Otra vez se recalentó la cotización de los dólares paralelos. Las causas: la inflación indomable, la falta de reservas en el Banco Central y las incertidumbres que genera la perspectiva de salidas drásticas para administrar el bimonetarismo crónico. El fantasma de la hiperinflación, que sobrevuela en la transición hacia diciembre, llevaría a un salto inaudito de la crisis social. Un programa de medidas urgentes para que la crisis no la pague la clase trabajadora, sino la élite económica que condujo a la catástrofe actual.

Los sospechosos de siempre

Los disparadores del salto de los dólares paralelos no son ningún secreto. En agosto, después de una nueva devaluación, ingresamos en una nueva situación de muy alta inflación (arriba de 10 %). El gobierno devaluó para conformar parcialmente al FMI –lo que solo servía para que el FMI devolviera los dólares que Economía le había dado un mes antes por el crédito de Macri– y para descomprimir la presión sobre el dólar. Pero esto último lo logró apenas en parte: consiguió algunos dólares del agro gracias a nuevas concesiones, pero la brecha entre la cotización oficial y las paralelas no cambió. Incluso, la corrida reciente la amplió. Por eso, Massa extendió los beneficios a exportadores con la prolongación del dólar soja, la implementación del dólar Vaca Muerta y Pyme. La proliferación descontrolada de diversas cotizaciones es, en los hechos, una devaluación encubierta. Lo que es peor, en menos de dos meses, la inflación se devoró el ajuste del tipo de cambio, ya que el índice de Tipo de Cambio Real Multilateral del Banco Central, que mide el valor del peso respecto de una canasta de monedas, muestra que hoy el peso está más apreciado que el 13 de agosto. Este es el trasfondo de la especulación por un nuevo ajuste forzado del tipo de cambio.

A la Argentina le faltan dólares por la sequía de este año y el saqueo de los precedentes, durante las presidencias de Mauricio Macri, Alberto Fernández y también de CFK con sus “pagos seriales” a los acreedores. Desde que asumió AF, salieron más dólares que los ingresados por el superávit comercial: se fueron en pagarle al FMI, a los acreedores privados de la deuda pública y en los pagos que hicieron grandes empresas de deuda con el exterior (en muchos casos un mecanismo encubierto de fuga). A esto se suman las múltiples maniobras por las cuales los capitalistas acceden a dólares baratos. Se estima que las reservas líquidas del Banco Central son negativas. Además, el BCRA limita la entrega de dólares para importaciones, forzando que se cubran en 2024, lo que alimenta una deuda no contabilizada.

Esta falta de dólares está acompañada de una sobreabundancia de pesos. El gobierno la alimenta con la deuda del Tesoro (Ministerio de Economía): es un pasivo que, con los astronómicos intereses que debe prometer a los acreedores para que no queden atrás de la inflación y se deshagan de sus tenencias de títulos, aumenta exponencialmente. Cada vez que viene un vencimiento hay un volumen gigantesco de pesos que el gobierno busca captar con nuevos bonos para patear la cuestión hacia adelante, agigantando la pelota. Cada vencimiento mensual de la deuda en pesos estresa el mercado cambiario por la posibilidad de que al gobierno le vaya mal en el “rollover”, es decir, en la refinanciación, y que los pesos que hasta el momento se destinan a comprar títulos del gobierno se dirijan a comprar dólares. Esto mete presión sobre los dólares paralelos y sobre los precios. Esta situación lleva a que el Ministerio de Economía ofrezca beneficios crecientes al sector financiero.

