Con la aprobación de los presupuestos de universidades de 2025 y la ley Viciana en la antesala, Ayuso avanza en su plan de desmantelamiento de la universidad pública en favor del negocio de las universidades privadas. Al mismo tiempo, se propone dar un salto en el modelo de universidad-empresa, cada vez más represiva y hostil a trabajadores y estudiantes de clase trabajadora. No obstante, este ataque se da en el marco de algunos estallidos de lucha por parte de estudiantes, trabajadores y docentes, como las acampadas y la jornada del 27-S por Palestina, que apuntan a una recomposición del movimiento estudiantil.
Jueves 23 de enero
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A finales del cuatrimestre pasado comenzaron a emerger en las universidades espacios de organización y acciones para enfrentar el recorte presupuestario y la nueva ley de universidades. Retomar esta pelea este nuevo año e impulsarla con todas nuestras fuerzas es una tarea urgente.
Además, en la Comunidad de Madrid (CAM) las trabajadoras sanitarias y docentes vienen enfrentando en las calles, junto con los estudiantes y usuarios, los ataques en materia de sanidad y educación primaria y secundaria, luchas que también dan los estudiantes de FP, ahora bajo ataque. Son respuestas, todas ellas, a la precarización y deterioro perpetuados por el Gobierno regional y avalados por las leyes del Gobierno central. Es desde este marco que desde Contracorriente y Pan y Rosas queremos abrir un debate estratégico sobre cómo enfrentar el ataque y pelear por un modelo de universidad radicalmente diferente.
De dónde venimos: la universidad burguesa y la vuelta de tuerca neoliberal
La universidad actual no es una institución neutral, sino que ocupa una posición determinada en la división social del trabajo. Bajo el sistema capitalista cumple la función de elevar a un sector de la población a un determinado nivel cultural e ideológico. Produce ciencia y conocimiento y forma a trabajadores, profesionales y especialistas, pero lo hace en función de las necesidades de la clase capitalista. Es una institución productora y reproductora de la cultura y la ideología de las clases dominantes.
No obstante, la universidad también ha sido históricamente un espacio de lucha de la juventud y la intelectualidad por desarrollar el pensamiento crítico, un espacio del que han emergido formas de rebeldía y subversión que tratan de construir una universidad radicalmente diferente, que apunte a construir un mundo nuevo. Tanto de lo primero como de lo segundo son conscientes los gobiernos y los empresarios.
Históricamente las universidades se han organizado de forma antidemocrática, con su personal encuadrado en diferentes estamentos jerarquizados entre sí. Un verdadero “régimen”, en el que los catedráticos, por ejemplo, ocupan posiciones de privilegio tanto salarial como en la dirección de la universidad, mientras que determinados sectores de investigadores y profesores, el personal laboral y los estudiantes han ocupado siempre, en la universidad burguesa una posición subalterna. Ahora bien, esta estructura heredada de la Edad Media ha experimentado transformaciones. A finales del siglo pasado, por ejemplo, la universidad necesitó incorporar a grandes sectores de la población para formar ingentes cantidades de trabajadores cualificados, convirtiéndose así en universidad de masas.
En las últimas décadas de ofensiva neoliberal, las universidades experimentaron un profundo proceso de transformación, que trata de responder a las nuevas necesidades de las empresas. El objetivo de esta “reconversión” de las universidades públicas es el de subordinarlas a las nuevas necesidades que experimenta el capital, expulsando a una parte de los estudiantes que provienen de sectores de clase obrera hacia la Formación Profesional, y reestructurando los estudios con un doble objetivo: por un lado, desarrollar carreras dedicadas a formar mano de obra barata y precarizada, y por otro, seguir desarrollando carreras meritocráticas y elitizadas para formar cuadros técnicos y empresariales.
Al mismo tiempo, se trata se subordinar de forma cada vez más directa los recursos de la universidad y sus procesos de investigación a las directrices de las grandes empresas, que han ido transformando campos de estudio enteros de la universidad en auténticos servicios externalizados.
