Denuncia. Familiares de víctimas de AMIA sobre decreto de Fernández: “Los archivos seguirán cerrados”

En la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el domingo 1° de marzo, Alberto Fernández anunció que ordenaría a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) “desclasificar los testimonios secretos brindados” en el marco de la investigación judicial por el atentado a la AMIA de 1994.

Finalmente el miércoles 4 el presidente, junto a su jefe de Gabinete Santiago Cafiero y la ministra de Justicia y Derechos Humanos Marcela Losardo, firmaron el decreto 2013/20. El texto, al menos en su título, “declara de carácter público los documentos producidos y vinculados al atentado perpetrado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)”.

Luego de conocer la “letra chica” de la norma firmada por el Gobierno, desde la Asociación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia) salieron al cruce de varias de las afirmaciones oficiales.

En un comunicado difundido este lunes, la organización de familiares de víctimas del atentado afirma que el decreto del Gobierno, “referido a una supuesta apertura/desclasificación de documentación (…) en nombre de la transparencia institucional, mantiene la saga de 18 años de decretos de ‘desclasificación’ que ahora presenta como ‘absoluta’”.

El artículo 1° del decreto dice que tendrá “carácter de público” toda la información “brindada desde el Estado Nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado”. Desde Apemia denuncian que, en consecuencia, el decreto “solamente permite el acceso y la difusión de todo el material que haya formado parte como prueba en los juicios relativos al atentado a la AMIA y su encubrimiento, y que hayan tenido sentencia. Al resto de la información documental no se le da carácter ‘público’, no se la libera de su condición de secreto, ratificando que no será accesible”.

En particular Apemia se refiere “a las cajas de documentación que están a disposición de la Fiscalía AMIA, que son parte de la causa que tramita en el juzgado de (el juez Rodolfo) Canicoba Corral, y que no fueron prueba en ningún juicio hasta el día de hoy. Son los 2 km de cajas que logramos rescatar de la privatización impulsada por el gobierno de Macri, privatización que contaba con apoyo de varios senadores K, hoy en el oficialismo”.

La organización afirma que el artículo 3 del decreto, que declara “la desclasificación absoluta de la totalidad de la información y documentación relacionada con el atentado”, en verdad “lo que hace es confundir al lector desprevenido”, ya que “la llamada ‘desclasificación’ sólo servirá para impedir el conocimiento público de los archivos secretos”.

Sobre el artículo 5, que plantea la conformación de “una mesa de diálogo” entre la AFI, el Ministerio de Justicia, el de Seguridad, el de Relaciones Exteriores, la Fiscalía y las víctimas o querellantes, Apemia plantea que directamente “bordea el absurdo”. “Nos proponen dialogar para sortear los ‘problemas institucionales que impidan el adecuado acceso al derecho a la verdad y a la información’ (…) y no acerca de cómo comenzar una investigación abriendo los archivos”, sentencia.

Además de que “el decreto no explicita plazos para su convocatoria”, Apemia denuncia que la llamada mesa de diálogo “estará integrada por los mismos organismos que debieran ser investigados por el crimen y su encubrimiento. Es una mesa puesta para conciliar el derecho a la verdad con la no apertura de los documentos secretos. Resulta una clara concesión a las presiones de DAIA/AMIA y la Embajada de Israel para mantener el encuadre de la historia oficial e impedir cualquier investigación seria e integral”.

Por último, Apemia afirma que “después de prometer un punto final para los ‘sótanos de la democracia’, en vez de abrir los archivos y entregarlos a una Comisión Investigadora Independiente, el Gobierno se encamina a ‘dar vuelta la página’ y poner punto final a cualquier posible investigación, reafirmando su intención de seguir manipulando el tema del atentado para preservar el sistema judicial e institucional. Es el camino contrario a Memoria, Verdad y Justicia con el que Alberto Fernández prometió poner al país de pie durante su discurso ante la Asamblea Legislativa”.

Así, para Apemia, “el nuevo decreto nada cambió en relación a la apertura de los archivos que reclamamos desde hace décadas y que continúan en secreto. Por ello no constituye un paso en la dirección de nuestro reclamo de apertura de archivos y creación de una Comisión Investigadora del crimen de la AMIA”.