Desde febrero de 1973 se inicia un proceso de golpe de Estado que culminará con la disolución del Parlamento el 27 de junio y la huelga general de trabajadores que lo enfrentó heroicamente. Los acontecimientos de febrero como iniciadores de este proceso golpista, exhibirán también el derrotero de la izquierda tradicional (PC y PS), que defeccionó en favor de una postura que otorgaba expectativas hacia los militares de la época a partir de los comunicados 4 y 7.
Sábado 25 de febrero de 2023 20:08
Foto: Juan María Bordaberry junto a militares
Hacía más de una década el Uruguay vivía un proceso de profunda crisis económica, social e institucional, que a partir del ascenso obrero y popular del trienio 1967-69 se transformó en un proceso de aguda lucha de clases.
Este proceso permanecería sin cerrarse definitivamente hasta los sucesos que van desde febrero hasta junio de 1973. Además de la crisis a nivel nacional, en el marco internacional también se vivía un proceso de ascenso obrero en distintas partes del mundo a partir de alrededor del año 1968, que en América Latina confluía y se potenciaba con la influencia del triunfo de la revolución cubana en 1959.
Las presidencias de la época, primero de Oscar Gestido y luego de muerto éste de Pacheco Areco a fines de los 60s, fueron también la expresión de la postura general del sistema político y las clases dominantes junto al imperialismo hacia una salida abiertamente autoritaria y represiva, en un proceso político conocido como el pachecato.
Dicho proceso encarnaba también la vuelta hacia una forma de organización constitucional presidencialista (luego de la experiencia de los gobiernos colegiados) y un uso sistemático de la represión para controlar el ascenso obrero y popular que se abría paso en la época.
El pachecato y el ascenso obrero a partir de fines de 1967 coinciden con la profundización de la crisis económica a través de un fuerte proceso inflacionario, donde la clase capitalista y sus administradores políticos intentarán imponer definitivamente un programa de destrucción del salario real y de las fuentes de trabajo [1]. En favor de imponer en última instancia un modelo económico social agroexportador y de mayor dependencia en la división internacional del trabajo. Todo esto imponía la desindustrialización y la pauperización de los niveles de vida de la clase trabajadora.
La reacción del movimiento obrero frente a esta política de ataque directo impulsada por la clase dominante y sus administradores, fue un gran ascenso de luchas y huelgas en el periodo que va desde fines de 1967 hasta 1969.
La respuesta gubernamental fue la represión salvaje, con el asesinato de obreros y estudiantes, la imposición de las medidas prontas de seguridad, la censura de la prensa, la militarización de varios sectores de la economía que se levantaban en huelga. Al mismo tiempo aparecen los grupos de la muerte ultraderechistas, la tortura y represión sistemáticas. En definitiva una represión salvaje para frenar el proceso de ascenso obrero y popular e imponer la agenda de las clases dominantes y el imperialismo.
De la ilusión electoral a los militares patriotas
En 1971 se celebraron elecciones con la novedad de la conformación de un frente popular [2] llamado Frente Amplio, que incorporaba en su núcleo la alianza entre los dos partidos tradicionales de la izquierda: El Partido Socialista y el Partido Comunista, con sectores y dirigentes reconocidos de los partidos burgueses: como los batllistas Zelmar Michelini y Alba Roballo, y democristianos como Juan Pablo Terra, entre otros.
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El FA significó un desvío electoral bajo la forma de un frente popular, funcional a la necesidad de la burguesía de contener temporalmente el proceso de radicalización de la clase obrera y el movimiento estudiantil que se estaba dando a partir de las luchas de fines de los años 60s.
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Posteriormente y bajo la continuidad de la lógica política de inventar la existencia de un supuesto campo “popular y anti imperialista” frente al sector “oligárquico y anti patria”, el PC y el PS pasaron a la deriva de una ilusoria alianza con los supuestos militares patriotas de las FFAA [3] . Todo lo cual aumentó la confusión en la clase obrera y de esa forma la desorganizó, debilitó y desarmó frente a los inminentes planes violentos de la reacción.
El contraste entre la deriva de las direcciones de la clase obrera (PC y PS) que sembraron primero la ilusión de una solución electoral en 1971, junto a la posterior expectativa en los supuestos militares “patriotas”, y los planes de fuerza que preparaba la burguesía y el imperialismo, se iba a expresar con toda la crudeza de sus resultados durante los sucesos de 1973.
El estado de guerra interno de 1972
Si bien la coalición de izquierda obtuvo un resultado histórico, esto no impidió la continuidad de los planes reaccionarios de la burguesía y el imperialismo. Juan María Bordaberry electo presidente como opción de continuidad de la política pachequista, no demoro en pedirle al Parlamento que decrete el estado de guerra interno (votado con amplio consenso) [4] , con la excusa del combate a la guerrilla. Los primeros meses de 1972 derivaron en enfrentamientos sangrientos y una represión más brutal todavía del régimen. La consecuencia inmediata fue la derrota militar de la guerrilla del MLN-T, quedando toda su dirección política sobreviviente apresada.
Sin embargo toda esta represión no logró parar el proceso de luchas obreras y estudiantiles, pero por otro lado abrió la puerta a la entrada oficial de los militares en la vida pública del país, que se irá incrementando a partir de ese momento.
[1] Este programa se había iniciado desde fines de los años cincuenta a partir del primer gobierno colegiado del Partido Nacional, que fue el que firmó la primera carta intención con el FMI.
[2] Los frentes populares son la unidad de los partidos de la clase obrera con partidos de base burguesa y pequeño burguesa. En esta unidad, se intenta amortiguar o conciliar los intereses de las distintas clases contenidas en la alianza. Es así como en los hechos, los intereses de la clase obrera y sus aliados naturales se subordinan a programas que representan a otras fuerzas sociales, como la burguesía. En Latinoamérica la teoría de los frentes populares planteará problemas más complejos, ya que además de ser utilizado como forma de unidad contra gobiernos bonapartistas represivos o militaristas.
[3] Militares “patriotas” que contaban entre sus filas a personajes nefastos como el futuro dictador Goyo Álvarez entre otros elementos de similar calaña que fueron autores de crímenes de lesa humanidad.
[4] Votado y avalado en el Parlamento por todos los sectores de la derecha tradicional, incluido de Wilson Ferreira del Partido Nacional.