En los Estados imperialistas europeos esa ofensiva se realizó bajo el nombre de "proceso Bolonia", un plan impulsado por la Unión Europea que comenzó en 1999, y que en el Estado español tuvo su primera expresión con la LOU de Aznar en 2001. Esta contrarreforma supuso un avance hacia un modelo de universidad más antidemocrático, intervenido por las empresas, cada vez más elitizado y con empleo precarizado.
Con el estallido de la crisis capitalista en 2008, la reestructuración neoliberal de la educación superior dio un nuevo salto con importantes recortes presupuestarios llevados a cabo por el PSOE y el PP, subidas de tasas, recortes de becas y mayor precarización laboral. De esta forma el Estado burgués se aseguraba que la crisis la pagara la clase trabajadora también en el terreno de la educación superior.
Algunas de las medidas que más directamente afectaron a los estudios fueron la subida de tasas, las prácticas no remuneradas o la división de los estudios en grado y máster, considerablemente más caros. Pero también se introdujo la evaluación continua, la asistencia obligatoria, los créditos (ECTS), y otras medidas. Los estudiantes experimentaron, por un lado, la expulsión de miles de compañeros de clase trabajadora, que vieron imposible, cuando no pagar la carrera o el máster, tratar de compatibilizar trabajo y estudios, y, por otro lado, los que pudieron continuar matriculados sufrieron un proceso de intensificación de las tareas, entregas, trabajos y, en general, unos planes de estudio orientados a llenar de actividades la vida del universitario… vaciándola al mismo tiempo de contenido.
Es decir, se trataba de disciplinar a los estudiantes en los ritmos frenéticos del trabajo que demandaban las empresas. Para ilustrar esta transformación, la Agencia Nacional de Evaluación (ANECA) estableció en 2007 y en 2009 que los estudiantes debían adquirir “habilidades” como las de la “disponibilidad”, la “aceptación de la autoridad”, trabajar con “estrés” y “rendir bajo presión”. Este enorme ataque desencadenó, a su vez, un gran movimiento estudiantil que trató de pararlo y que logró, por ejemplo, que no se impusiera el régimen 3+2 (tres años de grado y dos de máster) que existe en otros países europeos.
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La reciente LOSU de Unidas Podemos, no solo no eliminó ninguna de estas medidas neoliberales, sino que afianzó y avanzó sobre todos estos ataques: aumentó el poder del Consejo Social (órgano de gobierno de la universidad donde intervienen grandes empresas junto con representantes del PP y el PSOE, que tiene la última palabra sobre el plan presupuestario de la universidad y que cuentan con cátedras y estudios propios para implementar su agenda empresarial en la universidad) y consolidó un régimen universitario profundamente antidemocrático. Al mismo tiempo avalaron la represión con la Ley de Convivencia Universitaria (LCU), una Ley Mordaza Universitaria que criminaliza la protesta estudiantil y deja a discreción de la universidad la aprobación de legislaciones específicas que persigan la protesta.
El ataque de Ayuso, un salto en la reestructuración neoliberal de la universidad
El ataque de Ayuso a las universidades públicas madrileñas supone un salto en la reestructuración neoliberal de la educación superior. El ataque consta de dos frentes: por un lado, una disminución presupuestaria de un tercio del presupuesto que supone un acto de estrangulamiento financiero sin precedentes, tras más de una década de infrafinanciación debido a falta de inversión pública y medidas de austeridad. Como explicamos en este artículo, aunque la Comunidad de Madrid tiene una gran cantidad de recursos económicos disponibles por su alta renta per cápita –debido a que en Madrid se concentra una parte importante del gran capital– el gobierno regional destina por estudiante un 21% menos que la media nacional. Y, las universidades públicas madrileñas arrastran, previo al recorte presupuestario de Ayuso, un recorte efectivo desde 2009 del 34,9% del presupuesto.
