Jujuy. “Fui despedida por denunciar violencia de género y ser candidata del FITU”

Hace cinco años trabajo en condiciones de precariedad para el Estado provincial. Desde enero de 2019 mi sueldo es de $16992, por debajo de la línea de indigencia. A eso hay que descontar lo que estoy obligada a pagar del monotributo en AFIP y Rentas. Para el Estado soy una proveedora y tengo negados todos los derechos: estabilidad laboral, obra social, aguinaldo, vacaciones, sindicalización, entre otros.

Me despidieron una semana después de que el Consejo de la Mujer haya elevado mi denuncia por sufrir acoso y violencia de género en el ámbito laboral. Y dos días después de finalizadas las elecciones provinciales, en las cuales fui candidata del Frente de Izquierda Unidad, denunciando la precarización laboral que sufrimos los trabajadores del Estado. Una doble persecución.

Desde el día del despido vengo recibiendo muchas muestras de apoyo por la reincorporación. Empezando por el sindicato APL, organizaciones feministas, sociales, de DDHH, víctimas de la violencia policial como la familia Valerian, compañeros y compañeras de trabajo. Es un punto de apoyo desde donde dar la pelea por recuperar mi fuente de trabajo.

Una historia de persecución

En el año 2018 sufrí acoso por parte de un superior y después vinieron situaciones peores en mis condiciones de trabajo: atraso en los pagos, maltratos, imposibilidad de reclamar o consultar cualquier cosa vinculada a mi situación laboral, más dos intentos de despido sin motivo ni justificación alguna. Durante el 2020, en plena pandemia, y después de un nuevo intento de despido, logré que se renueve mi contrato pero durante seis meses no me pagaron el sueldo, negándome además el cobro del mes de abril de ese año con el fundamento de que “no trabajé” – mes en el que ninguna repartición pública abrió sus puertas por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Al no cobrar, no pude pagar el monotributo, por lo que lo único que gané fue una deuda que siguió trabando el cobro de mi salario, llegando a tener más deuda que salario. Un sistema perverso.

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Mi situación es como la de miles de trabajadores y trabajadoras del Estado que sufrimos la precarización, los contratos basura, la violencia laboral agravada para las mujeres que además vivimos las situaciones de acoso y abuso por nuestra condición de género.

Cuando pude informar y denunciar a mi superior la situación de acoso sufrida, la respuesta fue no activar los protocolos correspondientes, cambiar mi turno sin consulta alguna, y finalmente ante mi reclamo por la retención de mi sueldo, se desconoció por escrito cualquier situación “indebida”.

Formalicé entonces mi denuncia en el Consejo Provincial de la Mujer, donde me informaron - una semana antes del despido- que se elevaría un pedido de informe al responsable de la Defensoría para iniciar un seguimiento por las situaciones de acoso, violencia de género y moobbing laboral. La respuesta fue el despido, a pesar de que existía un compromiso con el sindicato APL para la renovación de mi contrato.

La defensoría que no defiende

La realidad en la Defensoría del Pueblo de Jujuy, no es diferente a las demás, y puede ser peor. Hasta hoy hay trabajadores con 18 años de contrato de servicio sin acceder a la planta permanente, gran conquista que estaría por concretarse recién ahora, producto del reclamo colectivo. El argumento para justificar despidos, el no aumento de sueldo, y negar alguna mejora en los contratos es la falta de presupuesto. Argumento que no se toma para acomodar a familiares y amigos del poder con contratos y nombramientos jerárquicos con total impunidad. Hoy sé que no soy la única y que las situaciones de acoso se dieron en forma sistemática con más compañeras, existen más denuncias por maltrato de otros superiores que son desoídas. Por ejemplo, las trabajadoras Precarizadas del Ministerio de Trabajo sometidas a acosos, o el caso de Roxana Cruz en la Municipalidad de San Salvador que es un gran ejemplo de lucha o situaciones similares en el Ministerio Público Fiscal. Tenemos que impulsar y organizar una gran campaña común contra la violencia de género en los lugares de trabajo, que se profundizan de la mano de la precarización laboral.

Por la reincorporación, organización

Ante esta situación, que es la de miles. Con la seguridad de que gobierno y sus funcionarios se sienten envalentonados para atacar con toda la impunidad, la clave es la organización para pelear de conjunto contra cada ataque. Contra los despidos, la precarización, la violencia de género y la persecución política. Comparto aquí un petitorio para que puedas adherir y firmar