Genocidio. Fiscal pide anular resolución que salvó al empresario Blaquier en juicio de lesa humanidad

Este jueves se conoció un pedido para que el empresario Carlos Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma entre otras empresas, sea juzgado por delitos de lesa humanidad. Esto implica revisar una decisión del Tribunal Oral Federal de Jujuy, integrado por los jueces Gabriela Catalano, Abel Fleming y Alejandra Cataldi -que votó en disidencia-,
que en abril de este año suspendió la tramitación de la causa donde se le imputaban al empresario jujeño 23 hechos de privación ilegítima de la libertad agravada, todos ocurridos en 1976.

Aquella decisión había sostenido que el empresario no podía afrontar un juicio por una supuesta incapacidad mental sobreviniente. La resolución del tribunal había sido apelada por el fiscal Federico Zurueta, quien había sostenido que resultó arbitraria la valoración de los hechos y las pruebas vinculados a los exámenes médicos que se usaron como argumento para tomar tal decisión.

El pedido del fiscal De Luca, realizado a partir de presentaciones hechas por familiares de las víctimas de la última dictadura, solicita que se anule la decisión del Tribunal Oral Federal de Jujuy que este año había declarado que el dueño del Ingenio Ledesma no podía ser juzgado por incapacidad sobreviniente.

En la presentación De Luca señaló: “las evaluaciones psicológicas, psiquiátricas y neurológicas presentadas en el expediente fueron realizadas por profesionales de la defensa, sin la participación de los peritos de las demás partes, circunstancia que imposibilitó la producción de evaluaciones propias y el control de las llevadas a cabo por aquéllos, por lo cual esos estudios no pueden ser considerados válidos ni constituir materia de análisis por los profesionales del Ministerio Público Fiscal”.

A su vez, el fiscal sostuvo que “la incidencia de las pruebas realizadas de manera autónoma y previa por la defensa, además de la intervención de un intermediario cuya participación es totalmente extraña a las prácticas de los profesionales de la salud mental, muy posiblemente determinó lo que observaron nuestros peritos: la simulación del paciente”.

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Las maniobras de los genocidas para eludir los procesos por delitos de lesa humanidad o lograr beneficios como la prisión domiciliaria, cuentan con el amparo del Poder Judicial.

Hace unos días Miguel Etchecolatz y otros dos genocidas fueron beneficiados con prisión domiciliaria por decisión de la Sala II de Casación, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma, y los casos se repiten, lo que con razón preocupa a sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos.

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