La economía argentina navega su decadencia de varias décadas sin poder salir a flote. En la historia reciente transitó una recesión que comenzó con el regreso del FMI en 2018 y se extendió hasta 2020 por el efecto del Covid. En 2021, todo indica que recuperará algo del terreno perdido el año pasado. El ministro de Economía, Martín Guzmán, luego de haber proyectado un crecimiento de 5,5 % en el Presupuesto 2021, a mediados de marzo corrigió la cifra e indicó que podría alcanzar el 7 %. Es un número en el que coinciden, a grandes rasgos, las consultoras privadas. A simple vista luce como un crecimiento importante, pero en realidad no permite recuperar plenamente el bajón del 10 % del 2020. Ese 7 % de crecimiento comprende una parte importante de lo que se denomina arrastre estadístico: esto significa que las comparaciones año contra año son buenas “gracias” a la profunda caída de 2020.

En términos generales, el nivel de actividad concluirá el corriente año por debajo de los registros del crítico 2019. No solo eso. Si el pronóstico de crecimiento se cumple, el país producirá menos riqueza que todos los años transcurridos desde 2010 hasta la actualidad. Los números son más dramáticos cuando se observa el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, es decir la capacidad de generar riqueza medida por habitante. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) afirma que la región atraviesa una década pérdida. La realidad de Argentina ratifica ese diagnóstico.

El Gobierno necesita que la tímida y desigual recuperación en curso no se detenga. La imposición de restricciones adicionales a las ya anunciadas no solo puede significar un duro golpe a una economía que arrastra un lastre de varios años, sino que también obligaría a implementar medidas de asistencia a las empresas y los sectores de trabajadores informales. Estas medidas implican destinar recursos públicos que el oficialismo carece atento al ordenamiento fiscal que exige un futuro acuerdo con el FMI.

De hecho, el Presupuesto 2021 fue elaborado por el equipo económico bajo la hipótesis de que se terminaba la pandemia: se redujo el presupuesto de salud, desapareció el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y otras partidas con fines sociales. Un desatino. La segunda ola de contagios del Covid, que se aceleró desde fines de marzo, incorpora un signo de interrogación a los pronósticos más optimistas. Y puede poner en jaque la precaria estabilidad que atraviesa la economía desde el mes de noviembre, cuando se estabilizó el dólar y las estadísticas del INDEC exhibieron un cambio en la tendencia de la actividad.

En la actual coyuntura el sector con mayor dinámica es la construcción. Su crecimiento está vinculado con proyectos de obras privadas donde lo importante es la valorización inmobiliaria y no atender el déficit habitacional. Esta característica, además, se acentuará gracias que el Congreso aprobó una serie de incentivos impositivos muy generosos y un blanqueo de capitales (es decir, un beneficio para quienes evadieron impuestos) para fondos que se inviertan en proyectos inmobiliarios. Otro tanto empujará la obra pública. Pero, aun así, luego de varios años de caída, la construcción no traerá ningún milagro económico.

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La economía argentina no tiene motores que ubiquen la capacidad de producir riqueza en una nueva escala. La orientación de la política oficial acentúa los rasgos de una estructura productiva primarizada y extractivista: para generar divisas apuesta al agronegocios, la megaminería contaminante y la extracción de hidrocarburos, fracking mediante, en Vaca Muerta. En el primer caso, es más claro que la expansión está en curso gracias a los precios internacionales y al desarrollo del sector. En la megaminería hay una disputa abierta: la pelea de ambientalistas y del pueblo trabajador de Chubut, Mendoza y Catamarca están diciendo que no hay licencia social para el saqueo de los recursos naturales. La excepción, tal vez, es la producción de litio de la mano de multinacionales en el norte del país. En Vaca Muerta, además de la gran lucha de salud de Neuquén que en la coyuntura alteró los planes de producción de gas, el futuro desenvolvimiento está condicionado por los subsidios estatales, algo que choca con el decálogo de exigencias del FMI.

Las divisas que el oficialismo busca en el comercio exterior son para honrar la deuda con los lobos de Wall Street y el FMI: desde 2025 empezarán los pagos duros. La firma de un acuerdo con el Fondo quedará para después de las elecciones porque los términos no van a ser muy atractivos para la campaña electoral. Pero aún sin acuerdo firmado, todas las restricciones ya operan en el presente: por ejemplo, en lo que va del año se destinaron más recursos al pago de la deuda que los destinados a salud. Otro ejemplo: la débil recuperación de reservas del Banco Central gracias a los precios extraordinarios de la soja no está al servicio de las urgencias sociales, sino que se están ahorrando para los futuros pagos de la deuda.

