Empleo público. El ajuste del Frente de Todos consolida salarios de pobreza

El poder de compra del salario en el convenio SINEP, el mayoritario entre los empleados públicos que dependen del Poder Ejecutivo Nacional, exhibe un retroceso que lleva más de una década. De casi 200 mil estatales nacionales, unos 70 mil están regidos por el SINEP. [1]

El retroceso en el poder de compra se hizo más notorio desde el año 2018 en adelante. Cuando finalice 2021, el mismo podría ubicarse alrededor de un 40 % por debajo del nivel de 2015: la trabajadora o trabajador que llenaba un changuito en el supermercado en 2015 con el sueldo que tendrá a fin de año apenas podrá comprar un 60 % del mismo changuito.

Este año el oficialismo del Frente de Todos había prometido una recuperación salarial. Pero el acuerdo paritario para la administración pública del 35 % (más un 4 % en el SINEP) pactado con las conducciones de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) condenará a los empleados estatales a otro año de pérdida de poder de compra. La cifra de aumento quedó muy detrás del 49 % de inflación interanual que registró el INDEC para el mes de mayo.

Derrumbe del poder de compra

Los acuerdos paritarios firmados este año por la conducción de UPCN y ATE Nacional implicarán hacia fin de año un nuevo ataque al poder de compra del salario que se agrega al sufrido en el 2020. De esta forma, se consuma una acelerada pérdida del salario real en los últimos 7 años que alcanzará al 41,2% en diciembre de 2021 para un salario testigo (categoría D0) en comparación con diciembre de 2015, de acuerdo a un informe elaborado por los trabajadores de la Junta Interna de ATE-Indec.

Eso sucedería suponiendo un escenario de desaceleración de la inflación al 2,5% mensual en lo que queda del año. Recordemos que en abril los precios subieron en promedio un 4,1% y en mayo un 3,3%, por lo cual de no efectivizarse esa disminución en el ritmo inflacionario, la pérdida salarial, con los aumentos paritarios acordados, sería aún mayor.

En otras palabras, en diciembre de 2021 un trabajador en planta transitoria de la categoría D0 debería estar cobrando $ 81.571 (brutos) para poder tener el mismo nivel adquisitivo que en diciembre de 2015, pero sólo percibirá $ 49.010.

Este análisis del deterioro salarial “punta a punta” significa una pérdida de consumo enorme para las trabajadoras y trabajadores estatales, que es inversamente proporcional al “ahorro” fiscal que llevaron adelante los Gobiernos de Macri y Fernández en este rubro. El informe muestra que si se suma la pérdida del salario mes a mes, esta alcanza a $1.353.971. [2] Es decir, en estos últimos 7 años (incluyendo el aguinaldo) en 92 sueldos la pérdida de consumo fue de 27 salarios y medio. Considerando solamente la pérdida salarial desde agosto de 2019 a diciembre 2021, la misma fue de $ 534.546, es decir, de 11 sueldos (para la categoría D0).

E incluso, cabe señalar que para las escalas salariales más altas el deterioro del poder de compra es superior, por cuanto en ellas el impacto proporcional del monto fijo de $ 4.000 otorgado a inicios de 2020 es menor, y para los salarios superiores a $60.000 brutos directamente no se otorgó ese aumento. De esta forma, la Junta Interna de ATE Indec calcula que en promedio las categorías E, D, C y B tendrían una pérdida de 43,2% en diciembre de 2021 respecto a noviembre 2015.

Este deterioro salarial se suma al que ya se venía arrastrando de años anteriores y puede remontarse hasta enero de 2009. [3] Sistemáticamente los acuerdos salariales se firmaron por debajo de la inflación, salvo escasas y acotadas excepciones en donde apenas logró empatarse a fin de año, con un fuerte retraso en 2018 y 2019.

De esta forma, si se compara el poder de compra del salario que se alcanzará en diciembre de 2021 con el que se tenía 12 años antes, se llega a la lamentable conclusión de que sólo representa el 53% de la canasta de bienes que podía comprar en enero de 2009. Es decir, la mitad.

Estatales pobres

No sorprende entonces encontrar a muchas compañeros y compañeros estatales que ante semejante deterioro salarial comenzaron en los últimos años a intentar completar sus ingresos con todo tipo de mecanismos para llegar a fin de mes: pluriempleo, changas, reducción de consumos familiares, ayudas sociales, deudas, entre otros. Es que la gran mayoría no alcanza a cubrir el valor de la canasta de consumos mínimos de $ 99.930 que requiere una familia al mes de mayo según las estimaciones de la Junta Interna de ATE- Indec. Pero más grave aún es que muchos no alcanzan siquiera a cubrir la Canasta de pobreza, valuada en $ 64.445 (Canasta Básica Total, Indec) para el mismo mes.

