Ante la solicitud de la Conadecus, empresarios nacionales buscan defender sus ganancias y privilegios incluso frente a la mas mínima posibilidad de regulación.
Jueves 18 de abril
El año pasado la Corporación Nacional de Usuarios y Consumidores (Conadecus) presentó una solicitud al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que busca regular a los grupos económicos y su concentración en el mercado.
En su escrito denuncian una extrema concentración económica en sector claves, donde 9 grupos económicos concentran el 80% de la capitalización bursátil de la Bolsa de Comercio de Santiago. Grupos que abarcan distintas ramas de la economía y que tienen participación tanto financiera como en la economía real. De lo anterior señalan que esto les daría ventaja al momento de, por ejemplo, recibir créditos, facilitaría la colusión, establecer precios predatorios, entre otras cosas.
Esta solicitud de la Conadecus busca que el TDLC proponga a la presidencia, por medio del Ministerio de Hacienda, que presente un proyecto de ley al Congreso tomando estos puntos.
El lunes 15 de abril venció el plazo para que distintas entidades interesadas pudieran aportar antecedentes a la discusión y la ofensiva de los grandes grupos empresariales no se hizo esperar. Representados por lo más “prestigiosos” estudios de abogados, los grupos ligados a la familia Luksic, Angelini, Matte y Yarur, el grupo Falabella y la misma CPC, presentaron su negativa ante la solicitud de Conadecus, incluso diciendo que esto violaría los Derechos Humanos.
Si bien la defensa de la libre competencia es una ilusión dentro del sistema capitalista, que tiende constantemente a la concentración del capital, lo denunciado por la Conadecus no deja ser real, en el sentido que unos pocos grupos empresariales son los verdaderos dueños de Chile. Controlando distintos sectores de la economía y las finanzas, coludiendose, asfixiando a los pequeños propietarios, concentrado los créditos, etc. Por algo la férrea defensa de los empresarios nacionales, quienes se niegan a la más mínima regulación, para mantener sus negocios millonarios. Para esto no solo cuentan con el poder económico, sino que también el poder político y el mismo Estado con sus instituciones son funcionales a sus intereses.
Avanzar realmente contra estas prácticas implica por ejemplo la apertura de los libros de contabilidad de las empresas o la nacionalización de la banca bajo gestión de los trabajadores, además de construir una economía planificada democráticamente por los trabajadores y el pueblo, que ponga por delante las necesidades sociales y no el aumento de ganancias individuales.