La evaluación de impacto ambiental del proyecto de exploración por parte de YPF obtuvo el visto bueno de la Secretaría de Ambiente y de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Qué pasa con los riesgos de consecuencias ambientales y climáticas en una provincia que atraviesa una profunda emergencia hídrica?
Viernes 30 de septiembre de 2022 17:16
El Gobierno de Mendoza a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Territorial avanzó en otorgar el permiso de perforación de dos pozos a la empresa petrolífera, se trata de la puesta en marcha del acuerdo firmado entre Gobierno Provincial y Nacional con YPF en julio del año pasado. El plan extractivista que puja por imponerse en la provincia cuenta en esta ocasión con el aval de informes sectoriales por parte del Departamento General de Irrigación, la Universidad Nacional de Cuyo, el Municipio de Malargüe, la Dirección de Recursos Naturales Renovables y la Dirección de Patrimonio Cultural y Museo.
La exploración de estos dos pozos no convencionales es una prueba piloto para evaluar el potencial de producción de la formación Vaca Muerta en el sector sur de Malargüe. Este extenso yacimiento petrolero que abarca Rio Negro, Neuquen y Mendoza viene siendo explotado a través de la estimulación hidraulica no convencional (fracking) hace casi 10 años con perjuicios ambientales y sociales de enorme magnitud. Desde la profundización de la sequía, ya que el procedimiento utiliza millones de litros de agua, altos índices de sismicidad e incidentes ambientales que se cuentan de a decenas de miles, hasta las muertes obreras que se suman cada año como vienen denunciando ambientalistas, trabajadores, pueblos originarios y el Frente de Izquierda en Neuquén.
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El proyecto de YPF para Mendoza contempla la realización de dos pozos horizontales, con una perforación vertical de 2.5000 metros y una rama horizontal de 1000 metros, ambos ubicados en el límite de los bloques Paso de las Bardas Norte y CN VII A. Para los informes y evaluaciones de impacto ambiental, las instituciones antes mencionadas utilizaron de referencia legal el Decreto 248 del ex gobernador Alfredo Cornejo; reglamentación por demás insuficiente que no pasó por la legislatura ni mucho menos pudo ser discutida por las Asambleas, organizaciones socioambientales y vecinos de Mendoza. Este Decreto irregular fue sorpresivo cuando se impuso en 2018 para habilitar pozos en el puesto Rojas por parte de la empresa El Trebol. Ese año las protestas contra el fracking fueron multitudinarias expresando amplio rechazo popular al saqueo y en defensa del agua como bien común.
Peronistas y radicales, como es de esperarse, festejaron este acuerdo y la inversión de YPF. Bajo el mandato del FMI, los negociados extractivistas son una forma rápida y eficiente (para sus bolsillos) de obtener dólares y así pagar la deuda externa. También son una forma eficiente de saqueo y de generar mayor dependencia colonial convirtiendo los territorios en zonas de sacrificio.
En el mismo departamento de Malargüe, el intendente Ojeda viene pujando por avanzar en la zonificación minera del departamento para excluirlo de los alcances de la Ley 7722 e introducir la megaminería contaminante. Contra los acuerdos entre el PJ y la UCR, el pueblo de Mendoza se ha expresado en repetidas oportunidades en las calles contra el fracking y en defensa de la Ley que protege el agua, demostrando tener la fuerza para frenar estos ataques. Hoy en todo el país nos movilizamos para conquistar una Ley de Humedales que se oponga a este plan extractivista y prohibir el fracking para proteger el agua en este contexto de crisis climática.
