Se le está llamando “nueva fase de la Lava Jato” a la investigación sobre Lula y un departamento triplex del que su familia habría sido propietaria. Qué señalan estas investigaciones sobre los rumbos de la operación “Lava Jato”, que investiga la corrupción en Petrobras, y sobre el régimen político en el país.
Sábado 30 de enero de 2016
Las páginas de los principales diarios del país fueron tomadas por lo que está siendo definido como la “nueva fase de la operación Lava Jato”. Esa nueva fase se caracteriza por colocar cada vez más a Lula en el ojo del huracán. Todo comenzó con una investigación sobre el posible lavado de dinero con negocios inmobiliarios por la constructora OAS, que habría así actuado para favorecer al extesorero del PT João Vacari Neto, detenido desde mitad del año pasado.
El esquema involucra a la empresa panameña de offshore Murray, propietaria de un departamento de lujo sospechado de ser un lugar usado para el lavado de dinero y blanco de coimas. El departamento está situado en el condominio Solaris en Guarujá, y todos los propietarios de esos inmuebles están siendo investigados. El condominio comenzó a ser construido por la Bancoop (Cooperativa Habitacional de los Bancarios de San Pablo) que fue presidida por Vacari Neto. Cuando la Bancoop, que también está sospechada de desvíos durante la gestión de Vacari Neto para financiar las campañas del PT, entró en crisis financiera, el proyecto fue pasado a la OAS. Inicialmente (y declaradamente) el blanco de las investigaciones era la publicitaria Nelci Warken, que también ya había brindado servicios a la Bancoop. Ella está detenida y siendo investigada bajo sospecha de comandar los negocios de la offshore Murray en el país, que habría servido para lavar dinero de Vacari Neto.
Lula como blanco
Queda claro que el blanco real de esta etapa de las operaciones es Lula. Aun sin producir pruebas decisivas contra el expresidente petista, la entrada en escena de Lula se da por diversas vías. Se sabe que uno de los departamentos del condominio Solaris habría sido reservado para la familia de Lula. Hay sospechas de que durante el paso en 2009 del condominio todavía en construcción de la Bancoop a la OAS, la constructora habría arcado con el pago de la reforma del departamento de la familia de Lula, como propina, totalizando un valor de 777.000 reales.
Lula adquirió una cuota de participación de la Bancoop en 2005, que funcionaba bajo el sistema donde los cooperados dividían los costos de los inmuebles que serían construidos. En las elecciones de 2006, Lula declaró que había pagado a la Bancoop un valor cercando a los 50.000 reales por el departamento, mientras corredores evaluaban el inmueble con el valor de por lo menos 1,5 millones de reales. Posteriormente el inmueble fue devuelto por Marisa Letícia, esposa de Lula.
La fiscalía también tomó el testimonio del portero José Afonso Pinheiro, que trabaja en el condominio desde 2013. Consultado si Lula estuvo en el edificio, el funcionario confirmó. Según él, Lula llegaba normalmente en dos autos con seguridad que “retenía” el ascensor para la familia, lo que provocaba reclamos de otros habitantes.
El portero relató que la OAS “limpiaba el edificio, ponía flores para recibir a la familia del expresidente”. Según él, un empleado de la constructora le pidió que no dijese que el departamento era de Lula y de su mujer, “sino de la OAS”. Después que las investigaciones sobre el departamento se hicieron públicas, la familia de Lula no volvió al edificio, según el portero.
La investigación sobre el departamento que sería de Lula está siendo realizada por el fiscal Cássio Conserino, del Ministerio Público paulista. El fiscal dice tener indicios de que hubo intento de esconder la identidad del verdadero dueño del triplex, lo que puede caracterizar un crimen de lavado de dinero.
La corrupción como modus operandi de los partidos de la burguesía
Este nuevo capítulo de la operación Lava Jato está siendo ampliamente alimentado por los grandes medios de la prensa, y coloca a Dilma, que se negó a dar declaraciones sobre el caso involucrando a Lula, en la defensiva. Sin embargo, aun con los resultados todavía no definidos, es una demostración de que sectores de la burguesía y de los grandes medios están determinados en seguir la sangría del gobierno del PT. También sirven para colocar límites en la actuación política del expresidente Lula, en medio de la crisis económica y política que golpea al país.
No se puede saber aun si las investigaciones que involucran a Lula serán llevadas hasta el final, derivando en acusaciones, por el evidente costo político que eso acarrearía. Ese costo no solo se vería en las elecciones de 2018, aun lejanas, sino que colaboraría para minar más a uno de los más importantes elementos del capital político con el que cuenta Dilma: el propio Lula. Lo que podría acelerar la crisis del régimen y de representación que alcanza a todo el régimen, en una situación en la que todos los partidos de la burguesía están enlodados por la corrupción, y no asoma ninguna alternativa política en el escenario nacional.
Pero a despecho de la campaña de la prensa y de Moro, lo que se concluye es cómo todos los partidos de la burguesía, que son los pilares de este régimen, democrático especialmente para los ricos y sus representantes políticos, utilizan el modus operandi de la corrupción. PT, PMDB y PSDB, todos actúan bajo ese mismo pacto, como se pudo constatar en las obras del metro de San Pablo, capitaneado por el PSDB. En las denuncias contra Aécio Neves por pago de coimas, de ese mismo partido, y en las varias acusaciones a diversos sectores del PMDB, todos están en la Lava Jato. Esta promiscuidad corrupta es la piedra de toque de l apolítica de la burguesía en el país. Como se expresa de manera aun más gráfica por tratarse de un único individuo, Delcídio Amaral. Preso por haber intentado generar un esquema para callar al exdirector internacional Nestor Ceveró, Delcídio, exlíder del senado migró del PSDB al PT.
Incluso la operación Lava Jato, que es ampliamente elogiada por la prensa burguesa, es una demostración de que en realidad vela por intereses completamente ajenos a los del pueblo y de los trabajadores. Los jueces que están comandando la operación tampoco están “exentos”, y ellos mismos usufructúan de inmensos privilegios. Una solución progresista del problema de la corrupción en el país no puede venir de aquellos que pactan con las cúpulas de poder, dominan las empresas estatales y son sirvientes de los monopolios imperialistas. Solo el pueblo y los trabajadores pueden ofrecer una salida de fondo. Por eso hay que luchar por una asamblea constituyente impuesta por la movilización que a través de la lucha de clases haga que los ricos y sus partidos paguen la crisis que generaron.
