Bolivia. Entre maletines y tanquetas: la construcción de la oligarquía boliviana

Emprendedurismo, esfuerzo y sacrificio, parecen ser los elementos claves que se requieren para el éxito económico, o al menos eso nos dicen las páginas de las revistas, las entrevistas televisivas y las conferencias en las universidades. Los dueños y altos ejecutivos de las empresas privadas más grandes del país no se cansan de repetir el relato justificador de cómo construyeron sus conglomerados de bancos, aseguradoras, agroindustrias, industrias, minas, medios de comunicación, supermercados y centros comerciales. En las entrevistas y autobiografías, a los empresarios se les olvida siempre un pequeño gran detalle al contar el origen de sus riquezas. Entre maletines y tanquetas se encuentran algunas pistas importantes que ayudan a comprender el proceso de construcción de la oligarquía financiera dependiente en Bolivia.

Durante la mayoría de la vida republicana de Bolivia existía una puerta giratoria, que servía de enlace entre los consejos directivos de las grandes empresas (privadas y privatizadas) mineras, agroindustriales, industriales y financieras con los espacios de toma de decisión de la República; los principales cuadros empresariales circulaban entre el parlamento, algún despacho estatal y la gran empresa privada. Esta puerta giratoria se exhibía a plena luz del día. Al inaugurarse el septenio banzerista, la Confederación de Empresarios Privados (CEPB) se proclamaba como parte del régimen de facto desde el gabinete presidencial [1], también se integraron representantes orgánicos del empresariado privado en la CONAL (Comisión Nacional de Asesoramiento y Legislación) del régimen de facto de García Meza.

Durante los regímenes militares (1964-1982) cerca de cinco millones de hectáreas de tierras fiscales fueron tituladas en parcelas mayores a 10.000 hectáreas en el departamento de Santa Cruz. Es decir, más del 13% de la superficie territorial del departamento de Santa Cruz fue entregada en grandes parcelas a las familias que hoy son dueños de grandes empresas agroindustriales, financieras y de servicios. Sumada a la entrega de 5 millones de hectáreas, bajo el argumento de impulsar el desarrollo del agro, el Banco Agrícola (de propiedad estatal) entregó cuantiosos créditos a los empresarios agroindustriales. Al momento de liquidar el Banco Agrícola (1991), más del 65% de la cartera se encontraba en mora, el 89% de dicha cartera en mora correspondía al departamento de Santa Cruz, según el informe del BCB (1988) la cartera en mora supera los 19 millones de dólares estadounidenses, montos cuya cobranza hoy se encuentran a cargo del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

Después de la transición pactada a la democracia representativa, los distintos grupos económicos del país se acomodaron en el sistema de partidos políticos, convirtiendo el Congreso Nacional y el gabinete ministerial en espacios de negociación de los intereses de cada quien. Cuando la Marcha por la Vida llegó a Calamarca en 1986, una vez más se encontraban las tanquetas en medio de la disputa político-económica del país. Para imponer la ejecución del proyecto neoliberal privatizador era imprescindible liquidar al movimiento obrero minero y la resistencia popular. Ni los tres tomos del informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización bastaron para detallar el asalto sistemático a los bienes públicos, con el que consolidaron sus fortunas los empresarios - fábricas de cemento, de alimentos, hoteles, trenes, aerolíneas, minas, yacimientos, todo fue rematado. En el informe parlamentario se llega a la conclusión de que entre 1985 y 2005 hubo un perjuicio económico al Estado de un valor ajustado de más de 22 mil millones de dólares estadounidenses e identifican a algunos de los principales beneficiarios nacionales y transnacionales de la privatización y capitalización.

