En articulación con comunidades y organizaciones indígenas de base, pertenecientes a distintos Pueblos, el diputado jujeño Alejandro Vilca (PTS/FIT) presentó recientemente distintas iniciativas que cuestionan las medidas adoptadas por el gobierno argentino contra las comunidades originarias del país.
Sol Bajar @Sol_Bajar
Viernes 15 de noviembre 18:01
A comienzos de octubre, el Gobierno Nacional decretó la derogación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci). Mediante la Resolución 53/2024, determinó la suspensión de todas las solicitudes en trámite de inscripción de las comunidades ingresadas a ese registro dependiente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Según la resolución de las autoridades del INAI, el registro que centraliza la nómina de comunidades inscriptas y no inscriptas de todo el país, protegidas por distintas leyes y convenios nacionales e internacionales, será sustituido en sus funciones por organismos provinciales, desconociendo que las comunidades indígenas no dependen de un acto administrativo del Estado para existir como tales.
En rechazo a esta decisión, el diputado nacional Alejandro Vilca, en articulación con comunidades y organizaciones indígenas de base, presentó junto a las bancadas del Frente de Izquierda un proyecto de ley que propone derogar la resolución del INAI.
“Gobierno tras gobierno, los derechos de las comunidades y pueblos indígenas se siguen desconociendo”, afirmó al respecto el referente jujeño del PTS/FIT. “La personería que se exige a las comunidades, y esta resolución que dificulta aún más las posibilidades de registración, profundiza las condiciones para que a las comunidades se las persiga y acuse de ‘usurpadoras’, entre otras cuestiones”, sostuvo en el proyecto que también lleva las firmas de sus compañeros Nicolás del Caño y Christian Castillo (PTS/FIT), Mónica Schlottahuer (IS/FIT) y Vanina Biasi (PO/FIT).
La resolución, que como advierte la iniciativa de Vilca es una medida inconstitucional e inconsulta, desconoce a las comunidades como sujetos políticos y jurídicos con voz y participación, a tal punto que suspende los trámites que están en curso.
Organizaciones como Amnistía Internacional, APDH y el CELS, entre otras, también sostienen que la medida “representa un retroceso significativo en la protección y reconocimiento de los derechos fundamentales de las Comunidades Originarias” y denuncian que la suspensión de los trámites de inscripción y el traslado de las competencias hacia las provincias “vulnera gravemente el derecho a la autonomía y a la autodeterminación”. También sostienen que la omisión de los procesos de participación indígena lesiona derechos históricos, contradice los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino “e ignora la normativa ambiental internacional, como el Acuerdo de Escazú, que exige la participación activa de las Comunidades en cualquier decisión que impacte en su territorio o medio ambiente”.
Como recoge el proyecto de Vilca y el Frente de Izquierda, desde la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena advierten también en este marco sobre una posible derogación del Decreto 805/21, que prorroga la Ley 26.160 de Protección y resguardo de la Posesión y Propiedad Comunitaria Indígenas, lo que podría generar consecuencias muy graves para quienes ya viven el hostigamiento permanente en sus territorios.
Ya mismo, a pesar que esta ley prohíbe los desalojos, la justicia acciona ilegalmente, con repudiables operativos represivos y detenciones a quienes defienden los territorios que habitan, como sucede actualmente en Jujuy, donde el gobernador radical Carlos Sadir se alía al gobierno de Milei y reprime a las comunidades a pedido de terratenientes,, empresarios y multinacionales.
“Incluso en este marco el Poder Ejecutivo ha ido más allá, y hace pocos días, en la Asamblea General de la ONU, fue el único en votar en contra de una declaración en defensa de los derechos indígenas”, enfatiza el diputado coya, quien también se expidió sobre este tema con un proyecto de repudio a la decisión de la Cancillería argentina en esa oportunidad
Como denuncia el FIT, mientras el Gobierno nacional arremete con discursos estigmatizantes, discriminatorios y racistas contra los pueblos originarios, propiciando un clima de inseguridad jurídica y de una mayor vulnerabilidad, al poner en duda la legitimidad de sus derechos, violentos desalojos de las comunidades de sus territorios ancestrales y una avanzada en la criminalización de las mismas, se profundizan en todo el país.
“Otro tema que nos preocupa y nos ocupa es la Ley Bases y el RIGI, que vulnera y afecta no sólo a los pueblos indígenas, sino a la sociedad toda ya que estas normativas ponen en peligro la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”, añade al respecto el diputado de la izquierda.
Mientras el Estado y sus instituciones actúan a favor de quienes despojan a los pueblos para hacerse de sus tierras y utilizarlas para el saqueo y negocios millonarios, el negacionismo del gobierno de La Libertad Avanza, que reivindica genocidios a los pueblos originarios y profundiza las políticas xenófobas y racistas como políticas de Estado, no puede ocultarse ni convalidarse. Las bancas del Frente de Izquierda están al servicio de aportar, en el Congreso y en las calles, a coordinar todas las luchas para derrotar ese plan.
A continuación reproducimos los proyectos presentados por el Frente de Izquierda esta semana, que también han tenido presentaciones similares en la provincia de Jujuy, a instancias de la legisladora Natalia Morales y sus compañeros de bancada del PTS/FIT.
PL_ SUSPENSIÓN DEL RE.NA.CI. by Sol Bajar
PR_rechazo votación contra ... by Sol Bajar