Por tomar un ejemplo, a junio de 2021 con cero grados de antigüedad sólo la categoría A (primera del escalafón) supera ese límite de pobreza, mientras el salario de bolsillo que percibe una gran parte de la planta estatal (categoría D0 SINEP) se encuentra en $ 34.146,2 netos (incluyendo la suma fija de $ 4.000), es decir que alcanza a cubrir sólo los costos de 10 días del mes que requiere como mínimo una familia y representa apenas la mitad de la Canasta de Pobreza.

Otro tanto hay que decir de las más diversas formas de precarización laboral de contratación que realiza el propio Estado nacional, estados provinciales y municipales, que continuaron ejerciéndose sin distinción de gobierno. Empezando por la utilización de una “excepción” como si fuese la regla, tal como lo es la contratación de personal bajo el artículo 9 de la Ley Marco del Empleo Público, debido a la escasez (no casual) de llamados a concursos para el personal de planta. Esto implica contratos anuales o trimestrales, es decir, no se garantiza la estabilidad laboral, al mismo tiempo que se limita la carrera en la función pública, se abonan menores sueldos y se quitan derechos.

Otra de las formas más frecuentes de precarización en el Estado es mediante el monotributo, una figura originalmente establecida para el pago de tributos por cuentapropistas y profesionales independientes que el propio Estado utiliza para encubrir relaciones de dependencia laboral. Como resultado, se excluye al trabajador de derechos básicos como estabilidad en el empleo, antigüedad, vacaciones pagas, licencias, aguinaldo, cobertura de riesgos del trabajo, entre otros.

Y por último, pero no menos importante, existe en el ámbito público las más diversas formas de tercerización laboral, mediante contratos con empresas privadas para la realización de servicios, el más frecuente es el personal de maestranza, que desde hace años viene exigiendo su pase a planta y el reconocimiento de su labor dentro del Estado.

Recaudar para honrar al FMI

En 2020 el Gobierno de Alberto Fernández tuvo como excusa el Covid para suspender las revisión paritaria establecida para marzo y luego directamente postergar las paritarias por varios meses. De este modo, la baja en la recaudación tributaria la pagaron los salarios públicos y las jubilaciones a la baja. Pero la tendencia en la recaudación se revirtió totalmente en el año en curso: experimenta aumentos extraordinarios en términos nominales y reales (es decir, después de quitar el efecto de la inflación). En el acumulado del año hasta mayo, los ingresos tributarios aumentaron 68 % interanual en términos nominales. Es decir, muy por encima de la inflación, por lo cual se recuperan en términos reales. También muy por encima del aumento salarial concedido en el ámbito público.

Tampoco sería válido que el Gobierno argumente que el aumento de la recaudación se explica por la vara baja de comparar contra los primeros meses de 2020 cuando más impactó el Covid. Durante los primeros cinco meses de 2021, en comparación con el mismo período de 2019, la recaudación también se recupera en términos reales: aumentó 116 % contra una inflación acumulada promedio de 112 %. Pero en el bienio 2019-2021 el aumento de 116 % de la recaudación contrasta mucho más con el escaso aumento de los salarios estatales, que es del 52 % (considerando la Unidad Retributiva utilizada para establecer la grilla salarial del convenio SINEP).

Los primeros cinco meses de 2021 muestran un incremento extraordinario de la recaudación tributaria en prácticamente todos los ítems, pero se destaca el aumento de los derechos de exportación cobrados (+204 % interanual en el acumulado hasta mayo) debido al aumento en la cotización internacional de la soja.

Estos datos contrastan también con el recorte en el Gasto en Personal que ya estaba definido en el Presupuesto de 2021, votado en el Congreso por el Frente de Todos. Este rubro, que incluye sueldos, transferencias, aportes personales, entre otros, pasa de $ 545.898 millones (presupuesto ejecutado 2020) a $ 623.362 millones (presupuesto vigente para 2021). Es decir, el gasto en personal aumenta apenas un 14,2 % en términos nominales, lo que implica un recorte real fenomenal. De esta forma, el Gobierno se “ahorra” en salarios alrededor de $ 180.000 millones comparado con el gasto de haberse incrementado al igual que la inflación.

El ajuste sobre los salarios públicos se enmarca en una estrategia general de comprimir el gasto público. Mientras la recaudación aumenta a paso firme, en mayo el gasto primario retrocedió 17 % en términos reales respecto del año anterior, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Esta disminución se asienta, entre otros ítems, en bajas de los montos destinados a las jubilaciones (-10% interanual), a los salarios públicos (-8%) y a los programas sociales (-42%). El ajuste de las cuentas públicas, en sintonía con lo que exige un futuro acuerdo con el FMI, lo están pagando los sectores de la población más expuestos a los efectos de la crisis en un país con alrededor de la mitad de la población bajo la línea de la pobreza.

