Tarifazos. El Gobierno oficializó el aumento de la luz en febrero, que llegará hasta un 36 %

El Gobierno avanza en la quita de subsidios económicos a la energía para cumplir con las metas fiscales del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este jueves, la Secretaría de Energía publicó la Resolución 54/2023 que aumenta los precios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y se trasladarán directamente a las tarifas finales de luz que pagan usuarios residenciales, comercio e industria.

Los valores se dan en el marco de la "Reprogramación Trimestral de Verano", y rigen para el período comprendido entre el 1° de febrero y el 30 de abril. Se trata de un componente del valor de la tarifa (el mayorista), que además se compone del transporte, la distribución y los impuestos.

La definición del ajuste en subsidios, iniciada con Martín Guzmán y profundizada por Sergio Massa (con el aval de Alberto Fernández y Cristina Fernández), es que el recorte realizado sea recargado en la tarifa final que pagan los consumidores.

Es que la quita de subsidios económicos a las empresas es falsamente presentada por estas últimas y por el propio Gobierno como una quita a los usuarios, y por este motivo exige que en las facturas se exprese el monto del subsidio identificado como “Subsidio Estado Nacional”. Sin embargo, las que son subsidiadas son las ganancias de las empresas, que en ningún momento desde su privatización en los años ´90 han sido cuestionadas.

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Para los usuarios residenciales se calcula que el incremento de la tarifa promedio sería de 14 % (18 % en el caso de CABA) y podrían llegar a 36 % para los usuarios residenciales de Nivel 1 (de mayores ingresos. Las industrias tendrían un aumento promedio de 9 % y los comercios un 10 %.

Si bien la suba ya estaba prevista, y el Gobierno plantee que es la última suba, especialistas del sector indican que aún continuará el ajuste tarifario ya que no estaría completado el proceso de segmentación. Tampoco se descartan aumentos en los tramos de transporte y distribución para financiar las ganancias de estas últimas (como Edenor y Edesur en AMBA, y las que operan en las diferentes provincias del país).

El propósito del Gobierno es continuar el ajuste fiscal para cumplir la meta de déficit primario de 1,9 % del PIB en 2023 del Acuerdo de Facilidades Extendidas firmado con el FMI, luego de haber sobrecumplido la meta en 2022 alcanzando el 2,4 % de déficit fiscal. Massa sigue haciendo los deberes que le gustan a los especuladores y el gran capital. De acuerdo con cálculos de Julián Rojo, economista del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, implicaría un "ahorro fiscal" de U$S 115 millones para el trimestre febrero-abril, o $ 23.000 millones.

Las consecuencias son también seguir alimentando la inflación, ya que asimismo la energía forma parte del costo de producción de gran parte de las mercancías.

Cuál será el incremento para los usuarios residenciales

Estos aumentos corresponden a la parte de la factura energética. En el Área Metropolitana de Buenos Aires Representan alrededor del 50 % del precio final que pagan los consumidores, que se verán más afectados ya que en otras provincias tiene un peso menor al 20 %.

Las siguientes son algunas estimaciones del impacto de acuerdo a la segmentación por hogares:

• Hogares de Nivel 2: categoría que engloba a aquellos de menores ingresos o que tienen algún tipo de ayuda social, la tarifa no sufrirá variaciones.

• Hogares de Nivel 1: usuarios considerados de mayor poder adquisitivo o que no se pudieron anotar en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), el aumento del precio será de entre 36,1% y 38,1%. Es una reducción del 40% del subsidio que estaba vigente.

• Hogares Nivel 3: usuarios de ingresos medios, tendrán incrementos aproximados del 26% por un bloque de consumo excedente de la demanda (el Gobierno subsidia hasta un consumo mensual de 400 kWh para gran parte del país, con algunas excepciones por provincias).

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