Tras 7 años de impunidad, se reúne Comité de Cuenca Río Sonora con autoridades ambientales en reunión informativa sobre el Fideicomiso para remediar el desastre ambiental de 2014.
Jueves 27 de mayo de 2021
El pasado 22 de mayo, se llevó a cabo la primera sesión de la reunión pública de información sobre el Fideicomiso Río Sonora, mismo que se estableció en el año 2014 para remediar las condiciones ambientales generadas a partir del derrame de 400 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado en el Río Sonora por la empresa Buena Vista del Cobre S. A. de C. V.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la PROFEPA y a la COFEPRIS hacer esta reunión pública de información para puntualizar que estipula el convenio para la realización de acciones para reparar los daños ambientales, materiales y de salud pública a las personas perjudicadas por el derrame, explicar en qué consisten y cuáles fueron las medidas de remediación llevadas a cabo en las zonas afectadas, como se determinó que se cumplió con estas y los compromisos que se establecieron con la empresa Buenavista del Cobre.
La reunión fue convocada por la PROFEPA y la SEMARNAT, donde también estuvieron presentes los comités de cuenca, los cuales están conformados por pobladores de la región del Río Sonora.
La reunión se llevó a cabo en el interior de la Casa de la Cultura y Museo Regional de Ures. A pesar de haber sido convocada como una reunión pública, se negó la entrada a la prensa y solo se permitió el acceso a las autoridades ambientales, abogados autorizados, representantes de la empresa y a los denunciantes.
Se colocó una bocina en el exterior del edificio, donde se transmitió la conferencia para que pudiera ser escuchada por las personas que se encontraban afuera del recinto. En un principio se le negó la entrada a la observadora de derechos humanos, aludiendo a que solo podían entrar personas registradas previamente debido al aforo del lugar. Sin embargo, con ayuda de las abogadas de la ONG PODER, fue posible su inclusión en el evento una vez iniciado.
Al iniciar la sesión, debido a la pandemia que estamos atravesando por el virus COVID-19, el director de protección civil Claudio Martínez, dio a conocer los protocolos de seguridad pertinentes para proteger la salud de los asistentes. Se presentaron los antecedentes del desastre ecológico que representó el derrame y las condiciones bajo las cuales fue creado el Fideicomiso Río Sonora, el 5 de septiembre del 2014, mismo que, hasta la fecha, no ha sido cumplido como fue estipulado ni por parte del gobierno ni de la empresa propiedad de Grupo México.
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Los integrantes del comité de cuenca, hicieron hincapié en las problemáticas económicas, psicológicas, de salud y ambientales en las que se han visto inmersos los últimos 7 años como consecuencia del derrame. Las autoridades ambientales han hecho caso omiso a las exigencias de los pobladores de la cuenca del Río Sonora y en su lugar, han entregado reportes poco confiables de las condiciones actuales de la zona.
Elva Hurtado, maestra de primaria habitante de El Sauz, Ures, mencionó la importancia de incluir a los niños en el proceso de remediación del Río, al ser la población más vulnerable y quienes vivirán las consecuencias a futuro. Hizo un llamado al cumplimiento de los compromisos en materia de salud humana hechos por la mina Buena Vista del Cobre S. A. de C. V.
Esperanza García mencionó que, ante el otorgamiento de más concesiones mineras a lo largo de la cuenca del Río, existe temor de que la tragedia se repita, y exigió a las autoridades presentes que se aseguren de la correcta ejecución de los protocolos de seguridad alrededor de su construcción, funcionamiento y mantenimiento.
El quejoso José Manuel López García denunció que el consejo conformado para la elaboración y ejecución de los compromisos acordados dentro del fideicomiso, no contaba con la participación de los comités de cuenca, por lo cual, exigió su inclusión para que realmente se cumplan las peticiones de los afectado y no solo respondan a los intereses políticos y particulares de las empresas.
Por su parte, los representantes de la SEMARNAT, con una exposición cargada de tecnicismos y saturada de información, expusieron los procesos de monitoreo aplicados en materia de suelos para la remediación y control de los contaminantes presentes en las cinco zonas categorizadas en el área del derrame, incluyendo las evaluaciones de salud humana e impacto ambiental y los valores históricos presentes de cada metal; así como el monitoreo de pequeños roedores y artrópodos como indicadores biológicos.
Sin embargo, los quejosos señalaron la ineficiencia de estos monitoreo y desmintieron sus resultados al asegurar que en reuniones previas la COFEPRIS presentó resultados diferentes a los presentados este día por la SEMARNAT.
A pesar de contar con la presencia del Lic. Ramón Alejandro Ahumada García, como representante de Buena Vista del Cobre S. A. de C. V., se limitó a participar solo como espectador ante los cuestionamientos por parte de los quejosos, concluyendo con una participación de 15 segundos en la que se comprometía a atender las peticiones que se le hacían a la empresa sin intervenciones argumentativas.
Por su lado, la titular de la PROFEPA, Blanca Alicia Mendoza Vera, se comprometió a cumplir con las exigencias presentadas por los quejosos y su derecho a vivir en un ambiente sano.
Al cerrarse la sesión explicativa, se entregó una copia del acta a los quejosos, al representante de Buena Vista del Cobre S. A. de C. V. y a las autoridades presentes, quienes tendrán que presentar pruebas del cumplimiento y/o incumplimiento de lo estipulado en el fideicomiso Río Sonora en 10 días hábiles.
Los megaproyectos, incluyendo los del sector minero, parecen ser materia intocable dentro de la política desplegada por el gobierno federal y su proyecto de “transformación” nacional. Es reprobable que desde los medios oficiales se presente a Grupo México como una empresa sustentable y socialmente responsable cuando durante décadas, ha gozado de impunidad ante hechos ambientalmente catastróficos, violación de derechos humanos e incluso es responsable de la muerte de decenas de mineros debido a la falta de seguridad en la mina de Pasta de Conchos.
Tras casi 7 años del derrame, la empresa sigue trabajando con normalidad mientras se deteriora la calidad la vida y la salud de miles de personas que viven y desarrollan sus actividades productivas en la cuenca del Río Sonora y sus zonas aledañas.
Grupo México ha demostrado una vez más, que su único fin es la acumulación de riquezas a costa de la explotación laboral y ambiental con total disfrute de la impunidad que se le otorga desde el estado, quien se ha limitado a aplicar sanciones que no representan una pérdida considerable para su dueño, German Larrea, el segundo hombre más rico de México.
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