Fueron al menos 212 entidades públicas privatizadas, capitalizadas o liquidadas, sin embargo son apenas un puñado de casos que fueron procesados formalmente. Uno de los pocos que llegó a instancias judiciales fue el denominado caso FOCAS (Formación de Capital en Áreas Secundarias), que demuestra el grado de articulación entre autoridades de gobierno de distintos partidos y gestiones, el sector financiero, la cooperación internacional y las fundaciones. El mandato desde Washington de privatizar todo, significó que los créditos y microcréditos hasta entonces manejados por las Corporaciones Regionales de Desarrollo (CORDES) debían pasar a ser administradas por el sector privado. En ese sentido en 1992 se crea la Fundación para la Producción (Funda-Pro), una entidad sin fines de lucro, que valiéndose del tipo de cambio entre el ya caduco peso boliviano y la moneda de curso legal, tenía un patrimonio de medio centavo de boliviano. A pesar de no tener patrimonio o solvencia alguna el gobierno de Paz Zamora y su ministro Doria Medina Auza autorizan el traspaso de la cartera de más de 20 millones de dólares estadounidenses del proyecto FOCAS a favor de la Fundación, deuda externa que luego fuera condonada por el gobierno estadounidense. Entidades financieras como PRODEM y el BancoSol fueron creados con un enfoque en microcréditos y la incorporación del sector informal al mercado financiero, entre sus accionistas principales se encontraban Julio León Prado (Banco BISA), Gonzalo Sánchez de Lozada y Fernando Romero. En 2020 durante el régimen de facto de Áñez la Fiscalía instruyó se archive el caso y se de sobreseimiento a todos los denunciados.

¿Qué hacer cuando cambia el tablero?

En octubre de 2003, mientras Sánchez de Lozada huía en un helicóptero, las asambleas y cabildos populares levantaban la Agenda de Octubre - nacionalización sin indemnización, industrialización soberana de los recursos naturales y la convocatoria a una Asamblea Constituyente - amenazaban no sólo el régimen de la democracia pactada sino todo el modelo económico que la sostenía. La victoria electoral del MAS-IPSP en 2005, que permitió la formación de un gobierno sin necesidad de pactos congresales obligaba a la oligarquía a navegar en aguas desconocidas.

Durante los primeros años del gobierno de Evo Morales, las calles se convirtieron en el espacio de disputa de la lucha de clases. El bloque oligárquico parapetado en las prefecturas de la llamada media luna optó por una táctica de confrontación, la CEPB planteaba abiertamente la posibilidad de una ‘guerra civil’ en titulares de los principales medios del país, mientras los grupos paramilitares al mando de los cívicos desataron olas de violencia clasista y racista. El 11 de enero de 2007 en Cochabamba, el 24 de mayo de 2008 en Sucre y el 11 de septiembre de 2008 en el Porvenir quedaron grabados en la memoria popular, esta vez en lugar de tanques optaron por grupos de choque y paramilitares, el resultado fue el mismo - luto y dolor para el pueblo trabajador.

Las contradicciones internas de las clases dominantes no sólo se expresan en las pugnas por una tajada más grande del mercado, sino en su enfoque estratégico. La Asamblea Constituyente, ya trasladada a Oruro había aprobado un texto constitucional, pero había una traba para la convocatoria al Referéndum - la oposición mantenía control mayoritario del Senado. Mientras avanzaba hacia La Paz la marcha de un millón exigiendo transformaciones profundas en el país, se encontraban cuatro políticos en una comisión paralela (Carlos Börth, Roberto Ruiz, Carlos Romero y Edmundo Novillo) con el objetivo de llegar a consensos, en los hechos garantizar el derecho a la gran propiedad privada sobre los medios de producción. Pactaron un texto constitucional por encima de la potestad de la Asamblea Constituyente reformulando artículos claves como el que establece la superficie máxima de tierras y la no-retroactividad de esta norma, el derecho a la herencia, la garantía de la educación privada y la seguridad jurídica del gran capital privado, e incluso dejar abierta la posibilidad de transgénicos.

La década del pacto social

Al aprobarse la nueva CPE se inaugura la década del pacto social. Hay un recambio en la dirigencia regional, empresarial y cívica, las fracciones conciliadoras asumen el protagonismo, mientras los más beligerantes pasan a un segundo plano o se autoexilian. Es el momento en el que la oligarquía aprende que para cuidar la bolsa deben renunciar a la corona, sin embargo, al igual que en el mito griego de Damocles, queda una espada colgando de un hilo sobre el trono. Los programas de gobierno del MAS-IPSP empiezan a referirse a los ‘empresarios patriotas’ y ‘socios estratégicos’, mientras los congresos empresariales hablan del ‘proceso de cambio’. Se hacen cada vez más frecuentes las reuniones de alto nivel entre empresarios y el órgano ejecutivo. El lobby ya no se hacía en el parlamento sino en las salas de reuniones de la Casa Grande del Pueblo, se postergaba una y otra vez el plazo constitucional para la revisión de la Función Económica Social (FES) de los grandes latifundios, se pactaba la nueva Ley de Servicios Financieros y otros de interés. Si bien el gobierno de Evo Morales no era el gobierno de los empresarios y ellos lo sabían, había un pacto y estaban ganando como nunca antes - entre 2009 y 2018 el sector financiero creció en 184,7%, un crecimiento 43,5% mayor al promedio general en ese periodo, según datos del INE.

