Las bases de convocatoria para la Feria del libro de Mendoza estipulan que las actividades que allí se realicen “no incluyen la recepción de honorarios”. Escritores y escritoras reclamaron contra la pretensión de hacerlos trabajar gratis y funcionarios de Cultura se comprometieron a pagar una parte de las actividades, sin definir con qué criterio elegirán cuales remunerar. También prometieron stands gratuitos para editoriales independientes y otros colectivos. No hay garantías de que cumplan y la mayoría de las demandas siguen sin respuesta.
Martes 20 de agosto 20:13
Foto: Asamblea Cultural de Mendoza
Este lunes 19 se realizó una nueva reunión entre funcionarios del área de Cultura y escritores y trabajadores del arte literario independiente de la provincia. Ya se había realizado una reunión previa, el lunes 12, en la que los dos representantes del gobierno no dieron respuestas a las muchas demandas del sector.
En esta oportunidad, y dando cuenta de un cierto desborde, participaron cuatro funcionarios: Pablo de Bartolo (director de Ediciones Culturales de Mendoza y de la Biblioteca Pública San Martín), Laura Uano (directora de Gestión territorial), Laura Benningazza (directora de Actividades artísticas) y Viviana Beinat (directora del Teatro Independencia).
Si bien los reclamos presentados ante las autoridades son muchos, uno de los puntos más salientes fue el rechazo a la pretensión de que escritores y escritoras trabajen gratis en la Feria. Las bases de la convocatoria para presentar proyectos afirman de entrada que “las actividades seleccionadas no incluyen la recepción de honorarios por parte de la Producción de la Feria del Libro de Mendoza 2024”.
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En la reunión del lunes 12, Pablo de Bartolo afirmó primero que no se pagaría ninguna actividad y luego dijo que solo se pagaría a escritores y escritoras que no hayan recibido pagos en 2023. En esta nueva reunión volvieron a cambiar el discurso y se comprometieron a pagar “todas las actividades que formen parte de la grilla y la organización de la feria considere que ameritan un pago”, dejando abierta la posibilidad de que varias no se paguen y sin definir el criterio para elegir cuales “merecen” remuneración. Además ni siquiera pusieron este compromiso de pago parcial por escrito.
Según explicó la escritora Carla Mbarroso, de Unidxs por la Escritura y el colectivo Mujernícola, los funcionarios “dijeron que esa cláusula de las bases que indica que no hay honorarios la puso la oficina de legales de la provincia, que les pidieron incluirla por una cuestión técnica pero que no es una decisión política recortar fondos para Cultura”. Afirmación poco creíble considerando que, según datos Centro de Investigación Social de Mendoza (CISME), durante los gobiernos radicales de 2015 hasta 2023 el recorte en el área de Cultura alcanzó el 70% (el periodo analizado incluye el anterior gobierno de Cornejo, donde ya se desempeñaron varios de los funcionarios actuales).
“A mi me asusta más que la oficina de legales haya puesto esa cláusula”, afirma Mbarroso, “porque aunque ahora nos digan que nos van a pagar, si hay algún tipo de inconveniente, retraso o no pago, cualquier queja que interpongamos va a terminar en última instancia en las bases que dicen que no hay honorarios. Por eso les exigimos ver por escrito el compromiso de pago y que eso se pueda dar a conocer públicamente, porque es la única forma de defendernos si hay algún inconveniente”.
Luego de prometer que pagarían, se consultó a los funcionarios el monto de los pagos. Ante esto, “la directora del Teatro Independencia dio muchísimas vueltas y luego preguntó para qué queríamos saber. Recién dieron los montos después de inquirir de manera tenaz por qué queríamos saber”, comentó Mbarroso. Esta información básica que cualquier empleador debe dar al momento de contratar un trabajador les parece de repente “sorpresiva” a funcionarios de Cultura, demostrando hasta qué punto está naturalizado que el Estado, así como las industrias culturales, se aprovechen del trabajo no remunerado o mal remunerado de artistas.
