Ajuste. El gobierno de Milei intervino OSPRERA, la obra social de los trabajadores rurales

Con un nuevo DNU el gobierno de Javier Milei dispuso la intervención de la obra social de los trabajadores rurales, OSPRERA. La intervención fue confirmada en agosto por la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (SSS) aduciendo “gravísimos incumplimientos, falta de satisfacción de los afiliados y deficiencias en la calidad y cantidad de prestaciones”. Pocas semanas después, la Justicia Federal Pampeana declaró nula la intervención de OSPRERA y demandó “que la obra social siga en manos de sus legítimos dueños: los trabajadores rurales”.

El fallo estuvo a cargo del cuestionado juez Juan José Baric, quien había mantenido una intervención judicial durante un año sobre la obra social hasta hace un mes, cuando le devolvió su control al gremio. Baric había puesto su propio administrador y durante ese lapso la deuda de la obra social no habría hecho más que crecer y se fijaron sueldos millonarios para los interventores: 14 millones de pesos para el presidente, vice, tesorero y secretario de actas; 12 millones para el veedor judicial, y 8,5 millones de pesos para el gerente de asuntos legales. El cuestionado juez Baric, antes de llegar a la magistratura, fue funcionario penitenciario en la gestión de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires.

El fallo judicial emitido por la Justicia Federal de La Pampa, anuló la intervención decretada por el Poder Ejecutivo Nacional, tras señalar irregularidades en el proceso administrativo, sin embargo, la SSS confirmó que seguirá adelante con la intervención de la obra social de la Uatre. José Voytenco, secretario general de la Uatre, aseguró que “es hora de decir basta a quienes buscan inmiscuirse indebidamente en los asuntos de los sindicatos y sus obras sociales” y aseguró que la única finalidad es despojar a los trabajadores rurales de la gestión de su obra social.

La obra social es la segunda más importante del país, tiene más de 700.000 afiliados a los que prestó servicios irregularmente, o directamente no se hizo cargo, en la cobertura tratamientos oncológicos, prestaciones por cirugías, prótesis, acompañamiento en salud mental y medicamentos. Actualmente tiene una deuda que pasó de $27.000 millones en 2023 a $43.000 millones este año (un aumento del 63%) habiendo recibido ayuda financiera de la Superintendencia de Salud durante el gobierno anterior de $350.000 millones.

Pero lejos de “sanear” y mejorar la obra social de los trabajadores, el gobierno de Milei tiene por objetivo entregarle este millonario negocio a la medicina privada, poniendo a cargo de las intervenciones a importantes empresarios del sector: el jefe de la Superintendencia es Gabriel Oriolo, un ex gerente de OSDE, que además de las obras sociales debe “controlar” a su propia empresa, que compite con estas. Como interventora de OSPRERA pusieron a Virginia Montero, que era parte de la conducción de la prepaga Medifé. Al mando de todos estos operativos está el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, un empresario dirigente de la Federación de Prestadores de Salud y fundador y presidente de la Fundación Sanatorio Güemes. La intervención funciona también como moneda de cambio para conseguir la disciplina de las burocracias sindicales mientras avanza con el ajuste y la eliminación de derechos laborales.

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El martes pasado el delegado regional de la Uatre Tucumán, Germán Ferrari, sacó un comunicado en apoyo a José Voytenco y llamando a los afiliados a hacer lo mismo, siendo que actualmente está acusado por malversación de fondos y lavado de dinero, además investigado también por enriquecimiento ilícito. En dicho comunicado aseguran que la salud de la familia de peones rurales está en riesgo cuando la prestación desde hace años no funciona bien y presta precarios servicios de salud que apenas cubren tres o cuatro meses, según lo que dura la cosecha.

Claramente la intervención de OSPRERA de parte del gobierno nacional no busca favorecer a las y los trabajadores rurales, como los medios hegemónicos lo quieren hacer ver. Los sindicatos están en manos de burócratas corruptos que se enriquecen a través de los aportes de cada afiliado y son estos mismos quienes transan con los gobiernos y la patronal los bajos salarios, las condiciones de trabajo insalubres, etc., como se comprobó cuando se aprobó la Ley de Bases, sin llamar a movilizar, ni parar, a cambio de que no se les quiten la caja.

Desde la Agrupación de Trabajadores de la Cosecha y Empaques del citrus en el Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC), no confiamos en las burocracias sindicales que hacen negocios millonarios con los fondos de la obra social y al mismo tiempo estamos en contra de la intervención decretada por un gobierno derechista que no vino a ajustar a la “casta política” sino a avanzar contra nuestros derechos laborales y en beneficio del empresariado. Es por eso que planteamos la apertura de los libros contables de las obras sociales para que los trabajadores sepan qué se ha hecho con los fondos, las prestaciones y los sueldos de sus “administradores”; el funcionamiento democrático de las obras sociales, con la elección de sus autoridades por el voto directo de los trabajadores y que sean revocables; la devolución inmediata e incondicional de los fondos hoy retenidos por el Estado y que las obras sociales se financien con el aporte exclusivo de las patronales en la perspectiva de la creación de un sistema de salud único, gratuito y de calidad que funcione controlado por trabajadores y pacientes.

Las y los trabajadores tenemos que recuperar los sindicatos de manos de la burocracia, y organizarnos desde abajo en cada cosecha y galpón, en cada fábrica y lugar de trabajo, para democratizarlo y recuperarlo como herramienta de lucha contra el ajuste del gobierno de Milei, Jaldo y el FMI.