Con una crisis económica donde los salarios caen por una inflación de las más altas de América Latina, los fuertes aumentos en productos básicos como el reciente ajuste del 163% en el arroz autorizado por el Gobierno nacional, una negación a la discusión de los convenios colectivos van golpeando los ingresos de los trabajadores.
Viernes 31 de octubre de 2014
Con los precios del petróleo a la baja, al Gobierno se le van reduciendo los márgenes de maniobra y solo se discute nuevos ajustes como la devaluación de la moneda, el aumento en los combustibles, liberar cada vez más los precios de primera necesidad en medio de un mayor desabastecimiento, entre otras medidas. Frente a esto los obreros salen a resistir para defender sus ingresos y el salario.
En respuesta, para contener estas luchas cada vez se utilizan más los cuerpos represivos para irrumpir en las fábricas o lugares de trabajo donde hay organización o luchas reivindicativas de los trabajadores. Son métodos de coacción del Estado que busca responder con la intimidación y el amedrentamiento, cuando no de represión directa. Entrevistamos a Albert Sánchez, obrero de la siderúrgica SIDOR e integrante de La Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), una de las organizaciones que viene impulsando esta campaña por expulsar a los cuerpos represivos de las fábricas y de las luchas de los trabajadores.
¿Albert, es cada vez más común el uso de la represión militar y los cuerpos de inteligencia para derrotar las luchas obreras?
Sí, hay una política sistemática del Gobierno nacional de usar los cuerpos represivos y de “inteligencia” para amedrentar a trabajadores en lucha, tanto en empresas estatales o mixtas, como incluso en las privadas; es decir, no solo al servicio de la explotación patronal en las empresas públicas sino también en las de la burguesía a la que el Gobierno dice “combatir”. Venimos denunciando hace meses esta situación, en la que se combina la intimidación de los cuerpos represivos con la práctica de las empresas de judicializar a los trabajadores en lucha, denunciándolos por “delitos” inventados, como manera de desarticular la organización de los trabajadores. En empresas del sector privado ha habido casos en los que la empresa denuncia al dirigente sindical, la policía va directamente a la fábrica, por fuera de toda legalidad se lleva al trabajador a la comisaría a “interrogarlo” y “explicarle” que si sigue “jodiendo” en la empresa le imputaran tales y cuales delitos, o lo obligan a “declararse culpable” para allanar el camino a su despido, que al fin y al cabo es lo que quiere la empresa. Y esto también en empresas del Estado.
¿Nos puedes contar algunos ejemplos?
Hay muchos en todo el país, te menciono por caso, la empresa en que trabajo, Sidor, donde se han desarrollado operativos militares para obligarnos volver al trabajo, mediante el amedrentamiento represivo se nos obligó a cesar una larga huelga que llevamos adelante por nuestro convenio colectivo, se apresa a dirigentes obreros, incluyendo todo tipo de intimidaciones y vejaciones por parte de los militares, muchos de los cuales iban incluso con los rostros cubiertos con pasamontañas, además de, por supuesto, sus respectivos fusiles. En otra empresa estatal Café Fama de América sus propios trabajadores denunciaron públicamente que sujetos identificados como “seguridad de Estado”, irrumpieron en las plantas ubicadas en la ciudad de Valencia y de Caracas amedrentándolos, y declaraban que hasta convirtieron la fábrica en un sitio de interrogatorio policial pues cuando llegaron llamaban a cada trabajador por separado para interrogarlo e intimidarlo, diciéndoles que tenían “potestad de sacar esposado a cualquier trabajador, sin necesidad de ningún procedimiento legal” según denunciaron.
¿Por qué crees que desde el Gobierno nacional se viene teniendo esta política?
Muy sencillo, los trabajadores venimos resistiendo al intento de los empresarios y el Gobierno de descargar la crisis económica sobre nuestros hombros, una crisis que nosotros no hemos generado. El Gobierno ha venido aplicando duras medidas en acuerdo con importantes sectores empresariales a través de las llamadas mesas de “diálogo económico” que se instalaron este año luego de la tensa situación política de los meses de febrero y marzo. Se anuncia la intensificación de estas reuniones y dispone millones de dólares que serán destinados al sector privado. Y para más señales se vendría más liberación de precios, como ya estamos viendo en los rubros de alimentos, medicinas, productos de higiene personal y limpieza del hogar, etc. Entonces como consecuencia de esta agenda económica gubernamental, donde la lógica es descargar la crisis económica sobre los trabajadores, importantes sectores de los asalariados han salido a dar la pelea, defendiéndose de estos ataques sobre sus condiciones de vida.
¿A quién le conviene la derrota de las luchas obreras?
La política del Gobierno Nacional de amedrentar las luchas obreras con el uso de las fuerzas militares y la inteligencia de Estado, sólo conlleva a debilitar las fuerzas de los trabajadores y fortalecer al conjunto de la clase capitalista, a todos los interesados en contener y reprimir la organización y la lucha de la clase trabajadora. Tanto los empresarios de oposición como los que están con el Gobierno, tanto los capitalistas nacionales como los extranjeros, se benefician de esta manera de intimidar y derrotar nuestras luchas. Tenemos al Gobierno nacional al frente de la militarización de las luchas obreras, y una oposición derechista que chilla cuando se le ataca desde el Estado y mira para otro lado cuando se trata de las luchas obreras contra el ajuste económico pro-empresarial que el Gobierno está llevando a cabo. Al fin y al cabo, el programa económico de esta oposición burguesa implica medidas anti obreras y antipopulares iguales o peores que las que vemos hoy, y que también se servirá de estos métodos represivos.
Explícanos cómo es esta campaña que llevan a cabo contra el uso de los cuerpos represivos en las luchas de los trabajadores
Desde la LTS, estamos haciendo un llamado a una campaña común a organizaciones políticas que se reclaman de los trabajadores y de la izquierda así como sindicales y de derechos humanos. Queremos redoblar esta campaña transformándola en acciones militantes, no solo de declaraciones conjuntas, pues consideramos que es extremadamente peligroso que se instale como algo “común y corriente” el uso de la fuerza militar contra las luchas de nuestra clase. Hay que pronunciarse firmemente contra esta práctica nefasta y antidemocrática que sólo le conviene a la clase capitalista y sus políticos. Esta campaña debe sumar a todos aquellos que estén por la defensa incondicional de las libertades democráticas del pueblo trabajador, entre las cuales está el derecho a organizarse y protestar por salarios, mejores condiciones laborales, a la huelga, etc. Resulta extremadamente vital dado que si nuestras fuerzas como clase empiezan a ser debilitadas y desarticuladas por la represión del Estado, y los trabajadores nos viéramos intimidados y desmoralizados, será más fácil para el Gobierno y los patrones descargar la crisis sobre nuestros hombros.
