En la madrugada del viernes 11 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó la operación de crédito público contenida en el Acuerdo de Facilidades Extendidas que alcanzó el Gobierno de Alberto Fernández con el FMI. Así, se entierra el “nunca más” a la deuda que enarboló el Frente de Todos: se tomará nueva deuda con el Fondo para pagar el fraudulento préstamo que le otorgó el mismo organismo a Mauricio Macri. En los próximos días, el Senado dará el visto bueno. El círculo se cerrará en Washington cuando el directorio del Fondo, donde el peso mayoritario lo tienen los Estados Unidos y las potencias del G7, apruebe el Acuerdo de Facilidades Extendidas. El tiempo apura: el 22 de marzo existe un vencimiento con el organismo que requiere que todo esté cerrado antes de esa fecha.

La aprobación del nuevo endeudamiento en Diputados reunió 202 votos afirmativos. Juntos por el Cambio aportó la mayoría de los votos: sumados los del PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Evolución Radical y Encuentro Federal se contabilizaron 106 votos positivos. El Frente de Todos aportó mucho menos: 76 votos positivos. Agregando los votos positivos de otros bloques menores, se conformó un gran centro político que se puso de acuerdo, por ahora, en un solo artículo: el que aprueba la nueva deuda, pero desligada del Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y del Memorándum Técnico de Entendimiento que conforman parte del acuerdo. Este acuerdo mínimo le permitió a Juntos por el Cambio hacer un show de cinismo. María Eugenia Vidal rechazó ser cómplice del programa del Gobierno, pero votó a favor del nuevo endeudamiento. Como denunció Myriam Bregman en el recinto, Mauricio Macri debería estar feliz: la votación avala la estafa del crédito que contrajo con el Fondo gracias al apoyo de Donald Trump para financiar su campaña electoral.

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Al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se lo veía ganador. Volvió a su zona de confort. Volvió a saborear aquellos tiempos en los que viajaba junto a Mauricio Macri al Foro de Davos, donde se reúne la élite económica mundial cada año; los tiempos en los que votaba a favor del pago a los fondos buitre impulsado por los cambiemitas; a los tiempos en los que colaboraba con Mariú Vidal en la legislatura bonaerense. Los gobernadores peronistas también volvieron a hacer su tarea, a los tiempos en los que actuaron como “dadores voluntarios” de gobernabilidad para que el macrismo ajustara a todo el mundo. Entre las bambalinas del Congreso, el gobernador jujeño, Gerardo Morales, operó en sintonía con Massa: “Es cierto que esta deuda la tomamos nosotros, y me hago cargo, más allá de las participaciones, y tuvo que ver con una decisión de nuestro gobierno. Algunos halcones me pegan por esto, pero esta es la realidad", afirmó.

Los “pibes para la liberación” de La Cámpora presenciaron con la renuncia de Máximo Kirchner a presidir el bloque del Frente de Todos, el episodio final de una renuncia más amplia. Ya habían votado el ajuste a los jubilados en la ley de “solidaridad”, incluso antes de la pandemia. La estrategia de pleitesía al capital financiero internacional estaba prevista desde un inicio: apoyaron la reestructuración de deuda en favor de los lobos de Wall Street en 2020; vieron como el ministro de Economía, Martín Guzmán, desde que asumió hasta febrero de 2022, pagó U$S 7.500 millones, entre intereses y capital, al FMI, según consta en la Oficina de Presupuesto del Congreso. No era la mejor manera de establecer un enfrentamiento pagar hasta que les duela. La vicepresidenta fue la creadora del Frankenstein que preside al país y que condujo al acuerdo. No la puede sorprender. En la multitudinaria movilización política de rechazo al acuerdo en la Plaza de los dos Congresos no estaban los que decían “resistir con aguante”. Las cartas, las renuncias, constituyen un testimonio tardío frente a los hechos consumados: el voto en contra del acuerdo, en realidad, encubrió un apoyo crítico.

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La postura de la CGT fue clara: defendió más el acuerdo con el Fondo que el atril, ironizó Myriam Bregman. Andrés Rodríguez de UPCN fue más allá. Se pronunció a favor de la extensión de la edad jubilatoria. Por su lado, los dirigentes gremiales ligados al kirchnerismo (Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Vanesa Siley) votaron abstención. En ningún caso, el posicionamiento de los dirigentes gremiales en nombre de sus organizaciones fue producto de una deliberación frente a las bases de los trabajadores. En todos los casos, obviamente, estuvo ausente cualquier perspectiva de movilización.