Por si esto fuera poco, hay otra emisión “encubierta” que es la bomba de tiempo de las Leliq y Notaliq, que son letras de deuda del Banco Central con los bancos comerciales. Al 2 de octubre esa deuda era $15 billones (o U$S44 mil millones al tipo de cambio oficial mayorista; es decir equivalente a lo que prestó el FMI). Esta deuda crece porque el gobierno les paga a los bancos a cambio de absorber una parte del dinero en circulación, para reducir la presión sobre el dólar y los precios. Es una especie de pago de rescate por un secuestro voluntario, donde los bancos facturan cada vez más por el solo hecho de entregar al Banco Central los pesos que tienen, a los que se suman los de los intereses generados por esas Leliqs, en una espiral sin fin. Como parte de las exigencias del FMI, la suba de la tasa de interés al 118 % anual luego de las PASO implica que la deuda de Leliq y Notaliq crece, al menos, a un ritmo de 9,8 % mensual. Ese crecimiento genera una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento. Los bancos ganaron en los últimos doce meses, por todo concepto, no solo por Leliq, pero en buena parte gracias a las Leliq, $1,7 billones: es el equivalente a U$S4.700 millones. Esta cifra de ganancias bancarias supera el presupuesto de salud y es cuatro veces mayor al presupuesto de vivienda y urbanismo.

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La perspectiva de un Milei ganando con mucha ventaja el 22 de octubre, aun si queda para definir en balotaje, refuerza la presión sobre el mercado cambiario. Es que Milei sigue meneando la dolarización y cerrar el Banco Central, aunque a veces diga que es para el día uno y otras para la “segunda o tercera generación” de medidas. Es una gran aventura que no se sabe en dónde termina. En primer lugar, porque no hay dólares para dolarizar, como admitió el asesor de Milei, Darío Epstein, en un foro organizado por el Grupo Clarín. En segundo lugar, como no hay dólares, la dolarización implicaría una brutal devaluación: la consultora EPyCA estimó que “ningún precio menor a $/U$S 3.000 debería ser considerado ‘caro’”, frente a un panorama de dolarización. Y, por ende, en tercer lugar, esa devaluación destruiría el poder de compra del salario. Por último, pero no menos importante, toda dolarización viene acompañada del fantasma de expropiación de los ahorristas, tal como ocurrió previo a la convertibilidad de Domingo Cavallo, que fue una semi dolarización de la economía argentina, o previo a la dolarización de Ecuador. Por eso, aunque le hable a los mercados con un tono seductor, su ascenso resulta desequilibrante.

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Lo que se observa entonces es una economía que acumula cada vez más síntomas de recesión, y que está azuzada también por la entrada en una situación de alta inflación, cualitativamente más peligrosa que la situación precedente. Un nuevo salto devaluatorio, el cual está inscripto en la situación pos elecciones generales o pos balotaje, implicaría también una todavía mayor aceleración inflacionaria y otro salto en la carestía de la vida, en momentos en que se irían diluyendo los efectos de las medidas que impulsa Sergio Massa en el período electoral. El fantasma de la hiperinflación se puede transformar en realidad. Hasta, tal vez, hay quienes sueñan con que la hiperinflación deje el terreno allanado para una cirugía mayor sin anestesia, al estilo de las dos hiperinflaciones que antecedieron a la Convertibilidad de Menem y Cavallo. Las consecuencias serían no sólo un salto en la crisis social, sino también que puede alimentar una parálisis económica por la “falta de precios”. En este panorama de crisis social, la burocracia sindical, que mayormente se desvive por la candidatura del ministro ajustador, no convocó a ninguna medida de lucha generalizada en los últimos años. Incluso, hay quienes van en auxilio del “ganador”, como Luis Barrionuevo, que pasó de apoyar la candidatura de “Wado” de Pedro a organizar actos en apoyo a Javier Milei.

La catástrofe que nos amenaza

“No hay margen para el gradualismo”, advierten economistas muy escuchados por el establishment, como Marina Dal Poggeto. Este es el grito de guerra tras del cual se ordenan todos los planes de la economía por venir, gane quien gane. El plan de guerra de Bullrich, y la motosierra de Milei pasan por el mismo lugar, y también los planes de Massa, cuyo “plan platita” tiene fecha de vencimiento en diciembre, cuando volverá a ser, si gana, el hombre la embajada que celebraba el año pasado cuando hizo aprobar en Diputados el programa del FMI del que hoy se hace el distraído.

