El 26 de octubre, a un mes del asesinato y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Rogelio Salvador Ortega Martínez asume la gubernatura del estado. Ángel Aguirre Rivero se vio obligado a presentar su licencia a cambio de inmunidad, tras las masivas movilizaciones de las últimas semanas.
Miércoles 29 de octubre de 2014
Fotografía: EFE
En sesión extraordinaria, el domingo 26 de octubre el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de Guerrero dieron los votos necesarios para que 39 de los 46 diputados locales nombraran a Rogelio Ortega Martínez con el cargo de Gobernador del estado. Esto fue en medio de la crisis más importante del régimen del PRI tras su regreso al poder.
De académico a bombero del régimen mexicano
Rogelio Ortega es Doctor en Ciencia Política y, hasta ayer, Secretario General de la Universidad Autónoma de Guerrero. Su antecesor deja funciones sin ninguna acusación judicial en su contra.
Es una salida pactada que impone el gobierno federal para no castigar a su aliado ex gobernador, mientras que como recambio pone a alguien más “cercano” a los sectores descontentos para descomprimir la tensión, y al mismo tiempo deja conformes a las corrientes internas del PRD.
Rogelio Ortega dijo en su primera conferencia a medios tras asumir el cargo, que encontrar a los 26 normalistas es su prioridad, y que en ello está la ruta de la “armonía y gobernabilidad democrática”. Dijo también que se reuniría con el Presidente: “tenemos escasos recursos, pero con el apoyo del Presidente podremos superar esta crisis”.
Coordinan la intervención federal
De la reunión entre el flamante gobernador y el presidente, que se realizó el lunes por la tarde, este último mandó al Gabinete de Seguridad del país, a sesionar en Guerrero junto al nuevo gobernador. La respuesta del gobierno federal y el nuevo encargado estatal es mayor militarización frente al reclamo popular.
Ésta es la apuesta del régimen, por eso cierra filas en un intento por aminorar la crisis nacional abierta por esta masacre y la aparición de fosas que no acaba.
Una alianza delicada, que el PRD seguirá cobrando, ante amplios sectores democráticos del país que condenan su participación en esta masacre. Pero es evidente que al PRD le ocupa más quedar bien con los empresarios y garantizar su permanencia en el poder en Guerrero.
Por ello ha aceptado la injerencia federal, a través del “Plan Nuevo Guerrero”, anunciada a través de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigida por la desprestigiada Rosario Robles Berlanga, represora de la huelga de la UNAM de 1999.
En las últimas semanas, en el Senado se preparaba la desaparición de poderes en Guerrero, iniciativa impulsada por un sector del propio PRD, al cual pertenece Aguirre Rivero. En México desde 1975 no se ha hecho un procedimiento de esta naturaleza. Esta iniciativa ahora no prosperó, puesto que abriría pie a que gobernadores de otros partidos, que están cuestionados en sus estados, corran el riesgo de enfrentar un proceso similar.
Un día después de las grandes movilizaciones del 22 de octubre, Aguirre Rivero presentó su renuncia a cambio de inmunidad.
Ortega, mediador entre el descontento guerrerense y el gobierno
Con el reto de mantener la gobernabilidad es que Rogelio Ortega Martínez asumió su cargo; a los normalistas les ofreció “diálogo franco, abierto y transparente”.
Pero al referirse a las acciones que los normalistas, el magisterio y otras organizaciones a nivel nacional tienen programadas para los siguientes días, Rogelio Ortega sostuvo que nadie “está por encima de la ley”.
Ortega Martínez se ha ofrecido en ocasiones anteriores como negociador entre la autoridad y el magisterio guerrerense.
Sin embargo, su autoridad ya está en cuestión: como se señala en La Jornada, su primer mensaje como nuevo gobernador en redes sociales fue: “Necesaria y urgente la liberación de la autopista del sol en estricto respeto al diálogo". Y nadie le hizo caso.
El crimen en contra de los normalistas de Ayotzinapa puso en primera plana, de nueva cuenta, la colusión del gobierno con el narcotráfico. Con la postulación de Rogelio Ortega Martínez, el régimen le apostó a “un académico” en lugar de un “político” para hacer frente a la crisis política más importante del régimen en años.
Rogelio Ortega, en su primera intervención en el Congreso, llamó a los líderes de los partidos a “vigilarnos entre todos, pues no se puede repetir el caso Abarca”, en referencia al exalcalde prófugo de Iguala.
Pero nada garantiza que, el hasta hoy potable relevo en el gobierno, pueda desactivar el descontento local que muestra una explosividad de alcance nacional.
En muchos estados del país se tienen programadas actividades y movilizaciones para las próximas dos semanas, entre las que se encuentra un llamado a paro nacional universitario para el 5 de noviembre. El movimiento democrático que exige la presentación con vida y castigo a los responsables materiales y políticos del crimen, suma nuevas voces día con día.