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Uno de los mayores default políticos lo sufrió Itai Hagman del Frente Patria Grande, que integra el bloque del Frente de Todos. Sergio Massa y el nuevo jefe del bloque, Germán Martínez, le dijeron “correte Itai, estamos gobernando”: lo desplazaron de la comisión de presupuesto para asegurarse los votos a favor del nuevo endeudamiento. No bastó el destrato. Durante su intervención en el recinto, para justificar su abstención, explicó que no lograron una quita de capital, ni una extensión de los plazos de pago, ni siquiera una reducción de las sobretasas. No solo eso: habló de los “compañeros de bloque”, de “nuestro gobierno”. Y aseguró que todos juntos se van plantar frente a las presiones que impliquen las revisiones del Fondo. A Massa, a esa altura, le debe haber provocado ternura.

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El Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U) planteó desde la campaña para las elecciones presidenciales de 2019 que era incompatible vivir en el régimen del FMI y atender las necesidades sociales urgentes. Con esa coherencia, tuvo un rol destacado en el debate parlamentario y en las movilizaciones que se desarrollaron desde el mes de diciembre contra el acuerdo con el FMI.

Dificultades extendidas

El oficialismo no logró en la negociación, tal como se lamentó Hagman, ninguna de las propuestas que enarboló para que el FMI le ofreciera un tratamiento especial a la Argentina acorde al carácter extraordinariamente fraudulento del préstamo otorgado a Mauricio Macri, a saber: una reducción en las sobretasas que le cobra a nuestro país por haber accedido a un préstamo que excede por mucho la cuota que le corresponde; una quita de capital, tal la propuesta con la que coqueteó Cristina Fernández de Kirchner desde La Habana; una extensión de los plazos de pago hasta los veinte años. Nada de esto ocurrió.

Tal cual había anunciado el 28 de enero el ministro Guzmán, los memorandos del acuerdo están ordenados alrededor de tres ejes: sendero de reducción del déficit fiscal; acumulación de dólares en las reservas del Banco Central; retracción del financiamiento del déficit fiscal a través de la emisión monetaria del Banco Central (que en sí misma no es buena) para aumentar el financiamiento a través del capital financiero local (que es peor). En este último aspecto, juega un rol central el aumento de las tasas de interés, para que sean positivas en términos reales. Todo el “modelo” económico que se desprende de los memorandos tiene como objetivo principal generar condiciones para el pago de la deuda.

Hay que recordar que el 5 de enero de este año, en una reunión con los gobernadores, el ministro de Economía Guzmán señaló que el “sendero fiscal es el punto en el que hoy no hay acuerdo y la diferencia entre lo que planea el FMI y lo que planteamos desde el gobierno argentino consiste en diferenciar un programa que con alta probabilidad detendría la recuperación económica que la Argentina está viviendo”. En esa ocasión, el ministro afirmó que su objetivo era alcanzar el déficit cero en 2027 porque así, supuestamente, defendía la recuperación económica. Finalmente, en los memorandos del acuerdo, para 2024, se proyecta un déficit fiscal de 0,9 % del PIB y para 2025 el país tendrá que lograr el déficit cero. Se trata de una reducción drástica en comparación con un déficit fiscal del 3 % del PIB registrado en 2021, el cual ya había sido rasurado por la tijera de Martín Guzmán, aún en el medio de la crisis pandémica. Finalmente, el Fondo impuso su sendero fiscal.

Si se le cree al Guzmán del 5 de enero, el Guzmán que el lunes 7 de marzo defendió el acuerdo en el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, actuaba en defensa de principios que no eran propios: la recuperación económica está en zona de sacrificio. Según los memorandos, la economía tendrá un aterrizaje suave con tasas de crecimiento cada vez más pequeñas: hacia 2024 se proyecta un crecimiento de entre el 2,5 % y el 3 %. En la propia letra del acuerdo se señala que se espera que la economía “converja a un crecimiento potencial en torno a 1¾% - 2¼% a mediano plazo”.

Utilizando datos del INDEC para proyectar hacia adelante, se puede observar que, si las tasas máximas de crecimiento económico que están en los memorandos se cumplieran, el país en 2024 alcanzaría un nivel de producción que se ubicaría apenas un 6 % por encima del nivel de 2015. O, visto de otro modo, habría crecido un 0,6 % anual promedio entre 2015 y 2024. Bajo estos parámetros, la economía sostendría la situación de estancamiento que experimenta (con subas y bajas) desde hace una década.

