Impunidad. Las cloacas del Estado argentino: “Iosi, el espía arrepentido”

Muchos familiares de las víctimas del ominoso atentado a la mutual judía, como APEMIA por ejemplo, vienen denunciando desde hace décadas el rol de los servicios de inteligencia de la Policía Federal, del Poder Judicial y del menemismo (no como responsabilidades individuales, sino como quienes detentaban el poder en las instituciones del Estado argentino). Pero todos los gobiernos que siguieron se esmeraron en ocultar esas responsabilidades con el objetivo de defender la impunidad del Estado.

El libro, del mismo nombre que la serie (esperamos ansiosos la segunda temporada), de los periodistas Miriam Lewin y Horacio Lutzky ahonda en ese entramado. Estructurado en función del relato del “espía arrepentido” autonombrado Iosi (diminutivo de Iosef, el nombre hebreo con el que el servicio de la Policía Federal José Perez se infiltró en la comunidad judía) y de los autores, también se detiene (algo que la serie no hace) en esa alianza nefasta entre el Estado y autoridades de la DAIA, de la AMIA y el propio rol que jugó el Estado de Israel para impedir que se avanzara sobre las pistas locales.

En 2017 en el programa La Clase, del Canal de la Ciudad, durante una entrevista Miriam Lewin afirmaba: “En Argentina el curso de la investigación (de los atentados. N. de R.) siempre estuvo alineado con los intereses geopolíticos de Israel, que en algún momento fueron coincidentes con los de Estados Unidos y ahora ya no (se refiere al cambio de política que realiza Obama cuando lleva adelante el pacto de no proliferación de armas nucleares con Irán. En ese entonces el gobierno de Netanyahu lo interpreta como una “traición” de su socio estratégico y en el mismo Congreso estadounidense señala al país persa como responsable de los atentados. N de R.). Los intereses israelíes no apuntan a la resolución de los atentados y no apuntan a conseguir la verdad”.

No se puede menos que suscribir esta afirmación.

El atentado a la embajada de Israel

1992. 14.50 hora de Argentina. Una explosión en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Retiro hace temblar los vidrios de varias cuadras a la redonda. La sede diplomática del Estado de Israel vuela por los aires. 22 muertos y 242 personas heridas.

Al tratarse de una sede diplomática extranjera es la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la única que puede investigar el atentado.

Inmediatamente las versiones sobre la autoría lanzadas por autoridades de la comunidad judía, como la DAIA, junto con las de la Policía Federal y el mismo Estado de Israel apuntaron a la Jihad Islámica, brazo armado del Hezbollah -partido musulman chiita-. Sin pruebas concretas la CSJ siempre argumentó que la “pista” a seguir era esa.

Un año antes el gobierno de Carlos Menem había decidido prestar los servicios de la Argentina semicolonial y neoliberal a la coalición imperialista, que lideró Estados Unidos contra Irak, con la excusa de su invasión a Kuwait (la llamada “Tormenta del Desierto” ordenada por George Bush padre). El gobierno menemista llamó “Operación Alfil” a la intervención de flotas argentinas a la zona del golfo Pérsico. Por aquel entonces varias encuestas hablaban de que una inmensa mayoría de la población argentina rechazaba esa decisión que fue un sobresaliente acto de cipayismo.

Basados en eso, para Israel, la comunidad sionista de Argentina, los servicios de inteligencia (tanto los locales como el Mossad-israelí- y la Cía), dictaron “sentencia” pública: fue el Hezbollah.

Como indica el libro de Lewin y Lutzky, la CSJ ignoró testimonios de testigos que vieron cómo los miembros de la Policía Federal que debían estar de consigna en la embajada, se retiraron momentos antes. La pista local, como pasaría con la voladura de la mutual judía, fue olímpicamente ignorada por la Corte Suprema.

Siete años después del atentado, cuando el presidente de la Corte era Ricardo Levene (h), durante el último año del Gobierno de Menem, el máximo tribunal del país emitió un dictamen que afirmaba: (el atentado) “fue causado por la explosión de una carga de pentrita y trinitrotolueno que había sido acondicionada en la parte posterior derecha del interior de una camioneta Ford F-100”.

Pero ese dictamen de la Corte Suprema ignoró de plano un estudio que en 1996 había realizado la Academia Nacional de Ingeniería donde se planteaba que la explosión se produjo por un artefacto ubicado en el interior de la embajada. Este resultado de dicha academia, fue rechazada por las autoridades israelíes, que para deslegitimarlo plantearon que era “antisemita”. Dicho sea de paso, Israel nunca se presentó como querellante.

Como ese escrito del Tribunal Supremo no se basaba en pruebas fehacientes, no tuvo más remedio que plantear que se debía “seguir con la investigación”. Más acá en el tiempo, en 2015 el ex presidente de la CSJ, Ricardo Lorenzetti, afirmó que el atentado a la embajada ya “era cosa juzgada”, basándose en aquel dictamen…que ordenaba seguir la investigación… En aquel momento la ex presidenta de Argentina -actual vicepresidenta- Cristina Kirchner, le enrostra públicamente a Lorenzetti esa afirmación que pretendía sellar la impunidad. Pero más allá de lo discursivo, al igual que con la AMIA, su gobierno (como los que la precedieron y los posteriores) jamás ordenó una apertura irrestricta de los archivos de inteligencia de la Policía Federal ni de la ex SIDE, algo que abonó a la impunidad del Estado.

