La semana pasada el gobierno presentó de manera oficial el proyecto del nuevo marco regulatorio. Desde Luz y Fuerza dieron a conocer un proyecto alternativo que hace eje en mantener una Epec pública e integrada.
Jueves 2 de agosto de 2018
Hace una semana se presentó de manera oficial el proyecto del gobierno de Rediseño del Marco Regulatorio Eléctrico para la Provincia de Córdoba. La reunión se realizó a puertas cerradas en el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos con integrantes del Consejo Asesor de Política Energética (CAPEC), sin la participación de representantes de los trabajadores de la Epec, que expresaron su rechazo desde un comienzo.
El gobernador Juan Schiaretti, junto al ministro Fabián López, insisten en que la Epec es deficiente debido a los altos salarios de sus trabajadores y al manejo arbitrario que hace el sindicato de Luz y Fuerza. Con este proyecto dicen que quiren “regularizar” la situación del mercado eléctrico. En realidad, es un avance hacia la privatización de la Epec y la apertura del mercado eléctrico, para que nuevas empresas privadas participen en las distintas etapas: Generación, Transporte, Distribución y Comercialización de la energía.
La campaña mediática contra los trabajadores y el convenio de Luz y Fuerza que el gobierno desató desde principio de año tenía el objetivo de no pagar el costo político de los tarifazos. Con sus ataques, el gobernador Schiaretti y su ministro López allanaron el camino al nuevo proyecto con una fuerte campaña pública en contra de los trabajadores de Luz y Fuerza, demoras en el pago de salarios y el despido y persecución de trabajadores.
López pretende acudir a la Legislatura provincial para explicar el proyecto del gobierno, en el que la empresa provincial pasaría a ser una concesionaria más y competiría en el sistema eléctrico.
Por su parte, la tarifa final que abonaría el usuario incluirá la tasa de rentabilidad que pretenden las empresas que participen en las distintas etapas del mercado eléctrico. Esto sólo puede significar beneficios para los empresarios y aumentos de precios para los trabajadores y usuarios.
Pero ¿cuál es la base para concesionar el sistema a empresas privadas?
Hoy la provincia de Córdoba cuenta con infraestructura en conexión con el Sistema Argentino de Interconexión, con redes de transporte y distribución para abastecer a los pequeños, medianos y grandes usuarios de los centros urbanos y localidades. Esta infraestructura es muy cara de construir y mantener. En países como Argentina, este tipo de obras se financian generalmente con créditos de organismos internacionales, con fondos del estado nacional y provincial o ambos combinados. El ejemplo más cercano para los cordobeses es la toma de deuda en dólares para el pago de las obras de los gasoductos troncales.
Las empresas privadas que operen en todas las etapas del mercado eléctrico provincial, como se pretende con el nuevo marco regulatorio, van usufructuar la infraestructura existente, sin ninguna exigencia de inversión y con grandes beneficios. Además, la provincia continuará siendo la responsable de planificar la política energética, mediante la Agencia de Planificación Energética (APE), y la que finalmente financiará las obras necesarias a futuro.
No hay que perder de vista que se trata de una estructura que a lo largo de los años el Estado provincial ha desarrollado con inversiones, en base a bonos en dólares, otras veces endeudando a la Epec, pero que al final de cuentas han plantado una infraestructura que pagamos todos los trabajadores y usuarios cordobeses.
A fin de cuentas, resulta en un negocio redondo en que empresas operen la infraestructura existente, no están obligadas a invertir en nuevas obras y su rentabilidad está asegurada en la tarifa que pagará el usuario.
Epec pública e integrada
Por otro lado, Luz y Fuerza presentó el viernes pasado un proyecto de marco regulatorio basado en una empresa provincial pública e integrada.
La empresa estatal estaría a cargo de planificar las políticas energéticas a corto, mediano y largo plazo para el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (MAAySP) que se mantiene como autoridad de aplicación.
Además, los trabajadores de Luz y Fuerza proponen que la tarifa no esté atada a la rentabilidad de las empresas, sino que el objetivo sea “asegurar el costo mínimo a los usuarios compatible con la seguridad del abastecimiento”.
El sindicato cuestionó que, de aprobarse el nuevo marco regulatorio, los fondos provenientes de la Nación estipulados por ley terminarían en manos de las empresas privadas que ingresarán al mercado. En su proyecto proponen un Fondo Provincial de la Energía Eléctrica para contribuir al subsidio de tarifas de usuarios finales, tarifa social y usurarios finales aislados. A diferencia del proyecto de la consultora Quantum que propone un Fondo Compensador para las empresas.
Este martes, desde Luz y Fuerza denunciaron a las autoridades de la Epec y a consultoras privadas por realizar balances falsos con fuertes irregularidades en los años 2015, 2016 y 2017. Sobre esto el gobierno no dice nada, al igual que omite los elevados sueldos del directorio de Epec y los subsidios en energía a empresas multinacionales.
Esta denuncia debe terminar en la apertura de los libros de contabilidad. Esta es la única forma de saber la situación de la empresa provincial y la base para poder desarrollar una propuesta que contemple una Epec pública e integrada, gestionada por los mismos trabajadores con control popular de los usuarios, ya que son éstos los únicos interesados en que el servicio de energía no sea un negocio.
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Esto permitiría terminar con los subsidios a las grandes multinacionales, los negociados con empresas tercerizadas y lograr el pase a planta permanente todos los trabajadores. Además, mantener un servicio de calidad y una tarifa acorde a la necesidad de los sectores populares.
