Una semana después del estallido de las revueltas en barrios obreros, el Gobierno francés y los sectores más derechistas del régimen político preparan una enorme ofensiva con el objetivo de criminalizar la protesta. A la represión sin precedentes se le suma un tratamiento judicial con causas y penas excepcionales para los manifestantes.
Jueves 6 de julio de 2023 11:00
Las noches más enardecidas de protestas tras el asesinato del joven Nahel a manos de la Policía parecen haber cedido. En los últimos días se impuso una brutal represión y una ofensiva criminalizadora con penas judiciales excepcionales para los manifestantes. Motorizado por el Gobierno de Macron y la derecha del régimen político, se busca impartir penas ejemplificadoras y avanzar en la criminalización de la protesta y la xenofobia y racismo el de Estado. ¿Qué hacer?
Represión y criminalización
Los números hablan por si mismos: cuatro veces más gendarmes y policías desplegados que durante el pico de la movilización contra la reforma previsional, más de 3.000 detenidos en apenas una semana, menores de trece años en custodia policial, varios centenares en prisión y con causas abiertas que implican penas duras. En Marsella, un hombre murió, probablemente como resultado de un disparo de balas de goma (LBD) de la policía.
A este escenario de represión creciente le siguió la judicialización de la protesta con una andanada de condenas y penas de prisión en firme. Se trata de un experimento de trato judicial excepcional que podría ser usado también para convertirlo en una "norma" ante futuras protestas.
Abogados y activistas de Révolution Permanente, organización que impulsa la Red Internacional La Izquierda Diario en Francia, están intentando por todos sus medios documentar los casos en el marco de las restricciones judiciales para que la defensa de los manifestantes e incluso sus familiares puedan acceder a un contacto directo con ellos y ellas, y a las causas que les han abierto.
Al menos 990 personas han comparecido ante la justicia por actos relacionados con las protestas desde el 30 de junio, incluidas 380 encarcelaciones según cifras del 4 de julio. Los abogados defensores cuentan alegatos increíbles con penas de 4 a 18 meses por tener el rostro cubierto, por haber estado cerca de zonas de saqueos o por haber levantado del suelo un producto horas después de las protestas.
En Bobigny, un acusado lucha por escuchar las preguntas de la jueza desde la caja de acrílico en la que lo pusieron. "Tenés problemas de visión pero también problemas de audición, ¿no?" se burla la jueza, refiriéndose a una minusvalía que tiene el acusado en uno de sus ojos y que le impide ver al 80%. "¿Crees que tus padres están orgullosos de ti? ¿Quizás tienen vergüenza?", los padres del acusado se anuncian en la sala, pero la jueza inmediatamente les pide que se callen. "Tus padres son enfermeros y paramédicos, ayudan a la gente, como policías y magistrados, ¿no te inspiró eso?", le pregunta la jueza. A pesar de la ausencia de antecedentes penales, el joven fue condenado a 6 meses con orden judicial, "su debilidad intelectual hace necesaria una sentencia firme", remata la jueza. La madre del condenado, en estado de shock, grita “¿Esto es justicia francesa? ¿6 meses para mi hijo ciego por un bote de basura quemado?".
Las audiencias se suceden con una rapidez inusitada. Jueces y fiscales hacen comentarios racistas y despectivos hacia los acusados, muchos de los cuales llegan al tribunal con heridas y golpes visibles a raíz de las palizas durante y después de sus detenciones.
Macron toma la agenda de la extrema derecha
Macron, que todavía no había cumplido los "100 días de calma" que había anunciado tras las multitudinarias e históricas protestas contra la reforma de pensiones quiere acabar con las actuales manifestaciones por el asesinato de Nahel lo antes posible, sin importar el nivel de represión que sea necesario.
Este martes, durante una reunión con los alcaldes, anunció su voluntad de "cortar las redes sociales" "cuando las cosas se desborden" lo que es un testimonio explícito de la voluntad de endurecimiento de un régimen que, para sofocar las manifestaciones en silencio y por la fuerza, encuentra cada vez más su inspiración en la agenda de la derecha y los gobiernos autoritarios. Mayores recursos y presupuesto para la Policía y fuerzas represivas, escalada xenófoba de la mano de una nueva Ley de Extranjería, y la posibilidad de penalizar económicamente a las familias de quienes participen de este tipo de protestas. Una propuesta inspirada en la derecha que pide la vuelta al "orden".
Ofensiva de la derecha
En los últimos días ha causado gran revuelo la colecta lanzada por un simpatizante del líder de la extrema derecha Eric Zemmour, en apoyo al policía que mató a Nahel y que en pocos días había logrado recaudar 1,5 millones de euros. Una colecta que constituye tanto una legitimación como una recompensa por haber matado a un joven árabe. Es una de las maneras en la que la extrema derecha expresa su deseo de pasar a la ofensiva contra las revueltas de los últimos días y los que las apoyan. Una ofensiva que se materializó en particular en la calle con la intervención de varios grupos fascistas que golpearon, bajo la mirada benévola de la policía, a jóvenes racializados en las noches de las protestas.
Por su parte un diputado de Agrupación Nacional (RN), la formación de la derechista Marine Le Pen, presentó un proyecto de ley que elimina la inimputabilidad para menores. "Los menores capaces de discernimiento son penalmente responsables de los delitos, faltas o contravenciones de los que hayan sido declarados culpables”, señala el texto.