La burguesía se ilusiona con los dólares que pueden venir de la recuperación del agro, el litio y Vaca Muerta. No muestra grandes brechas como en otros momentos y busca llevar al “centro” a los candidatos más extremos. Esto genera ilusiones de que el programa de “shock” se pueda intentar en un contexto más ordenado que este caótico 2023 de la sequía extrema y el fantasma de la híper a la vuelta de la esquina. Pero se trata de eso, una ilusión. Aún con todo esto a favor (algo que no está asegurado, solo hay que ver cómo arrancó con problemas la siembra de trigo), no hay margen para esperar, más allá de los negocios puntuales que puedan tener sectores de la clase dominante, no habrá mucho margen para seguir posponiendo un abrupto reparto de costos. Los tres principales candidatos de la burguesía, todos con el FMI detrás, ofrecen distintas variantes para intentar la “estabilización”, que en lo inmediato va a significar más inflación, peores salarios y enfriamiento de la economía. Esto es lo que exige la “racionalidad” (sic) del sistema capitalista que defiende la clase dominante, con la promesa de que de ese shock vendrá un rebote. Pero, como enseña la historia reciente, todas las recuperaciones posteriores a los recientes saqueos empezaron con más pobreza y precarización para la clase trabajadora y el pueblo pobre.

Cómo combatirla

A estas variantes del plan de guerra de la burguesía, debemos contraponer una salida de otra clase. Se trata de un conjunto de medidas, que no pueden pensarse aisladamente sino de conjunto: pasan por el repudio de la deuda soberana y el rechazo al programa del FMI; la nacionalización de los bancos para establecer un banco estatal único y el monopolio estatal del comercio exterior. Con este conjunto de iniciativas, junto con la escala móvil de los salarios de acuerdo al costo de vida, se puede asegurar que la crisis la paguen quienes verdaderamente la generaron. Veamos en más detalle.

Repudio de la deuda odiosa. Entre 2024 y 2032 los vencimientos de capital e intereses de deuda soberana que tendrá el país con organismos internacionales de crédito y acreedores privados (es decir, sin contar la deuda intra sector público) rondarán los U$S 18.000 millones de dólares de promedio anual. Considerando que el superávit comercial de 2020-2022 (sin tener en cuenta el efecto de la sequía del 2023), fue de alrededor de U$S 10.000 millones de dólares en promedio y que todo lo que entró se fue por “otras ventanillas” de la fuga y pagos de deuda, la perspectiva que proponen los partidos capitalistas es la de mayor saqueo del gas, el litio y nuestros bienes comunes naturales y ajuste sobre el pueblo trabajador. Ese saqueo de los bienes comunes naturales es lo que ofrecerán como promesa al momento de una reestructuración de deuda que devendrá, más temprano que tarde. El desconocimiento soberano de la deuda y la ruptura con el Fondo es un primer paso para terminar con la decadencia nacional y romper con ese mecanismo de dominación que es la deuda externa. Permitiría preservar los dólares para atender las necesidades urgentes. Quienes pusieron fondos para solventar una deuda impagable y fraudulenta, cobrando altas tasas a cambio, los fondos buitres y grandes especuladores, no deben recibir un dólar o peso más a costa de la sed y el hambre del pueblo trabajador. En lo que respecta a la deuda pública total, la propuesta de desconocimiento soberano, no incluye, naturalmente, a los pequeños ahorristas, una ínfima minoría, que confían sus ahorros al capital financiero.

Nacionalizar los bancos y establecer una entidad pública única. Hoy existe una especie de banca “zombie”, que vive de los intereses de las Leliq en la que vuelca los fondos de los ahorristas, mientras organiza la fuga de los grandes capitalistas que casi huyeron plenamente del sistema financiero local. Muchos descuentan que el “saneamiento monetario” vendrá de la mano de un “pagadios” a los ahorristas, es decir, un canje forzoso de los depósitos por bonos de largo plazo, la contraparte de que el Banco Central declare que no pagará las Leliq o las restructure. Argentina tiene una larga historia de robo a los pequeños ahorristas. Uno de esos robos sucedió en 1989, previo a la Convertibilidad de Domingo Cavallo, con el Plan Bonex: los depósitos en plazo fijo fueron cambiados por bonos a largo plazo que luego no valdrían nada en el mercado. Este fue ideado por Roque Fernández, quien hace poco afirmó que “La convertibilidad sería equivalente a una dolarización. Pero la convertibilidad no se podía hacer si no se tenía el Bonex antes”. La perspectiva de una dolarización puede conducir a una corrida bancaria.