Las denuncias a funcionarios macristas por administración fraudulenta en los acuerdos con el Fondo, lejos de implicar un desconocimiento soberano de esa deuda, constituyen una cobertura para una negociación increíble: como si no fuera suficiente uno, el Gobierno ahora dice que buscará dos acuerdos con el FMI. Primero, uno de diez años llamado de facilidades extendidas, el más duro en términos de condicionalidades. Luego, otro segundo acuerdo llamado “stand by” por cuatro años más. Esta posibilidad la señaló Sergio Chodos, representante de Argentina en el directorio del Fondo. De este modo, el país quedaría al menos una década y media bajo las directrices del organismo multilateral.

Alarmas

Los últimos datos del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), correspondientes al mes de febrero, encendieron una señal de alarma: la serie desestacionalizada exhibió una baja luego que desde mayo de 2020 registrara variaciones mensuales positivas. Esto ocurrió antes de las nuevas restricciones a la circulación. No obstante, por el momento, las consultoras señalan que las nuevas restricciones no afectan los pronósticos para el año completo.

La recuperación en curso es sumamente desigual entre distintos sectores. Por un lado, como se mencionó, existe una fuerte recuperación en la construcción: 11,7 % de variación interanual positiva en febrero en comparación con febrero de 2020. En otros sectores el crecimiento es más moderado. Es el caso de la intermediación financiera (+3,5 %) y del comercio mayorista, minorista y reparación (+3,4 %). También se observan bajos guarismos de crecimiento en la industria manufacturera (+1,6 %), en las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (+ 1,0 %), en la agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+0,7 %).

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En el caso de la industria, el bajo crecimiento podría explicarse por paradas técnicas habituales a principios de año. Además, en su interior coexisten realidades diversas: por ejemplo, las farmacéuticas, las industrias metálicas, no metálicas y las automotrices exhiben números positivos mientras la refinación de petróleo y la elaboración de prendas de vestir siguen en retroceso. En la agricultura, ganadería, caza y silvicultura también existen asimetrías a su interior: es claro que el núcleo agrario productor de cereales y oleaginosas atraviesa un gran momento al calor de precios internacionales que están aportando miles de millones de dólares adicionales de ingresos. En simultáneo, existen muchos sectores económicos que, afectados por el impacto del Covid o circunstancias específicas, continúan con números negativos: el más dañado es hoteles y restaurantes (-38,2 %) [1].

La madre de todas las batallas: inflación y dólar

Es claro que uno de los factores que explica la inflación es la suba del tipo de cambio. El oficialismo logró domar las cotizaciones paralelas del dólar (blue, contado con liqui, bolsa) allá por octubre de 2020, gracias a las generosas concesiones realizadas al capital especulativo que opera en la espera financiera. Pero, a la vez que conquistó la estabilidad en las cotizaciones paralelas, el Banco Central siguió con la práctica de minidevaluaciones administradas del tipo de cambio oficial: durante 2020 el dólar oficial aumento 40 %, es decir cuatro puntos porcentuales por encima de la inflación. En un año extraordinario, con la actividad semi paralizada por el Covid, el traslado de la cotización del dólar a la inflación fue acotado. Las cosas cambiaron a medida que se reactivaron progresivamente las actividades económicas: allí quedó expuesto que las minidevaluaciones no eran neutras en los precios domésticos.

Este juego el oficialismo lo jugó a conciencia. La política oficial de ajustar el tipo de cambio remite a problemas estructurales profundos: la fuga de capitales de la burguesía nacional a paraísos fiscales y la consiguiente escasa inversión productiva, redunda en un débil aumento de la productividad de la economía, en particular en el sector industrial. Esta debilidad estructural del aparato productivo, atrasado en relación con las potencias económicas, genera al menos dos problemas: por un lado, cuando aumenta la demanda, la oferta productiva responde débilmente; por el otro, el país es poco competitivo en la arena internacional, lo cual intenta ser compensado parcialmente con la devaluación del peso argentino. Pero no hay magia: la política devaluatoria, de shock o en “cuotas”, se paga con inflación.

Según INDEC, en 2020, los principales complejos exportadores de bienes fueron soja (27 % del total), maicero (11 %), automotriz (8 %), petrolero-petroquímico (7 %), carne y cueros bovinos (6 %), pesquero (3 %), maní (2 %). De este modo, casi dos tercios de las exportaciones de bienes son explicadas por unos pocos complejos, que a la vez exhiben un alto grado de concentración empresarial. En los últimos años también fueron relevantes las exportaciones de servicios, como comunicaciones y tecnologías del conocimiento. La política de minidevaluaciones permite incrementar los ingresos en pesos argentinos de todos estos sectores, que, por la lógica inquebrantable de querer obtener niveles de rentabilidad en el mercado doméstico equivalentes a los obtenidos en el mercado de exportación, presionan con las subas de precios internos.

