Historia. El Gobierno de Isabel Perón y el golpe genocida

El 24 de marzo de 1976, cuando Isabel se retiró en helicóptero de la Casa Rosada, tan solo un puñado de militantes de la ultraderecha peronista encabezados por Norma Kennedy -de las bandas criminales del Comando de Organización-, se encontraban en Plaza de Mayo para manifestarle su apoyo. A diferencia del 17 de octubre de 1945, donde la clase obrera protagonizó una excepcional huelga general e invadió la Ciudad de Buenos Aires exigiendo la libertad de Juan Domingo Perón, la clase obrera no acudió en defensa del gobierno de su viuda.

En nuestros días, presenciamos un intento por parte de figuras políticas del Frente de Todos y la burocracia sindical, para rehabilitar la figura de la ex presidenta que goza de su impunidad en Madrid. Se señala a Isabel como una víctima del golpe y al supuesto modelo industrialista del peronismo como objetivo, ocultando que el de Isabel era un gobierno odiado por los trabajadores y el pueblo y que fue la política de la propia Isabel y el peronismo la que alentó a las fuerzas golpistas y condujo a la derrota brutal que el genocidio significó para el movimiento de masas.

Perón-Perón contra el Cordobazo

La lectura que sitúa al gobierno de Isabel y el “modelo económico” del peronismo como principales objetivos del golpe, buscan borrar de la memoria la insurgencia obrera nacida en Córdoba en mayo de 1969. Todo el periodo que va de 1969 a 1976, estuvo atravesado por las consecuencias de un ascenso fenomenal de la lucha de clases que dio lugar a una masiva vanguardia radicalizada que anidaba en fábricas, universidades y barrios.

En ese marco la burguesía argentina de conjunto decide el retorno de Perón para conjurar la amenaza revolucionaria de la insurgencia obrera y popular. La fórmula Perón-Perón se va a imponer como producto de un proceso de derechización que había comenzado con la masacre de Ezeiza, ocurrida en julio de 1973. Los hechos de Ezeiza fueron planificados y llevados a cabo por las bandas armadas de la ultraderecha y la burocracia sindical de José Ignacio Rucci y el coronel Jorge Osinde. Su objetivo era ponerle un límite al crecimiento de la izquierda del propio peronismo y dar lugar al golpe palaciego contra la presidencia de Héctor Cámpora.

Perón encabezó la derechización combinando dos políticas: un acuerdo con la burguesía y la burocracia sindical con el Pacto Social y promulgando una serie de leyes represivas y llamando a liquidar la “infiltración” con las bandas de ultraderecha de la Triple A. El Pacto Social, necesitaba del retorno de la disciplina fabril que impedía la insurgencia obrera. La orden era sostener el Pacto Social a los tiros.

Perón apela a un endurecimiento de la legislación represiva con la Reforma del Código Penal, la ley de Asociaciones Profesionales en defensa del unicato sindical y la vía libre para el accionar de grupos parapoliciales de la ultraderecha peronista, cuyo jefe era el secretario privado del propio Perón y ministro de Bienestar Social, José López Rega. En la última fase de su gobierno, el General endureció su enfrentamiento con la izquierda de su propio movimiento y la vanguardia obrera de conjunto, alentando el golpe contra las provincias gobernadas por aliados de la llamada Tendencia revolucionaria del peronismo. Su primer objetivo fue la derrota de la Córdoba insurgente, donde las bandas terroristas amparadas por la policía protagonizaron el Navarrazo, un auténtico Anti-Cordobazo. Poco después expulsó a los Montoneros y la Juventud Peronista de la Plaza de Mayo al grito de “imberbes y estúpidos” y bajo el llamado de “hacer tronar el escarmiento” en su contra. Eso ocurrió el 1° de mayo de 1974.

Isabel y el “Brujo” López Rega

Lo que había comenzado bajo el gobierno de su marido, Isabel Perón lo convirtió en su principal fuente de sustentación política. Muerto Perón el 1° de julio de 1974, bajo el gobierno peronista isabeliano, las bandas criminales de la ultraderecha peronista y la burocracia sindical actuaban con total impunidad contra la vanguardia obrera, la juventud militante y la izquierda. López Rega se convierte en el hombre clave del nuevo gobierno peronista. Hace poco recordábamos en un artículo que: “Rodolfo Almirón, uno de los jefes de la banda criminal, era el custodio de la ex presidenta. Exiliada en España, el criminal de guerra ustacha y figura clave en la formación de la Triple A, Milo de Bogetich, fue su asistente personal.

Isabel Perón contó en un principio con el aval de la burguesía, la oposición radical -cuyo líder, Ricardo Balbín, había hecho profesión de fe por la unidad nacional frente a la tumba de Perón- y de la burocracia sindical, que se encolumnó como uno de los pilares del nuevo gobierno peronista. Hoy en día muchos de los que intentan rescatar a Isabel, hacen lo mismo con Lorenzo Miguel, jefe de las 62 Organizaciones y de la “patria metalúrgica” de la UOM, señalando sus contradicciones con López Rega. Lo cierto es que aquellas tensiones ocupaban un lugar secundario frente al objetivo común que era liquidar al activismo fabril que mantenía en vilo a las patronales criollas. Una prueba, entre tantas, es que conjuntamente llevaron adelante la asonada contrarrevolucionaria del Operativo Serpiente Roja del Paraná, contra el proletariado metalúrgico de Acindar en el segundo Villazo en el otoño de 1975.

Isabel y las FF. AA.