Por otro andarivel, el “modelo” pactado con el FMI es de alta inflación. La inflación será el mecanismo privilegiado del ajuste sobre el presupuesto y los ingresos de las mayorías trabajadoras. Es una necesidad de ese “modelo” una inflación alta, pero sin desbordes. Aunque la posibilidad de desbordes inflacionarios está contenida en los propios términos del acuerdo.

Es que, en un mundo de precios energéticos que escalaron alto con la ofensiva militar de Rusia sobre Ucrania, los aumentos de tarifas anunciados podrían ser insuficientes, quedarse cortos, para reducir los subsidios energéticos al nivel que exige el Fondo: no se pueden descartar más tarifazos. Asimismo, el ajuste del tipo de cambio (es decir, la suba del dólar) también tiene, como todo el mundo sabe, impacto en los precios. La suba del dólar, supuestamente, será gradual. Pero, tiene como objetivo permitir el aumento de reservas en dólares en el Banco Central para los futuros pagos de deuda. ¿Qué pasa si el objetivo de acumular reservas no se cumple? La suba del dólar se puede acelerar. Más leña al fuego inflacionario. Para este año, la inflación podría superar fácilmente lo establecido en el acuerdo (entre 38 % y 48 %) e, incluso, ser mayor que el 50 % del año pasado. No obstante, se proyecta una desaceleración de la inflación para los próximos años que, aun así, seguirá por las nubes: los memorandos la proyectan en un rango entre 29 % y 37 % para 2024.

En el capítulo de tarifas de gas y electricidad también se impuso el criterio del Fondo. El gobierno había hablado de aumentos promedio del 20 % para el corriente año. La letra chica de los memorandos muestra otra realidad. El acuerdo define que los aumentos de tarifas estarán atados al Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Asimismo, establece tres categorías de usuarios residenciales; a) usuarios que dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago; en estos casos los aumentos de las facturas serán sustanciales y muy por encima de la inflación; b) usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40 % del CVS del año anterior (como el aumento salarial de 2021 se ubicó en alrededor del 50 %, el aumento de las facturas que tendrán será del 20 %), c) para el resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80 % del CVS correspondiente al año anterior (el 80 % del 50 % del aumento salarial, da como resultado un 40 % de aumentos). En el caso de las trabajadoras y trabajadores informales, las tarifas ajustarán en función CVS, en decir de los aumentos pactados en paritarias, privilegio que no cuentan al momento de que se actualicen sus salarios.

Está metodología de ajuste tarifario podría estar sometida a cambios en las futuras revisiones del acuerdo. Como se dijo, los precios internacionales energéticos altos por el conflicto bélico no permiten descartar nuevas exigencias del Fondo para cumplir el objetivo de la reducción de los subsidios. De hecho, en el debate en el plenario de comisiones, el ministro Guzmán no quiso, no pudo, no supo responder la pregunta del diputado del FIT-U, Nicolás del Caño, acerca de si el aumento anunciado era el último.

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De las proyecciones establecidas en el acuerdo emergen varias contradicciones. Basta con graficar dos. La primera contradicción es que el aumento de tarifas energéticas y la suba del dólar (en principio gradual) echarán leña al fuego de la inflación, que supuestamente se quiere reducir. La segunda contradicción es que el sendero de ajuste fiscal, la suba del dólar, el aumento de la tasa de interés y la acumulación de dólares en las reservas para pagar la deuda (en detrimento de su utilización para sostener el crecimiento, por ejemplo, vía importaciones de bienes de capital o productos para el consumo), comprenden un combo que impondrá tendencias recesivas en la economía. Esto no significa que la economía va hacia la recesión, pero sí que las medidas van a reducir las posibilidades de crecimiento económico. Pero, como a los acuerdos con el Fondo los carga el diablo, no se puede descartar que todo salga mal y se imponga la recesión. Y esto, a la vez, puede hacer naufragar la idea central que defendió el Gobierno: reducir el déficit en base al crecimiento económico.

En los memorandos se habla de proteger los ingresos reales de trabajadores públicos, jubilados y jubiladas ¿alguien puede pensar que esto es creíble en un acuerdo con el Fondo? Seguramente, no. De hecho, no se establece ninguna proyección ni meta para su recuperación. Ni que decir que todos los ingresos populares ya están recontradevaluados luego de cuatro años de ajuste, incluidos los dos últimos de Alberto Fernández. Y con el Fondo cogobernando no hay perspectiva de recuperar ni un poquito. El ataque fondomonetarista también va contra sectores de la clase media con el revaluó inmobiliario que se hará en todas las provincias, e implicará el pago de más impuestos.