Este efecto se expande aún más cuando se incrementan los precios internacionales de las materias primas, tal como ocurre en estos momentos con la soja que está en niveles récord para los últimos años. En el caso de cereales y oleaginosas, el comercio exterior está en manos de un oligopolio mayormente extranjero (Cofco, Cargill, ADM, Bunge, Dreyfus, AGD, entre otros). El oficialismo se muestra impotente para frenar la escalada de precios de alimentos porque las medidas aplicadas o con las que amenaza, ya sean los cupos de exportación o mayores retenciones, mantiene incólume el poder de ese oligopolio. Según el columnista de economía del diario Clarín, Marcelo Bonelli, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) elaboró un documento “constructivo” alertando que van a escasear las liquidaciones de divisas desde junio hasta las elecciones. Obviamente, presionan por una mayor devaluación luego de que se conozcan los resultados de las urnas. Lo que Bonelli ve como “constructivo” se parece más a un alerta extorsiva. El monopolio estatal del comercio exterior, bajo control de los trabajadores sería la única manera de poner en caja a esa asociación ilícita que lucra con los alimentos en un país en el que crecen la indigencia y la pobreza.

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Ahora bien, si una parte importante de la suba de los precios de los alimentos, uno de los rubros donde está centrada la preocupación del Gobierno, proviene de un combo explosivo que combina minidevaluaciones y precios internacionales al alza, también es claro que en ese río revuelto las industrias concentradas y unos pocos grandes supermercados que abastecen el mercado doméstico aprovechan para remarcar precios a gusto. El fraude a los programas de Precios Cuidados y Precios Máximos con el desabastecimiento parcial de productos, el ocultamiento en góndolas o formatos de envasado más caros que sus equivalentes regulados dan cuenta de una desfachatez empresarial sin límites.

La apertura de los registros contables y de los movimientos bancarios de las empresas arrojaría luz sobre la estructura de costos y el estado de las ganancias empresarias. Y sería una herramienta fundamental para un verdadero control de precios llevado adelante por comités de trabajadores y consumidores sobre todas las cadenas de bienes esenciales, desde la producción, distribución hasta la venta en grandes supermercados.

Las minidevaluaciones oficiales también encarecen los precios de los bienes importados, que durante el año pasado representaron casi un quinto de la oferta global de bienes y servicios dentro del país. El efecto del tipo de cambio en los bienes importados es probablemente lo que se observa en el caso de los fuertes aumentos en prendas de vestir o electrónicos, como computadoras o celulares. Como en todas las actividades, en los bienes importados, además del tipo de cambio, también impacta el “toque” local de empresarios que buscan la forma de defender sus ganancias.

La cuota parte de responsabilidad oficial en la inflación la admite el propio ministro Martín Guzmán al señalar que el ritmo de aumento de la cotización oficial del dólar disminuyó en los últimos meses, que va a estar más contenido desde abril y que, de este modo, va a ayudar a desacelerar el aumento de precios.

El ancla cambiaria

El ancla cambiaria es una práctica de manual en los años electorales: en otras condiciones muy distintas, fue una de las claves del triunfo de Cambiemos en las elecciones de medio término de 2017. En la actualidad, el equipo económico del Frente de Todos intenta un giro hacia el ancla cambiaria: va a intentar planchar el tipo de cambio. Con esta iniciativa y otras medidas que negocia con el sector empresario intentará llegar a las elecciones con niveles de inflación algo menores. Pero la inercia que traen los precios y la vuelta a cierta normalidad en muchas actividades juegan en contra.

Existen ramas de la actividad cuya evolución no está ligada (al menos directamente) a la evolución del tipo de cambio, pero recientemente registraron aumentos exorbitantes: es el caso del rubro educación que, mientras exhibió un aumento del 20 % en todo 2020, solo en marzo pegó un salto del 28 %. En este caso, coinciden factores estacionales con un intento de recuperación de márgenes de ganancias de las empresas. Los precios de la construcción tampoco están ligados (de nuevo, al menos no directamente) al tipo de cambio, no obstante, exhibieron alzas exorbitantes desde mediados de 2020 con picos muy altos en noviembre. Luego se desaceleraron. Allí se combinaron varios factores: un crecimiento de las pequeñas refacciones en los hogares al principio de la cuarentena, una reactivación importante de las obras privadas desde fines del año pasado y cuellos de botellas en algunas industrias que no lograron abastecer la demanda creciente a la vez que intentaban recomponer su rentabilidad.

