Lo señaló Fundación Ambiente y Recursos Naturales junto a Vida Silvestre en un balance sobre la implementación de la Ley de Bosques. “A casi 13 años de su sanción, la ley dista mucho de cumplir con sus principales objetivos”, indicó Ana Di Pangracio.
Martes 21 de julio de 2020 17:15
“Con la Ley de Bosques Nativos se ha dado una baja progresiva en la tasa anual de la deforestación en Argentina. No obstante, la deforestación ilegal persiste”, declaró recientemente Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto a Vida Silvestre (WWF). “En 2018 el 50 % de la deforestación fue en zonas rojas o amarillas. Esto es evidencia de que parte de la pérdida de bosques nativos responde a prácticas ilegales, consecuencia de niveles de control y fiscalización bajos, y de sanción insuficientemente disuasorias de la ilegalidad por parte de las autoridades competentes”.
Vacíos legales, barreras, cuellos de botella. A 13 años de su sanción, la Ley de Bosques todavía no se cumple como debería, aseguran estas dos ONG en su Diagnóstico actualizado del estado de implementación de la Ley N° 26.331, una revisión histórica de la normativa elaborada de manera conjunta con apoyo de la Fundación Gordon and Betty Moore, en el marco del proyecto “Conversion Free commodities and policies in the Argentinian Chaco”. Si bien la investigación se realizó entre los meses de marzo y noviembre de 2019, solo se dio a conocer este pasado 13 de julio.
“La Ley 26.331 visibilizó la problemática de la deforestación y difundió la importancia de los bosques nativos, sus beneficios socioambientales. Fortaleció una institucionalidad en materia de gestión, tanto a nivel nacional como de las provincias, que previo a la normativa era prácticamente nula”, señaló Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de FARN. “Pero a casi 13 años de su sanción, la Ley de Bosques dista mucho de cumplir con sus principales objetivos”.
“La norma prevé todas las herramientas para una implementación efectiva y es ese mismo el camino para que Argentina finalmente pueda avanzar hacia una necesaria armonización entre las políticas de protección ambiental y las de desarrollo. Para que esto suceda, el involucramiento de la ciudadanía es esencial”, agregó.
Además de la deforestación ilegal, ambas organizaciones señalan que algunas jurisdicciones han habilitado “mecanismos de recategorización predial que, en flagrante vulneración de la Ley N° 26.331, permitieron cambios (a través de un formulario web sin mayores requerimientos ni verificación en territorio) en la categorización de los bosques nativos acordada oportunamente de manera participativa al desarrollar los OTBN. Casos como los de las provincias de Salta y Chaco han sido emblemáticos”.
Entre los principales hallazgos del informe también se destacan la desfinanciación sistemática de la ley (desde su sanción no ha habido un período en que el presupuesto asignado por el Congreso Nacional se correspondiera con lo que la norma establece expresamente, recibiendo mucho menos del 10 % de lo que corresponde), las dificultades en los procesos de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (incumplimiento de plazos predeterminados por la Ley y fallas en la participación ciudadana), la falta de definición de metas, indicadores y evaluación de impactos, una gran dificultad para acceder a los pocos planes de Manejo, Conservación y Formulación por parte de los sectores más relegados y vulnerables, como son pueblos originarios y campesinos que viven y dependen del bosque.
El Diagnóstico actualizado del estado de implementación de la Ley de Bosques N° 26.331 se ha confeccionado sobre la base de la información provista por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) y las autoridades competentes de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán a partir de un trabajo previo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de elaboración y presentación de pedidos formales de acceso a la información pública; así como información contenida en documentos de organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos.