Por otro lado, la contracara de estos presupuestos de la miseria es una nueva ley de universidades que pretende que las universidades públicas se hagan cargo de, al menos, un tercio de su financiación. Si bien hasta ahora solo se ha publicado un breve anteproyecto, el ajuste será asumido por los Rectorados y Consejos Sociales de las universidades, valiéndose de la subida de tasas, recortes en becas, bajadas de sueldos, recortes en plantillas y precarización de condiciones laborales, por una parte, y a través de recurrir a la "colaboración público-privada" por otra.
El anteproyecto de ley da un peso específico al papel que ha de jugar la administración de la CAM en este proceso: promover, asesorar y financiar con dinero público la colaboración de las universidades con las empresas. Al mismo tiempo otorga a los Consejos Sociales y al gobierno de la CAM más herramientas para vigilar la aplicación del plan presupuestario, avanzando así en el modelo de funcionamiento empresarial: más control y más precariedad sobre los estudiantes, docentes y trabajadores en pro de los beneficios de las empresas que dirigen las universidades a través de dichos Consejos Sociales. Algunas de las empresas que desde los Consejos Sociales aprueban los presupuestos de las universidades públicas son el Santander, Endesa, BBVA, Iberdrola, El Corte Inglés, etc.
Estamos hablando de empresas que se encuentran entre las más contaminantes del Estado y que se lucran algunas de ellas haciendo negocios con el Estado de Israel y con la compraventa de armas. De conjunto, afianza el enorme recorte empujando a las universidades a financiarse poniendo la investigación y la academia al servicio del mejor postor, a total disposición de los intereses y beneficios de estas empresas; es decir, mediante el traspaso de recursos de las universidades públicas a las privadas.
Estos presupuestos no solo son el pretexto para avanzar en un modelo de "financiación mixta", sino que su rol privatizador pasa también por avanzar en la elitización de las universidades públicas y en promover el negocio de las universidades privadas. La subida de tasas y recorte en becas expulsa a los estudiantes de los sectores más bajos de la clase trabajadora de la universidad, mientras que la degradación de la enseñanza por el pésimo estado en la infraestructuras y la falta de recursos para las prácticas y la investigación empujará a los docentes y estudiantes que se lo puedan permitir a la universidad privada. En la última década unos 100 mil estudiantes estudiantes, en su mayor parte hijos de la clase trabajadora, fueron expulsados o se quedaron fuera de la educación universitaria.
En un marco de ofensiva neoliberal en la educación y crisis capitalista, adaptar la educación universitaria a los intereses de la burguesía pasa por también promocionar las universidades privadas. Estas están vinculadas a inversores financieros y corporativos; su aumento de fondos pasa no solo por las desorbitadas tasas de matriculación, sino también por inversiones de capital privado. Las estadísticas publicadas por el Ministerio de Universidades muestran que desde 2015 el porcentaje de estudiantes de las universidades públicas ha descendido del 86,5% al 79,4%, mientras las universidades privadas casi han duplicado el número de matriculados, pasando del 13% al 20%.
En la Comunidad de Madrid -la región con mayor número de estudiantes universitarios del Estado español- la relación es de un 58% de matriculados en la pública frente a un 28% en la privada. Se trata de una región donde el número de universidades privadas es más del doble que el de universidades públicas: 14 privadas frente a 6 públicas. Al mismo tiempo, esta ley, blinda esta privatización encubierta otorgándole jurídicamente a la universidad privada una labor como “servicio público”.