La política de mayor participación estatal en la explotación de hidrocarburos rindió frutos en el boom de hidrocarburos (2014), pues el flujo de divisas hacia el sector público hizo posible la importación de combustibles subvencionados y el cúmulo de reservas internacionales, por lo que la fuga de capitales del sector privado no generaba ruidos para el gobierno. La fuga de divisas mediante paraísos fiscales ha sido durante décadas una forma discreta de evadir el pago de impuestos, hasta que salieron a luz los Papeles de Panamá, Papeles de Pandora, Papeles del Paraíso entre otras filtraciones masivas de documentos bancarios que dejaron en evidencia las redes internacionales del poder político y económico involucrados. Al salir a la luz pública esta información, estallaron crisis políticas a lo largo y ancho del globo terráqueo, el escándalo salpicó desde el presidente argentino Mauricio Macri hasta el primer ministro islandés que renunció ante multitudinarias protestas.

No se quedó indiferente Bolivia, en la Asamblea Legislativa Plurinacional se conformó una Comisión Especial Mixta para investigar la participación boliviana en esta fuga de capitales. En el informe se estableció la vinculación con 360 empresas y 198 personas naturales, entre los cuales resaltan figuras políticas y empresariales como Samuel Doria Medina Auza, Luis Fernando Camacho Vaca, los hermanos Kreidler Guillaux, la familia Marinković. A pesar de la recomendación de la Comisión parlamentaria de aprobar un proyecto de ley contra la fuga de capitales mediante paraísos fiscales, el MAS-IPSP con el control de dos tercios de la Asamblea Legislativa decidió desestimar el proyecto, no es de extrañarse, pues entre 2007 y 2015 la oficina consular de Bolivia en Panamá dio visto bueno a 57 de las empresas fantasma involucradas. No existe hasta la fecha sentencia judicial contra los empresarios que fugaron millones de dólares del país.

2019: Cae la espada de Damocles

“Daremos un golpe de Estado a quien queramos” fue el tweet del magnate Elon Musk después del golpe de Estado de 2019. En la distribución internacional del trabajo Bolivia tiene un papel asignado históricamente, somos un país exportador de materia prima. Fue la plata, el estaño, los hidrocarburos, con cada ciclo primario-exportador y su declive se reconfiguraron las clases dominantes, ajustándose a las nuevas condiciones. A diferencia del capital financiero en los países imperialistas que se reparte el mercado mundial, el capital financiero en las colonias y semi-colonias es dependiente, su existencia está a la merced de sus patrones imperialistas. No podemos empezar a dimensionar el golpe de Estado de 2019, sino partimos de estos hechos geopolíticos.

El golpe de Estado de 2019 no fue casual, fue planificado y ejecutado cumpliendo con el libreto expuesto por el politólogo estadounidense Gene Sharp. No fueron 21 días, sino años de preparación que permitieron a la oligarquía financiera el regreso al ejercicio directo del poder estatal. Los cuadros dirigentes de las principales organizaciones empresariales y cívicas del país fueron perfilados cuidadosamente, escalando de forma paciente dentro de las estructuras orgánicas de las cámaras empresariales y comités cívicos. Se trabajó cuidadosamente la línea de comunicación, antes, durante y después del golpe.

Al analizar la efímera Comuna de París, Engels critica como grave error político que los comuneros se detuvieran en los umbrales del Banco de Francia; a los 61 días los mercenarios contratados por la burguesía pusieron fin al primer gobierno obrero. El programa del MAS-IPSP nunca planteó acercarse siquiera a los umbrales del banco. Durante una década no sólo generaron condiciones inigualables para el capital privado, le garantizaron sus latifundios, le dieron impunidad por la privatización y la fuga de capitales, además de ser premiados con multimillonarios contratos estatales. Los mismos medios de comunicación, como Red Uno y Unitel, propiedad del Banco Económico y Ganadero respectivamente, figuran en el SICOES con contratos de publicidad estatal durante todo el gobierno del MAS-IPSP y fueron punta de lanza para la estrategia comunicacional golpista.