En el caso de los salarios del empleo público, además, se fija un límite estrecho a la recuperación: el acuerdo señala que el gasto en remuneraciones tendrá que evolucionar “en consonancia con la economía”, que, como se señaló, se proyecta que crezca muy poco. Según analizó un delegado gremial del Ministerio de Economía, en el convenio SINEP del empleo público existen categorías donde la pérdida del poder de compra alcanza el 40 % desde 2015. Es decir que, con las tasas de crecimiento moderadas de la economía, para recuperar el poder de compra del salario, con suerte, habrá que esperar algunas décadas. Pero, los memorandos al mismo tiempo que señalan un límite a la recuperación salarial no establecen ningún límite para potenciales ajustes hacia la baja. Este criterio es el criterio general del acuerdo: si todo va mal, el Fondo exigirá nuevas medidas de ajuste; si todo va mejor de lo esperado, no permitirá mejoras en las partidas presupuestarias, sino que los recursos adicionales se pondrán a disposición de reducir más rápido el déficit. El Fondo siempre gana.

Reformas estructurales: una caja de pandora

Uno de los caballitos de batalla del sector del Gobierno que defiende el acuerdo es la ausencia de reformas estructurales. Si bien es cierto que no hay reformas pautadas para implementar inmediatamente, los memorandos están plagados de lo que llaman “parámetros de referencia estructural” para implementar en un futuro no lejano. La elaboración de propuestas conjuntas con el Fondo (y en algunos casos con otros organismos multilaterales) comprenderá, entre otros, los siguientes aspectos estructurales: sistema energético; regulación de los flujos internacionales de capitales (como la que hace el Banco Central con el “cepo”, la administración de importaciones o las remeses de ganancias de empresas que actúan en el país); control tributario de la AFIP; y alcanza hasta la revisión del sistema previsional.

Es importante detenerse en el sistema previsional. Los memorandos señalan que se elaborará “un estudio que describa las opciones y recomendaciones para afianzar la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional, focalizado en determinados regímenes especiales de jubilaciones alcanzados por la Ley 27.546 así como en los mecanismos para facilitar la continuidad voluntaria de la vida laboral de las personas. (fin de diciembre de 2022, parámetro de referencia estructural)”. No está planteado para un futuro indeterminado, sino para diciembre de este año. Aunque el oficialismo se focalizó en el sistema jubilatorio del Poder Judicial y del Servicio Exterior, verdaderos regímenes de privilegio, también existen otros regímenes especiales que fueron conquistados por las luchas de trabajadoras y trabajadores en función de las malas condiciones en que desarrollan sus actividades. Estos últimos también están en peligro.

Por otro lado, parece una humorada que un acuerdo con el FMI establezca el estudio de la extensión de la vida laboral “voluntaria” ¿No se trata del organismo que impulsó el desfinanciamiento del sistema previsional que hace que la mayoría de los jubilados y jubiladas cobre un haber mínimo que está lejísimo de cubrir lo que necesitan para vivir, por lo cual seguir trabajando no es una opción, sino una necesidad para llegar a fin de mes? ¿No se trata del organismo que impulsó la privatización del régimen previsional en los noventa; y que impulsa actualmente la contrarreforma previsional en todo el planeta?

Existen otras medidas que están detalladas en el acuerdo, pero que son impulsadas desde hace tiempo, tanto por el oficialismo actual como por el anterior de Juntos por el Cambio. Se trata del impulso de actividades extractivistas: megaminería contaminante; extracción de hidrocarburos en Vaca Muerta y en el mar (offshore); agronegocios. La idea de desarrollar esas actividades está vinculada a obtener dólares en el comercio exterior para juntar reservas para el pago de deuda. El costo: primarizar más la estructura económica argentina. No solo eso. Se trata de reventar el medio ambiente en favor del capital financiero internacional.

