Crimen de estado. En un duro documento, la familia Maldonado denunció a los Gobiernos de Macri y Fernández

Hasta la fecha, su desaparición y muerte siguen impunes: no hay ninguna persona declarada penalmente responsable, ni una verdadera investigación, como tampoco un juez que la lleve adelante.

Hoy, en este contexto de pandemia y sin la posibilidad de viajar a Buenos Aires, sigo reclamando y exigiendo saber la verdad, como lo dije aquel 1 de agosto de 2019 en Plaza de Mayo, independientemente de quién esté hoy en el Gobierno y lo seguiré haciendo hasta saber qué le pasó a Santiago. Manteniendo la coherencia en el reclamo.

La falta de respuesta del gobierno anterior y del gobierno actual garantiza la impunidad para que se vuelvan a repetir hechos como la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, desaparecido hace 92 días y la desaparición forzada y posterior asesinato de Luis Espinoza.

En el caso de Luis Espinoza varios oficiales implicados tenían denuncias previas y no habían sido apartados de la fuerza pero sí trasladados a la comisaría de Monteagudo.

Vemos que en varias provincias de nuestro país, con la excusa de la pandemia, se ha incrementado el abuso de las fuerzas de seguridad, que son las mismas fuerzas que arengaron Patricia Bullrich y Mauricio Macri, instalando la Doctrina Chocobar, instalando frases como “el que quiera andar armado que ande armado, “yo me la banco y no voy a tirar un gendarme por la ventana”, “yo a esa institución la necesito para el trabajo de fondo que venimos a hacer”. Sirvieron para envalentonar a las fuerzas de seguridad y sellar el pacto de impunidad con la entrega del sable.

Al día de hoy Patricia Bullrich no fue citada a declarar, ni rindió cuentas sobre su responsabilidad en la causa de Santiago y se pasea por canales de televisión hablando de derechos humanos, convocando a marchas por Facundo Astudillo Castro, demostrando que su hipocresía y cinismo no tienen límites.

Pablo Noceti, que “felicitó” a los gendarmes el mismo 1 de agosto de 2017 en el lugar donde desapareció Santiago, que fue alertado mediante un llamado telefónico el día 3 de agosto de 2017 por el juez Otranto, dando aviso de que iba a realizar un allanamiento en los escuadrones de Gendarmería, sigue en las sombras y nunca fue llamado para dar explicaciones sobre estos hechos.

Mauricio Macri, que sigue teniendo un trato especial, sale y entra al país cuando así lo quiere, burlándose de todos nosotros. No gozaron del mismo trato y beneficio Lucas Verón, asesinado cuando salía a comprar a un quiosco en el día de su cumpleaños; Lucas Scalzo, asesinado por la Gendarmería en el Bajo Flores; Florencia Magalí Morales, suicidada en una comisaría de San Luis.

Por otro lado, debemos ver al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni sentarse en una mesa de televisión mientras la madre de Facundo Astudillo Castro participaba de los rastrillajes en búsqueda de su hijo.

O escuchar frases como “si yo hubiese estado a cargo del operativo Santiago Maldonado estaría con vida” y decirle a la madre de Facundo “su hijo está vivo lo voy a encontrar”.

Parecería que para el ministro de Seguridad es más importante recorrer canales de televisión, como si estuviera en su propia campaña política, y no ocuparse de evitar que sigan matando y despareciendo personas.

Nosotros no pretendemos que el Gobierno interfiera en la Justicia, como lo hizo el macrismo. Pero sí esperábamos que el presidente Alberto Fernández diera un claro mensaje de que acompañaba a la familia en el pedido de verdad y justicia.

En cambio lo que escuchamos fue su mensaje diciéndole a la Gendarmería “la Argentina toda está en deuda con ustedes”.

La Gendarmería es la principal responsable en la desaparición forzada de Santiago, la propia ministra de Seguridad Sabina Frederic dijo que se había realizado un pésimo operativo para desviar la desaparición forzada, aunque todavía no tenemos información de que se haya sancionado, apartado de la fuerza y mucho menos enjuiciado a nadie. Se sigue garantizando la impunidad.

En un país en el que es más fácil espiar que investigar, las escuchas ilegales dentro del habeas corpus, en plena búsqueda de Santiago, están durmiendo en la Corte Suprema hace más de dos años, la causa de espionaje no avanza y así seguimos. Todos saben y nadie hace absolutamente nada. En el medio quedamos los familiares, desprotegidos, con nuestros derechos vulnerados.

A todo esto Santiago no está, el macrismo nos negó el derecho a la verdad durante 28 meses y el Gobierno actual, si bien no nos ataca o difama como lo hicieron anteriormente, sigue en estos casi nueve meses negándonos la posibilidad de saber qué pasó con Santiago.

Nosotros fuimos víctimas de la maquinaria del Estado, con fiscales que protegieron a las fuerzas de seguridad, jueces que no quisieron investigar, medios de comunicación que instalaron mentiras, que revictimizaron a Santiago y un poder político que decidió encubrir.

