#24M. Patronales genocidas: quiénes son los empresarios que se beneficiaron con el golpe de 1976

No fue sólo complicidad. El modo en que las empresas se involucraron en la represión a la clase trabajadora y los sectores populares durante la dictadura muestra que se trató de una estrategia en la que los grupos económicos concentrados utilizaron al gobierno militar y el terrorismo de Estado a su servicio.

En 1969 el Cordobazo había dado inicio a un proceso de luchas y ascenso del movimiento obrero. Desde 1973 miles de trabajadores pusieron en pie comisiones internas y cuerpos de delegados que peleaban por mejores condiciones de trabajo y contra los planes de ajuste del gobierno peronista, como en el Rodrigazo en 1975.

Esa enorme fuerza de miles y miles de obreras y obreros en la zona norte, sur y oeste, conformaban las Coordinadoras Interfabriles que llegaron a organizar a más de 130.000 trabajadoras y trabajadores.

La clase empresaria tomó nota del peligro que implicaba el grado de organización obrera, que ponía límites a sus ganancias y beneficios económicos, y ponía en jaque el orden establecido.

José Alfredo Martínez de Hoz lo decía sin tapujos, en su carácter de presidente del Consejo Empresario Argentino, durante una visita de un grupo de empresarios al general Jorge Rafael Videla (por entonces Jefe del Estado Mayor Conjunto) en el año 1975. Allí le manifestó que la preocupación de las patronales se centraba en que el accionar obrero que estaba “impidiendo la libertad de trabajo, la producción y la productividad” y le planteó que “el gobierno debía asegurar la libertad y el imperio del orden sobre todas las cosas”. Meses después sería designado ministro de Economía por Videla.

Diez años después, ante la Comisión Investigadora Parlamentaria de la Cámara de Diputados (1984/85), el propio Martínez de Hoz confirmaba aquella reunión y esas palabras suyas. En agosto de 1975, los grandes grupos empresariales fundaron la Apege (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias). Ahí estaban la oligarquía rural, el Consejo Empresario Argentino (CEA), la Cámara de la Construcción y los principales grupos capitalistas nacionales y extranjeros, incluidos los bancos.

El 4 de febrero de 1976 publicaron una solicitada con una serie de demandas al gobierno, donde instaban a que “asegure el orden, el respeto y la tranquilidad física y jurídica del empresario; la modificación de la ley de Contrato de Trabajo y de todas aquellas normas legales que atentan contra la productividad y el desenvolvimiento de las empresas” (diario La Nación).

Como señala Lucho Aguilar en la nota "Guerra" a la inflación. Así apoyaron el Golpe de 1976 los “formadores de precios” a los que quiere convencer el Gobierno, “pocas semanas después los Bunge &Born, los Blaquier, los Reyes Terrabusi y los industriales de las golosinas agrupados en la CIPA fundan la COPAL, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, Bebidas y Afines. El ascenso obrero (…) también se sentía en sus fábricas. Allí estaban los trabajadores de los ingenios azucareros tucumanos y jujeños, de frigoríficos como Swift, de las plantas de Terrabusi, Matarazzo, Bagley, Molinos.

Rápidamente la Copal se convirtió en fanática de los preparativos golpistas. Cuando la Apege convocó al lock-out (paro) patronal del 16 de febrero de 1976, la Copal organizó la misa que ‘bendijo’ el llamado a los cuarteles, en la Iglesia de Nuestra Señora de los Inmigrantes”.

Más adelante señala que “su primer presidente fue un hombre de Bunge & Born, Enrique Eskenazi. El rol de los empresarios alimenticios lo resume Martínez de Hoz en un almuerzo en octubre de 1978: ‘Quiero expresar mi satisfacción por estar en este tercer aniversario de la Copal muy cerca de lo que será el tercer aniversario de nuestro gobierno. Y la Copal ha mostrado desde un principio su voluntad de colaborar con el proceso’”.

“Los favores fueron mutuos. Las Fuerzas Armadas se encargaron de perseguir el activismo que se había organizado desde los 60 en los ingenios azucareros, las alimenticias del Gran Buenos Aires, en los frigoríficos, desapareciendo a comisiones internas y cuerpos de delegados enteros. La resistencia obrera también escribió sus páginas”.

Estos son los famosos “formadores de precios” a los que hoy el Gobierno del Frente de Todos pretende convencer con discursos o tibias medidas, los mismos que impulsaron la sangrienta dictadura cívico militar eclesiástica.

