Tras el polémico nombramiento como Alumni Ilustre a Ayuso y la ocupación policial de la Complutense y el escándalo por los gritos machistas del Colegio Mayor Elías Ahúja, 8 ocho candidatos, incluyendo el actual rector, Joaquín Goyache se presentan para el cargo de rector ¿Pero, realmente, ¿puede haber un cambio en la universidad?
Jueves 2 de marzo de 2023
El próximo 21 de marzo se prevé la celebración de las elecciones a rectorado en la Universidad Complutense de Madrid. El rector actual, Joaquín Goyache, ha sido objeto de polémica por las acciones que ha llevado a cabo en los últimos meses. Tras el nombramiento a Ayuso y el despliegue policial que permitió en el campus, ha provocado el revuelo de la atención pública y pese a que intentará ser reelegido, competirá con otros siete candidatos para ocupar el liderato máximo de la mayor universidad del Estado.
Goyache fue nombrado en el año 2019 tras disputarle el puesto al anterior rector, Carlos Andradas, que quiso poner en marcha una reestructuración de toda la universidad. Andradas buscó reducir de 26 a 17 facultades, es decir, un 60% los departamentos en toda una degradación de los servicios universitarios, mientras subían las tasas un 66%. El nombramiento de Goyache en su momento en respuesta fue visto como un nombramiento aparentemente “progresista”, que traería cambios beneficiosos a la universidad. Nada más lejos de la realidad.
Ya en 2020, fue el gestor de todas las medidas aplicadas durante la pandemia en la docencia. Carencia de medidas a tiempo, falta de medios y problemas a la docencia y la enseñanza fueron algunas de las consecuencias de su gestión. Además, durante este periodo, los decanatos de la universidad aprovecharon la desmovilización para aplicar medidas represivas contra el movimiento estudiantil, impidiendo la libertad de prensa o difusión política en las facultades.
La UCM aprovechó durante este mandato para implementar sin cuestionamiento alguno las nuevas medidas exigidas por la ley de Universidades de Castells y posteriormente de Subirats, (con la LOSU), que profundizaba en la representación de las empresas en el máximo órgano de gobierno de la universidad, el Consejo Social y de su incidencia en la privatización de la educación pública. Además, el Gobierno aprobaba la LCU, que reforzaba el carácter represivo de la anterior ley franquista y que, tras su aprobación, no tardó en aplicarse en la facultad.
Gracias a la aprobación de esta ley, el pasado 20 de octubre, el decanato de Filosofía amedrentó a los estudiantes de Contracorriente y Pan y Rosas, prohibiendo la celebración de una de las charlas sobre la lucha LGTB, arrancando las pancartas de la charla y expedientando a una estudiante por mostrar su defensa de la autoorganización estudiantil. Además, se reforzó la seguridad y la presencia policial en los campus tras la pandemia, llegando a acuerdos con empresas privadas de seguridad como Sicor, empresa ligada al Corte Inglés, o directamente permitiendo la entrada de policía para impedir cualquier acto político o lúdico de los estudiantes. Se ha impedido la celebración de sangriadas y otras actividades políticas y de ocio en la universidad.
Aprovechando la guerra en Ucrania, la UCM durante este periodo ha sido parte de acuerdos con las instituciones militares y del Ejército, impulsando programas de investigación militar, charlas blanqueando la guerra o incluso ofertando el grado de Estudios Jurídicos Militares.
En octubre de 2022, algunos alumnos del Colegio Mayor Elías Ahuja fueron noticia por haber proferido gritos misóginos a las chicas de un colegio cercano. Lejos de haber empezado a cuestionar los acuerdos con las instituciones religiosas instaladas en terreno público y que le abren la puerta a la expresión de reaccionarios de extrema derecha o de misóginos sin escrúpulos, el escándalo pasó sin mayores consecuencias.
Aunque sin duda, la mayor polémica del rector actual fue el reciente nombramiento a dedo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso como “alumni ilustre” de la facultad. El rector, que estaría vinculado a sectores de afines al PP con los que pactó en 2019 una candidatura común, encabezada por Federico Morán, ex secretario general de Universidades con el PP, integra en su equipo de gobierno a dos vicerrectores cercanos a este partido: Juan Carlos Doadrio y José Ignacio López.
No hay sorpresa en el nombramiento, por tanto, que obedece a intereses electorales y que blanquea a una presidenta marcada por su papel en el desmantelamiento de la sanidad pública madrileña y cómplice de la muerte de miles de ancianos en las residencias de mayores durante la pandemia. Ante la respuesta de cientos de estudiantes, sanitarias y trabajadores que expresaron su rechazo a esta decisión, abrió las puertas a decenas de furgones policiales y más de 200 antidisturbios que militarizaron la facultad para permitir su nombramiento, mientras permitían el paso de jóvenes vinculados con las Nuevas Generaciones del PP.
En resumen, el legado del actual rector es absolutamente deleznable. ¿Pero qué es lo que ofrecen los demás candidatos? ¿Por qué no suponen ninguna solución?