Los allanamientos de esta semana en la city porteña no develan una novedad. Los grandes bancos internacionales están implicados en operaciones de evasión impositiva y fuga de capitales: construyen ingenierías financieras específicas para esos fines. Algunos ex empleados han dejado al descubierto como la “private bank” se especializa en facilitar el ocultamiento de fondos.

Para evitar los saqueos de quienes conspiran contra los intereses de la gran mayoría constituida por la clase trabajadora y el pueblo pobre, es necesaria la nacionalización del sistema bancario y financiero, con la expropiación de los bancos privados, pero no para apropiarse de los ahorros de los sectores populares, sino para preservarlos. Todos los bancos privados deberían pasar a conformar un banco público único, bajo gestión de sus trabajadoras y trabajadores.

La nacionalización de los bancos, no como una medida temporaria sino apuntando a la conformación de una banca estatal única, puede transformarse, en manos de un gobierno de los trabajadores, en una poderosa herramienta para poder generar crédito barato para la vivienda popular, para el pequeño comercio, talleres y pequeñas firmas que no exploten fuerza de trabajo. Algo que los bancos privados (y también los públicos bajo las condiciones que impone la reglamentación general) vienen haciendo poco y por lo cual cobran muy caro. Un sistema bancario estatal gestionado por los trabajadores puede permitir la decisión democrática de la clase trabajadora y los sectores populares de cuáles son los criterios y prioridades del crédito en una economía que avanza en la propiedad socializada de los recursos fundamentales, para poder canalizarlo hacia inversiones que respondan a las necesidades de infraestructura y vivienda que vienen largamente postergadas. Esta es la única manera de que las finanzas dejen de ser una vía de la especulación y fuga de capitales, y de poner fin a los créditos a tasas usurarias que esquilman a los deudores. También permitirá asegurar el valor de los activos para los pequeños ahorristas.

Monopolio estatal del comercio exterior. El mayor poder sobre el comercio exterior lo detenta un puñado de empresas, mayormente multinacionales, pero también algunas nacionales. Se trata de Cofco-Nidera-Noble (China), Cargill (EEUU), ADM-Toepfer (EEUU), AGD (Argentina), Viterra (Glencore, Suiza), LDC (Francia), ACA (Argentina), Molinos (Argentina). Estas empresas, prácticamente, poseen un oligopolio privado del comercio de granos. Como demostró el caso Vicentin, son habituales las prácticas de subfacturación de exportaciones para eludir el ingreso de dólares al país o que directamente triangulen las operaciones, no solo para no entrar los dólares al país, sino también eludir el pago de impuestos. Las decisiones de compras y ventas, resolver qué necesita importar el país y qué no, qué se puede exportar sin desabastecer a la población, son decisiones que no pueden quedar en manos de un puñado de capitalistas. Sustraer el manejo del comercio exterior de los caprichos de estos conglomerados capitalistas es una medida elemental de autodefensa nacional ante los vaivenes económicos globales y la rapacidad imperialista.