Videla junto a Martínez de Hoz

Los conocidos de siempre

Cientos de testimonios dan cuenta de la participación de empresarios como los de Techint, Ford, Acindar, Arcor, Mercedes Benz, Astra, Celulosa, Bunge y Born, Astilleros Astarsa y Río Santiago, Aluar, Fate, La Veloz del Norte, Pérez Companc, Fortabat, Garovaglio y Zorraquín, Pescarmona, Bulgheroni, Vicentín, Blaquier (Ingenio Ledesma), Las Marías (Taragüí), La Nueva Provincia, Clarín y La Nación, en un verdadero plan ideado para matar a delegados y activistas “molestos” y aterrorizar al resto.

La participación de los empresarios en la dictadura se dio en varios sentidos: a través del aporte de información sobre los trabajadores, detenciones en los lugares de trabajo, militarización de las fábricas, agentes de inteligencia infiltrados; y brindando recursos económicos y materiales, desde movilidad para trasladar a los detenidos hasta la expresión más extrema que fue la instalación de centros ilegales de detención y tortura en los propios establecimientos, como ocurrió en los casos de Acindar, Ford, Ingenio La Fronterita, Astillero Río Santiago, La Veloz del Norte. (1)

La represión fue acompañada de un conjunto de leyes que buscaban transformar las actividades sindicales: por un lado, la intervención de la mayoría de los grandes sindicatos y federaciones, que comenzó con la CGT y se extendió a decenas de organizaciones obreras y el retiro de la personería jurídica a otras. Eso sí, se cuidaron de preservar “estratégicamente” a la mayoría de las capas altas de la burocracia sindical. Por otra parte, una serie de normas establecieron el congelamiento de la actividad gremial. Así se suspendió el derecho de huelga, se eliminó el fuero sindical, fue prohibida la actividad gremial y la ley de seguridad industrial prohibió cualquier medida concertada de acción directa, trabajo a desgano y baja de la producción. (2)

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Además de toda esta batería de medidas antiobreras, menos de un mes después del golpe, se retomó la relación con el FMI, en abril de 1976. “La deuda pública creció 5,5 veces durante la dictadura, pasando de U$S 8.085 millones en 1976 a U$S 45.065 millones en 1983. Es el crecimiento más elevado en la historia que tuvo la deuda en un período tan breve de tiempo. Entre los préstamos se incluye uno con el Fondo Monetario Internacional pocos días después del inicio del Golpe”, señala Lucía Ortega en El fraude de la deuda externa: de la dictadura militar a Alberto Fernández.

Relata también que “el esquema económico de apertura y desregulación favoreció el endeudamiento externo privado por las grandes empresas, alcanzando los U$S 17.000 millones en 1981. Allí figuran importantes entidades bancarias, como el Citibank, Banco Tornquist, Banco Quilmes, Banco Francés, Banco Río de la Plata y hasta algunos aparecen en su doble condición de acreedores y de deudores al mismo tiempo.

Este esquema culminó con un episodio aún más escandaloso: la transformación de deuda externa privada a pública en 1982 de cerca de U$S 8.600 millones bajo la órbita del Banco Central presidido por Domingo Cavallo, es decir, una estatización del 55 % de la deuda privada”.

El juez Ballesteros llevó adelante una investigación que estableció la trama de esa descomunal estafa. Sevel, la automotriz de Franco Macri, adeudaba 124 millones de dólares en 1983 que fueron licuados por el Estado, Acindar 649 millones; Compañía Naviera, de la familia Pérez Companc, 211 millones; y Loma Negra, de los Fortabat, 62 millones. Corporaciones multinacionales como Techint, IBM, Ford y Fiat y el sector financiero, integran el listado.

Algunos de estos grupos empresarios, además de haberles estatizado sus deudas, fueron beneficiados con licitaciones de obra pública. Se enriquecieron con negocios de la mano del estado genocida. Uno de ellos es el grupo Macri (SOCMA), a quien les fueron otorgadas obras como la represa Yaciretá, la construcción del puente Misiones-Encarnación, la central termoeléctrica de Río Tercero y de Luján de Cuyo, la recolección de residuos de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la creación de Manliba, entre otras.

Centros de producción y tortura

Ford es el caso emblemático: “Las peores torturas durante la dictadura las sufrimos en el quincho de la Ford”, declaraba Pedro Troiani, delegado de la planta de Pacheco que declaró en el juicio de la causa Ford. Allí se montó un centro de detención en el interior del predio de esa fábrica, en los sectores del Campo Recreativo, para que los trabajadores “marcados” fueran interrogados.

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“Las peores torturas durante la dictadura las sufrimos en el quincho de la Ford”

La automotriz alemana Mercedes Benz es conocida porque el gerente de producción Juan Tasselkrautle entregaba a miembros de un grupo de tareas el listado de trabajadores combativos y llegó a darles hasta el domicilio de un delegado.
Se jactaban también de haber “donado” un equipo de neonatología al hospital militar de Campo de Mayo, donde nacieron más de 200 niños y niñas en cautiverio y de los cuales aún hoy continúan apropiados.

