modificó la “política de Estado” heredada del menemismo.

A pesar del aumento del monto destinado a salud, éste se redujo en comparación con el total del presupuesto. Durante el período 2003 a 2014, mientras sectores patronales como el agro, los bancos y las empresas de salud privada reportaban ganancias récord, el gasto público en salud representó un porcentaje cada vez menor del presupuesto estatal, pasando de un 17,27 % del gasto total en 2003 a un 6,92 % en 2014 [8].

Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández sostuvieron en lo esencial el sistema de salud “descentralizado”, con la persistencia de grandes desigualdades entre los efectores públicos y perpetuando la endémica insuficiencia de fondos. Todo esto, mientras se mantenía y ampliaba el gigantesco negocio de la salud privada.

En este período se mantuvo también la flexibilización laboral, con altos niveles de informalidad y pluriempleo en el sector, afectando la calidad de atención e incluso la salud de los propios trabajadores. El trabajo precario o en negro afecta a más del 20 % de los trabajadores de la salud. El 42 % tiene dos o más empleos y aquellos con más de un empleo tienen una semana laboral de más de 50 horas, según datos publicados en 2014 [9].

Esta continuidad esencial de políticas estructurales es la base fundamental sobre la que se apoya ahora el macrismo para avanzar en el recorte y desguace de la salud pública.

Terapia intensiva: el saqueo macrista a la salud pública

Desde su asunción, el gobierno de Mauricio Macri ha dejado en claro su intención de atacar al sistema de salud reduciendo aún más el porcentaje del PBI destinado a la salud pública en el presupuesto nacional, pasando del 2,4 % en 2015 a 1,94 % en 2018 que ni siquiera es usado en su totalidad. En 2016 quedaron sin asignar casi 7.400 millones de pesos. Muy lejos de incomodar con impuestos y retenciones a los beneficiarios de las millonarias ganancias de la minería y la soja, el macrismo ahorra quitándole fondos a la salud pública.

El lanzamiento en 2016 del sistema de Cobertura Universal en Salud (CUS), que se encuentra en proceso de implementación, significó un ataque directo al acceso a la salud para millones de argentinos. El programa establece un límite de prestaciones para aquellas personas que se atiendan en efectores públicos, al mismo tiempo que facilita el establecimiento de convenios con prestadores privados.

Con la CUS, los pacientes que no cuenten con cobertura de obra social o medicina prepaga pasarán a ser “beneficiarios” de un seguro de salud. Esto significa que existirá una cierta cantidad de dinero disponible para su atención gratuita en efectores públicos o privados, estableciendo un límite en cuánto dinero se puede “gastar” en cada paciente. Toda práctica que esté por encima de ese límite debería ser abonada por el paciente. Este sistema, que implica un feroz recorte a la atención pública es, al mismo tiempo, un negocio redondo para aquellas empresas que firmen convenios como prestadores, ya que recibirán una importante tajada del presupuesto de salud para cubrir aquello que no cubra el sector público. Se trata de una fenomenal transferencia de dinero desde el sector público a los bolsillos de los empresarios del sector.

Si algo puede enseñarnos la historia reciente es que el acuerdo firmado entre el Gobierno y el FMI significará un verdadero saqueo contra las condiciones de vida y derechos de los trabajadores y el pueblo.

El ajuste macrista es solo un síntoma

El sistema capitalista, basado en la explotación de la amplia mayoría de la humanidad por una ínfima minoría, considera la salud y la vida de los trabajadores como una variable más en el cálculo de costos y ganancias. Millones trabajan, se accidentan, se enferman y mueren para que un puñado disfrute la vida plenamente.

La irracionalidad del capitalismo se muestra de forma obscena, cuando los mercaderes de la salud ofrecen atención a los pocos que puedan pagarla y excluyendo a millones. Pero incluso en momentos y lugares en los que la salud es pública y de acceso masivo, son los trabajadores y el pueblo quienes siguen sufriendo enfermedades laborales y accidentes, quienes sufren los problemas edilicios, la falta de insumos y el conjunto de las falencias del sistema de salud.

Argentina, donde el acceso masivo a la salud pública ha existido por décadas, es una muestra palmaria. Gobiernos progresistas y conservadores han mantenido siempre su precariedad, garantizando el negocio millonario de las empresas. La salud de los trabajadores y el pueblo es para ellos una variable subordinada al “derecho” de las patronales a tener ganancias.

El único tratamiento efectivo: terminar con el negocio de la salud

Ante los ataques del macrismo y el FMI, defender el sistema de salud es una cuestión de supervivencia para los trabajadores y el pueblo pobre.

Contra la CUS y las medidas que pretenden avanzar en una mayor mercantilización por sobre los derechos de los sectores más vulnerables, es preciso defender y fortalecer el sistema de salud pública, gratuita, igualitaria y de calidad. Pero no es suficiente. Establecer un Sistema Nacional Único de salud estatal y gratuito gestionado directamente por los trabajadores y trabajadoras de la salud junto a la comunidad. No pagar la deuda externa y estatizar la salud privada es fundamental para lograr un aumento de presupuesto acorde a las necesidades de la población, mejora de salarios y condiciones laborales de los trabajadores de la salud son las medidas mínimas para garantizar una salud pública de calidad y plenamente accesible, y para terminar con las políticas “noventistas” que todos los gobiernos sostuvieron. Porque nuestras vidas valen más que sus ganancias.