Larga vida al cogobierno

Los próximos meses comenzará el período de revisiones: hasta 2024, durante los dos años y medio que dure el primer tramo del acuerdo, habrá diez revisiones trimestrales. Cada revisión estará vinculada a un desembolso para pagar la deuda fraudulenta tomada por el Gobierno de Mauricio Macri. Y, por ende, cada desembolso, dependerá de cada revisión. Esto puede tener como consecuencia potencial un default provocado por la falta del visto bueno del Fondo en alguna revisión. De este modo, el FMI cuenta con un arma fenomenal para, incluso, incidir en las elecciones si lo que hace el Gobierno del Frente de Todos no lo satisface. Esto ya lo hizo en otras ocasiones: con Raúl Alfonsín, a quien le soltó la mano casi un año antes de que finalice su gobierno; o con Fernando de la Rúa, un gobierno que hizo de todo para cumplir con el Fondo y, sin embargo, le soltó la mano. Ni que decir que a Mauricio Macri nunca le soltó la mano y, de todos modos, terminó en un desastre.

Cada revisión trimestral cargará de incertidumbre la economía. Si las metas no se cumplen, el Fondo podrá hacer de cada crisis una oportunidad para imponer nuevas condiciones. Existen muchas voces que afirman que el acuerdo puede fracasar en poco tiempo. Pero, aunque el Fondo no le suelte la mano, el gobierno las tendrá atadas. La cláusula 33 del Memorándum de Políticas Económicas y Financieras, denominada “Cláusula estándar del FMI sobre consultas”, implica literalmente una concesión de soberanía: señala que el Ejecutivo no puede tomar ninguna medida no contenida en los memorandos, incluso si fuera para alcanzar los objetivos del acuerdo, sin consultar al organismo.

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Por otro lado, cada nuevo desembolso se pagará durante diez años, con un período de gracia de cuatro años y medio, en un cronograma de pagos que empieza en 2026 y concluye en 2034. En todo este periodo, seguirán las revisiones trimestrales. Según el cronograma que presentó Martín Guzmán el 5 de enero, desde 2026 hasta 2034 los vencimientos de deuda (sumados los del FMI, los de acreedores privados y otros compromisos) promedian los U$S 10 mil millones anuales con años, como el 2028 y 2029, donde los pagos llegan a máximos de U$S 20 mil millones. Este cronograma es inviable para el país, por lo cual nuevas reestructuraciones de deuda están presentes en el panorama de mediano plazo. Larga vida al FMI.

La salida es por izquierda

Desde su asunción, el Gobierno de Alberto Fernández tuvo como prioridad honrar las estafas que dejó Mauricio Macri. Primero, reestructuró la deuda con acreedores privados, que se cerró durante 2020 en medio de la pandemia y en un contexto de una crisis social aguda. El acuerdo con el FMI fue presentado como la única alternativa.

Mientras se priorizó honrar a los estafadores internacionales, la masa salarial de los trabajadores y trabajadores retrocedió por cuarto año consecutivo en 2021. El mayor “logro” de Alberto Fernández fue el amesetamiento de la caída del salario real. Aun así, en diciembre de 2021, el poder de compra del salario en el sector registrado privado se encontraba 20 % por debajo de su nivel de octubre de 2015 y en el sector público el retroceso fue del 27 %. Entre los informales, comparado diciembre de 2021 con octubre de 2016, la baja del poder de compra del salario era de casi 28 %. Estos números muestran que era cierta la definición de la izquierda de que es incompatible mejorar las condiciones de las mayorías trabajadoras al mismo tiempo que honrar a los lobos de Wall Street y al FMI.

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Desde los grandes medios de comunicación, desde la oposición de Juntos por el Cambio y desde las huestes oficialistas que defienden el acuerdo, se presenta a los que rechazan el sometimiento al FMI desde una posición de izquierda como defensores del caos, la devaluación y una mayor crisis social. Pero… ¿Es el caos reclamar la recomposición salarial para que las trabajadoras y trabajadores recuperen el poder de compra perdido desde 2015? ¿Y que lo mismo ocurra con las jubiladas y jubilados? ¿No se los prometió Alberto Fernández? ¿Es el caos reclamar un salario mínimo adecuado con la canasta familiar, valuada por ATE INDEC en $ 129 mil para el mes de enero? ¿Es el caos reclamar la reducción de la jornada laboral a 6 horas y el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, para trabajar todes y terminar con la desocupación?

