El tribunal dictó la sentencia en el juicio oral que comenzó el 4 de noviembre y que llevó al banquillo a un empresario sojero.
Miércoles 10 de diciembre de 2014
Ayer la Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación de Santiago del Estero dio a conocer la sentencia en el juicio por el asesinato del campesino y militante del Mocase, Cristian Ferreyra.
El tribunal decidió condenar a 10 años de prisión más el pago de 900 mil pesos en concepto de indemnización por los daños causados, a Javier Juárez, autor material del crimen, quien confesó durante el juicio haber disparado contra Ferreyra.
En tanto el empresario Jorge Ciccioli, considerado el actor intelectual del hecho, y el resto de los integrantes de la patota para-policial que estaban acusados, resultaron absueltos y fueron puestos en libertad. Los argumentos recién se darán a conocer el 2 de febrero del año próximo.
En la jornada previa a la sentencia, Los fiscales Guillermo Lozano y Ana María González Ruiz habían pedido 14 años y seis meses de prisión efectiva por ser el autor material del hecho, para Javier Juárez y 5 años de prisión para Ciccioli como participe necesario.
La querella que representa a la familia de Ferreira y su compañero Darío Godoy (herido el día del hecho), habían pedido 25 años de prisión para Juárez y 16 años para Ciccioli.
Durante el juicio los abogados defensores se encargaron de demonizar a los militantes del Mocase acusándolos de violentos. Incluso, el asesino Javier Juarez intentó justificar su accionar como una autodefensa frente a los ataques de los campesinos.
Cristian Ferreyra era un joven de 23 años que vivía en el paraje San Antonio en la provincia de Santiago del Estero. Se dedicaba a trabajar la tierra de la comunidad indígena lule-vilela a la cual pertenecía. También formaba parte del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE-VC) y era señalado como uno de los referentes de la organización.
Fue asesinado el 16 de noviembre de 2011 después de sufrir junto a sus compañeros y familiares, el constante acoso de empresarios como Jorge Ciccioli, que había comprado dos mil hectáreas de tierra en la comunidad. Según indicó durante el juicio, las tierras habían sido compradas legalmente a un empresario tucumano llamado Enrique Luque.
La lucha de sus compañeros y de las organizaciones de derecho humanos que se solidarizaron lograron que este asesinato no quede impune y se llegue al juicio oral, y levantaron la consigna “Ni un muerto más por el derecho a la tierra" en cada movilización.
Una vez conocido el fallo, las organizaciones campesinas se trasladaron hasta el Polideportivo de Monte Quemado, donde realizaron una conferencia de prensa denunciando la complicidad judicial y política para lograr la impunidad de los empresarios, responsables de los desalojos.
Además, los abogados del Mocase adelantaron que en cuanto se conozcan los argumentos del fallo, apelarán esta sentencia.
La justicia una vez más muestra su carácter clasista dejando impune al empresariado, principal causante de la quita indiscriminada de tierras para el agronegocio, mediante la violencia contra las comunidades campesinas en todo el país.
