Europa. El Parlamento Europeo quiere censurar el contenido “que llame a la revuelta” en redes sociales

Nota publicada originalmente en Révolution Permanente

Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, ha explicado esta semana en una entrevista a FranceInfo, cómo funciona la Ley de Servicios Digitales (DSA). La nueva ley europea que da a los Estados la posibilidad de censurar el contenido en redes sociales que amenace su estabilidad o que llame a la protesta. Con vistas a un periodo de crisis y posibles revueltas, la Unión Europea afila sus herramientas para reprimir la protesta.

“A partir del 25 de agosto de 2023, la ley europea se aplicará a estas plataformas: cuando haya contenido de discursos de odio, que llamen a la revuelta, que llamen a asesinar, a quemar coches, las redes sociales tendrán la obligación de borrarlo al instante”. Así resumía Thierry Breton la posible censura en redes sociales a los periodistas de FranceInfo el pasado lunes.

Con estas declaraciones, el comisario europeo parece apoyar las últimas declaraciones de Enmanuel Macron, que hizo responsable a las redes sociales de la difusión de las revueltas tras el asesinato de Nahel, anunciando un refuerzo del control estatal sobre el contenido de corte político que circula en estas plataformas. Una repudiable política de censura que ha generado un amplio rechazo.

Esta política es posible gracias a la aprobación sin mucha polémica el pasado mes de octubre en el Parlamento Europeo de la Ley de Servicios Digitales (DSA) que permite avanzar en el control y la limitación por parte de los Estados sobre el contenido que circula en redes sociales. Esta entrará en vigor integralmente el 17 de febrero de 2024, pero todo lo que afecta a las tres grandes plataformas y a los tres grandes motores de búsqueda será efectivo a partir del 25 de agosto de 2023. En total se verán afectadas 17 plataformas: comerciales (Alibaba, AliExpress, Amazon, Apple Store, Google Play, Booking, Zalando, Google Shopping) y redes sociales (Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Wikipedia et YouTube).

La nueva ley se presentó como una herramienta para luchar contra las fakes news y la desinformación. En concreto, respecto a las redes sociales, el objetivo oficial es “reforzar el control democrático y la vigilancia de las grandes plataformas y reducir sus riesgos sistémicos (manipulación de información…).”

Para ello, la ley plantea que las plataformas “juegan un rol muy importante e influyente en la seguridad online, la difusión de información, la formación de la opinión pública y las transacciones económicas”. Por ello, la ley busca también “reducir los riesgos y responder a las crisis”, en especial con la puesta en marcha de “un mecanismo de reacción a las crisis que afecten a la seguridad o a la salud pública. Un mecanismo que otorgue la habilidad a la Comisión Europea de “exigir a los grandes agentes un análisis de los riesgos que puedan generar sus interfaces cuando estalle una crisis (como la invasión rusa en Ucrania) e imponer durante un tiempo limitado medidas de emergencia”.

Por ejemplo, un tweet, una historia de Instagram u otro post se considerará un “riesgo” si promociona “odio y violencia en línea” si es un riesgo “para los derechos fundamentales, los valores cívicos, los procesos electorales, la salud pública…”. Este contenido será fichado más fácilmente por las plataformas para investigarlo y eliminarlo.

Si el contenido señalado no se borra o bloquea, las plataformas serán sancionadas. Según Thierry Breton si las empresas no cumplen la ley podrá prohibirse que operen en la Unión Europea, es decir bloquear las redes sociales dentro de Europa. Además, cada año se harán “auditorias independientes sobre la reducción de riesgos” organizadas por las plataformas en colaboración con la Comisión Europea. Esto significa que lo que deba censurarse podrá ser modificado y ampliado cada año.

En un contexto global de crisis tanto desde el punto de visto económico como geopolítico, está claro que la nueva ley europea está pensada para anticiparse a la posibilidad de que surjan más revueltas. La aplicación de la ley que busca hacer el gobierno francés es un ejemplo perfecto de esto, una ley que da a los Estados la opción de usar la censura para ahogar la protesta y todo aquello que consideren peligroso para su estabilidad.

Por ejemplo, la amplia difusión del video sobre el asesinato de Nahel permitió poner en duda la vieja táctica policial de vender un discurso pro-policial en medios de comunicación para criminalizar a la víctima. Sin embargo, con la nueva ley el gobierno francés tendría la posibilidad de ordenar la eliminación del vídeo y de cualquier otro mensaje similar de las redes sociales argumentando que llama a la violencia o que afecta a la estabilidad del Estado francés. Se trata, por tanto, de una política liberticida que debe ser denunciada y combativa por el conjunto de organizaciones del movimiento obrero y los movimientos sociales.