Fue Isabel quien empoderó a las FF. AA. y los planes golpistas. El 6 de noviembre de 1974, Isabel decreta el “estado de sitio” habilitando la intervención de las FF. AA. con el objetivo de “erradicar expresiones de una barbarie patológica que se ha desatado como forma de un plan terrorista aleve y criminal contra la Nación”. Bajo esta figura son prohibidas las actividades políticas públicas y numerosos militantes y activistas son detenidos bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional, sin derecho a juicio y a la defensa.

El 5 de febrero de 1975 se firma el decreto 261/75 que da lugar al Operativo Independencia en la provincia de Tucumán, contra la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo. El decreto plantea que “El Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”. La orden presidencial va a resultar en una avanzada del genocidio que contará entre sus víctimas a más de 200 delegados azucareros, en muestra del claro objetivo de destruir la resistencia de la clase trabajadora bajo el paraguas de la lucha contra la guerrilla.

El 26 de agosto de 1975, Isabel cede a los militares que piden el desplazamiento del general Alberto Numa Laplane y es reemplazado por Jorge Rafael Videla, poniendo en marcha la conspiración golpista. El 6 de octubre de 1975, el presidente interino Ítalo Lúder -ya que Isabel se encontraba de licencia por enfermedad- firmó los decretos 2770/75, el 2771/75 y 2772/75, extendiendo a todo el país y bajo el mando directo de las Fuerzas Armadas, la política represiva de «neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos».

Es la política del gobierno de Isabel Perón la que empodera a las FFAA y la conspiración golpista. La burocracia sindical, espantada por las jornadas de junio y julio de 1975, tiene un temor paralizante para movilizar a los trabajadores contra el golpe dividiéndose entre los que atan su suerte a Isabel y los que se suman a la conspiración militar.

Plan Rodrigo, insurgencia obrera y huelga general

Durante el gobierno de Isabel Perón, a fines de 1974, se produce el estallido de una crisis económica de carácter catastrófico de la economía capitalista mundial que impacta de lleno sobre Argentina. El Pacto Social es abandonado como política de Estado y, luego de un corto interregno de ajuste gradualista de Alfredo Gómez Morales, Isabel y López Rega llevarán adelante el Plan Rodrigo, un ajuste devaluatorio e inflacionario en toda la línea que atacaba brutalmente las condiciones de vida de la clase trabajadora y el pueblo. Isabel se niega a homologar los Convenios colectivos de Trabajo que le permitían a la clase obrera hacer frente al ajuste.

El llamado “Rodrigazo” provocó la huelga general más importante de toda la historia argentina, la primera contra un gobierno peronista y con un protagonismo fundamental de lo que fueron las coordinadoras Interfabriles, que agrupaban a las comisiones internas de Capital, el conurbano bonaerense, La Plata, Berisso y Ensenada y que se extendieron al interior del país como la Mesa de Gremios en Lucha en Córdoba. Unos 130 mil trabajadores industriales representando a casi un centenar y medio de comisiones internas y organizaciones obreras, serán el nervio motor de la huelga general que obligará a la burocracia de Lorenzo Miguel a romper con el gobierno y ponerse al frente de huelga a riesgo de que se cumpliera el apotegma de Perón de que se marcharía “con la cabeza de los dirigentes”.

Numerosos paros, ocupaciones de fábrica y empresas, movilizaciones locales y regionales, dos movilizaciones de masas: el 27 de junio convocada por la CGT en el marco de un paro general y el 3 de julio convocadas por las coordinadoras que rodearon la ciudad de Buenos Aires y debieron ser detenidas apelando a la amenaza de las tanquetas policiales en la avenida General Paz. El 7 y 8 de julio la huelga general paraliza al país de forma contundente marcando el fin del Plan Rodrigo y obligando a la huida de López Rega y la desbandada de la Triple A. Isabel Perón quedó sostenida por Lorenzo Miguel y la burocracia sindical y las FF. AA., que ya entonces preparaban el camino al golpe.

La huelga general de junio y julio de 1975, que derrotó el plan de ajuste de Isabel y la burguesía argentina, constituyó la irrupción de las grandes masas de la clase obrera en el corazón de la industria y marchó contra el poder político. La insurgencia obrera dio además organizaciones que disputaban el poder patronal en las fábricas y empresas, llamando a los medios de la burguesía a advertir sobre los “peligros de la sovietización” y al líder radical Ricardo Balbín a pedir a viva voz el “exterminio de la guerrilla fabril”. Por su incapacidad para contener a la clase obrera, en un momento de crisis brutal, la suerte del gobierno de Isabel estará sellada.

Genocidio contra la clase trabajadora

Como decíamos más arriba, señalar que el supuesto objetivo del golpe era el “modelo económico peronista” y que por lo tanto el gobierno de Isabel era un escollo en los planes de los golpistas apoyado por el gran capital, es funcional a ocultar la existencia de una insurgencia obrera que amenazaba al país burgués. La lucha de clases fue la que puso en jaque los intentos conjuntos de la burguesía y el gobierno peronista por liquidar a la llamada “guerrilla fabril” bajo el paraguas de la democracia burguesa.

Isabel tiene las manos manchadas de sangre y aún goza de impunidad. El peronismo no quiere sentarla en el banquillo de los acusados porque hacerlo sería sentar en el banquillo a Perón mismo y el gobierno peronista como responsables de los crímenes de la ultraderecha y de la derrota de la clase trabajadora mediante el genocidio.

Pero además el relato que se quiere imponer busca reforzar la idea del “mal menor” frente a las amenazas derechistas. De esta forma se hacen cargo de un gobierno que aplicó un ajuste fondomonetarista y gobernó apelando a bandas terroristas de ultraderecha, como parte de la tradición nacional y popular.

Defender la memoria y el legado revolucionario de los 30 mil desaparecidos y la lucha de los trabajadores en los ‘70, es fundamental para enfrentar el pacto de coloniaje y la entrega del presente al FMI y el imperialismo.