DECRETO. El Gobierno cumple con el FMI y acelera la reducción del déficit fiscal

En medio de un nuevo sacudón de la economía, la delegación del FMI en el país controla de cerca si el Gobierno puede cumplir con el acuerdo. Entre los puntos flojos del acuerdo el Fondo reclamó en sus reuniones con los funcionarios tres puntos clave: reducir la inflación, desarmar la bomba de Lebac y acelerar la disminución del déficit fiscal.

En este camino el Gobierno implementó licitar menos Lebac y además, asegurará la disponibilidad de dólares en el mercado de cambios utilizando las reservas.

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En cuanto al recorte del déficit, según adelantó el sitio Infobae, el Fondo afirmó la regla del 3 por 3: "se necesitan 3 puntos de superávit fiscal para poder pagar los 3 puntos del PBI que representan los vencimientos de intereses y amortizaciones de la deuda pública en cada uno de los próximos años".

Así, a modo de acceder a los pedidos del organismo el Gobierno firmó ayer tres decretos con el cual esperan obtener un ahorro de alrededor $ 65.000 millones entre lo que queda de este año y en 2019.

Las tres medidas contemplan una suspensión de la reducción de retenciones para aceites y harinas de soja, eliminación del Fondo Federal Solidario, y disminuir un 66 % el monto total pagado en concepto de reintegros a la exportación, de acuerdo a un esquema diferenciado por producto.

El FMI había recomendado al Gobierno congelar la quita progresiva de retenciones a la soja, pero Cambiemos se negaba a tocar a uno de sus sectores predilectos que benefició con la eliminación y disminución de retenciones a las exportaciones. Ahora el Gobierno en un gesto al Fondo detiene la rebaja. Las patronales agrarias pierden una parte de los beneficios que le prometió Macri, pero se aseguraron que la disminución seguirá para el grano de soja. Además, con la devaluación el campo aumentó sus ganancias.

Por su parte, el anuncio de la eliminación del Fondo Federal Solidario (FFS) afecta a las provincias ya que dejarán de recibir $ 35.000 millones entre este mes y diciembre del año próximo. El Gobierno vuelve a mostrar que va a compartir el ajuste con los gobernadores. En el medio de la negociación por el Presupuesto del 2019 se pueden abrir nuevas tensiones.

Quejas patronales

Las cámaras empresariales no tardaron en reclamar por la medida y amenazar con “posibles perdidas de empleo”.

Ayer el valor de la soja cayó un 3,75 % porque las ofertas de las fábricas por la tonelada disponible disminuyeron de los $ 8.000 a $ 7.700.

Carlos Iannizzotto, titular Coninagro, afirmó en una entrevista a Ámbito que “el anuncio tiene un mensaje y es calmar a los mercados, pero a su vez trae muchísima intranquilidad en la parte productiva e industrial, no trae previsibilidad y confunde. Más allá de las retenciones en aceites y harinas, el problema es la incertidumbre que trae a futuro. Este decreto ha sido inconsulto, ese es el primer punto. En segundo lugar, el contenido no es apostar a un perfil exportador, es un recorte de gastos que afecta al sector productivo, al sector de las economías regionales que puede traer sobrestock, puede incidir en el precio que se paga al productor y eso a su vez impactar en el empleo”.

Sobre la disminución de la devolución a las exportaciones el titular de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, sostuvo que "tendrá consecuencias negativas para las industrias y las economías regionales" y agregó que "el resultado de este proceso es la profundización de las dificultades existentes para diversificar el abanico de productos exportados, afectando las decisiones de inversión del sector privado y la generación de más y mejores puestos de trabajo".

La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) expresó "sorpresa y preocupación" por los "perjuicios" que ocasionará y afirmó que la medida "paraliza las nuevas inversiones del sector agroindustrial y podría derivar en el cierre de plantas industriales, lo que perjudicaría especialmente a los productores y se perdería empleo".

Otro recorte a las provincias

Por su parte, gobernadores e intendentes cuestionaron la eliminación del Fondo Federal Solidario o “Fondo Sojero” como se lo conoce porque se forma con parte de la recaudación por las retenciones a la soja.

Los gobernadores que criticaron la medida fueron Juan Manuel Urtubey (Salta), Juan Manzur (Tucumán), Miguel Lifschitz (Santa Fe), y la intendenta de Rosario, Mónica Fein.

En las reuniones con los gobernadores el ministro del Interior, Rogelio Frigerio adelantó que esta medida estaba entre los planes del gobierno, pero se esperaba para el año próximo y no para lo que resta del 2018.

En la actualidad el 30 % del fondo sojero se destina, por ley, a los municipios como destino específico para obras de infraestructura. Un nuevo recorte que se suma a la disminución de las transferencias no automáticas y la obra pública.

Según datos del Ministerio de Hacienda Nacional, en el primer semestre del 2017 las provincias se repartieron $ 9.782.883.016. La provincia más perjudicada será la de Buenos Aires, que en 2017 recaudó $ 4.023 millones por el Fondo, seguida por Santa Fe, que recibió $ 1.638 millones, y Córdoba, que cobró $ 1.627 millones.

El Gobierno hace malabares para poder cumplir el acuerdo con el Fondo y demostrar que está dispuesto a profundizar el ajuste. La situación económica es inestable y los desequilibrios se acrecientan.

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