Privatización y represión van de la mano
La reestructuración neoliberal de la universidad es inseparable de toda una ofensiva represiva: desde la normalización de la solicitud por parte de los rectores de entrada de la policía a los campus ante protestas estudiantiles, pasando por el disciplinamiento que supuso la aplicación del plan Bolonia, hasta la reciente ley mordaza universitaria (LCU) del exministro de Universidades Manuel Castells, de Unidas Podemos, aprobada en 2023. Todo ello ha supuesto la implantación en las universidades públicas de un ambiente mucho más opresivo sobre la vida universitaria en los campus, tanto dentro de las aulas, con la implantación de estos nuevos dispositivos de control, como fuera de ellas, con una mayor persecución desde los decanatos al ocio y la organización política de los estudiantes.
El anteproyecto de ley de universidades de Ayuso no es una excepción. Incluye un salto represivo que avanza sobre el terreno allanado por la LCU y se enmarca en una deriva represiva general de la que el gobierno progresista ha sido protagonista. Mientras esta ley permite sancionar con hasta un año de expulsión a los estudiantes por hacer actividades que "interrumpan la actividad docente" o "la convivencia en los campus", la ley Viciana pondrá "especial énfasis en el respeto a la libertad de expresión y en combate frente a la ocupación de los lugares públicos y el vandalismo” y establecerá un régimen sancionador con un cuadro de clasificación del nivel de gravedad de las infracciones.
La arbitrariedad de las causas que pueden llevar a la expulsión de estudiantes es total, y será empleada “a la carta” por los decanos y rectores si no emerge un movimiento estudiantil que lo impida. De conjunto, estas leyes suponen toda una amenaza sobre la libertad de reunión y asociación que el movimiento estudiantil conquistó en los 70 como parte de la lucha contra el franquismo.
No se trata de un ataque arbitrario. Las acampadas por Palestina supusieron un punto de inflexión tras años de pasividad del movimiento estudiantil. Esta lucha tuvo, además, un importante significado político por su carácter antiimperialista. Al mismo tiempo que las estudiantes cuestionamos que la producción de conocimiento se pusiera al servicio del desarrollo de inteligencia militar y armamento israelí y que empresas cómplices con el genocidio dirigieran nuestras universidades, fuimos más allá de una crítica a las universidades y enfrentamos la complicidad de nuestro Gobierno con el genocidio.
Las acampadas despertaron una amplísima solidaridad que se contagió a los centros de trabajo -con decenas declaraciones de solidaridad de diferentes secciones sindicales de izquierda con los estudiantes en lucha- dando un nuevo impulso al movimiento por Palestina. La ley ultra represiva de Ayuso responde al potencial expresado por el movimiento estudiantil por Palestina y se prepara frente a la posibilidad de estallido de nuevas luchas.
Y es que la represión en las universidades es clave para seguir avanzando en el plan privatizador de la educación pública. Pero, además, contener la lucha estudiantil es una tarea estratégica para los gobiernos de todo pelaje debido al potencial de los estudiantes organizados para impactar en el movimiento obrero, impulsar la lucha de clases y cumplir un papel de punta de lanza en el cuestionamiento a esta sociedad de clases. Con la vuelta a escena del movimiento estudiantil a nivel internacional, cobra mayor importancia para los gobiernos y la burguesía dotarse de herramientas para contener y reprimir la lucha que emerja desde las universidades.
Un programa y un plan de lucha para enfrentar el ataque
Los estudiantes también tenemos que prepararnos para estos combates que se avecinan, parar la ley Viciana tiene que ser un primer paso. Luchemos ahora porque el movimiento estudiantil que emergió con las acampadas en solidaridad con Palestina, y que alcanzó especial extensión en Madrid, sea la punta de lanza de un nuevo activismo en las facultades que ponga a todos los estudiantes en pie de guerra contra el ataque de Ayuso.
Para eso desde Contracorriente y Pan y Rosas, pensamos que hay que oponerse frontalmente al ataque, levantando asambleas en las facultades que empiecen a preparar desde ya una huelga de toda la comunidad universitaria. Por eso planteamos:
• Abajo el recorte presupuestario.
• Abajo la Ley Viciana y la LOSU.
• Derogación de la ley mordaza universitaria (LCU).
