Córdoba. El caso González y los patrones de estancia de la política cordobesa

Entre los dirigentes del peronismo cordobés existe una jactancia con respecto al conocimiento del “territorio”. Es común escucharlos haciendo gala sobre que no se les pasa nada de lo que ocurre en su departamento o seccional. Esta situación se repite dentro de los dirigentes del resto de los partidos tradicionales, pero el peronismo cuenta con el “bonus” de más de 20 años de gestión.

El caso González y algo más

La actitud del legislador Oscar González, lejos de ser la de un dirigente preocupado por las urgencias de su territorio ha sido, como la de tantos otros, tener una actitud más parecida a la de los patrones de estancia. Es en Oscar González donde parecen condensarse todos los vicios de quienes se creen dueños de todo. Como presidente provisorio de la legislatura fue el encargado de solicitar al Tribunal Superior de Justicia la entrega de 9 autos “judicializados” para el poder legislativo, todos de alta gama. Repartió cinco, a dos legisladores del PJ, a dos legisladores radicales y a uno del PRO, él se quedó con cuatro. Además del BMW con el que chocó, Gonzalez tiene a disposición una camioneta VW Amarok, otra camioneta Land Rover y un Audi.

Con la cantidad de multas acumuladas, González a la hora de renovar el carnet había perdido los puntos necesarios para poder renovarla, para poder tener una acudió a una picardía, la retiro en una pequeña comuna de Traslasierra, Las Tapias, que no se encuentra adherida al Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito.

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González logró sortear varios escándalos, los más conocidos cuando, como ministro de Gobierno, señaló que la cocaína secuestrada en la jefatura de policía era “para entrenar a los perros”. También se supo que uno de sus nietos se encontró entre los primeros vacunados contra el covid-19, la defensa del porque había sido vacunado, destapó otra cosa, que el joven era empleado del “área informática” del ministerio de Salud. En su pago chico, González tuvo como aliado al ex presidente de la Cooperativa Cemdo, que provee de agua, gas y electricidad a 13 localidades de Traslasierra, Roberto Clavero, quien fue a juicio por abusar durante 15 años de su hijastra.

Esto explica que las movilizaciones exigiendo justicia por las víctimas hayan sido contundentes, pero también señalan el rechazo a la impunidad con la que se manejan los dirigentes del PJ en los territorios y el hartazgo frente a sus privilegios de casta.

Privilegiados urbi et orbe

La política cordobesa se nutre de usar los recursos del Estado para el reparto del poder, esto pasa desde los escalones más pequeños, como la “recomendación” necesaria para entrar a trabajar a una empresa o servicio estatal. Hasta el reparto de cargos de fiscales y jueces en el Poder Judicial que vota la legislatura.

Con la incorporación del partido GEN de Stolbizer y el abogado de Gonzalez, Ortiz Pellegrini, aparte de la incorporación de una dirigente del partido, Doris Mansilla, en las listas legislativa, por los mismos días llegó el nombramiento del esposo de la misma, y también referente del Gen, como fiscal en Cosquín.

El radicalismo no se queda atrás, hace un par de años logró que el hijo de Antonio Rins, legislador y ex intendente de Río Cuarto, fuera nombrado como juez en esa localidad. Si se hiciera un árbol genealógico de todos y todas las funcionarias nombradas en el poder judicial en estos años, seguramente nos encontraríamos con decenas de casos similares.
En el caso del Frente de Todos, la prueba máxima es el principal referente del “albertismo” Carlos Caserio, quién en su paso por el PJ dejó a una hija legisladora, un hermano intendente, otro concejal, y quién sabe más cuantos parientes y militantes en cargos públicos.

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La actitud de patrones de estancia se refleja en la sensación de impunidad y el poder de manejar instituciones y personas a su antojo, en tener la posibilidad de decidir por el trabajo de alguien midiendo su nivel de “lealtad” o consanguineidad.
El extremo de esto es el proyecto común de radicales y peronistas, en la que buscan limitar y prohibir las protestas obreras y sociales, pretenden que sean las mismas autoridades a las que va dirigida el reclamo, las que sean las encargadas de autorizar si la movilización es legítima o no.

El caso de Oscar González, con la trágica muerte de una docente y dos chicas gravemente heridas, demuestra cómo lejos de encontrarnos con partidos “republicanos” como pretenden mostrarse las principales fuerzas de la provincia (PJ, radicalimo, juecismo, PRO y el Frente de Todos) tenemos un régimen desfasado que no deja cabo suelto para intentar mantener la provincia en orden para sus verdaderos patrones, los sojeros y las multinacionales. Pero una maniobra de más, en breves segundos, puede mostrar que todo lo sólido se puede desvanecer.

La tarea de la izquierda y los/ las revolucionarias, que pelean junto a la clase trabajadora porque son parte de ella, es unir por abajo lo que desde arriba quieren dividir para seguir gobernando al servicio de los privilegios de los empresarios que ellos también disfrutan.