Los porcentajes de suba en las tarifas de los servicios públicos están atravesados por una grieta al interior del oficialismo. Por un lado, Martín Guzmán, que es quien “pone la cara” ante el FMI, defiende la “razón” fiscal: cree necesarios aumentos que permitan evitar que crezca en el gasto público total el porcentaje de los subsidios a las empresas. Por el otro lado, sectores del ala kirchnerista del Gobierno defienden la “razón” electoral. Por el momento, el oficialismo parece alinearse bajo la idea de establecer aumentos moderados para los consumos de los hogares.

Es que subas significativas echarían nafta al fuego inflacionario, aumentarían las penurias sociales y disminuirían las chances electorales del oficialismo. El interventor del ENARGAS, Federico Bernal, habló de una suba tarifaria entre el 6 % y 7 el %. En el caso de la electricidad, todavía no se definieron parámetros para los futuros aumentos. Pero, posiblemente, estén a tono con los del gas. ¿Qué pasará después de las elecciones con las tarifas? Nadie se atreve a decirlo. En esa grieta de porcentajes no hay voces que discutan cómo se termina con la pesada herencia de las privatizadas que dejó el neoliberalismo. Corresponde a la clase trabajadora un planteo de nacionalización de todo el sistema energético, abarcando todos los eslabones desde la extracción de los recursos hasta su distribución final.

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Aun así, las tarifas dolarizadas del gas sí impactarán en los grandes usuarios que negocian directamente con las petroleras y comercializadoras: por ejemplo, la industria alimenticia está negociando nuevos contratos de suministro con alzas de hasta el 130 % a partir de mayo debido a la implementación del Plan GasAr. En la estructura de costos de esa industria el gas incide entre el 3 % y el 10 %. A pesar de esto, ya tienen una nueva excusa para, eventualmente, aumentar los precios de los alimentos en las góndolas.

La responsabilidad oficial en la inflación también se pone en evidencia en los aumentos permanentes en los combustibles bajo la impronta de favorecer la ecuación de negocios y las inversiones de YPF en Vaca Muerta. Desde agosto pasado los precios, en promedio, aumentaron alrededor del 50 %. Esto impacta, en mayor o menor medida, en todos los otros sectores económicos que utilizan los combustibles como insumos. La promesa de YPF es que en mayo aplicará los últimos aumentos y luego no volverá a realizar remarcaciones durante el resto del año. Esperar y ver.

En este panorama trasluce una idea: hacer todo el daño en el primer semestre, que se aumente todo lo que haya que aumentar, para llegar al segundo semestre, momento de las elecciones, con la inflación mensual en parámetros más bajos. El 4,8 % de aumento de precios de marzo (13 % acumulado en el año) muestra que los demonios de la inflación están desatados. Y ahuyentarlos no será fácil.

Crisis social

Explicaciones sobre la inflación existen muchas, pero el resultado es uno solo: pulveriza la capacidad de compra de la clase trabajadora ocupada, de la desocupada que mal sobrevive con asistencia social y de los jubilados. En 2020, la inflación del 36 %, una suerte de “paritaria” de la clase capitalista, superó los aumentos que registraron todos esos sectores de la clase trabajadora.

Durante 2020, según el Índice de Salarios del INDEC, entre los trabajadores del sector privado registrado las remuneraciones aumentaron un 34 %, apenas dos puntos porcentuales por debajo de la inflación. El promedio, claro, encubre asimetrías en su interior. En el sector público los salarios subieron 27 %, nueve puntos detrás de la inflación. En el sector de trabajadores no registrados, el INDEC muestra una extraña suba de los salarios del 39 %, tres puntos por encima de la inflación [2]. No obstante, de conjunto, el sector privado registrado, el sector público y los no registrados, quedaron tres puntos por debajo de la inflación. Entre los jubilados, los que cobran el haber mínimo recibieron un 35,5 % de aumento (en línea con la inflación) y el resto quedó claramente detrás de la inflación. A la vez, todos los jubilados percibieron un aumento menor al que les correspondía debido el cambio en la fórmula de actualización de los haberes.

De este modo, los ingresos populares experimentaron en 2020 su tercer año de retroceso desde la llegada del FMI en 2018. Resta ver si las promesas de recuperación del poder de compra realizadas por el oficialismo para este año, aunque sea de unos pocos puntos, no termina naufragando en el río revuelto de la inflación. Hay señales de que esto podría ocurrir: en el primer trimestre del año, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó un retroceso el poder de compra de las jubilaciones. Más desigual es el resultado de las paritarias que se cerraron hasta el momento, que se ubican entre el 20 % y el 44 %. Los datos más alentadores provienen de la disposición a la lucha por el salario de sectores importantes de la clase trabajadora, como los de la salud en Neuquén, los vitivinícolas en las provincias de Cuyo y del NOA y meses atrás los aceiteros de Santa Fe.