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Voladura de la AMIA

Dos años más tarde, el 18 de julio de 1994, otro atentado más devastador, esta vez a la sede de la mutual judía, también en Buenos Aires, deja 84 personas asesinadas -incluida una mujer embarazada- y más de 300 heridos.

La causa de la AMIA es, al día de hoy, un monumento a la impunidad.

El primer juez de la causa, Juan José Galeano años después (2004) fue destituido por mal desempeño de sus funciones. Ese primer juicio oral de la causa había comenzado en 2001, estaban acusados por encubrimiento Menem, Galeano, Rubén Beraja (titular de la DAIA por aquel entonces), el jefe de la Policía Federal, los dos fiscales federales que tenían a su cargo la investigación del atentado: Eamon Mullen y José Barbaccia y Carlos Telleldín (un “hombre de negocios”, que no era más que un reducidor de autos con estrechas relaciones con la jerarquía policial de la Federal y con servicios. La Policía, esa gran “asociación ilícita”). Luego se comprobó que Galeano le había pagado con fondos reservados de la ex SIDE –hoy Agencia Federal de Investigaciones (AFI)- para que inculpe a policías de la bonaerense.

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El objetivo de ese encubrimiento también era dejar a salvo el rol de la Policía Federal. Algo que se muestra en la serie y que relata bien el libro “Iosi, el espía arrepentido”. En ese juicio habían quedado todos sobreseídos porque tuvo que declararse nulo, debido a las irregularidades que Galeano y compañía cometieron.

Otra vez el Mossad, la CIA y el Poder Judicial apuntaban sin pruebas a miembros del gobierno de Irán de aquel momento. Apenas un par de horas después de la voladura de la AMIA, tanto EEUU como Israel acusaron a Hezbollah y a Irán de haber sido los autores intelectuales y materiales del atentado.

Tal es así que cuando Galeano asume la causa, viaja a Venezuela para entrevistarse con Manoucher Motamer, un ex funcionario iraní que más tarde se supo que era un agente de la CIA.

Después vino el segundo juicio de la AMIA (2015) -llamado AMIA II- donde solo se juzgaban responsabilidades individuales, dejando de lado las de las instituciones estatales como el Poder Ejecutivo, el Judicial y la Policía Federal. En el juicio se terminó absolviendo al expresidente Carlos Menen, a Beraja, a Telleldín y a Jorge "Fino" Palacios, el excomisario que lideraba la Federal cuando sucedió el atentado. Los condenados fueron los ex fiscales, junto a Galeano y quien fuera el jefe de la ex SIDE Hugo Anzorreguy.

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Pero junto a los fiscales condenados, luego del atentado, trabajaba el fiscal Alberto Nisman, que en 2004 fue nombrado por el ex presidente Néstor Kirchner al frente de la Unidad Fiscal AMIA, quien se nutría de información que le pasaba su servicio amigo Jaime Stiusso, que a la vez le brindaba las “informaciones” que le daban sus colegas estadounidenses e israelíes.

Nisman fue encontrado muerto en su lujoso departamento en 2015, para esa época estaba enfrentado a Cristina Kirchner, cuando ésta cambia su línea de acusación y comienza a dejar de señalar a los iraníes como autores del atentado. Se supo anticipar al giro que daría el expresidente estadounidense Barack Obama cuando acuerda con Irán, para intentar cerrar su crisis externa debido al empantanamiento que el imperialismo yanky tenía en la guerra de Afganistán. Otra vez el cipayismo.

De ese giro surge el memorándum de entendimiento con el país persa (para que los acusados pudieran declarar en su país) que firmó el Gobierno de Cristina Kirchner, que la oposición de derecha durante años pretendió judicializar. El problema de ese acuerdo es que una vez más se corría el eje sobre la responsabilidad del Estado en el atentado. No era una cuestión judicializable, sino política.

“Iosi, el espía arrepentido” también nos habla de la infiltración de servicios no solo en los años de la reapertura constitucional. Recuerda al servicio de la Federal, un colega de Iosi, Américo Balvuena, que se había infiltrado en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh, descubierto en 2013.

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O el “Proyecto X”, esta vez se trataba de espionaje de la Gendarmería Nacional a organizaciones populares, sus actividades, etc. Este espionaje de la Gendarmería se dio durante el gobierno de Cristina Kirchner. El gobierno que le siguió de Juntos por el Cambio tiene diversas causas por espionaje, incluyendo a los familiares de las víctimas de la AMIA. Como se ve, el espionaje e infiltración no fue exclusivo de los primeros años de gobiernos pos dictadura cívico militar.

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En pocos días se cumplirán 28 años del crimen de la AMIA y más allá de cambios de leyes, de denominación de las agencias de inteligencia y de pretendidas aperturas de archivos (siempre parciales y con discrecionalidad de la hoy Agencia de Inteligencia Federal -ex Side-), este monumento a la impunidad nos habla de cómo operan los gobiernos para encubrir a las instituciones del Estado capitalista que representan.