Sobrevolaban aviones de la FAB, las tanquetas se movilizaban en las calles, mientras en la Plaza Murillo un general le colgaba la banda presidencial a Jeanine Áñez. Mientras quemaban la wiphala, la oligarquía recuperaba el ejercicio directo del poder ejecutivo. En el gabinete de facto se encontraban ex ejecutivos de bancos y cámaras empresariales, entre ellos el exdirigente cívico Branko Marinković. El régimen de Áñez mediante el Decreto Supremo 4320 cambia el procedimiento de titulación de tierras y el entonces ministro Marinković logra deshacerse de 17 años de revisión técnico-jurídica del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) y consolidar mediante la Resolución Administrativa 0143/2020 una extensión mayor a 33.000 hectáreas de tierra a favor de su empresa familiar Laguna Corazón SA. La jugada final la dieron desde el Tribunal Constitucional Plurinacional en 2024, a tres días de culminar su mandato constitucional desestimaron todos los argumentos del INRA y del Tribunal Agroambiental, consolidando mediante SCP 1016/2023-S4 la propiedad de la familia Marinković sobre el latifundio Laguna Corazón, aunque se encuentra dentro de la Reserva Forestal Guarayos.

Luego de las jornadas de resistencia popular de agosto de 2020 y el contundente revés electoral del proyecto neoliberal, el MAS-IPSP volvió al gobierno bajo la presidencia de Luis Arce Catacora negociando desde el día uno. La recesión económica internacional ahondada por la pandemia sanitaria y el sabotaje económico del régimen de facto entrega una coyuntura económica muy distinta a la bonanza de 2014. Los pactos y concesiones del gobierno del MAS-IPSP a favor de los empresarios empezaron a cobrar factura, ante la disyuntiva capital/trabajo, ambas fracciones del MAS-IPSP se han posicionado claramente a favor del capital. La estafa del Banco Fassil, con el que banqueros cruceños desviaron mediante la figura de ‘inversiones permanentes’ más de 1.138 millones de bolivianos hacia su subsidiaria de bienes raíces fue posible por los atajos pactados en la Ley de Servicios Financieros; ante el desfalco a miles de ahorristas, el gobierno de Arce Catacora dio una salida de mercado repartiendo la cartera (créditos y depósitos) entre los principales bancos privados del país.

Al complicarse los equilibrios precarios de la economía, con una escasez evidente de divisas, el gobierno de Arce Catacora baja el encaje legal para los bancos, es decir, el porcentaje que deben depositar en el BCB como garantía de su cartera. Los empresarios hacen una serie de demandas liberalizantes, beneficios impositivos (devolución de CEDEIMs, eliminación del Impuesto a la Transacción Financiera), bonos en dólares y liberación de exportaciones, a estas demandas se suma Evo Morales. Acto seguido, el gobierno de Arce Catacora presentó el pacto de los 10 puntos, cediendo en casi todas las demandas del sector empresarial. El gobierno del MAS-IPSP una vez más pacta con los empresarios, banqueros y agroindustriales que se han beneficiado una y otra vez, con tierras, créditos impagos y empresas estatales privatizadas, se llevan las divisas a paraísos fiscales en maletines, y admiten sin tapujos haber financiado grupos paramilitares, motines policiales y golpes de Estado.

El avance de la ultraderecha es reflejo de la realidad económica objetiva, como parte de la reconfiguración oligárquica ante la crisis capitalista. El MAS-IPSP, al igual que otras tendencias ‘progresistas’ a nivel continental insisten en la posibilidad de combatir a la reacción oligárquica pactando con la oligarquía, respetando la gran propiedad privada sobre los medios de producción. Es una farsa pretender la construcción del socialismo de la mano del capital financiero, minero y agroindustrial. Hace una década el gobierno de Evo Morales pactaba para repartir la bonanza, hoy al resquebrajarse los equilibrios precarios económicos y políticos Arce Catacora para mantener los privilegios de la oligarquía carga el peso de la crisis sobre la espalda del pueblo trabajador.