Este miércoles debía declarar exgerente de la automotriz, Juan Ronaldo Tasselkraut, único directivo de la empresa procesado por el secuestro de 18 trabajadores entre 1976 y 1977. Pero logró postergar una vez más su declaración indagatoria y finalmente lo hará el 29 de marzo y por zoom. Una vez más las maniobras de los pocos empresarios que gracias a la lucha fueron procesados, dilatan el avance de las causas con el aval del poder político y judicial.

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Sin dudas, en el podio encontramos también al multimillonario Carlos Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma en Jujuy. Los vehículos de su propiedad fueron usadasentre la madrugada posterior al golpe (entre el 24 y 25 marzo y durante el operativo conjunto de las fuerzas del Ejército, Gendarmería y Policía que se prolongó entre el 20 y el 27 de julio del 1976, conocido como el “Apagón de Ledesma”. El brutal saldo fueron 400 detenidos y 33 compañeros desaparecidos.

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A pocos días de este nuevo aniversario del golpe genocida, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación dictaminó poco menos que una provocación a las familias de los desaparecidos y asesinados y a los organismos de derechos humanos:avaló un informe médico favorable a la impunidad de Blaquier.

El empresario tal como confirmaron peritos, simula una enfermedad para evitar ser enjuiciado por sus crímenes: ser instigador y participar de la noche del apagón donde se secuestraron y desaparecieron a decenas de personas durante la última dictadura militar. Mientras tanto despide a trabajadores que sufren enfermedades laborales.

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Empresarios genocidas: el reino de la impunidad

A 46 años del genocidio de clase, son contados con los dedos los empresarios procesados por los crímenes y muchos menos los condenados. Los exgerentes de Ford Pedro Müller (89) y Héctor Sibilla (94), fueron condenados en diciembre de 2018 a penas de diez y doce años de prisión por 24 casos de obreros secuestrados en dictadura. Sin embargo a más de cuatro años de esa sentencia siguen en sus casas. Blaquier sigue esquivando su presentación con diagnósticos de salud falsos.
La Cámara Federal de Apelaciones salteña por mayoría, confirmó en agosto del año pasado, el tercer procesamiento contra el empresario de La Veloz del Norte, Marcos Levín, por las torturas a 17 trabajadores. Sin embargo sigue libre.

Cuatro empresarios azucareros fueron procesados por delitos de lesa humanidad en septiembre de 2021 en Tucumán por las torturas, privación ilegítima de la libertad y desaparición forzada de un total de 68 obreros del ingenio La Fronterita, donde funcionó un centro clandestino. Sin embargo, los accionistas Jorge Alberto Figueroa Minetti, Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos continúan en libertad.

En el caso de Vicente Massot, dueño del diario La Nueva Provincia, tras años de ser imputado en una causa por delitos de lesa humanidad contra dos obreros gráficos de su empresa, en 2016 fue beneficiado con una “falta de mérito”. Aún se espera que la Corte Suprema se pronucie luego de una apelación de las querellas al fallo que lo libró de culpa y cargo.

Para no hablar de Ernestina Herrera de Noble, quien se murió impune. Ella junto a su socio Héctor Magnetto fueron no sólo encubridores de cuanto crimen cometieron los genocidas sino que en 1979 fueron benficiarios directos de la entrega de Papel Prensa a una sociedad entre Clarín, La Nación, La Prensa y el propio Estado argentino (que dura hasta hoy) tras quitarle la titularidad de la empresa en una sala de torturas a la esposa de David Graiver.

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Estos son algunos ejemplos de cómo la impunidad garantizada por todos los gobiernos y el Poder Judicial a los empresarios responsables, continúa hasta la actualidad. Incluso muchas de sus empresas siguen “llevándosela en pala”, e incluso siendo proveedoras del Estado, como Mercedes Benz, que a dos días de un nuevo aniversario del golpe acaba de ser beneficiada para proveer camiones nada menos que a las Fuerzas Armadas.

Este 24 de Marzo, seremos miles en las calles de todo el país contra la impunidad de ayer y de hoy, y contra el acuerdo que pactaron el Gobierno, la oposición de derecha y el FMI, el cual legitima una deuda ilegal que se no paró de multiplicarse desde la dictadura, y sólo traerá más ajuste para las mayorías trabajadoras y populares. Además nos movilizaremos para decir: ¡No a la guerra, fuera las tropas rusas de Ucrania. Fuera la OTAN de Europa del este. No al rearme imperialista. Por la unidad internacional de la clase trabajadora!

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(1) Responsabilidad empresarial en delitos de Lesa Humanidad. Represión a los trabajadores durante el terrorismo de Estado, Buenos Aires, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2015.)

(2) Op. cit.