Tras la resolución del Jefe de la Policía de Santa Fe que autoriza a tener “bala lista”, familiares de víctimas de gatillo fácil en Rosario y distintas organizaciones manifestaron su repudio.
Miércoles 15 de enero de 2020 20:54
El lunes a través de una resolución del Jefe de la Policía de la provincia, Víctor Sarnaglia, se autorizó a los efectivos policiales a llevar un “cartucho en recámara”, dando de baja una reglamentación del año 1998. También se firmó un acuerdo entre el Ministro de Seguridad de la Provincia y Nación para coordinar un plan de despliegue de tres mil efectivos federales para las ciudades de Rosario y Santa Fe que se suman a los destacamentos permanentes que tienen sede en dichas localidades.
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Desde el sindicato docente Amsafe Rosario señalaron que “el camino no es más muerte y represión”, rechazando el cambio en los protocolos policiales para que los agentes tengan las armas listas para disparar.
El Ministro de Seguridad Saín y el Gobernador Perotti dicen que quieren ir a fondo contra la complicidad de la policía con el narcotráfico, pero en los hechos le dan más poder de fuego a esa misma policía cómplice y traen como refuerzo a fuerzas federales, mientras en Santa Fe hay dos ex jefes de la Policía Federal procesados por tráfico de estupefacientes. Como resultado después de años de políticas de saturación en las barriadas populares de la provincia, coordinadas entre Provincia y Nación, dejaron un tendal de cientos de denuncias por apremios ilegales y abusos por parte de los uniformados a la juventud de esos barrios.
DISCIPLINA DE LAS BALAS
En su informe anual del 2019 desde CORREPI muestran que hubo una muerte cada 19 horas en Argentina a manos de fuerzas policiales, con su respectiva garantía de impunidad hacia los asesinos de uniforme. Santa Fe está hace años en el podio de las policías más asesinas y los familiares de víctimas de gatillo fácil en Rosario no se quedaron callados.
Julieta Riquelme es integrante de la Multisectorial Contra la Violencia Institucional en Rosario y hermana de Jonatan Herrera, que fue acribillado el 4 de enero de 2015 por policías del Comando Radioeléctrico (CRE) y de la Policía de Acción Táctica, mientras lavaba su auto en la puerta de su casa. Ante la resolución del Jefe de Policía declaró a la Izquierda Diario: “Me parece gravísimo como a la policía se le sigue otorgando impunidad en todo sentido, por un lado la mayoría de los policías ni siquiera son llevados a juicio por casos de gatillo fácil, desaparición forzada y demás. Muchos de ellos están libres. Es una burla y una falta de respeto para los que venimos dando una larga lucha contra esto.” A su vez planteó que el Estado, tanto nacional como provincial, no pueden negar de ninguna manera la convivencia de la policía, el narcotráfico y otras redes ilegales que no pueden llevarse a cabo si la policía no está involucrada de manera directa. Y continuó: “Los familiares que venimos manifestándonos en las calles decimos que gobierne quien gobierne, la represión y la violencia de la policía siempre está dirigida a los que vivimos en los barrios. Mientras sigan negando que la policía es parte del problema y no de la solución, siguen habilitando estas prácticas represivas y los más perjudicados son nuestros pibes”.
También Ramón Casco opinó ante la medida de bala en la recámara: "Me parece muy aberrante. Habría que hacer algo. Nosotros estamos luchando contra el gatillo fácil y escuchar esa noticia la verdad nos vuelve impotentes, así que todo lo que se haga para tumbar esas acciones de los gobernantes sería lógico. No más muertes por favor". Él es el padre de Franco Casco, un joven que fue secuestrado, desaparecido forzadamente y asesinado en Rosario en el 2014, había sido detenido por agentes de la policía y llevado a la comisaría 7ma, donde fue visto por última vez. Su cuerpo apareció sin vida en el Río Paraná luego de un mes de búsqueda incansable de sus familiares y organizaciones solidarias que tuvieron que desmentir las estigmatizaciones y pistas falsas que daban distintos funcionarios.
Otra luchadora contra la impunidad policial es Luciana Escobar, quien viene peleando desde el 2015 por justicia ante la desaparición forzada de su hermano, Gerardo “Pichón” Escobar. Ella y su familia viven en carne propia los perversos mecanismos de un Estado que se encubre a sí mismo, ya que si efectivamente se sabe que ocurrió con Gerardo se desnuda una vez más la verdadera cara de la Policía de Santa Fe. Es por eso que no se fía: “Si miramos hacia atrás hasta la actualidad, todos los gobiernos, al momento de llevar adelante medidas de "seguridad" lo más fácil fue dar la orden que la milicada ocupe los barrios. El circo mediático acompaña con titulares donde el pibe de visera es el foco de inseguridad.” Apuntó contra los medios de comunicación que lejos de mostrar cómo se vive en los barrios, donde está faltando el plato de comida todos los días, se encargan de hacer creer que los pobres son los que se tienen que bancar las desapariciones, torturas y el gatillo fácil.
A su vez el referente del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, Octavio Crivaro, se expresó en redes sociales denunciando que esta medida abre las puertas al gatillo fácil: “En una crisis en la que la complicidad policial y las responsabilidades políticas son claras, se autoriza que las armas policiales estén cargadas y listas para disparar. Es gravísimo en general y particularmente en tierra de casos como Franco Casco, Jonatan Herrera y Pichón Escobar” y continuó: “¿Cómo la solución va a ser avalar mano dura y dar más poder a los responsables? “
Ante esta situación, planteó que: “no es salida fortalecer a la misma policía cómplice. La narcocriminalidad y sus ganancias extraordinarias se sustentan sobre bases que ningún gobierno se ha atrevido a tocar: los puertos en manos privadas que facilitan el transporte, el lavado de dinero (a través del negocio inmobiliario y los bancos), o la propia ilegalidad de las drogas otorgan un terreno perfectamente abonado que se complementa con la compra de jueces, policías y demás funcionarios del Estado"
Por último, en un comunicado la APDH Rosario (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) expresó que "cada vez que Gendarmería se desplegó en el territorio fue para estigmatizar -aún más- a nuestros pibes. (...) ¿Cuántos casos de chicos asesinados lavando el auto en la vereda? ¿O porque si? ¿O por si las moscas? O porque queda al arbitrio de un gendarme que ante la duda te condena y te ejecuta." Y agregan "más gendarmes sumado a la orden dada a la policía santafesina S.A. sólo servirá para regar las calles con más violencia. 17 asesinatos en 14 días. Paz y orden, ¿recuerdan? Lo advertimos hace un año. La paz de los cementerios, el orden criminalizador.”