La elaboración de los presupuestos universitarios no puede quedar en mano de los Consejos Sociales,controlados por empresas y parásitos, ni de la Comunidad de Madrid. Por eso, planteamos la necesidad de abolir los Consejos Sociales, para suplantarlos por nuevos organismos de gobierno universitario basados en asambleas con representantes de todos los estudiantes, trabajadores y docentes, donde se voten unos presupuestos acordes a las necesidades urgentes de toda la universidad, que sean financiados mediante impuestos a las grandes fortunas. Para que la clase obrera vuelva a la universidad y terminar con la precariedad es necesario unos presupuestos que permitan:
• Matrículas gratuitas. Gratuidad de las matrículas y aumento de las becas. Educación pública totalmente gratuita.
• Estabilidad laboral. Pase a plantilla fija de todos los trabajadores de la universidad (PDI, PTGAS y subcontratados). Fin de las subcontrataciones. Todos trabajan en la universidad, todos tienen que ser trabajadores fijos.
• Vivienda. Eliminar los conciertos con la Iglesia de los colegios mayores. Estas residencias tienen que pasar a disposición de la comunidad universitaria para acoger a los estudiantes de bajos ingresos.
• Fuera empresas de la universidad.
Para imponer estas medidas a los rectores, el Gobierno Autonómico y el Gobierno Central, tenemos que levantar un movimiento estudiantil combativo, que vuelva a poner en pie de guerra a nuestros campus. Para aquellos que militamos en Contracorriente esto implica romper con todas las tradiciones burocráticas, conciliadoras y corporativas que en las últimas décadas han predominado y predominan en el movimiento estudiantil del Estado español. Frente a todo ello, levantemos un movimiento estudiantil:
1. Organizado en grandes asambleas masivas y democráticas, de estudiantes, profesores y trabajadores, donde participen todas las organizaciones que quieran luchar, sin vetos. Discutamos un plan de lucha.
2. Un movimiento estudiantil independiente del régimen universitario, de esa casta acomodada de decanos y rectores ligados con mil lazos a las empresas, a la iglesia y a los partidos del régimen.
3. Un movimiento estudiantil independiente de los partidos del régimen que, desde el PP hasta Podemos, no han hecho más que avanzar en una universidad cada vez más subordinada a las empresas, precarizada y con un ambiente cada vez más represivo hacia los estudiantes.
4. Un movimiento estudiantil que pelee por la unidad obrero estudiantil, que, como en mayo del 68 sea la chispa que despierte a ese gigante que es la clase obrera, la única fuerza social capaz de tumbar estos ataques y avanzar hacia una sociedad sin explotación ni opresión.
¡Abajo la ley y Viciana y el recorte presupuestario!
¡Abajo la LOSU, la LCU y el resto de leyes privatizadoras y represivas!
En la CAM somos 220.000 estudiantes y 35.000 trabajadores. Convirtamos nuestros campus en un espacio de politización y en una trinchera para la lucha más allá de la propia universidad. Ahora mismo los trabajadores de la educación secundaria y educación primaria, sanitarios y trabajadores de la salud, estudiantes de FPs, también están enfrentando importantes ataques y recortes de recortes de la CAM avalados por las leyes del Gobierno. Impulsemos la coordinación con estos sectores en lucha.
¡Por una huelga general de todos los servicios públicos de la Comunidad de Madrid!
Que esta lucha sea el primer paso para refundar un movimiento estudiantil radicalmente nuevo. Y por construir una universidad dirigida por los estudiantes, los trabajadores y los docentes, donde el conocimiento esté, no al servicio de las empresas que se lucran con la explotación de nuestro trabajo, con la destrucción de la naturaleza, o con la opresión de pueblos como el pueblo palestino, sino al servicio de resolver los grandes problemas sociales que desencadena esta sociedad capitalista. Para, como decían en mayo del 68, pasar de la crítica de la universidad de clases, a la crítica de la sociedad de clases.