"Se trata de una forma de normalizar el trato judicial excepcional que vimos en los últimos días a los adolescentes de los barrios populares con el objetivo de aterrorizar a toda una generación”, denuncia Elsa Marcel, abogada del Colegio de Abogados de París y activista de Révolution Permanente.
Por su parte miembros de Los Republicanos (LR), del expresidente Nicolás Sarkozy, señalan que "Debemos posibilitar las comparecencias inmediatas de los menores, restaurar las penas cortas de prisión que habían sido abolidas".
De esta manera la derecha reaccionaria y la extrema derecha aprovechan la crisis para difundir sus ideas, estigmatizando a los barrios populares y sus habitantes, llegando incluso a profetizar una "guerra civil racial". Mientras la bronca de los barrios populares ha abierto una profunda crisis para un gobierno ya muy frágil, los reaccionarios buscan posicionarse como "garantes del orden" y demostrar que podrán reprimir las protestas mejor que Macron en el futuro, llamando a un salto autoritario. Una lógica que va en línea con el discurso de los sindicatos policiales, lo que debe alertar a todas las organizaciones del movimiento obrero, de izquierda y del movimiento social.
Un movimiento contra la violencia policial y el racismo
Ante esta ofensiva de la derecha los dirigentes sindicales solo han expresado una tímida reacción. Desde un principio se han mantenido al margen de las revueltas, contentándose con denunciar el asesinato de Nahel sin llamar a la movilización. Peor aún, en un momento en que la brutal represión estaba en pleno apogeo, tanto la CFDT como la CGT equipararon la violencia del Estado con la de los jóvenes de los barrios populares.
Desde este punto de vista, como señalan nuestras compañeras y compañeros de Révolution Permanente, la convocatoria firmada por más de 90 organizaciones, entre ellas la CGT, Solidaire, La Francia Insumisa, EELV (verdes) o incluso el Nuevo Partido Anticapitalista (NPA) a marchar desde este miércoles "por todo el país", siguiendo el "ejemplo de la marcha organizada por el Comité de Verdad y Justicia de Adama [joven asesinado por la Policía] este sábado 8 en Beaumont-sur-Oise, y el de la Coordinación Nacional contra la violencia policial para el 15 de julio”, para expresar “duelo e ira” y denunciar políticas “discriminatorias” y “racismo sistémico ”en los barrios populares" es un paso adelante. El lugar de las organizaciones del movimiento obrero que se han movilizado masivamente contra la reforma de las pensiones, está precisamente en Beaumont-sur-Oise este sábado respondiendo al llamado del comité Adama, pero también frente a la estación de Angoulême a las 14 horas para exigir la justicia para Alhoussein, asesinado por la policía una semana antes que Nahel, y el 15 de julio en la calle junto a la Coordinación Nacional contra la violencia policial y en toda Francia junto al movimiento antirracista y los comités de familiares de las víctimas.
Esta movilización debe ser una oportunidad para plantear la perspectiva de un movimiento general contra la violencia policial, el racismo de Estado, pero también para preparar la respuesta al gobierno y la extrema derecha, que pretenden aprovechar las revueltas para llevar adelante un nueva salto autoritario. Una perspectiva distinta a la lógica de la convocatoria publicada este miércoles, que sigue centrada en una estrategia de interpelación del Estado y una ilusoria "reforma policial", más en un momento en que esta institución estructuralmente violenta es lo único que permite mantener en pie al gobierno.
Contrariamente a esta perspectiva, y como ha demostrado la batalla por las pensiones, solo construyendo una relación de fuerzas a los trabajadores y sectores populares será posible detener los ataques de Macron, la represión y se endurecimiento autoritario. En este sentido, lo urgente debe ser comenzar a discutir un plan para construir un movimiento general contra el Gobierno. Un movimiento capaz de vincular al movimiento obrero a todos los sectores oprimidos, levantando un programa que parta de la lucha contra la represión y el curso autoritario del régimen. En este sentido, el movimiento obrero debe reclamar claramente la demanda de justicia y verdad para Nahel y todas las víctimas de la violencia policial, amnistía para todos los detenidos y la derogación de todas las leyes de seguridad y racistas.
Pero este programa también debe recoger las demandas que planteen el fin del régimen autoritario de la Quinta República y la demanda de medidas democráticas radicales, y expandirse a otros temas candentes, en la raíz de las revueltas de los últimos días y de la masividad de la batalla por las pensiones los meses previos: la lucha por los salarios, el reparto del tiempo de trabajo o incluso la defensa de los servicios públicos, especialmente en los barrios obreros.
Nuestra capacidad para imponer tal orientación en las próximas semanas y meses, por el método de la lucha de clases y la huelga, será un tema central. No sólo negarse a sean la clase obrera y los sectores populares quienes paguen la crisis, sino también frenar al gobierno. De lo contrario, el riesgo sería no solo abrir el camino a una contraofensiva violenta contra los habitantes de los barrios populares, sino también contra todos aquellos que luchan desde hace seis años contra las leyes del gobierno de Macron. Urge, pues, imponer una amplia respuesta obrera y antirracista y una estrategia que nos permita hacer frente a todos los embates que está preparando el régimen en crisis.
La presente es una versión editada y traducida del Editorial de Révolution Permanente, publicado originalmente en francés.