El papel de los rectores y en su medida de los decanos y gerentes es actuar como la policía de las universidades, obedeciendo a los intereses de los grandes partidos de la burguesía y de las empresas, representadas en el Consejo Social de la facultad. Esto no es así por casualidad: forman parte de una casta universitaria podrida que solo obedece estos intereses. Cuenta de ello es la enorme historia represiva que rodea al papel de ambas instancias en todos los procesos de lucha del estudiantado o de la sociedad en su conjunto.
Concretamente en la UCM, desde los años de lucha contra el franquismo, el rectorado y los decanatos se han encargado sistemáticamente de luchar activamente contra la organización estudiantil, contra las huelgas contra las reformas educativas como el Plan Bolonia o cuando se han expresado contra actos de la extrema derecha o en apoyo a trabajadores en lucha.
Los decanos y rectores, cabezas de la jerarquía de la casta universitaria, cierran las facultades en caso de huelga o protesta, permiten el paso a la policía, sancionan a estudiantes por organizarse, avalan la intromisión de las empresas en la educación y son responsables de la precarización de cientos de trabajadores en sus campus que ni siquiera tienen voto en las elecciones, explotados con subcontratas.
Prueba de que los rectores obedecen a estos intereses son las elecciones y su carácter totalmente antidemocrático. El voto de los profesores doctores, que son una minoría privilegiada representa el 53% del peso electoral; dejando un 25% para los estudiantes, que son la mayor parte del cuerpo demográfico de la universidad (80.000 personas); un 10% para los docentes e investigadores no permanentes y un 12 para el personal de administración y servicios. Las trabajadoras de la limpieza, de mantenimiento o de las cafeterías ni siquiera tienen derecho al voto, pese a que el rector elige su sueldo.
La aplicación de leyes represivas y el desmantelamiento de la universidad pública ha sido blanqueado por proyectos falsamente “progresistas”. La Ley de Universidades de Unidas Podemos (LOSU) fue vendida en su aprobación como una ley “feminista”, que actualizaba la antigua ley y permitiría avances sustantivos en ese campo. Lejos de ello, su aplicación a servido para atacar al movimiento feminista y a sus militantes, además de que no elimina ni arranca de raíz las actitudes sexistas o agresiones en la universidad.
La presentación de cuatro candidatas mujeres a este puesto, lejos de acercar a la igualdad en la universidad, es otra prueba más de este blanqueamiento de las instituciones de poder universitarias, que no tiene problemas en llevar a una mujer al Rectorado, pero es incapaz de acabar con la explotación de las trabajadoras de la limpieza de la universidad, de las más precarias del campus.
Durante el mandato de Esther del Campo como decana de la facultad de Ciencias Políticas y Filosofía, una de las candidatas ligadas a Podemos, se abandonó a las trabajadoras de las cafeterías de la facultad cuando convocaron huelga dado que la subcontrata encargada de las cafeterías no pagó durante varios meses a sus trabajadoras y se las mantuviera en una indecente situación de precariedad. Además, ha permitido la celebración de actos de extrema derecha, como la charla del disidente venezolano Leopoldo López y ha colaborado en la celebración de charlas del Ministerio de Defensa en la facultad.
Esta candidatura está siendo apoyada por representantes estudiantiles, que están levantando su campaña electoral desde diversas plataformas en redes sociales. Pese a que entendemos que es totalmente comprensible el rechazo a las políticas neoliberales que defienden la mayoría de las candidaturas, este carácter aliado de las empresas y represivo del rectorado no depende de la buena voluntad de las personas que ocupen el puesto, sino que se trata de un problema estructural del que el propio puesto de rector forma parte.
Por ello, desde Contracorriente y Pan y Rosas, no le damos ni un ápice de confianza ni a rectores ni a decanos, ni a quienes quieren ostentar ese puesto por muy “progresistas” que se digan. Son igual de “progresistas” que el Gobierno del Estado español, que aprueba leyes represivas mientras no acaba con la Ley de Extranjería, la ley Mordaza o las reformas laborales del PP y el PSOE. Un gobierno que aplica políticas de derecha abriendo así la puerta a la misma derecha. ¿Por qué un rector de Podemos iba a hacer algo diferente en la Complutense?
El rectorado es un puesto de poder en una institución al servicio de la burguesía y de los partidos políticos del Régimen del 78. No hay posible “buena voluntad” que acabe con ello, es incapaz de jugar otra función. Por esa razón, llamamos al voto nulo en las elecciones a rectorado y llamamos a estudiantes y trabajadores a organizarse contra estas instituciones y pelear por una universidad al servicio de los trabajadores, que esté gobernada democráticamente desde abajo por sus estudiantes, profesores y trabajadorxs. Una universidad que se ponga al servicio al servicio de resolver los problemas y necesidades de la sociedad, como la crisis climática o la desigualdad. Luchar por esta universidad y por una sociedad mejor implica pelear contra este sistema y contra este modelo educativo.
Ni rectores ni decanas, ¡asambleas soberanas!