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Esta situación expone la voluntad de ajuste del Gobierno del Frente de Todos. En los primeros meses del año, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se aproxima a hacer realidad el sueño eterno de Domingo Cavallo, el exministro de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, de lograr el “déficit cero”. El desenvolvimiento futuro dirá si el resultado fiscal de los primeros meses se sostiene o las necesidades electorales del oficialismo imponen un mayor volumen de gasto público. Por el momento Guzmán se ganó el elogio de Cavallo. El ex ministro aseguró que Guzmán “puede exhibir los resultados de los cuatro primeros meses como un ajuste fiscal muy superior al presupuestado”.

Teletrabajo, reforma laboral en los hechos

Un gran número de estatales ingresaron a la modalidad del teletrabajo sin ningún tipo de derechos. Si la pandemia puede ser un motivo lógico para no asistir a organismos públicos que en tiempos normales aglomeran grandes masas de personas, no hay ningún motivo lógico para que el estado empleador haya incorporado a la fuerza al teletrabajo a miles de estatales sin proveer las herramientas necesarias como ser computadoras, escritorio, sillas, entre los más importantes. En abril-mayo de 2020 una encuesta de la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP) exhibía que “el 79% de las y los encuestados puso a disposición equipos propios mientras que sólo el 21% dan cuenta del uso de equipos pertenecientes a su respectiva jurisdicción”. Es probable que transcurrido más de un año esa situación no hay cambiado sustancialmente.

Tampoco el estado empleador se hizo responsable de los gastos que conlleva desarrollar las tareas en el hogar, como ser el pago de la conectividad a través de internet. Pero también hay otros gastos como el alquiler, la electricidad y el gas que el estado empleador debería pagar en las proporciones que corresponden al consumo en el horario laboral.

Además, los empleados estatales ingresaron masivamente al teletrabajo sin capacitación para el uso de herramientas informáticas adecuadas a las nuevas condiciones laborales. Si bien existieron algunas ofertas de capacitación, estas fueron limitadas y no necesariamente adecuadas a las necesidades del trabajo en el hogar. No hay mundo feliz en el teletrabajo donde se mezclan los tiempos laborales y las tareas domésticas, que recaen mayormente sobre las mujeres. Esto se agrava en los casos que las autoridades de los ministerios no respetan los horarios laborales, el derecho a la desconexión o la interrupción del trabajo para tareas de cuidados.

La administración pública nacional es un ejemplo de precarización laboral. Según un informe de la extinguida Secretaría de Modernización [4], entre el personal civil, en diciembre de 2018, existía un 37 % de planta temporaria y contratada. El teletrabajo allana el camino a una mayor precarización, en tanto resulta más sencillo establecer contratos temporales cuando se trabaja desde la casa que cuando se está organizado en el lugar de trabajo. De hecho, antes de la pandemia existían en varios organismos públicos áreas con días de teletrabajo. En esos casos, la mayoría de las trabajadoras y trabajadores tienen contratos temporales.

La reglamentación de la Ley de Teletrabajo resultó incluso más favorable a la expansión de la precariedad. Según analiza el Observatorio del Derecho Social de la CTA “si la ley ya era bastante laxa en cuanto a las posibilidades que brindaba para que los empleadores utilizaran esta modalidad, la reglamentación avanza un paso más y pone en riesgo el ejercicio en la práctica de algunos de los derechos que ella había reconocido. Este es el caso, en particular, de la habilitación para que los trabajadores desarrollen tareas en sus domicilios sin contar con la cobertura de la ley (artículo 1 de la reglamentación) y del debilitamiento del derecho a la reversibilidad (artículo 8)”. Pero la reglamentación también debilita el derecho a la desconexión digital y a la interrupción del trabajo para desarrollar tareas de cuidado. No solo eso. La reglamentación estableció el carácter no remunerativo de las compensaciones por gastos y de la entrega de elementos de trabajo, por lo cual no entran en consideración para el cálculo de indemnizaciones.

Luego de dos rondas paritarias, el teletrabajo no fue discutido entre el estado empleador, los gremios y mucho menos, obviamente, el colectivo de trabajadores y trabajadoras estatales. Es decir que, así como el estado es uno de los empleadores que más recurre a la precarización laboral, también mantiene a miles de empleados en el teletrabajo sin que exista resguardo de derechos a través del convenio colectivo de trabajo.

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