Finalmente informaron que por realizar un taller se va a pagar un caché de 200 mil pesos y por las actividades artísticas se pagarán 250 mil. Es de remarcar que muchas de estas actividades son organizadas por colectivos, por lo que el pago se divide entre varias personas.
Además las autoridades se comprometieron a bonificar los stands de las editoriales pequeñas e independientes. Según Mbarroso, “se les preguntó si los stands bonificados se encontrarán en el hall central, donde circula el grueso del público, o en las aulas del primer piso, que están muy apartadas y no son óptimas para la visibilidad y accesibilidad”. La respuesta no fue clara y se resolverá en la próxima reunión.
Otras demandas que vienen presentando la Asamblea Cultural, la Asamblea de trabajadoxs de la Literatura y Unidxs por la Escritura aún no tienen respuestas. Sobre los retrasos para imprimir los libros ganadores del Certamen Vendimia y para convocar a la nueva edición del premio, los funcionarios dijeron que “fue un problema administrativo, que hubo un cambio en la administración y eso dejó estancados expedientes previos y eso hace que algunas cuestiones se demoren”.
Cuando se inquirió a las autoridades por los muchos proyectos presentados desde varios colectivos de artistas que aún no fueron aprobados, Pablo De Bartolo afirmó que él siempre respondió todas las consultas: la respuesta siempre fue “no hay novedades”.
Finalmente los funcionarios se comprometieron a realizar reuniones periódicas luego de la Feria del Libro, para ir discutiendo las demandas del sector. Sin embargo, no solo se negaron a establecer la periodicidad efectiva que tendrán esas reuniones sino que además la actitud de Pablo De Bartolo a un día de la reunión no parece demostrar mucha voluntad de diálogo. Ante un posteo que realizó la Asamblea de la Literatura en su Instagram, el funcionario envió en un grupo de Whatsapp de la Feria una contestación que ratifica el menosprecio a la labor artística.
Según se puede leer en las capturas enviadas por otros escritores que participan de la organización hacia la Feria, De Bartolo expresó que “la auto-denominada ‘Asamblea de la letras’ exige, prepotea, el pago de aranceles para SUS actividades, desconociendo el mismo derecho del gran universo de autores que está fuera de su órbita. (...) En conclusión, ES FALSO Y TENDENCIOSO EL RECLAMO y, claro está, que si no se les paga lo que exigen, van a hacer lo posible por empañar la Feria del Libro de Mendoza”
Si el funcionario estuviera realmente dispuesto a pagar por todo el trabajo artístico que luego usan como recurso publicitario a favor de su gestión, sin duda no tendría por qué temer que algún sector descontento “empañe” su Feria.
Entre las demandas aún no atendidas por el gobierno se incluye revisar el sitio donde se realiza la Feria, ya que el Espacio Julio Le Parc no es ideal en términos de accesibilidad para el público (poca frecuencia de transporte y necesidad de tomar varios colectivos para quienes viven lejos del centro mendocino) así como mejorar la difusión del evento (en 2023 la cartelería para difundir la feria se montó el mismo día de la apertura).
Otro reclamo muy importante lo expresó recientemente le escritore Zila Guevara en diálogo con la radio comunitaria La Mosquitera: “el año pasado en la Feria del Libro ocurrió un acto de LGBTodio en el stand de la Asamblea por la Literatura, en el que también estaba parte de la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo. Acto en el cuál se nos escupió, se nos violentó, se nos amenazó y además nos rompieron material de une trabajadore de la literatura que hacía comics. A todo esto la organización de la Feria nunca se nos acercó a ver si estábamos bien, si necesitábamos ayuda.” ¿Se harán cargo las autoridades si vuelve a suceder algo así? Por ahora no hay respuesta.
La próxima reunión con el área de cultura será para definir el reparto de los stands. La Asamblea de Trabajadorxs de la Literatura, Unidxs por la Escritura, la Asamblea Cultural y sectores de la organización de la Marcha del Orgullo se harán presentes otra vez para insistir con sus reclamos. En medio de una crisis económica y un ajuste brutal de los gobiernos provinciales y el gobierno nacional, que destruye las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras y aumenta la pobreza, la cultura está en peligro y debemos defenderla.
