Este resultado surge de los salarios de maestros y profesores que quedaron con actualizaciones por debajo de la inflación en los últimos siete meses. Para mantener el mismo poder de compra de agosto hoy una maestra debería cobrar 511.255 pesos de bolsillo (un cargo sin antigüedad). Sin embargo, percibe 250.000 pesos en mano. La contracara es la mejora en el resultado fiscal del estado provincial. Acá te lo explicamos.
Domingo 18 de febrero 22:53
Foto: gentileza de IADE.
Con la llegada del presidente Milei se puso de moda la palabra licuadora. En materia económica el término aplica al deterioro del poder de compra de salarios, jubilaciones y presupuestos públicos congelados frente a una inflación creciente.
Sin embargo, este proceso de ajuste sobre el salario viene de antes del cambio de gobierno. A nivel provincial, se puede observar esta dinámica desde agosto de 2023, mes en el cual impactó de lleno el aumento conquistado luego de un mes de lucha y paro de docentes junto a las comunidades. Se cantaba, "Arriba los salarios, arriba los derechos, abajo la Reforma.”
Hoy para mantener el mismo poder de compra de agosto pasado, se necesita un salario inicial de 511.255 pesos. Sin embargo, hoy ese salario es de 250.000 pesos (y el básico de 62.342 pesos). La diferencia entre el salario si se hubiese actualizado por inflación y el salario actual, es una pérdida acumulada de 261.255 pesos.
Esta pérdida aplica tanto al salario de bolsillo de una maestra que recién se inicia como para un profesor (cargo testigo del preceptor).
Mientras el proceso inflacionario actúa como las cuchillas de una licuadora sobre el salario, en el caso de la recaudación impositiva (coparticipación e impuestos provinciales) no recibe las mismas rebanadas. Esto en parte, es el resultado de impuestos como el IVA o ingresos brutos, que representan gran parte de la recaudación, y se ven favorecidos por el proceso inflacionario dado que se calculan sobre precios de bienes y servicios que van al alza.
Si seguimos la evolución del salario y la recaudación impositiva comparada con el año anterior, se puede observar la brecha del salario con incrementos menores a la recaudación. Esto es un indicativo hacia la forma en la que el gobierno obtiene un resultado fiscal positivo (superávit antes del pago de intereses). Hasta septiembre de 2023 este superávit alcanzó los $ 19.846 millones.
Es el último dato aportado por el gobierno. Pero si vemos que la brecha mencionada se amplía desde diciembre (salto inflacionario) se puede esperar un superávit más holgado. El gobierno debería mostrar los números, sin dudas, si quiere una discusión paritaria transparente.
Respecto al reclamo de un salario inicial de $ 600.000 para cubrir la canasta familiar que plantea Cedems, el ministro de Gobierno, dice que la provincia no puede pagarlo. ¿Es así?
En realidad, no. En caso de elevar el mínimo inicial de bolsillo de $ 250.000 pesos actual (maestra con 1 cargo) a $600.000, en parte, esto implicaría una erogación adicional de $ 11.564 millones (calculando un total de personal docente de 30.044 y que todos hoy no cubren un salario inicial como el solicitado, un cálculo que así sobreestima la erogación adicional en salario docente).
Mientras que los ingresos del Estado, solo entre diciembre y enero, por coparticipación y recaudación provincial, aumentaron en $ 25.699 millones respecto a noviembre del año pasado (ver anexo). Plata Hay.
La pelea por que ningún docente cobre menos que la canasta familiar debe ir acompañada de conquistar el aumento mensual del salario por inflación (cláusula gatillo). Además de la pelea contra el ajuste en el presupuesto de comederos escolares, el tarifazo en el transporte, la eliminación del Fonid, entre otros, que hacen al plan motosierra y licuadora de Milei y Sadir. La defensa de la escuela pública está a la orden del día del conjunto de las familias trabajadoras.
Anexo
Gastón Remy
Economista, docente en la Facultad de Cs. Económicas de la UNJu. Diputado provincial del PTS - FITU en Jujuy, Argentina.