El monopolio estatal del comercio exterior, bajo gestión obrera, permitiría arrancarles ese poder oligopólico con el que conspiran contra las mayorías. La expropiación de los grandes terratenientes, los agroexportadores, de los puertos privados, junto con la gestión obrera de la hidrovía del Paraná-Paraguay, por donde se exporta la mayoría de los productos agrarios, permitiría tomar el manejo de palancas estratégicas de la economía. De este modo, todas las ventas externas y las compras con el resto del mundo se podrían realizar en función de las necesidades de la población; las condiciones naturales y la infraestructura existente permitirían reorientar la producción agropecuaria para que la prioridad no sea producir commodities para el mercado mundial, sino alimentos saludables que estén a precios accesibles para todos. No sería un IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio), como el implementado por Juan Domingo Perón, porque en ese caso no se afectó la propiedad del gran capital. El monopolio estatal del comercio exterior es una medida esencial, no sólo para terminar con las especulaciones, sino fundamentalmente para combatir los niveles de pobreza e indigencia inauditos que sufre el país.

Por un gobierno de otra clase

La fuga de capitales, los onerosos pagos de la deuda, las remesas de ganancias de las empresas multinacionales que operan en el país a sus casas matrices, y la renta agraria, muestran que el problema no es la falta de recursos potencialmente disponibles para desarrollar el país, para realizar las inversiones más urgentes en la ampliación productiva y en la incorporación de tecnología. El problema está en cómo los actores que concentran la apropiación del excedente, hacen uso de él. La “restricción” fundamental que explica el atraso y decadencia tiene un carácter de clase: es el resultado del gobierno de una burguesía integrada por mil lazos al imperialismo. A través del monopolio del comercio exterior y un sistema financiero nacionalizado se pueden estimular los desembolsos requeridos para el desarrollo o adquisición de los medios de producción que resulten prioritarios. Si se termina con el vaciamiento nacional que producen los acreedores de la deuda, las grandes empresas y el agropower, podrán surgir los recursos para incrementar la capacidad de crear riqueza, para destinarse a mejorar o desarrollar las infraestructuras fundamentales, a la construcción de viviendas, escuelas, hospitales, a la modernización de los transportes y a garantizar el acceso a la cultura y el esparcimiento. La propuesta de la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo que impulsa la izquierda, en perspectiva estratégica, apunta a que los avances científicos y tecnológicos apropiados colectivamente permitirán iniciar el camino hacia la reducción del tiempo de trabajo hasta que este represente solo una pequeña parte del tiempo de trabajo general necesario para producir y reproducir las necesidades sociales mediante una relación más cuidadosa con del medioambiente. Así, todos los que en las actuales condiciones no disponen de tiempo para estudiar podrán hacerlo si es su deseo. El ocio recreativo junto a familiares y amigos no será un lujo para pocos ricos empresarios, sino un derecho de todas y todos.

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Lo que hemos desarrollado son algunas de las líneas básicas de partida planteadas para imponer una respuesta a la crisis en curso que cargue los costos de la misma sobre los grandes empresarios y los usureros de la deuda. Son los primeros pasos del conjunto de medidas que tendría planteadas un gobierno de los trabajadores en ruptura con el capitalismo ante la situación actual. Serían el inicio de un camino de transición en un sentido socialista, que termine con las relaciones de explotación que caracterizan al capitalismo –camino que se puede iniciar nacionalmente pero para alcanzarse requiere de la expansión internacional de la Revolución–. La clase trabajadora ocupada y desocupada, junto a la pequeña burguesía pobre que es su aliada natural, representan casi ocho de cada diez habitantes del país. La fuerza social para llevar adelante este programa existe, si estas fuerzas sociales se ponen en movimiento hegemonizadas por la clase trabajadora. Lo vital para que el avance de esta perspectiva es desarrollar la más amplia movilización, que la clase trabajadora apele a sus propios métodos de lucha como la huelga general y recupere sus organizaciones como los sindicatos de manos de la burocracia sindical. Para dar una salida de fondo es indispensable avanzar en la construcción de un gran partido de la clase trabajadora independiente de todas las variantes de la burguesía. Esto es lo que plantea estratégicamente el PTS en el FITU, que en estas elecciones es la única fuerza política que pelea porque la clase trabajadora y el pueblo oprimido imponga su propia salida a la crisis. Para que podamos esta vez cambiar la historia, derrotar al saqueo en curso y cambiar de base la sociedad, “expropiando a los expropiadores” capitalistas.