Esa misma maquinaria hoy sigue trabajando. El juez Guido Otranto y la fiscal Avila siguen desempeñándose en sus puestos, como si nada hubiera pasado. Nadie cuestionó su pésima actuación en el caso de Santiago.

El médico Werther Aguiar, hallado culpable por la filtración de las fotos del cuerpo Santiago, sigue atendiendo en el hospital de Esquel. Periodistas y políticos siguen sosteniendo la mentira, atacando y difamando.

El juez Lleral, que quiso cerrar la causa y que no dio a lugar a ninguno de los pedidos que le realizamos (entre otros, que amplíe los puntos de pericia con respecto a la autopsia que no dice cómo, dónde ni cuándo murió Santiago) y que fue varias veces recusado, es prácticamente obligado por los jueces Leal de Ibarra y Mariano Borinsky que insisten en que sea Lleral el juez de la causa, cuando él ya se ha inhibido y tiene una posición parcial.

A pesar de estar constituidos como querellantes cuatro organismos de derechos humanos, ninguno nos acompaña en el reclamo por una investigación de desaparición forzada seguida de muerte, ni exigen que Lleral sea apartado de la causa, ni tampoco sobre la ilegalidad de las escuchas telefónicas.

Solo pedimos que se realice una verdadera investigación. Se lo pedimos al anterior ministro de Justicia y a la actual, se lo pedimos al anterior secretario de Derechos Humanos y al actual, se lo pedimos a siete jueces y a una jueza, se lo pedimos y reiteramos el pedido a los cuatro jueces y la jueza de la Corte Suprema de Justicia: a tres años algunos ya negaron esa investigación y otros siguen callados.

Ni la política ni la justicia garantizaron el nunca más. Necesitamos una reforma política y jurídica que garantice el nunca más. La reforma judicial que ahora está proponiendo este Gobierno, si es real, debe garantizar que la investigación de los delitos que comente el propio Estado, como la desaparición forzada, salga del control del Estado y no puedan ser investigados por las mismas fuerzas.

Desde agosto de 2017 que pedimos al Estado argentino que la investigación de la desaparición forzada de Santiago la realicen quienes son independientes del Estado y que sean expertos en la materia. Este mecanismo debe estar a disposición de las víctimas de desaparición forzada ya que la Justicia actual no garantiza que se llegue a la verdad, ni en el caso de Santiago ni en ningún otro caso de desaparición forzada en democracia. Cuando se logra alguna condena, no es por desaparición forzada sino por otros delitos.

La conformación de un equipo de expertos independientes la pedimos en el expediente judicial, al gobierno de Mauricio Macri el 29 de agosto del 2017 y reiteramos el pedido al Gobierno actual de Alberto Fernández el 20 de enero de 2020, sin obtener respuestas hasta hoy.

Por esta falta de respuesta hemos decidido convocar a un grupo interdisciplinario de expertos integrado por Daniela Rea, periodista especializada en violencias de Estado y derechos humanos (México); Diego Arredondo Ortiz, comunicólogo, docente en análisis y visualización de datos, coordinador de Desarrollo Tecnológico en Signa Lab Iteso (México); Dora Lucy Arias Giraldo, abogada en derechos humanos (Colombia); Eileen Buitrago, antropóloga, docente y magister en ciencias forenses, forense senior de Equitas (Colombia); Federico Andreu Guzmán, jurista y defensor de derechos humanos (Colombia); Ginna Camacho, analista, perito y consultora forense, coordinadora de investigación técnico-científica de Equitas (Colombia); Jose Aylwin, coordinador del Programa Globalización y Derechos Humanos, abogado especialista en derechos humanos y pueblos originarios (Chile); Rossana Reguillo, doctora en ciencias sociales, análisis de redes, coordinadora de Signa Lab Iteso (México).

La función de este grupo es elaborar un informe que desentrañe las mentiras construidas desde el 1 de agosto hasta el 24 de noviembre de 2017, que describa la matriz de las complejidades e intereses que visibiliza el caso.

Hoy me acompañan parte de las personas que son faros en la lucha de los derechos humanos y que lo vienen haciendo hace tres años, Estela, Taty, Norita y Adolfo, personas de lucha que nunca bajaron los brazos.

Madres en búsqueda de verdad y justicia por sus hijos hace más de cuarenta años. Abuelas buscando nietas y nietos, restituyendo sus identidades. Personas como Adolfo, siempre trabajando y acompañando la lucha de los pueblos.

Agradezco cada uno de las personas que acompañan y se manifiestan desde lo individual y lo colectivo, así como a organizaciones sociales, sindicatos y organismos derechos humanos.

A los amigas, amigos y a Verónica Heredia, nuestra abogada, que son pilares fundamentales para sostener esta lucha.

Y en este día quiero que recordemos a Santiago como un ser libre, solidario, anarquista, luchador, soñador, artista y defensor de la tierra que acompañaba diferentes luchas.

Hoy, en el día de la Pachamama, gritamos memoria, verdad y justicia por Santiago Maldonado. Santiago vive en la lucha. Por los 30.000 y por todos los desparecidos en democracia.