Con el supuesto objetivo de combatir el delito, la Legislatura debate una ley impulsada por el oficialismo que avanza sobre la libertad de circulación de los trabajadores. Te contamos cómo afectará a los motociclistas
Jueves 21 de mayo de 2020 12:17
Por impulso del ministro de Seguridad Claudio Maley, la Legislatura tucumana debate este jueves una ley contra los “motochorros”, como la llaman desde el propio Poder Ejecutivo. Se trata de una nueva norma que establece de manera absurda, pero sobre todo inconstitucional, que todo aquel que se moviliza en moto, en determinados horarios y zonas, debe comprobar que no es delincuente. Un disparate jurídico y un nuevo avasallamiento sobre las libertades democráticas.
El proyecto que llegó al recinto fue consensuado entre el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público Fiscal y la Comisión de Seguridad de la legislatura presidida por Gerónimo Vargas Aignasse. Consiste en una batería de prohibiciones para las personas que circulan en moto en el territorio de la provincia de Tucumán y la autoridad de aplicación será la policía provincial, la misma institución que en estos momentos está siendo implicada en la desaparición de Luis Armando Espinosa.
A partir de la misma será exigible un permiso de circulación que otorgará la policía, y que las personas deberán renovar cada 6 meses. Se prohibirá la circulación en horario nocturno, entre las 21 y las 6 y la circulación de dos varones durante las 24 horas. Estas medidas afectarán a una gran cantidad de trabajadores de fábricas, de la construcción y de los servicios que utilizan este medio para ir y volver de sus trabajos.
En otros artículos que también tienen objeciones, se busca imponer a las estaciones de servicio el control del uso de casco como así también los papeles de titularidad de dominio de los rodados. Se obliga a instalarles GPS que estará vinculado a un software del Ministerio Público Fiscal y del 911 (por supuesto la instalación del mismo deberá ser costeada por cada propietario). Respecto a las sanciones el proyecto, autoriza a la policía a secuestrar las motos, y a imponer multas de rescate que ascienden a los $15000, y la posibilidad de imponer penas de inhabilitación para circular por 2 años.
Cualquier trabajador que por fin ha logrado comprarse una moto, juntando peso por peso o endeudándose por años, sabe dos cosas: primero el alivio de tener movilidad propia, y segundo el temor a que se la quiten.
Un proyecto similar ya había sido propuesto por Patricia Bullrich en el Consejo de Seguridad Interior. El legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse manifestó que era momento de sancionarlo, aprovechando las atribuciones especiales que se le ha otorgado a la policía en el marco de la pandemia.
De esta manera suman una nueva cuota de poder a la institución que ya cuenta con el Grupo Especial de Apoyo Motorizado, la Patrulla Motorizada, y el Grupo de Operaciones Motorizadas. Entre estos y la policía de tránsito municipal ya son 4 los grupos de las fuerzas represivas que engordaron sus filas en los últimos años, en pos de la supuesta e inmediata eficacia de la seguridad ciudadana.
Sancionar una ley que equipare una infracción de tránsito a un delito no es otra cosa que otorgar a la policía y al Ministerio Público una libertad de persecución que no le corresponde y que además abre vía a un sin fin de arbitrariedades como sucede cada vez que se amplía la potestad policial. Para comprobarlo solo basta ver cómo usaron el decreto 297/20 de Alberto Fernández que establece la cuarentena, para desaparecer a Espinosa.
La falsa lógica de la moto como vector del delito
El fundamento repetido incansablemente por los promotores de la ley es que la moto es el vector del delito, y por lo tanto para "neutralizarlo" hay que restringir la circulación en moto. Que el 75% de los delitos se cometan por personas que circulan en moto, no significa que el 75% de las personas que circulan en moto cometan delitos. Intentan de este modo establecer, de manera absurda, pero sobre todo inconstitucional un nuevo tipo penal: comete delito el que circula en moto. A la persecución policial por portación de rostro se sumaría hoy la persecución por portación de moto. Un disparate jurídico y un nuevo avasallamiento sobre las libertades democráticas.
Además que la legalidad que se tiene para circular (en moto y en cualquier tipo de automotor) ya está establecida por la ley de seguridad vial, que establece taxativamente como se debe circular: casco, seguro por daños a terceros, titularidad de dominio, velocidad de circulación en los distintos lugares, carriles por los cuales circular, permiso para conducir otorgado por la dirección de tránsito, verificación técnica y muchos etc, y el no cumplimiento de esos requisitos significa una infracción (de tránsito, no un delito), y para cada infracción hay un tipo de sanción.
Otra ley contra los trabajadores y van...
No es espacio para explayarnos sobre lo costoso, y a la vez inhumano que es el servicio de transporte público. Pero sí que resulta al menos un respiro poder tener un vehículo para ir a trabajar. Pero sobre todo para volver a casa. Los mismos que están por votar la ley que prohíbe la circulación nocturna en moto, jamás en todos estos años han exigido a las empresas de transporte que brinden servicio durante la noche.
En la gastronomía, pero también en muchos otros rubros, los trabajadores terminamos nuestro turno en horarios en que no hay colectivos. Y cuántas veces nuestros compañeros con moto nos han llevado a nuestra casa para que no tengamos que dejar la mitad de nuestro jornal en un taxi. Ahora ni siquiera eso vamos a poder.
Y cuántos trabajadores para los cuales la moto es en sí misma una herramienta de trabajo, por los servicios de mensajerías, y todas las apps en las que cada uno pone además de su cuerpo, su moto, y donde los empleadores no se hacen cargo de nada, ni siquiera te pagan un seguro. Cada punto de la ley impone una nueva traba burocrática para poder trabajar.
Todo a costa del trabajador. Porque si sos repartidor de noche vas a tener además de todos los riesgos que ya corres y de los que nadie se hace cargo, sacar un permiso nada menos que en la policía, cada seis meses, y que si te la llegan a quitar, cómo la recuperas si para cada centavo que haces necesitas la moto.
Y que te puedan parar en cualquier lugar e interrogarte. Porque la ley establece que la policía también puede verbalmente autorizarte o no. Como si se pudiera confiar. Como si no aprovecharan cada oportunidad para sacarte plata o maltratarte según sus ganas.
Y que te van a poner un GPS que ni a los genocidas condenados a perpetua con privilegio de domiciliaria les ponen. Y van a poder saber cada uno de tus movimientos metiéndose en tu vida privada, sin que ni siquiera pese una denuncia en tu contra.
En medio de la pandemia, y con una crisis económica que ha dejado a cientos de miles de trabajadores en las calles, la Legislatura tucumana va retomando sus sesiones sólo para imponernos más cargas, más persecución y más restricciones a nuestras libertades individuales.
