OPINIÓN. El gobernador, la jefa y la Corte

Semanas antes del recambio legislativo del primero de mayo, la Cámara de Diputados votaba la el tratamiento preferencial para el proyecto que establece aumentar de 7 a 9 los miembros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

Cambiemos consiguió este avance gracias a los votos de legisladores pertenecientes a Unidad Ciudadana y el espacio, también peronista, de Carlos Ciurca y Jorge Tanús. Los nuevos votos a favor del proyecto radical, impensados meses atrás cuando todos los legisladores justicialistas firmaron un comunicado público rechazando la reforma antidemocrática, surgieron luego de la reunión en Casa de Gobierno entre Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza y presidente nacional de la UCR, y Anabel Fernandez Sagasti, senadora nacional y representante de CFK en la provincia.

Muchas fueron las dudas de hasta dónde la fractura del peronismo y el acuerdo con Cornejo tenía que ver con una decisión propia de los legisladores locales, o si detrás estaba la ex mandataria nacional. Lautaro Jimenez, legislador del Frente de Izquierda analizaba el pasado mes de abril: “el acuerdo entre un sector del kichnerismo y el gobierno de Cambiemos para aumentar a 9 los miembros de la Corte, lo que le dará una mayoría automática a Cornejo en la Suprema Corte provincial. Este pacto no ha sido cerrado por dos o tres legisladores sueltos. De hecho hay sectores del kirchnerismo y del peronismo que no estaban enterados del mismo y que hoy lo rechazaron. Detrás de este acuerdo con el gobernador Cornejo está la ex presidenta Cristina Fernandez que es a quien responden la senadora Sagasti y el diputado Ilardo. Cornejo está en plena campaña electoral nacional intentando diferenciarse de los escandalosos tarifazos de Mauricio Macri o los discursos de Aranguren. Y es por esta rosca nacional de conveniencias mutuas que Cornejo acordó, no con una senadora de Mendoza, sino con la emisaria de la ex presidenta.”

Este martes, tras una reunión en Buenos Aires de Unidad Ciudadana Mendoza con CFK, Lucas Ilardo afirmó “Cristina sabía de la reunión entre Anabel y Cornejo”, confirmando el “detrás de escena” del pacto con Cornejo.

¿A quién le sirve la mayoría automática en la Suprema Corte?

La ampliación de la Suprema Corte, incorporando dos nuevos miembros, tiene un único y claro objetivo: que el gobierno garantice el control sobre el Poder Judicial y mayoría automática en las decisiones importantes.

Tal como lo hizo el gobierno de Carlos Menem en 1990 con la famosa Corte adicta diseñada por Moliné O`Connor, el gobierno de Cornejo busca tener su propia justicia incondicinal, disciplinando aún más a jueces y fiscales.

La Corte actual está formada por: Nanclares (Presidente), Valerio, Pérez Hualde y Llorente, los 4 de extracción radical; y Palermo, Adaro y Gómez de extracción peronista. De los 4 radicales no todos son adeptos del mandatario provincial. El problema central para el gobierno está en la Sala Penal- Laboral que está conformada por dos peronistas (Adaro y Palermo) y un radical (Valerio). Con la reforma impulsada por Cambiemos incorporando dos nuevos miembros propuestos por Cornejo y votados por el Senado (donde los radicales también tienen mayoría) tendrían garantizada la mayoría en todas las Salas y en el pleno de la Corte.

A la Suprema Corte llegan temas de vital importancia como el Ítem Aula. En este caso debía resolver la Sala que trata los temas laborales, pero días antes de que se publique el fallo el gobierno solicitó que no lo resuelva la Sala sino que lo haga el tribunal en pleno para poder garantizarse un fallo mas acorde a sus intereses. Esto quieren generalizarlo teniendo mayoría en todas las Salas y el pleno de la Corte.

Esta mayoría servirá también para avalar cualquier política que llegue a esas instancias, como el fracking y la minería o el procesamiento y pedido de desafuero de los legisladores del FIT.

Pero además hay intereses que van más allá del “hoy y ahora”. Manejar la Corte implica también garantizarse la impunidad para su propio gobierno y para sus amigos en el futuro. Alfredo Cornejo terminaría su mandato con mayoría de aliados en la Suprema Corte, en el Tribunal de Cuentas, y en la Oficina de Ética Pública.

El peronismo no está exento de estos mismos intereses. Si bien la aparición de Fernández Sagasti con el gobernador está relacionada al posicionamiento de la senadora nacional de cara a las elecciones 2019, hay quienes deslizan que el acuerdo de legisladores jusiticialistas con Cornejo tiene que ver más con un deseo para frenar las causas judiciales del anterior gobierno. Son varios los ex intendentes del peronismo con causas judiciales abiertas. Lobos, Lopez Puelles, Salgado, quien ya pasó un tiempo detenido, son algunos ejemplos de ello.

Rechazar el pacto Cornejo-CFK y terminar con los privilegios de la casta judicial

De consumarse la reforma de la corte el gobierno de Alfredo Cornejo pasaría a tener un control sobre todos los poderes del estado. Ya tiene mayorías propias en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Designó bajo su gobierno al funcionario al frente de la oficina de “Ètica Pública”, al Procurador General quien es jefe de los fiscales, a quienes están al frente del Ente Regulador de Energía Eléctrica, del EPAS de control y saneamiento del agua, miembros del Tribunal de Cuentas, entre otros.

El discurso cambiemita sobre la independencia de poderes, sobre todo la autonomía de la justicia, fue como tantas otras cosas, puro palabrerío electoral. Peronistas y radicales siempre han tratado de mantener a la justicia bajo su poder y la han utilizado en sus propias internas. Pero los jueces y miembros del Poder Judicial no son independientes, responden a sus propios intereses corporativos y como parte del Estado responden a los mismos intereses que los partidos tradicionales: el de los empresarios.

Así las cosas, Cambiemos y un sector del peronismo alineado con CFK buscan una Corte funcional a sus intereses. El sector del peronismo comandado por Felix y los intendentes rechaza la reforma pero también defienden los intereses de la corporación judicial, no cuestionan ninguno de sus privilegios y cuando gobernaron también la alinearon al poder de turno. No tienen si quiera un programa reformista o democrático sobre el Poder Judicial, sino mantener al pie de la letra todos los aspectos reaccionarios de este poder estatal.

Las discordancias entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo no tienen que ver con la defensa de la república, sino con la defensa de intereses corporativos y de determinados sectores de las clases dominantes. Eso sí, muy unidos a la hora de criminalizar la protesta social y perseguir a los luchadores.

Para empezar a terminar con los privilegios de la casta judicial, el Frente de Izquierda propone la elección directa de todos los jueces, que cobren un salario igual a una maestra, que los cargos sean revocables, la puesta en funcionamiento de los juicios por jurado y la disolución de la institución de la Suprema Corte.