La realidad es que el caos es el FMI porque el saqueo que impone empuja a la crisis social en todos los lugares del planeta donde se practican sus políticas: pocos años atrás, en Grecia provocó la mayor destrucción económica que sufrió un país en tiempos de paz; en otra escala, pero con los mismos terribles resultados, hizo lo mismo en Ecuador y Costa Rica recientemente. Y hay más ejemplos ¿No es honrando los fraudes que hace el FMI y el capital financiero internacional a las mayorías trabajadoras que Raúl Alfonsín terminó hundido en la hiperinflación que causó una crisis social inédita? ¿No es de la mano del FMI que el Gobierno de la Alianza precipitó una de las mayores crisis económicas y sociales de la historia argentina? ¿No es con el FMI y el capital financiero internacional que Mauricio Macri se puso el país de sombrero? ¿No es el FMI uno de los responsables de la decadencia nacional? ¿No estuvo detrás de las políticas que se impulsaron en la mayoría de los años en las últimas cuatro décadas?

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Para evitar ese destino de agravios a las condiciones de vida de las mayorías es que la izquierda propone un desconocimiento soberano (no pago) de la deuda. Este planteo es presentado por los medios de desinformación y por quienes defienden el acuerdo con el Fondo, confusamente, como si se propusiera un default. Pero el planteo de la izquierda no tiene nada que ver con un default, como el de Adolfo Rodríguez Saá en 2001 o como el que hizo Macri con la deuda en pesos al final de su mandato. En el mundo del revés, los defensores del acuerdo crean una caricatura para hacer pasar el ajuste. La realidad es que el default es una medida a la que recurren los Estados capitalistas cuando se quedan sin recursos, para luego volver a pagar, para tratar de normalizar las condiciones de explotación, para regresar a lo habitual en el funcionamiento del capitalismo.

El default es una aventura porque es una medida aislada y circunstancial, que les permite a los grandes grupos empresarios hacer lo que quieran: fugan capitales o presionan por una devaluación, es decir vacían al país y buscan mejorar la ecuación de ganancias de sus negocios, mientras se hunde en la pobreza a las mayorías. Un botón basta de muestra: en el 2001, el último desembolso de dólares del FMI se lo fugaron casi íntegro los grandes empresarios; fue esa una de las causas porque el Banco Central se quedó sin dólares y se precipitó el default. De manera escandalosa ocurrió lo mismo durante el gobierno de Cambiemos: financiados por el endeudamiento se fugaron U$S 86 mil millones al exterior durante cuatro años. Es una fuga que mayormente fue realizada por el gran empresariado: Telefónica, Pampa Energía, General Motors, Shell, Quilmes, Monsanto, Aluar, Procter & Gamble, Arcor y Techint, entre muchas otras empresas ¿El estado no debería exigir que retornen esa enorme cantidad de dólares fugados, imponerle multas o expropiarlos como una mínima medida de defensa de los recursos nacionales que saquearon?

Un desconocimiento soberano apoyado en la movilización popular debe ser acompañado con una serie de medidas de defensa nacional que impidan la fuga de capitales y el caos económico que quieren generar los buitres especuladores. Para evitar el saqueo con la fuga de capitales es que se propone la nacionalización de la banca mediante la expropiación de los bancos privados para conformar un banco público único, bajo gestión de los trabajadores. Esta medida permitiría, no solo cuidar las reservas en dólares del país para que no terminen en guaridas fiscales, sino también preservar el ahorro nacional. No solo eso. Además, constituiría una herramienta poderosa para orientar todos los recursos al desarrollo del país, para financiar la obra pública (escuelas, hospitales, viviendas), para otorgar créditos accesibles para la vivienda y otros fines orientados a los trabajadores y sectores populares; o para ayudar a los pequeños comerciantes o productores arruinados por la crisis.

En el mismo sentido, la nacionalización del comercio exterior es clave para terminar con el actual oligopolio privado manejado por unas pocas empresas transnacionales y nacionales (Cofco, Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD, entre otros) que son especialistas en maniobras especulativas para hacer subir el dólar y en hacer fraude al fisco. Las operaciones fraudulentas de los agroexportadores quedaron graficadas con el caso Vicentin, que no solo estafó al Banco Nación con la connivencia del macrismo, sino que también triangulaba exportaciones para eludir los pagos de retenciones al fisco. Contra los tarifazos y para terminar con el régimen de las privatizadas, es central la nacionalización de los servicios públicos, que deberían constituir un derecho esencial para todo el pueblo trabajador. Romper con el FMI y su expulsión del país debe ser obra de la movilización obrera y popular. Liberarse de la dependencia del capital financiero internacional es la única vía para reorganizar la economía y utilizar todos los recursos disponibles en función del desarrollo económico y la atención de las necesidades sociales más urgentes. Con el Fondo al timón, por el contrario, solo habrá tinieblas.