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La desocupación durante el cuarto trimestre de 2020 se ubicó en el 11 %. En el Gran Córdoba, en el Gran Rosario y en los partidos del Gran Buenos Aires fue más alta: entre el 13 % y el 14 %. Pero los analistas indican que todas las tasas serían más elevadas si se incluyera a los desalentados que dejaron de buscar trabajo. Los niveles de desocupación son muy elevados entre los jóvenes entre 14 y 29 años: en las mujeres alcanza al 26 % y en los varones al 19 %. Visto desde otras estadísticas, por segmentos de trabajadores, de acuerdo con un informe del Centro de Estudios para la Producción, en el promedio de 2020, los puestos de trabajo se redujeron en 1,56 millones en comparación con 2019 (-7,5 %): los puestos asalariados informales disminuyeron en 781 mil (-15,9 %) y los no asalariados en 503 mil (-9,5 %), mientras que los asalariados formales descendieron en 274 mil (-2,6 %). Queda en evidencia que los informales y los no asalariados (independientes, autónomos, monotributistas) junto con la juventud fueron los más afectados por el impacto del Covid.

El efecto de pinzas entre ingresos deteriorados y puestos de trabajo perdidos explica el incremento de la pobreza hasta alcanzar al 42 % de la población en el segundo semestre de 2020. Se trata del porcentaje más alto desde 2004. Unos 19 millones de personas son pobres. Los partidos del Gran Buenos Aires viven una verdadera catástrofe social con más de la mitad de la población en la pobreza. En todo el país, el 60 % de las niñas y los niños son pobres. Recientemente, el INDEC informó que la canasta básica total, utilizada para medir la pobreza, en marzo aumentó en mayor proporción que la inflación: un hogar de cuatro integrantes necesitó $61 mil para no ser pobre. Pero esa canasta no comprende, por ejemplo, el pago del alquiler. Los propios datos del INDEC indican que existen 1,8 millones de hogares que alquilan en los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares, por lo cual son muchos más cuando se extrapolan los datos a todo del territorio del país.

La Junta Interna de los trabajadores organizados en ATE INDEC estima una Canasta de Consumos Mínimos que sí comprende el pago del alquiler: en febrero, para un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos en edad escolar costó $ 88.729. Esa organización gremial estima que desde ahí se debería partir para discutir el salario mínimo de un trabajador o trabajadora. La realidad indica que la gran mayoría de los salarios están bien lejos.

Con las nuevas restricciones por la escalada del Covid, la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, anunció que se pagará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) un bono de $15 mil por única vez. Alcanza apenas para cubrir una semana de gastos considerando la canasta de pobreza. Además, cubrirá solo a un millón de personas, mientras el año pasado el IFE, que también fue de un monto insuficiente, llegó a 9 millones. El Gobierno dice que el bono es solo para el AMBA porque es ahí donde se aplican las restricciones a la circulación, pero ¿cuánto tardará en que las restricciones lleguen a todo el país?

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Con el alza de los precios, la agudización de la crisis sanitaria por el Covid y sin un IFE acorde a las necesidades de la vida se está condenando a cada vez más población a la pobreza. De mínima, el IFE tendría que ser de $40 mil. Considerando el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y que hay hogares que tienen la Tarjeta Alimentar, con un IFE de $40 mil se estaría cerca de cubrir la canasta de la pobreza. Obviamente, no es ningún ideal. Se trata simplemente de atender una urgencia: la situación de carestía creciente de millones de familias.

Antes de 1975 la pobreza era menor al 10 %. Desde los años 1990 se elevó a un nivel estructural del 25 %. El último salto tuvo lugar con la vuelta del FMI desde 2018 y se acentuó con el Covid ¿Se está alcanzando una “nueva normalidad” con un piso de 40 % de la población en la pobreza? Toda indica que la recuperación económica en curso, si supera los escollos de las restricciones por el Covid, no es con todos, sino que va a dejar a muchos tirados al costado del camino. Las luchas que recorren el país muestran que ese destino no es inexorable. Una reorganización de la economía bajo la conducción de la clase trabajadora, que afecte los intereses del gran empresariado y ponga en el centro la atención de las necesidades sociales, es la única manera de evitar la degradación a la que conduce el régimen social capitalista y la decadencia de la clase que dirige el país.

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