En el fraude constituyente actual, se busca atentar contra las libertades de distintos grupos sociales que se encuentran en constante desmedro, queda claro con sus políticas antiinmigrante, antidiversidades sexogenericas y hasta antimujeres, levantando y defendiendo ideales republicanos, cristianos y conservadores .
Miércoles 13 de diciembre de 2023
En esta misma línea, el nuevo proyecto constitucional, no aborda de manera íntegra las problemáticas de las infancias y adolescencias, puesto que no se les reconoce como sujetos de derechos, en el texto se les menciona de manera particular, en el artículo 12 se puede leer que «La constitución reconoce y asegura el interés superior de niños, niñas y adolescentes y las condiciones para crecer y desarrollarse en su familia».
El que no se reconozca a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, no garantiza su correcto desenvolvimiento en la vida, que les permita un buen desarrollo y crecimiento, no prioriza la protección y menos garantiza derechos, no se atienden sus necesidades e intereses, con este tipo de políticas se omite su derecho a la participación cívico-ciudadana.
Es interesante mencionar que existen ideas contrapuestas en los sectores conservadores y de derecha, puesto que mientras por un lado, reconocen a las personas adolescentes como sujetos que carecen de derechos y deberes ciudadanos y cívicos, por otro, el senador Pedro Araya impulsa un proyecto de ley, el cual permite bajar la imputabilidad a 16 años, excusándose en el supuesto de un aumento en las olas de violencia y criminalidad.
Con esto se busca castigar a las y los menores que siendo coactados por adultos comienzan a realizar actividades para bandas de narcotráfico o de robo, cometiendo actos delictivos.
Es sabido que en una edad crítica para la formación de un ser humano, proponer meter a niños y adolescentes en la cárcel para que justo en ese momento se consoliden, en un ambiente de violencia, se asegura un futuro de criminalidad.
Por otro lado, el nuevo proyecto constitucional conservador, señala que se deben asegurar las condiciones para que los y las adolescentes se desarrollen en el seno familiar, poniendo en el centro la libertad de los tutores en disponer de la enseñanza y desarrollo de las y los menores según sus propios intereses y valores espirituales.
Aquí se formula una contradicción en los planteamientos expuestos, puesto que se puede considerar a un adolecente lo suficientemente responsable de sus actos como para ser juzgado ante la ley de un país obteniendo condenas penales pero por contraparte no son lo suficientemente responsables para poder hacer valer sus intereses y con ello tomar decisiones que puedan interferir con sus vidas, lo vemos claramente en la incapacidad que tienen en participar de jornadas de consultas ciudadanas y en elecciones públicas.
Volviendo a la problemática de la violencia y la actividad delictiva, múltiples investigaciones y distintas organizaciones consideran que es crucial centrarse en estrategias preventivas del delito, para así evitar que proliferen las actividades criminales.
Se debe trabajar desde un enfoque integral, que asegure el derecho a la salud, a la educación, a la cultura, cosa que ni el proyecto de Pedro Araya ni el actual proyecto constitucional contempla, por el contrario, consagra la privatización de los derechos más básicos.
Es más, el actual proyecto constitucional profundiza las desigualdades, que ponen en riesgo la estabilidad, económica, psicológica y social de los sujetos, desigualdades que están íntimamente vinculadas a la delincuencia.
Cambiar las penas y reducir la edad de imputabilidad no ataca la raíz del problema. Por el contrario, lo agrava. Desde un punto de vista neurocientífico se reconoce que el cerebro humano sigue desarrollándose hasta bien entrada la adolescencia, afectando la toma de decisiones y su desarrollo psico-social.
No solo es estigmatización de la juventud, lo que busca el proyecto de Araya, sino que podrá utilizarse contra la juventud que se moviliza en un país que los últimos años ha desarrollado un movimiento estudiantil organizado y combativo en lucha por demandas tan importantes como la educación gratuita.
Es importante comentar que si en Chile se abrió la posibilidad de realizar un cambio constitucional fue gracias a centenares de escolares que se levantaron en contra de las alzas de los precios del transporte público, adolecentes que incentivaron un proceso de cuestionamiento político en todo un país de manera transversal, podemos reconocer en la juventud una potencialidad crítica y transformadora de la realidad.
El levantar ese tipo de políticas solo coacta esta potencialidad, además de demuestra el interés en realizar por parte de la casta política un populismo penal a costa de nuestras niñeces.